Columnas de Javier Ortiz aparecidas en

            

durante el mes de marzo de 2005

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Principios e intereses

JAVIER ORTIZ

        
PSOE y PP se declaran satisfechos con la resolución del Tribunal Supremo que ha ilegalizado las candidaturas de Aukera Guztiak. Dicen que lo están pese a que la retirada forzosa de esa opción electoral beneficiará a la coalición PNV-EA. Sostienen que aplauden la decisión del TS por estrictas razones de principio y no por interés partidista, puesto que es a ellos a quienes más va a perjudicar la restricción del voto de la izquierda abertzale.

Admito que cuando les oigo hablar de principios me pongo en guardia de inmediato. Les he visto demasiadas veces y durante demasiado tiempo adaptar sus actos, incluidos los más delicados desde el punto de vista ético, a sus intereses partidistas. Para adoptar una posición de principios tendrían que empezar por enterarse de qué es eso.

Sin embargo, la lógica parece estar de su lado. Si los ex votantes de Batasuna no tienen una candidatura de su confianza a la que respaldar, es fácil deducir que las listas de PNV-EA, e incluso las de Ezker Batua, saldrán ganando.

Pero las cosas no son tan sencillas. Según los estudios que se han realizado -y que manejan todos los partidos- es previsible que, si Aukera Guztiak finalmente no puede presentarse, cuatro de cada 10 de sus votantes potenciales darán su voto a las candidaturas del tripartito. Pero habrá seis que no lo harán. Que optarán por abstenerse.

Dado que estamos hablando de un porcentaje del electorado realmente importante -un 6%, como poco-, su ausencia de las urnas puede alterar el resultado final de manera notable, si es que no decisiva. Se han hecho también estudios sobre eso. Se ha tomado como referencia los resultados de las últimas elecciones y se ha calculado qué efecto podría tener el porcentaje de abstención de la izquierda abertzale sobre la distribución final de escaños en el Parlamento de Vitoria, habida cuenta de las peculiaridades del sistema electoral vasco, que determina que cada una de las tres provincias elige el mismo número de diputados, con independencia de su muy diferente peso demográfico.

No quiero aburrirles con cifras. Les diré tan sólo que, según esa proyección, y gracias sobre todo al llamado efecto Alava (la provincia con menos habitantes y con mayor peso del PSE-PSOE y el PP), la coalición PNV-EA obtendría dos escaños más -lo que le vendría muy bien, sin duda-, pero el PSOE sacaría tres más, y el PP dos más. Lo cual tendría como efecto principal que entre ambos partidos alcanzarían la mayoría en el Parlamento autonómico.

A ver si lo digo más claramente. Pongamos que alguien se formulara la pregunta: «¿Hay algún modo mediante el cual los partidos llamados constitucionalistas puedan hacerse con la mayoría en el Parlamento de Vitoria aunque tengan bastantes menos votos?» La respuesta es: «Sí. Impidiendo que la izquierda abertzale pueda presentarse.»

Quod erat demostrandum.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 30 de marzo de 2005

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Por puro sentido común

JAVIER ORTIZ

        
Reclama una y otra vez Mariano Rajoy que se reúna el Pacto Antiterrorista para que el Gobierno y el PSOE le aclaren si han tenido o no reuniones con Batasuna. Los portavoces del Gobierno y del partido que lo sustenta le han respondido ya por activa y por pasiva que no. El sentido común dice que por mucho que se junten en una solemne reunión, los socialistas no van a cambiar su respuesta. No podrían hacerlo. Quedarían en una posición política imposible.

La cosa es tan de cajón que, por mero sentido común, hay que llegar a la conclusión de que, si el presidente del PP pone tanto empeño en que se produzca esa reunión, ha de ser por razones diferentes a las que declara. ¿Qué razones? Eso ya queda al olfato de cada cual. Para mí que se está moviendo para colocar mejor sus peones en el tablero de las próximas elecciones vascas, porque ve que se resquebraja el viejo frente común PP-PSE, que tan bien le funcionó cuando Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros actuaban en la modalidad de parejas. Se da cuenta de que eso deja a su partido no como la vanguardia de un bloque, sino como un reducto del inmovilismo.

Pero ésta es una suposición más o menos lógica mía, no una conclusión indiscutible.

Lo que sí cae por su propio peso -retorno al sentido común- es que el PSOE puede negar con toda tranquilidad que esté teniendo contactos con Batasuna. Primero porque Batasuna carece de entidad legal, lo que excluye la posibilidad de tener una relación formal con ella. Segundo, porque para intercambiar planteamientos, ideas y posibilidades -o simplemente «para tomar la temperatura», que decía Rafael Vera- no es necesario que se reúnan una delegación del PSOE y otra de la ilegalizada Batasuna. Ni siquiera es imprescindible que quien acuda sea militante del PSOE. Basta con que la persona o personas que lo hagan sean merecedoras de confianza y se muestren competentes en la función de correveidiles. Lo mismo cabe decir del otro bando: hay muchas personas que tienen relación con la izquierda abertzale, pero que no se identifican con Batasuna.

Ahora bien, y puesto que de sentido común se trata: me parece del más puro sentido común que el Gobierno quiera saber a qué atenerse con la ex Batasuna más allá de lo que sus portavoces declaren en la plaza pública. Hasta en las guerras más encarnizadas se producen contactos entre los oponentes, deseosos de conocer el estado de ánimo y sondear los auténticos propósitos de la otra parte. Tales iniciativas no dan prueba de debilidad, sino de cordura. Porque es de gente cuerda tratar de poner fin a los conflictos lo antes que se pueda, siempre que quepa hacerlo en las condiciones a las que dé derecho la propia fuerza.

Aunque hay otra cosa que también es de sentido común: a quienes no les interesa en absoluto que terminen los conflictos es a quienes viven de ellos.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 23 de marzo de 2005

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¿Tiene Patxi López un plan?

JAVIER ORTIZ

         
Los dirigentes del PP exigen al Partido Socialista de Euskadi, a veces directamente a veces a través de la Ejecutiva central, que retire el llamado plan Patxi López, que califican de «plan Ibarretxe descafeinado».

Lo cierto es que la propuesta del PSE no tiene comparación posible con el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía presentado por el Gobierno vasco, refrendado por el Parlamento de Vitoria y rechazado por el Congreso de los Diputados. Para empezar, el uno es un texto articulado como ley, presentado ante la opinión pública y tramitado en sede parlamentaria, en tanto el otro viene a ser algo así como un documento de trabajo, de perfiles bastante difusos, que enuncia algunas ideas para su discusión en un hipotético foro de diálogo.

La diferencia no sólo es llamativa, sino también relevadora de sus naturalezas totalmente ajenas.

El proyecto de Ibarretxe fue y sigue siendo la pieza central de un plan de voluntad práctica, que puede llegar a contar con las fuerzas políticas y sociales vascas necesarias para seguir estando de un modo o de otro sobre la mesa del poder central. En efecto, los observadores que siguen con más detalle la política vasca creen -y en esa misma dirección apunta también la mayoría de los sondeos que se han efectuado- que no sería de extrañar que la anterior coalición de Gobierno, PNV, EA y Ezker Batua, obtenga en las próximas elecciones la mayoría absoluta. No afirman tajantemente -yo tampoco lo hago- que vaya a suceder tal cosa; sólo que es una hipótesis digna de consideración.

En cambio, se ve mal cómo el plan López podría llegar a ocupar el centro de la escena política vasca. Hay general acuerdo en augurar a su partido una mejoría sustancial de los resultados electorales que obtuvo hace cuatro años, que fueron bastante malos, y hasta es factible que supere en escaños al PP, que está de capa caída, pero con eso no le basta. Ni de lejos.

Es bien sabido que el voto vasco presenta una muy notable estabilidad, visto en sus tendencias generales. De votación en votación, se producen variaciones en los resultados logrados por cada uno de los partidos, pero como fruto de trasvases dentro de cada uno de los dos bloques. Si el PSOE sube, el PP baja, y al revés. La suma de ambos siempre viene a ser la misma: en torno al 40%. Si, en general, el secretario general de los socialistas vascos tiene muy escasas posibilidades de hacer realidad su lema electoral (Patxi López lehendakari), lo que ni siquiera puede imaginar, ni en un atracón de optimismo, es lograrlo sin contar con el respaldo del PP. Nunca le apoyaría para sacar adelante su plan.

Quiero decir con ello que Patxi López ha puesto en circulación algunas ideas para dar cierto contenido a su campaña electoral, lo que es sin duda razonable. Pero un plan, lo que se dice un plan, no tiene.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 21 de marzo de 2005

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El simbolismo de la estatua

JAVIER ORTIZ

         
Está resultando interesante ver cómo y cuántos se están retratando con la polémica sobre la retirada de la estatua de Franco de Madrid.

Tiene su punto comprobar, por ejemplo, que algunos que se mostraron encantados hace unos meses con el derribo de la efigie de Sadam Husein en Bagdad sueltan ahora muy serios que las estatuas son sólo estatuas y que lo mejor es dejarlas en paz.

Me fascina también el argumento de que, a fin de cuentas, las plazas de toda España están repletas de monumentos dedicados a la memoria de personajes muy discutibles, cuando no francamente reprobables, y que nadie ha pedido que se retiren. A decir verdad, lo que me ha extrañado es que, metidos en tales gastos, no hayan recordado que en el parque del Retiro, en Madrid, hay un monumento a Lucifer.

El mero hecho de que existan en la vida pública de este país tantos que no se dan o no quieren darse cuenta de la carga simbólica excepcional que acumula la figura de Franco, máximo representante de cuarenta años todavía recientes de reiteradas y masivas afrentas a los derechos y libertades individuales y colectivos, es indicativo de cómo está el patio. Y de hasta qué punto lo que se discute no es un asunto meramente histórico, sino vivo y coleante. Que se vayan a Berlín a defender que sus plazas exhiban estatuas de un Hitler victorioso y les digan a los demócratas alemanes que a fin de cuentas es sólo un episodio de su Historia. Ya verán qué bien les va.

Hay quien llama la atención sobre el hecho de que el PSOE estuvo ya durante 13 años en el Gobierno y no retiró las estatuas -dicho sea en plural, porque por entonces había varias- de homenaje a Franco. Eso, además de ser una verdad difícilmente discutible, apunta a uno de los problemas de fondo que se encierran en toda esta polémica. En efecto, Felipe González se lavó las manos en el asunto. ¿Por qué? Porque sabía, como lo sabíamos todos y ahora se trata de olvidar, que su mismo Gobierno, por muy socialista que se dijera, era resultado del pacto de respeto a los albaceas testamentarios del franquismo en el que se basó la llamada Transición.

Si la figura de Franco debe ser zaherida y su memoria denostada, ¿qué hacemos entonces con los que llegaron a las más altas cumbres del poder y quedaron atados y bien atados a ellas porque así lo quiso y así lo ordenó el dictador en persona?

Si ahora han descubierto que el franquismo merece ser descabalgado de manera inapelable, ¿qué hacen compadreando con quienes iniciaron su carrera trotando sobre el jamelgo de Franco?

Lo que pretenden es hacernos creer que el franquismo fue Franco, sólo Franco y nadie más que Franco. Y ahí, no: a otro perro con ese hueso.

Incluso, bien pensado, casi mejor que dejen las estatuas donde estaban. Su muda presencia reflejará mucho mejor la verdadera naturaleza del poder político español.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 19 de marzo de 2005

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Cómplices de clase media

JAVIER ORTIZ

         
–Sí, todo lo que tú quieras, pero lo cierto es que ahora, gracias a él, en Marbella casi ya no hay delincuencia y puedes pasear tranquilamente por la calle.

Recuerdo muy bien a la buena señora que me respondió así hace algunos años cuando me oyó despotricar contra los métodos fascistizantes de su alcalde, el difunto Jesús Gil.

¡Que no había delincuencia! Lo que apenas quedaba era delincuencia menor, de la que practican los raterillos, los tironeros, los navajeros y los salteadores nocturnos. A cambio, la delincuencia internacional de alto standing se había enseñoreado de la ciudad.

Pero a mi discrepante eso no le importaba gran cosa.

–No sé de dónde sacarán el dinero, ni me importa. Lo que me interesa es que se lo gastan aquí.

Si los capi de las mafias de medio mundo decidieron negociar en la Costa del Sol, y bastantes de ellos incluso sentar allí sus reales, fue por dos razones clave: la cercanía del paraíso fiscal de Gibraltar y la permisividad de las autoridades locales hacia sus negocios, en general, y hacia el dinero negro, en particular. Pero, para que las autoridades locales pudieran ser permisivas, lo primero que se requería es que fueran autoridades. Para lo cual se precisaba el voto popular. Porque esto es una democracia, y la vista gorda no se instala en los despachos oficiales si no es con el aval de las urnas.

Dejo la Costa del Sol y viajo algo más al norte. Me detengo en Murcia. Allí se ha atascado el proceso de regularización de la situación legal de la población inmigrante porque un sector muy influyente de la patronal no quiere renunciar a los pingües beneficios que le depara la contratación irregular en tres sectores punteros: la construcción, la agricultura y los servicios. En Murcia, según un estudio realizado recientemente por Cajamar, el 30% de la población ocupada está contratada fuera de los cauces ortodoxos, el 28% de los trabajadores no está afiliado a la Seguridad Social, el 66% de los contratados realiza jornadas que superan el horario legal y el 20% de los empleados con nómina recibe parte de su salario en dinero negro. El resultado de esa situación es un auge espectacular de la economía, que hace las delicias no sólo de la parte menos escrupulosa de la patronal, sino también de las máximas autoridades locales.

El jefe del Gobierno autónomo, Ramón Luis Valcárcel, del PP, está en esa posición. Pero no es una peculiaridad suya. Cuenta con el respaldo de sus muchos electores, que temen que una aplicación rigurosa de la legalidad pudiera frenar el despegue económico de la región, cuya tasa de crecimiento se viene situando durante los últimos años entre las más altas de toda España.

¿Qué tienen de común lo de la Costa del Sol y lo de Murcia? Si alguien no lo ha entendido, le ruego que vuelva a leer el título de esta columna.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 16 de marzo de 2005

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Del terrorismo como pretexto

JAVIER ORTIZ

        
«Lamento decir que los expertos internacionales en Derechos Humanos, incluidos los del sistema de Naciones Unidas, coinciden unánimemente en considerar que muchas de las medidas que adoptan actualmente los estados para luchar contra el terrorismo vulneran los Derechos Humanos y las libertades fundamentales». La afirmación es del secretario general de la ONU. Y ni el lugar ni el momento que eligió para hacerla pudieron ser más oportunos: en Madrid y a muy pocas horas de la conmemoración de la masacre del 11-M.

Kofi Annan me despierta unas simpatías más bien limitadas. Está claro que se da cuenta de lo que sucede en este planeta que llamamos Tierra y de por qué sucede. Pero igual de claro está que siempre acaba inclinándose ante los poderes fácticos que conducen el mundo por las sendas que él desaprueba. Su actuación con respecto a la guerra, la ocupación y el avasallamiento estadounidense de Irak es un perfecto ejemplo de esa mezcla suya de lucidez y cobardía: primero denunció; luego se avino. A regañadientes, pero se avino. (Me dirán ustedes que ha de comportarse así, porque si no le privarían del cargo en cosa de nada. Lo cual no discuto. Pero que para ocupar un determinado puesto haya que tragar sapos y culebras sólo prueba que quien lo ocupa tiene en más la ambición que la decencia).

Su discurso de clausura de la Cumbre de Madrid sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad fue tres cuartos de lo mismo: denunció un hecho tan real como reprobable, pero no puso nombre a sus autores, con lo cual los representantes de todos los estados presentes en el acto -incluidos aquellos cuyo comportamiento acababa de ser denunciado- pudieron dedicarle un amable aplauso y quedarse tan anchos.

De hecho, Kofi Annan se quedó muy corto no sólo por lo anónimo de su crítica, sino también porque invirtió los términos de la realidad. En contra de lo que él insinuó de modo genérico, no es que muchos estados estén vulnerando los Derechos Humanos y las libertades en su lucha contra el terrorismo; es que están utilizando la lucha contra el terrorismo como pretexto para librarse del molesto corsé que representan para ellos las legislaciones que protegen los Derechos Humanos y las libertades. Hágase el balance del cambio que ha experimentado el mundo tras el 11-S: no hay más seguridad, pero sí bastante menos libertad. La ola de iniciativas de todo género propiciada desde la Casa Blanca no ha conseguido nada de lo que decía pretender. Ni siquiera -y por anecdótico que resulte-, capturar a Bin Laden, su ex compinche.

El terrorismo les ha hecho tantos servicios a modo de pretexto que uno se pregunta, en buena lógica, qué interés concreto podrían tener en acabar con él. Tanto más cuanto que, como es bien sabido, ellos también se sirven de los métodos del terrorismo cuando les conviene.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 12 de marzo de 2005

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Día de la Mujer Trabajadora

JAVIER ORTIZ

          
Al Día de la Mujer Trabajadora se le puede objetar todo.

En primer lugar, no es correcto el uso que se hace del adjetivo «trabajadora», convirtiéndolo en sinónimo de «asalariada». Se desdibuja con ello el hecho de que muchísimas mujeres -la mayoría- realizan trabajos socialmente necesarios por los que no perciben un salario sujeto a nómina. Una cosa es que a las labores domésticas se les niegue el valor de cambio que debería corresponderles, lo mismo que se hacía en tiempos con el servicio militar, y otra muy distinta que limpiar, cocinar, cuidar de las criaturas y de la gente anciana, etcétera, no implique un gasto de fuerza de trabajo, por mucho que se realice en el ámbito familiar. Ya nos prevenía Machado: «Es de necios confundir valor y precio».

En segundo término, no es positivo referirse a «la mujer», en singular, porque eso favorece las consideraciones esencialistas y las reivindicaciones uniformizadoras, que desdeñan las grandes diferencias que existen entre unas y otras mujeres, producidas por sus diversos orígenes sociales, geográficos u otros. Una denominación que equipara a Ana Botella o a Condoleezza Rice con una trabajadora fabril de Taiwán o una campesina de Liberia -permítanme la extravagancia- no tiene gran utilidad para el análisis social.

En fin, también es objetable que se dedique un día específico a recordar realidades y necesidades que deberían estar en primer plano durante todo el año, sin descanso. Una conmemoración así puede servir incluso de coartada a más de uno. Como le dijo un niño de primaria a su maestra cuando ella recordó que ese día se celebraba la jornada anual de repudio de la violencia contra las mujeres: «¡Ah! Entonces, ¿mañana ya podré volver a pegar a las niñas?»

Es cierto: al Día de la Mujer Trabajadora se le puede objetar todo.

Pero no más que a tantos otros días dedicados a esto o a lo de más allá. ¿Cómo no señalar la incongruencia del 1 de Mayo, oficialmente considerado Fiesta del Trabajo? Si es fiesta, no hay trabajo; si hay trabajo, no es fiesta. Sin contar con la gracia que supone dedicar un día concreto a los trabajadores. ¿Un día al año para ellos y los 364 restantes para quienes los explotan?

Pero no he visto nunca que nadie maldiga el 1 de Mayo, mientras que no pasa 8 de Marzo sin que el uno o el otro reitere las consabidas objeciones a la celebración de la jornada en cuestión.

Yo tengo una crítica contra el Día de la Mujer Trabajadora. No contra la jornada en sí, sino contra el modo en que se celebra. A saber: creo que debería ser realmente una fiesta para las mujeres. Que cada 8 de Marzo quedaran dispensadas de toda obligación o tarea, remunerada o no, doméstica o extradoméstica.

Estaría muy bien para ellas. Y estoy seguro de que resultaría la mar de aleccionador para muchísimos hombres.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 9 de marzo de 2005

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Los malos vientos del PP

JAVIER ORTIZ

        
«Si lo del Carmelo hubiera ocurrido en Madrid, yo estaría en este momento en libertad condicional bajo fianza, suponiendo que yo y mis amigos hubiésemos podido pagarla, y tendría por lo menos a 100 o 200 personas del PSOE impidiéndome la salida de mi casa, llamándome especuladora, sinvergüenza, asesina, golfa...». El insólito tono enrabietado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, da cuenta de la profundidad de su amargura. Desesperanzada Esperanza.

No es exclusiva suya. Otros dirigentes de su partido se expresan en términos similares. Anteayer mismo, el máximo responsable madrileño del PP en el sector de la Vivienda, Sigfrido Herráez, mostró idéntico desaliento. «Nosotros tenemos un problema mediático. No sé por qué no sabemos transmitir y denunciar lo que otros hacen mal ni tampoco defendernos», dijo. Dice que no sabe por qué, pero sí: «El PP ha recibido ataques en bloque de diversos grupos mediáticos», sentencia.

Aguirre y Herráez coinciden en quejarse no sólo del maltrato al que les somete la oposición política, sino también la Justicia: doña Esperanza está convencida de que ella nunca merecería la benevolencia que los jueces están demostrando con Maragall (es decir, que o los juzgados de Barcelona son pro-PSC, o los de Madrid son anti-PP, o ambas cosas a la vez: todo salvo ecuánimes), en tanto don Sigfrido considera que la Fiscalía está siendo utilizada contra su partido: «Los fiscales son políticos (sic); los utiliza el PSOE», dice.

Son dos ejemplos extremos de eso que los topiqueros llaman «perder los papeles», pero cabría reseñar otros, salidos de la boca de Zaplana, de Acebes o del propio Rajoy, en los que dejan ver ese mismo sentimiento de rabia y desaliento.

Es curioso cuán olvidadizos son muchos políticos. Si tuvieran algo más de memoria y algo menos de egolatría, verían que su reacción se parece como una gota de agua a otra a la que tuvieron Felipe González y los suyos en el último tramo de su paso por La Moncloa y en los inicios de su travesía por el desierto de la oposición: la misma fijación por la prensa hostil, el mismo convencimiento de ser perseguidos por un cierto sector de la Justicia.

«¡No compares! ¡Nosotros no hemos organizado nada parecido a los GAL!», me saltan siempre algunos de ellos. Y yo les respondo: «¿Y os creéis que los votantes le dieron la espalda a González por lo de los GAL? Es muy posible que los cafelitos de Juan Guerra y la caseta del perro de Boyer resultaran mucho más decisivos».

Los regímenes de opinión pública son así: el que rema a favor del viento avanza, y el que tiene el viento en contra se desespera ante la escasa utilidad de sus esfuerzos.

Ahora el PP tiene el viento en contra. En lugar de enrabietarse tanto, debería empezar por asumir que está en donde él mismo invirtió años para ponerse.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 5 de marzo de 2005

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Un dedo en dos llagas

JAVIER ORTIZ

         
Quienes hemos seguido el curso de la vida política desde la Transición hasta ahora sabemos que un problema generalizado de los grandes partidos es que gastan mucho más dinero del que tienen. Sobre todo en las campañas electorales y en los referendos.

Ese grave desfase han tratado de solucionarlo por diversas vías, según los partidos, según los tiempos y según, sobre todo, su capacidad para influir en las decisiones de las administraciones públicas. Cuando del arbitrio de un partido dependen negocios de primera importancia, quienes disponen de más dinero -bancos, grandes empresas locales, firmas multinacionales- no dudan en pagarle, sea para obtener esta o aquella concesión o sea, más en general, para dejarlo en deuda.

Hemos visto de todo al respecto. Fuertes créditos bancarios que no se devuelven y no pasa nada, maletas (e incluso bolsas de grandes almacenes) llenas de billetes que se pasean por las sedes, empresas inventadas sobre la marcha que hacen informes sin el menor interés (o que ni siquiera llegan a hacerlos) pero que cobran a precio de oro, rutilantes cuentas corrientes abiertas en Suiza o en paraísos fiscales y alimentadas de los modos más variopintos... Desde las mayores chapuzas a los recursos más elaborados.

Me cuentan que en los últimos años ha funcionado mucho una técnica que se diría inspirada en la obra de Mario Puzo: el partido en el poder -en el poder que sea, donde sea- adjudica tal o cual obra importante a una empresa sin exigirle nada a cambio; se limita a hacerle ver lo cara que está la vida política y lo bien acogidas que son las donaciones voluntarias. Suelen entenderlo perfectamente.

Al margen del blindaje legal de los métodos a los que se recurra, la viabilidad de los tinglados de financiación irregular de los partidos depende siempre de la complicidad colectiva de los que intervienen en la trama: de los que pagan, de los que reciben...y de los que no reciben en esa operación concreta, pero están interesados en no decir nada porque están recibiendo en otras, o porque recibieron ayer, o porque esperan volver a recibir mañana. Si alguien rompe el pacto de silencio sobreentendido, todo puede venirse abajo. Recordemos el caso Filesa: allí fue un gerente maltratado y con principios el que optó por contar lo que sabía. El alma humana es así. Hasta en el submundo de la corrupción política puede aparecer gente con vergüenza.

Pero no es el caso de Maragall. Él no ha roto la omertà porque se haya caído del caballo y haya visto súbitamente la luz. Más bien todo lo contrario: le cegaron las ganas de tapar como fuera el hoyo del Carmel y se puso a matar moscas a cañonazos.

Cuando Pujol ha salido de su retiro y ha acusado a su sucesor de haber provocado «una ruptura profunda del país» ha puesto el dedo en dos llagas: en la frivolidad de Maragall y en la concepción de país que manejan.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 2 de marzo de 2005

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