Columnas de Javier Ortiz aparecidas en

            

durante el mes de agosto de 2005

[Se incluyen en orden inverso al de su publicación.

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Derechos históricos

JAVIER ORTIZ

         
Se ha puesto de moda hablar de «los derechos históricos», sea para reivindicarlos, sea para repudiarlos.

La fórmula tomó carta de naturaleza con la Constitución Española de 1978. Durante los debates que la precedieron, y ante la imposibilidad de lograr un reconocimiento expreso del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, los diputados del PNV reclamaron -y lograron- que la mayoría de las Cortes aceptara que la Constitución hiciera explícita mención de su «respeto» por «los derechos históricos de los territorios forales». De ese modo, el Estado español reconoció que los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra gozan de derechos anteriores al acto constituyente de 1978. Quedó así establecido que la actual Constitución española no es fuente exclusiva de derechos; que ella misma debe respetar otros que le son previos.

Primaron en aquel caso tanto el fuero como el huevo. Al obtener el reconocimiento constitucional de los llamados «derechos históricos», los nacionalistas vascos consiguieron también que el Estado español aceptara que no sólo Navarra y Álava, sino también Guipúzcoa y Vizcaya («las provincias traidoras», según la terminología franquista), tuvieran un régimen tributario propio.

Los líderes de CiU consideraron entonces atávico, e incluso absurdo, el empeño de los nacionalistas vascos por contar con su Hacienda particular. Les decían: «¿Para qué queréis recaudar vosotros? ¡Que lo haga Madrid! ¡La gente coge manía a quien le cobra los impuestos!». Pero los dirigentes del PNV lo veían de otro modo. Estaban convencidos de que quien controla el dinero controla el poder. Que tanto mayor es la parte de los presupuestos que se administra, tanto más se pinta, por mucho que luego haya que contribuir a las arcas del Estado -al gasto común- con la parte que corresponda.

Ahora, algunos nacionalistas catalanes quieren que la Generalitat cuente también con una Hacienda propia, semejante a la vasco navarra, y apelan a los «derechos históricos» de Cataluña. No comparto su planteamiento. El pueblo de Cataluña tiene derecho a tomar las riendas de su propio destino no porque el Conde Duque de Olivares hiciera esto, ni porque Felipe V lo otro, sino porque ése es un derecho que tienen todos los pueblos, sea cual sea su pasado. Cataluña es un precipitado histórico, sin duda. Igual que Galicia, o que Asturias, o que Andalucía, o que Canarias. Pero sus derechos no se derivan de la Historia, sino de la existencia actual de un pueblo que tiene conciencia de serlo y voluntad de actuar como tal.

Yo, en su lugar, me dejaría de discutir sobre derechos del pasado y me centraría en conseguir reconocimiento para el ejercicio futuro de los derechos que confiere la realidad presente.

A fin de cuentas, el porvenir es eso: lo que está por venir. Y es lo que más importa.

 Es copia de la columna publicada en El Mundo el 31 de agosto de 2005

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Tener datos no es saber

JAVIER ORTIZ

          
Siempre me ha llamado la atención la singular capacidad que poseen quienes mandan en los Estados Unidos para hacerse con la información más completa sobre las diversas situaciones conflictivas que afrontan a escala internacional y para no acertar a convertir esa ingente información en conocimiento efectivo, capaz de orientar con tino sus decisiones. Tienen en su poder toneladas de datos, pero acaban comportándose como si no supieran de la misa la media.

Cuando se inició su intervención en Irak, no pocos dijimos que lo más probable es que sus poderosísimas Fuerzas Armadas dieran cuenta sin demasiado esfuerzo de la resistencia militar convencional del Ejército de Sadam Husein; que los verdaderos problemas le vendrían a continuación, cuando tuviera que montar en semejante escenario una estructura de poder sumisa y estable.

Contábamos con la profunda división existente en la sociedad iraquí desde los orígenes del propio Estado que la encuadra, un Estado creado manu militari por el Imperio británico, obsesionado por impedir que la descolonización política de ese área del mundo se tradujera en la aparición de regímenes fuertes, capaces de poner coto al mangoneo neocolonial. En contra de la imagen que finalmente se ha impuesto, Sadam Husein y su partido Baaz fueron durante mucho tiempo fieles servidores de los intereses de las grandes potencias. Cuando así fue, ningún Gobierno occidental puso en solfa el predominio de la minoría suní sobre el conjunto de Irak, ni los expeditivos métodos con los que el régimen baazista mantenía sometidos a chiíes y kurdos. Sólo se acordó de ellos cuando Sadam Husein se le puso díscolo. Apoyó entonces su insumisión, abriendo con ello la caja de los truenos. Ahora se encuentra con que no tiene modo de unir por consenso lo que durante tanto tiempo estuvo unido por la fuerza. ¿Cómo no previó que se iba a topar de bruces con ese escollo?

Algo semejante cabría decir de la resistencia suní, que ensangrienta el país a diario. Era estúpido suponer que el aparato funcionarial baazista, compuesto por varios cientos de miles de civiles y militares, se iba a dispersar sin más problemas mientras los invasores extranjeros hacían y deshacían a su antojo.

Era estúpido suponerlo, pero hubo estúpidos que lo supusieron. El día en el que Bush anunció el fin de la guerra, muchos dijimos que la guerra de desgaste no había hecho más que empezar. Y así ha sido.

Insisto: no es que tengamos más datos, ni que seamos más listos. Sencillamente, no nos ciega la soberbia. No creemos que la superioridad armada acarree la victoria siempre y en toda circunstancia. Ellos deberían saberse muy bien esa lección desde Vietnam. Pero Vietnam no es para ellos una experiencia de la que aprender, sino una angustiosa pesadilla que olvidar. Con lo cual están siempre en disposición de repetirla.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 29 de agosto de 2005

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Bono no dice la verdad

JAVIER ORTIZ

        
Bono dice que la misión que cumplen las tropas españolas en Afganistán no es prolongación de la operación Justicia infinita -rebautizada más tarde como Libertad duradera- lanzada por Bush contra Afganistán tras los atentados del 11-S.

         Sí lo es. Se trata del mismo proceso político-militar. Que Washington consiguiera implicar a las Naciones Unidas en esa operación, venciendo las reticencias de Putin a cambio de dejarle las manos libres en Chechenia, no cambia en nada la cuestión.

Acaba de saberse que el Ejército norteamericano ha lanzado en Afganistán una amplia operación militar, denominada Resolución fulminante, que, según el portavoz militar estadounidense, John Siepmann, «se extenderá a todo el país» y servirá para «fortalecer la seguridad de los próximos procesos electorales». Huelga decir que Washington no ha sometido a ninguna instancia superior la propuesta de emprender esta operación. La ha lanzado, sin más. Porque lo que se hace en Afganistán es cosa suya. La ONU y la OTAN están para apoyar; no para mandar.

Es igualmente falaz la pretensión de que el Ejército español ha ido a Afganistán para «mejorar las condiciones de vida y de seguridad del pueblo afgano». Desde que se inició la intervención extranjera en Afganistán, han empeorado tanto las unas como las otras. Se ha incrementado el número de los desplazados que tratan de huir a los países vecinos, en particular a Pakistán, y la pobreza, por difícil que resultara tal cosa, ha ido a más.

Afirma el ministro español de Defensa que las tropas españolas tienen que estar en Afganistán porque es desde allí donde parten las iniciativas del terrorismo internacional. Es el argumento de la «guerra preventiva», tan caro a Bush. Vuelve a falsear la realidad. Afganistán pudo servir de base en el pasado a algunos grupos terroristas, pero no más que Pakistán o, desde luego, que Arabia Saudí, principal patrocinadora de la rama del islam más proclive al fanatismo religioso y a la violencia política. Siguiendo la lógica enunciada por Bono, la «coalición internacional» debería haber enviado sus tropas hace años a Riad para hacerse con el control de ese país y forzarlo a realizar elecciones libres.

Bono insiste: las tropas españolas están en campaña «contra el fanatismo, el terror y la pobreza». Dejando de lado el asunto de la pobreza -ya debatiremos otro día sobre la distribución de la riqueza allí donde la hay-, de lo que no hay duda es de que, si de combatir el fanatismo y la falta de libertad se trata, nada justifica que se limite el área de acción a Afganistán. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait... Habría tarea para rato.

En esa línea: ¿no se plantea lo hermoso que sería llevar las libertades democráticas y las urnas libres a los cientos de millones de chinos que están privados de las unas y de las otras?

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 27 de agosto de 2005

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In vino veritas

JAVIER ORTIZ

         
Un informe de la Organización Mundial de la Salud sostiene que uno de cada cuatro casos de violencia machista en España está vinculado al consumo inmoderado de bebidas alcohólicas.

Las autoridades sanitarias exhiben ese dato para advertir de los peligros que conlleva la ingesta desmadrada de alcoholes.

Son indudables lo efectos nocivos que la alcoholemia puede tener sobre la conducta humana, en muchos aspectos, pero no veo que el informe de la OMS demuestre que hay una relación de causa-efecto entre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la violencia machista. De ser cierto que el 25% de los que agreden físicamente a mujeres lo hace borracho, lo que se evidencia, sobre todo, es que entre los españoles machistas hay mucha violencia reprimida.

El alcohol no genera agresividad. El alcohol no genera nada. Sólo se pone violento tras beber aquél que antes ya sentía propensión a la violencia, pero la reprimía, por lo menos en sus expresiones más brutales.

Los latinos decían: In vino veritas. Y tenían razón. El alcohol quita las máscaras. Deja al desnudo al que mantiene el tipo cuando en realidad está hecho unos zorros. Y al que presenta una imagen afable para disimular la indiferencia que siente por quienes le rodean. Y a quien trata a su pareja guardando ciertas formas, comiéndose las ganas de cruzarle la cara cada vez que contraría sus deseos.

El alcohol desinhibe. Eso es todo.

Nada más alejado de mis deseos que menospreciar los beneficios sociales que aportan las inhibiciones. Me parece de perlas que la gente borde -sea borde de la bordería que sea- haga un esfuerzo y se reprima.

Pero, en el caso del violento reprimido, ha de tenerse en cuenta que, aunque reprimido, sigue siendo violento y, por lo tanto, no sólo un peligro en potencia, sino también, muy fácilmente, en acto. Porque cuando impide que afloren y se desfoguen sus ansias de agresión física no acaba con ellas: las deriva por otros cauces, no necesariamente inocuos.

Hay una enorme cantidad de violencia machista que no se expresa a través de tortas, puñetazos y cuchilladas, sino de insultos, desconsideraciones y menosprecios, que no porque rara vez desemboquen en denuncias formales encierran menos capacidad para amargar la vida de quienes los sufren.

He conocido a lo largo de los años a bastante gente pacífica que, por muchas copas que se trague, sigue siendo pacífica. Plasta, pero pacífica. Y me ha tocado conocer también a no pocos de vena irascible que, por sobrios que se mantengan, no logran nunca ser pacíficos del todo.

Hay que combatir el alcoholismo. Pero tan importante como eso -más, en realidad- es educar a los niños en la igualdad y el respeto hacia todas las personas, sean del sexo, del color o de la nacionalidad que sean. Para que, si alguna vez se desinhiben, no saquen a relucir un fondo repulsivo.

Brindo por ello.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 24 de agosto de 2005

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Humorista de derechas

JAVIER ORTIZ

        
El estreno de la película Ninette, dirigida por Garci sobre guión basado en la obra teatral Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura, ha puesto de actualidad dos viejos temas muy dados a la polémica: el de las relaciones de la literatura, de un lado, y del humor, del otro -o del mismo, según los casos-, con las posiciones ideológico-políticas de quienes se han dedicado o se dedican a tales menesteres.

La tesis según la cual la ideología de los autores «no tiene nada que ver» con el contenido de su obra es boba como ella sola. Toda ideología es deudora de una determinada concepción del mundo. Quien percibe la realidad de una manera concreta, habla, escribe o actúa, impepinablemente, a partir de esa visión, sea o no consciente de ello.

Ocurre -y ése es asunto muy otro- que luego la obra puede tener más o menos calidad, o carecer de ella por completo, con independencia de que su autor sea acérrimo defensor del orden establecido o desee con furia incontenible que muera Sansón con todos los filisteos. Hay ejemplos a puñados. Para lo primero, siempre me quedo con el de Quevedo, para no tener que referirme a ningún vivo: insoportable en su actitud política, genial con la pluma en ristre.

Otro punto de polémica: las ideas políticas y el humor. «La derecha no tiene sentido del humor», dicen algunos. Otra tontería. En rigor, la gente bien cuenta con muchos más motivos para reír que la perteneciente a la legión de los apurados. Después de una buena comida, con café y copa, cualquiera se siente mucho más dispuesto a imaginar situaciones divertidas y a fabricar juegos de palabras desopilantes que tras hacer cuentas y comprobar que no le llega para pagar el alquiler de la casa y el colegio de los niños. El maltratado por la vida puede tener un gran sentido del humor, sin duda, pero sus condiciones de existencia le empujan más bien hacia el humor negro (o cenizo, según los casos) y el sarcasmo.

Mihura perteneció a una generación de humoristas bien instalados -unos desde la cuna, otros con el paso del tiempo-, capaces de mostrar con desenfado tanto el lado más absurdo y disparatado de las situaciones como los dobles sentidos y equívocos del lenguaje. Junto a él, Muñoz Seca, Tono, López Rubio, Neville (republicano acomodaticio), y el desternillante Enrique Jardiel, a quien la fortuna acabó dándole la espalda, lo que no le hizo ninguna gracia («Si queréis los mayores elogios, moríos», llegó a escribir).

Todos ellos fueron o devinieron franquistas, por vocación o por interés. Nada más ridículo que pretender disfrazarlos ahora de demócratas clandestinos.

Lo que salva a esa generación de escritores y dramaturgos nada dramáticos, lo que la hace interesante, es que supo mirar la vida sin solemnidad, con ganas de burlarse de todo, incluida su propia sombra. Lo cual favorece mucho la simpatía. En todos los sentidos de la palabra.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 22 de agosto de 2005

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Versiones oficiales

JAVIER ORTIZ

         
Algunos de mis conocidos no entienden que desconfíe por sistema de las versiones oficiales de los hechos.

Critican, por ejemplo, mi empeño en hablar siempre de «presuntos culpables», en tanto no se haya producido una sentencia firme e inapelable que establezca la efectiva culpabilidad del acusado. «Pero, si él mismo ha reconocido su participación en los hechos, ¿qué sentido tiene que no la des por segura?», me dicen. A lo que respondo que nunca es el propio detenido, sino algún otro -responsable policial o político, por lo común-, el que asegura que el arrestado ha admitido su culpabilidad. A lo cual añado que tampoco es raro que algunos detenidos admitan ante la policía los crímenes que les imputan, aunque no los hayan cometido, con tal de librarse del «hábil interrogatorio» que estaban padeciendo.

La mayoría de los ciudadanos incurre en el error de poner límites a la capacidad de mentir de quienes ostentan el poder. La experiencia está lejos de justificar su credulidad. Demuestra más bien todo lo contrario: con tal de librarse de responsabilidades o de apuntarse tantos, son capaces de decir -y lo que es peor, también de hacer- lo que sea. Hasta lo más inicuo.

La actuación del alto mando de Scotland Yard después de que sus agentes dieran muerte al ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes el pasado 22 de julio avala esa afirmación, por dura que resulte. Ahora sabemos que toda la versión que ofreció el jefe de la policía británica, Ian Blair, fue una pura patraña. Y que además era consciente de que mentía: intentó por todos los medios que no se llevara a cabo una investigación independiente de lo ocurrido. En contra de lo que él afirmó para justificar la actuación homicida de sus agentes, De Menezes no vestía un abrigo abultado, sino una cazadora vaquera, no saltó la barrera de entrada en el metro y no huyó de la policía. Fue detenido, inmovilizado contra el suelo y acribillado a tiros cuando no podía -y, por lo que dijeron los testigos, tampoco quería- ofrecer resistencia.

Encaramos aquí y ahora el trágico caso del helicóptero militar español que se estrelló el pasado martes en Afganistán. El ministro del ramo, José Bono, ha dado diversas explicaciones para inducir a la ciudadanía a pensar que fue un accidente. No le creo. Y con razón. Ya sabemos de un punto en el que ha faltado a la verdad: dijo que la población autóctona de Herat tiene una actitud amistosa hacia los soldados españoles, y no es así. Algunos habitantes de la zona llegaron incluso a recibirlos a pedradas. Puede que no sean simpatizantes de los talibán, sino gente que malvive del narcocultivo. A los efectos, tanto da.

Afronto este caso concreto aplicando mi planteamiento general: mientras lo único que sepamos de lo ocurrido sea lo que nos llega a través de la versión oficial, no sabremos nada a ciencia cierta.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 20 de agosto de 2005

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Advertencias hipócritas

JAVIER ORTIZ

         
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, propone que se incremente en un 20% el precio de las labores de tabaco. Según ella, un encarecimiento tan fuerte tendría efectos disuasorios para bastante gente, lo que reduciría la tasa de tabaquismo.

La puesta por las nubes del precio de la cajetilla sólo supondría un obstáculo de importancia para las personas con un nivel adquisitivo más precario. El resto rezongaría, como cuando se encarece la gasolina, pero seguiría comprando. Me pregunto si no será que la ministra, como socialista, se preocupa sobre todo por la salud de lo que el anterior jefe del Estado llamaba «nuestras clases menesterosas».

No creo, de todos modos, que Salgado vaya bien encaminada. Si su razonamiento fuera exacto, las Islas Canarias, donde las labores de tabaco tienen precios comparativamente irrisorios, contarían con una tasa de tabaquismo muy superior a la peninsular. Y no parece que sea el caso.

Llevo realmente mal algunas campañas propagandísticas -o directamente publicitarias- de las que acostumbran a emprender nuestras autoridades. La del tabaco es una. La que trata de promover la seguridad vial, otra.

La Dirección General de Tráfico realizó una predicción de la cifra de víctimas mortales que iba a registrarse durante el pasado puente: medio centenar, dijo. Dio en el mismo centro de la diana. Y no porque acertara de churro, sino porque apuntó bien. Consideró un conjunto de factores que sabía que iban a ser decisivos: el estado de las vías de circulación, las características del parque automovilístico, las condiciones meteorológicas previstas, la cantidad de desplazamientos -largos y cortos- propios de estas fechas, etcétera. A partir de todo lo cual, hizo sus cuentas. Unas cuentas en las que los llamados «fallos humanos» no figuraban como eventualidad aleatoria, sino como dato fijo: sabe muy bien qué porcentaje global de distracciones e imprudencias cabe esperar.

Lo cual quiere decir que la DGT tiene perfecta conciencia de la inutilidad de las campañas publicitarias que lanza apelando a la sensatez de quienes conducen. Que las difunde con el mismo espíritu ponciopilatesco que anima a otras autoridades a forzar la inclusión en las cajetillas de tabaco de muy severas advertencias sobre los enormes peligros que encierra la mercancía cuyo comercio ellas mismas avalan. Y es que la DGT es, a fin de cuentas, parte del mismo Estado que da toda suerte de facilidades a los fabricantes de unos automóviles que son capaces de correr a más del doble (!) de la velocidad máxima permitida y en cuya televisión de pago -porque es de pago, vía impuestos- se exhiben constantes reclamos publicitarios en los que conducir a toda pastilla se presenta impúdicamente como un valor.

Lanzan advertencias hipócritas. Hechas para que no se diga.

Y lo logran, porque apenas nadie dice nada, y ellos hasta quedan bien.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 17 de agosto de 2005

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¿Tolerancia cero?

 

JAVIER ORTIZ

         
Dando rango general a su respuesta frente a lo sucedido en Roquetas de Mar, Rodríguez Zapatero afirmó anteayer, como días antes su vicepresidenta primera y su ministro del Interior, que el Gobierno mantiene ante la tortura una posición tajante: «tolerancia cero».

Sería muy digno de encomio si fuera verdad. Pero es falso.

Imagino que Rodríguez Zapatero sabe que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el jurista holandés Theo van Boven, ha emitido diversos informes sobre España, que han sido presentados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En esos informes, realizados tras estudiar la situación sobre el terreno, Van Boven afirma que en España la tortura no es sistemática, pero sí «más que esporádica e incidental». De cara a corregir tal situación, el Relator Especial propuso al Gobierno de España la adopción de un cierto número de medidas, entre las que incluía la obligación de grabar en vídeo todos los interrogatorios de los detenidos y el derecho de éstos a solicitar la presencia de un abogado, a contar con un médico de su elección y a informar de su detención a una tercera persona. Desde entonces, Van Boven ha constatado que las autoridades españolas no dan la menor muestra de disponerse a aplicar sus recomendaciones.

Rodríguez Zapatero tiene que saber también que Amnistía Internacional (AI) se queja año tras año de la tendencia de los gobernantes españoles «a rechazar las denuncias sin investigarlas». AI también ha formulado recomendaciones, muy similares a las de Van Boven. Con idéntico resultado.

Supongo que el presidente del Gobierno tampoco ignora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en sentencia referida a un caso concreto, como es lógico- condenó al Estado español por «no llevar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias» de torturas y malos tratos.

Sabrá Rodríguez Zapatero también, digo yo, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CET) se ha expresado en términos muy similares a los anteriores, quejándose de la «sostenida ausencia de salvaguardas fundamentales que protejan de los malos tratos a las personas detenidas» en España. El CET ha denunciado, además, la «inadmisible falta de cooperación» de los gobernantes españoles con su labor, pese a tener la obligación de facilitarla.

El presidente del Gobierno tiene que estar al tanto de todo esto, y no creo que piense que son meras fábulas urdidas por «la anti-España». Entonces, ¿de qué tolerancia cero habla? Si realmente tuviera la voluntad de poner coto definitivo a la tortura ordenaría que se investiguen a fondo las denuncias y reformaría las leyes que regulan el régimen de detención, de acuerdo con las propuestas de los organismos de Derechos Humanos.

Mientras no lo haga, mejor será que hable de tolerancia cinco, diez o veinte. Pero no cero.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 15 de agosto de 2005

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¿Es Blair laborista?

JAVIER ORTIZ

        
La afirmación tan común según la cual «todos los políticos son iguales» sólo puede explicarse por la ignorancia o el desinterés por la política de quienes se apuntan a esa simpleza. Lo único que tienen en común todos los políticos -profesionales, se entiende- es que se desenvuelven en el mismo campo de actividad.

Más enjundia tiene la cosa, en cambio, si la pretensión de igualdad se ciñe a los dirigentes de los partidos que se turnan en el control del poder del Estado. En ese caso, todo depende del nivel de abstracción en el que se plantee la igualdad. Porque es cierto que esos partidos suelen coincidir en su posición ante casi todos los asuntos de mayor relevancia, que ellos mismos suelen denominar «cuestiones de Estado», reservando sus divergencias para materias de entidad menor.

Hago esta precisión para aclarar que cuando sostengo que el laborista Tony Blair es igual de derechista que muchos políticos derechistas europeos, e incluso más que algunos, no estoy haciendo abstracción de nada. No lo digo porque crea que «todos son iguales», ni siquiera porque piense que todos los paladines del Estado son del estilo, sino porque él, Blair -específica, personalmente-, rivaliza en derechismo con sus teóricos oponentes políticos. En muchísimos terrenos. En casi todos, si es que no en todos.

Se supone que lo que debería caracterizar a un laborista -a un socialista, en versión británica- es su preocupación por las libertades públicas, por los avances sociales, por el papel dinamizador del Estado en la actividad económica, por la paz mundial, por el entendimiento entre los diversos pueblos y las diferentes culturas... Nada más alejado del comportamiento del premier británico. En el plano económico y social, basta con recordar que llegó a hacer tándem con José María Aznar. Es un forofo del neoliberalismo. Se ha convertido también en el principal defensor europeo del recorte de las libertades públicas e individuales, incluyendo iniciativas tan inauditas como la formación de tribunales secretos, el derecho de la autoridad gubernativa a ordenar la deportación de ciudadanos al margen de todo control judicial y la concesión a la policía de la facultad de mantener durante meses en comisaría a los detenidos sin necesidad de formular cargos contra ellos. Y para qué hablar de su posición en lo referente a los problemas de la guerra y la paz, lo mismo que de su hostilidad tardocolonial hacia la cultura islámica. A su lado, Villepin parece un izquierdista.

¿Qué tiene que ver Blair con las señas de identidad históricas del laborismo?

Pero la cuestión más de fondo, para estas alturas, no se refiere ya a la persona de Blair, sino al Partido Laborista, que lo tiene por jefe. Más que dudar del laborismo de Blair, resulta obligado preguntarse cuántos laboristas quedan entre los laboristas.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 13 de agosto de 2005

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Cosas de la incompetencia

JAVIER ORTIZ

        
Cuando EEUU y la URSS rivalizaban ante el mundo para exhibir sus adelantos científico técnicos y postular la superioridad de sus sistemas económicos, sociales y políticos respectivos, desplegando cual pavos sus plumajes para llamar la atención sobre los atractivos de los distintos modelos de civilización que representaban, los detalles de escaparate se cuidaban al máximo. Había que mostrar los encantos. No podían permitirse fallos que los dejara en ridículo. Tenían que apuntarse más y más éxitos, costara lo que costara. Y costaba, vaya que sí. La carrera espacial, sin ir más lejos, suponía una partida muy considerable de los presupuestos de ambos estados.

Se hundió la URSS, EEUU se quedó sin rival con el que competir, la Federación Rusa renunció a mantener ningún pulso digno de ese nombre y ambos gobiernos, cada uno a su nivel, relajaron por completo sus esfuerzos de cosmética y relaciones públicas. ¿Para qué iban a mantenerlo? Estados Unidos no tiene ya por qué convencer a nadie de los atractivos del sistema capitalista: no hay ningún otro que se presente como alternativa. En cuanto a Rusia, la mera idea de que pretendiera convencer a nadie de la superioridad de su actual sistema económico social produce risa.

El resultado de la dejadez y el abandono de ambos lo hemos visto escenificado a la perfección en el plazo de pocos días. De un lado, EEUU y la chapuza de su Discovery, al que tuvieron que hacer bricolajes sobre la marcha y cuyo aterrizaje hubieron de retrasar por algo tan sorprendente y tan insólito como que hacía mal tiempo. Del otro, Rusia y su batiscafo atrapado en el mar de Bering, rescatado -qué humillación- por un robot submarino británico.

Lo de EEUU tiene una explicación que equivale a una denuncia: los dirigentes de Washington han desplazado una parte muy sustancial de la vieja partida presupuestaria de la NASA para reforzar todavía más la industria armamentista. En vez de volar ellos al espacio, prefieren que otros vuelen por los aires. Lo de Rusia, por su parte, no es sino otra muestra más de lo que ocurre allí con todo: los nuevos zares están desmantelando y vendiendo por piezas los restos del Estado soviético en beneficio de sus fortunas personales. Esa gente sólo se acuerda del Estado cuando piensa en Chechenia.

No necesitado ya de superarse el uno, imposibilitado de superarse el otro, el mundo se desarrolla por su lado más lóbrego y cruel.

¡Quién me iba a decir a mí que acabaría echando de menos la competencia!

Me oponía a la imposición de las leyes de la libre competencia, salvajes, implacables. Propugnaba su sustitución por normas ponderadas, ajustadas a las necesidades sociales.

Ha sucedido todo lo contrario. La competencia ha desaparecido y su lugar ha sido ocupado en parte por la imposición, en parte por la incompetencia.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 10 de agosto de 2005

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Puede haber más Hiroshimas

JAVIER ORTIZ

         
Han sido muchos los comentarios de prensa, radio y televisión que se han ocupado en estos últimos días de reflexionar sobre el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki analizando los pros y los contras que hubo de afrontar el presidente norteamericano Harry S. Truman antes de tomar la terrible decisión.

Alegan quienes exculpan a Truman que el imperio japonés estaba dispuesto a resistir hasta el final y que el desembarco en el archipiélago nipón habría causado cientos de miles de bajas en el Ejército de los EEUU. Añaden que era también de temer que la URSS iniciara un ataque por el norte para tomar posesión de las islas Curiles y de bastantes territorios más. A partir de ahí, concluyen que Truman no tuvo más remedio que bombardear Hiroshima y Nagasaki, tanto para evitar un infierno a sus propios ejércitos como por razones estratégicas.

Ese retrato histórico es objetable. Quienes lo cuestionan niegan que Japón se hallara en condiciones de alargar la guerra por mucho tiempo. Recuerdan que el emperador estaba ya sondeando con los aliados las posibles condiciones de su rendición, cosa que Truman no ignoraba. Señalan que, además, es dudoso que el pueblo japonés, exhausto y harto del conflicto, hubiera opuesto seria resistencia a un ejército invasor mucho más poderoso que el suyo. Subrayan, en fin, que existían otras alternativas al bombardeo nuclear, fuera del desembarco masivo sin mayores preliminares. También relativizan el supuesto «peligro ruso», apuntando que, si tan difícil se suponía que les iba a ser a los norteamericanos la ocupación de territorio japonés, a los soviéticos les ocurriría lo mismo, si es que no más.

La discusión tiene interés histórico, sin duda, pero no aporta nada a la cuestión central. Al contrario: la oscurece. Da a entender que lo acertado o erróneo del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki depende del peso mayor o menor que tuvieran tales o cuales datos de la realidad. Y no es así. Por muchos otros males que evitara Truman, su decisión seguiría siendo igual de abominable. Atacar deliberadamente a una población civil, y no digamos a tan gigantesca escala, supone un crimen de lesa Humanidad, expresamente tipificado en todas las leyes de la guerra.

No hay, no puede haber ninguna circunstancia o coyuntura capaz de justificar la comisión de un crimen semejante. El mero hecho de entrar a evaluar si el crimen cometido por Truman tenía o no motivación suficiente supone ya, en sí mismo, una aberración moral.

¿Qué sinceridad cabe esperar del «¡Nunca más!» de aquellos que, tras clamar esa consigna, se ponen a discutir si en 1945 fue razonable lanzar bombas atómicas sobre objetivos civiles? Si pudo ser necesario en una ocasión, ¿por qué no en otra?

Me temo que para alguna gente el bombardeo de Gernika estuvo mal tan sólo porque lo hicieron los nazis.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 8 de agosto de 2005

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Alimentos, fines y medios

JAVIER ORTIZ

         
La salmonelosis masiva producida por el consumo de pollos precocinados en mal estado está dando materia para muchas conversaciones de barra de bar interesantes, no sólo porque reflejan sentimientos generalizados, sino también porque plantean problemas reales de nuestro tiempo.

Los comentarios más frecuentes apuntan por la línea del: «¡A saber qué nos venden!».

Buena parte de la población desconfía de los alimentos que distribuyen los mercados. Ahora más todavía, tras descubrir que las etiquetas de homologación sanitaria no aportan certeza de nada.

A ello se añade el desdén generalizado por el escaso sabor de los productos: «¡Sí, todo muy bonito, pero parece de plástico!».

Este género de críticas se oye sobre todo en boca de personas de cierta edad, que conservan aún en la memoria el sabor primigenio de los pollos, los tomates, la leche de vaca y demás alimentos en vías de degeneración.

La desconfianza hacia la calidad sanitaria de los alimentos está más que justificada por la experiencia. Aciertan quienes reclaman que estén sometidos a un control menos burocrático y más eficaz. Pero se equivocan quienes afirman que en tiempos pasados los alimentos eran más sanos. Al revés. Antes había muchas más enfermedades producidas por alimentos en mal estado. La mejora de las condiciones sanitarias de los alimentos es, de hecho, una de las razones que explican el fuerte aumento de las expectativas de vida en los países mejor abastecidos.

Lo que no tiene discusión posible es lo del sabor. No hay más que hincarle el diente a un pollo realmente de corral -rara avis- para apreciar la abismal diferencia. «Sí, claro -te objetan de inmediato-, pero cuando los pollos eran así los comían cuatro, y ahora están al alcance de cualquiera». Lo cual tiene también fácil respuesta: «No son los pollos de aquella calidad los que están ahora al alcance de cualquiera, sino estas otras cosas insípidas con forma de pollo».

Es frecuente toparse en las polémicas sobre alimentación -en el debate sobre los productos transgénicos, muy en especial- con argumentos de ese género, de apariencia democrática y fondo tramposo: «Gracias a las técnicas de producción de alimentos en masa, se podrá acabar con el hambre en el mundo», dicen sus defensores. La afirmación sería digna de aprecio si los hechos la sustentaran. Pero no. Desde que empezaron a aplicarse a gran escala esas dudosas técnicas productivas, no se ha avanzado ni un milímetro en la erradicación del hambre en el Tercer Mundo. A cambio, algunas empresas han visto crecer de manera espectacular sus beneficios.

No sacrifican la calidad para producir más y que comamos todos, sino para ganar más.

Lo cual es razón suficiente para que los poderes públicos desconfíen de esas empresas. Si sus fines son dudosos, es fácil que sus medios también lo sean.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 6 de agosto de 2005

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La ley del más fuerte

JAVIER ORTIZ

        
Desde la última Guerra Mundial -y durante-, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han tenido una actitud muy descarada en relación con las bombas. Su planteamiento general al respecto es: «EEUU puede fabricar todo tipo de bombas, sean las que sean, y usarlas cuando quiera y dónde quiera, si conviene a sus intereses. Pero no acepta que otros hagan lo mismo». Han obrado según ese criterio con toda suerte de artefactos, desde los más pequeños (las minas antipersonas) a los más grandes (los atómicos), pasando por los de neutrones, los químicos y los bacteriológicos.

La historia del armamento nuclear es muy aleccionadora. Mientras la industria militar norteamericana necesitó realizar pruebas atmosféricas para perfeccionar sus bombas, Washington no quiso ni oír hablar de la prohibición de ese tipo de ensayos. Pero, así que pudo reemplazarlos por pruebas subterráneas, se convirtió en el máximo defensor de un acuerdo internacional contra las pruebas atmosféricas. La URSS, como tampoco las necesitaba, aceptó. Pero Francia y China -De Gaulle y Mao- se negaron a firmar.

El otro frente que Washington abrió de inmediato fue el de la lucha contra la proliferación del armamento nuclear. Comprendió que su fuerza de imposición política en determinadas áreas del mundo -en el Oriente Medio y en Asia, sobre todo- podía verse reducida drásticamente si empezaban a menudear los estados dotados de bombas atómicas. Su experiencia con Pakistán y la Unión India le resultó concluyente: hubo de empezar a tratarlos con guante blanco. Por la misma razón pone ahora tanto cuidado en su diplomacia hacia Corea del Norte, cuyos habitantes, por lo visto, no tienen tanto derecho a ser liberados de la tiranía, etcétera, etcétera, como los afganos o los iraquíes.

También está muy inquieto con el programa nuclear iraní. Es comprensible. Un Irán con armas nucleares representaría un obstáculo formidable para su estrategia de control de toda la extensa área que va de Afganistán al Mediterráneo.

Dicen: «Sólo tratamos de impedir que haya Estados gamberros, irresponsables, que se doten de bombas nucleares que podrían llegar a usar». La excusa se convierte en un sarcasmo así que se recuerda que la Historia sólo da cuenta de un Estado cuyos dirigentes hayan mostrado el grado de barbarie necesario para dar la orden de lanzar bombas atómicas sobre objetivos civiles. En Hiroshima y Nagasaki lo recuerdan todos los años.

Algunos se declaran estupefactos por el hecho de que el encargado de dictar al mundo entero quién, cuánto y cómo puede armarse sea alguien que ha demostrado de sobra que él mismo no es capaz de abordar con un mínimo de sensatez ni la fabricación de las peores armas ni su uso.

Parece paradójico, en efecto, pero no lo es. La ley del más fuerte es tan vieja como el propio mundo.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 3 de agosto de 2005

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Víctimas del franquismo

JAVIER ORTIZ

         
Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno español a que se ocupe de la deuda pendiente con las víctimas de la sublevación militar de 1936 y de la posterior dictadura franquista.

La demanda de AI apenas ha tenido eco. Los pocos que se han decido a comentarla lo han hecho para argumentar que se trata de un asunto muy viejo y que, además, de emprenderse esa tarea también habría que atender los casos de aquellos que padecieron persecución y expolio por parte de fuerzas favorables a la República.

No tienen razón.

En primer lugar, es cierto que Franco murió hace casi 30 años, pero hay efectos de su régimen que aún perduran. La culpa de que haya pasado todo ese tiempo sin que se haya entrado a reparar los males del franquismo -los males reparables; otros jamás podrán serlo- no es de los perjudicados, sino de los sucesivos gobiernos de la democracia que, salvo en lo tocante a parte de los bienes de algunos sindicatos, han preferido no poner sobre la mesa un litigio que podía sacudir un cimiento de la Transición: el olvido de las responsabilidades de todo tipo en que incurrieron los beneficiarios de la dictadura.

Hay agravios y expolios que son viejos, sin duda, pero sólo porque se iniciaron hace mucho; no porque hayan desaparecido. Ejemplo: los sublevados del 36 se incautaron de edificios pertenecientes a organizaciones consideradas enemigas y el actual Estado español no los ha devuelto. Es el caso del bello palacete que ocupa el Instituto Cervantes en París, sede del Gobierno Vasco en el exilio comprada con dinero vasco, expropiada por los nazis y entregada a Franco con la connivencia de las autoridades francesas. Los aplastadores de la República también se incautaron de otras muchas propiedades de personas que el régimen de Franco consideró «desafectas» y que no han sido restituidas a sus herederos.

Pero la objeción más chirriante es la que pretende que, si se resarciera a las víctimas del franquismo, habría que hacer lo propio con los damnificados por el otro bando. Decir eso no implica sólo adoptar una inaceptable posición de equidistancia entre quienes encarnaban la legalidad nacida de las urnas y quienes se levantaron en armas contra ella, sino que supone, además, falsear la Historia. Porque quienes sufrieron persecución y daños a manos del bando republicano ya fueron generosamente resarcidos al término de la guerra. El Estado Nacional-Sindicalista repartió prebendas, empleos y canonjías -cuando no propiedades robadas a sus legítimos dueños- entre todos los que se pusieron a esa cola. Tendría bemoles que ahora se les recompensara por segunda vez.

¿Que no sería fácil llevar a cabo una empresa así? De acuerdo. Pero la dificultad para hacer justicia no puede servir para instalarse en la injusticia.

Hágase lo que se pueda. Siempre será mejor que nada.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 1 de agosto de 2005

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