Desde Jamaica

La Comisión formada en el Parlamento valenciano para investigar el accidente que provocó la muerte de 43 personas hace un mes ha cerrado sus trabajos con una conclusión que estaba ya dictada antes de que empezara a reunirse: esa línea de metro contaba con medidas de seguridad suficientes cuando se produjo la tragedia, de modo que ningún responsable político o empresarial tiene por qué arrepentirse de nada, y menos todavía renunciar a su cargo.

Lo que no entiendo es cómo puede ser que, contando ese tramo del tren metropolitano de Valencia con las medidas de seguridad suficientes, según sostiene el gobierno de la Generalitat, éste haya decidido la instalación de otro recurso de seguridad suplementario. Porque, una de dos: o el nuevo recurso (una baliza de control de velocidad) es necesario, y en tal caso el dispositivo de seguridad existente en el momento del siniestro era deficiente, o el control ya era bastante, y entonces lo que van a instalar es superfluo y constituye un uso abusivo del erario.

He oído a un jefecillo de la cosa decir que esa baliza la van a colocar «a la vista de la alarma social que se ha creado». Eso no es una explicación, sino una estupidez. Porque o la alarma social está justificada, y en consecuencia hacen bien en atenderla, o no tiene razón de ser, en cuyo caso lo que deberían hacer es explicar a la población que puede estar tranquila.

No son sólo las coartadas manejadas por las autoridades autonómicas en este caso las que ponen a prueba mi apego a la lógica; también las tomas de posición de algunos representantes sindicales. A ellos no les preocupa que los políticos funcionariales del PP queden mal. Lo que les inquieta es verse arrastrados en la caída. Tras el accidente, empezaron por echarse las manos a la cabeza: ellos ya lo habían avisado, a éstos del PP no hay por dónde cogerlos, etcétera. Pero, de repente, descubrieron la papeleta que se les presentaba. Porque, si sostenían que esa línea del Metro de Valencia carece de las medidas de seguridad imprescindibles, estaban obligados a reclamar su cierre cautelar. Lo cual, de llevarse a cabo, implicaría un follón laboral de mil narices. ¿Solución? La única que se les ocurrió: se apuntaron a todo a la vez. A las horas pares, declaraban que la línea puede seguir funcionando sin ningún problema. A las impares, que es urgente añadirle medidas de seguridad. Que todo está en orden, pero que varios responsables deben dimitir ya mismo. Y así.

Recuerdo una expresión sardónica de un amigo valenciano, de humor más británico que fallero, al que le pregunté cómo hacía un político local para unir en el mismo escrito ideas que se daban de tortas. Me respondió: «Con grapas. Escribe lo uno y lo otro y lo junta grapando los folios».

Se ve que aquel político hizo escuela.

Javier Ortiz. El Mundo (7 de agosto de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Con grapas.

Oigo citar mucho en las últimas semanas un par de ideas comúnmente atribuidas a mi coterráneo Ignacio de Loyola.

La primera es la más achacada al de Azpeitia: «El fin justifica los medios». No insistiré en catalogar la ruindad ética de semejante patraña.

La otra es jesuítica sólo de rebote, porque procede del Derecho Romano. Me refiero al principio según el cual la causa de la causa es causa del mal causado.

El jefe del Gobierno de Israel ha echado mano de ese remedo de razonamiento para justificar la matanza que sus bombas causaron en Canáa. Según Ehud Olmert, si el Ejército israelí bombardeó esa población, es porque Hizbulá ha estado disparando desde allí sus misiles. En consecuencia, Hizbulá, en tanto que causa de la causa, debe ser considerada causa del mal causado. Eso sin contar con que Israel ya avisó a la población de Canáa de que debía irse con viento fresco, por lo que no puede decirse sorprendida. (Olmert no ha llegado a decir abiertamente que la culpa la tienen las víctimas, pero ésa es la idea de fondo.)

Ya sé que la comparación va a disgustar a muchos, pero me es imposible no establecer el paralelismo que existe entre la línea de defensa adoptada por las autoridades de Israel y la que durante años hizo suya ETA: si ella ponía bombas y mataba incluso a gente ajena al conflicto vasco, era en razón del «contencioso» existente entre Euskal Herria y el Estado español, «contencioso» del que era culpable el Estado español. En consecuencia, si la causa de sus bombas era la obstinación opresora del Estado español, el culpable de los muertos producidos por ellas no podía ser otro que el propio Estado español, dado que la causa de la causa es causa del mal causado.

La similitud entre las dos líneas de coartada es total. Cada vez que ETA puso bombas en casas-cuartel de la Guardia Civil y mató a pobres chavalines, hijos de agentes de ese Cuerpo de Seguridad, se justificó recordando que ya había avisado a los del tricornio que los combatientes sensatos no se llevan a sus hijos a la guerra. Tal como ha hecho hace pocas horas Olmert, ETA también dejaba claro que ya había avisado.

Hijos del mismo pensamiento, todos ellos vienen a considerarse meros instrumentos de una especie de designio superior, que está por encima de sus voluntades y les exculpa. Sus dedos aprietan el botón del disparador, pero en realidad no son sus dedos: es la maldad del Otro la que acciona el arma homicida.

Gracias a esa justificación, los unos y los otros han pretendido siempre tener la verdad en el bolsillo y estar sacrificándose por sus sufridos pueblos.

La gran diferencia estriba en que la llamada comunidad internacional dice que ETA es una banda terrorista, mientras que al Gobierno de Israel lo trata como a uno de los suyos. Quizá porque lo es.

Javier Ortiz. El Mundo (3 de agosto de 2006). Hay también un apunte que trata de lo mismo: Los iluminados.

Nunca he mostrado el más mínimo interés en que el Estado español me conceda la condición de víctima de la dictadura franquista.

En primer lugar, porque no necesito a nadie que me otorgue lo que ya tengo. Que yo sepa, no han sido destruidos los registros de entrada de la Dirección General de Seguridad madrileña, ni tampoco los de las comisarías, cuartelillos y cárceles por los que me obligaron a pasar. Doy por hecho que tampoco habrán desaparecido los partes médicos que dejaron constancia del lamentable estado en el que quedé tras algún hábil interrogatorio policial. Y digo yo que se conservarán también los archivos del Tribunal de Orden Público, ante el que fui juzgado (y condenado) el 25 de marzo de 1974.

Pero la cuestión no está en mis derechos al título, sino en la solvencia de quien lo otorga. ¿Qué autoridad tiene el Estado español para dispensar certificados de ese género? No creo que sea necesario –o tal vez sí– insistir en el hecho de que el actual Estado español es heredero directo del régimen franquista. Empezando por su propio jefe, que fue designado por Franco.

De verdad: si el Estado español me concediera un certificado de Víctima del Franquismo rubricado por Juan Carlos de Borbón, dudo de que sobreviviera al ataque de risa.

En ese sentido, y sólo en ese sentido, me parece de perlas el «proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura» (manda güevos; se llama así), recién patrocinado por el Gobierno.

Oí a su vicepresidenta primera decir que éste es un proyecto de ley para preservar el honor de quienes tuvieron responsabilidades en los dos bandos establecidos por la Guerra Civil y la dictadura. Me pareció más que suficiente para abominarlo. Francamente: si alguien quiere obligarme a proclamar la honorabilidad de quienes se dedicaron a asesinar a cuantos no pensaban como ellos, o a torturar y encarcelar a quienes nos atrevimos a calificarlos con los epítetos que se ganaron a pulso, que no cuente conmigo. No participaré en ninguna operación de maquillaje destinada a poner al mismo nivel al verdugo y a la víctima, al torturador y al torturado o –por explicitarlo de modo más gráfico– al que conectaba los cables eléctricos y al que recibía la descarga en sus genitales.

Tampoco pretendo sentar a esa gentuza en ningún banquillo, a estas alturas. Pero entre no pedir que se les monte el Nuremberg que merecerían y prestarme a confraternizar con ellos y a postular su honorabilidad hay un largo trecho. Un trecho que no pienso recorrer y que me parece de una desvergüenza supina que Zapatero me invite a recorrer.

Que se metan su ley de desmemoria histórica por donde les quepa. Por el BOE, que es donde acaban metiéndolo todo.

Javier Ortiz. El Mundo (31 de julio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: La ley de la desvergüenza.

Se da por hecho que la ciudadanía española es tan favorable al pueblo palestino como hostil al Estado de Israel. No sé si eso será cierto pero, de serlo, no lo será porque los comentaristas políticos la animen a ello. La gran mayoría del gremio, aunque convenga en que el Gobierno de Ehud Olmert «quizá se esté excediendo», se sitúa de su lado y condena con todos los pronunciamientos desfavorables la posición del Gobierno español. A la vista de lo mucho que la generalidad de los opinantes se indigna con lo que hacen o declaran Zapatero y los suyos y de lo benévola que es con la causa sionista, tal se diría que invadir países vecinos, matar a civiles por familias enteras y volar por los aires a los observadores de las Naciones Unidas sean pequeños deslices (¿a quién no se le va alguna vez la mano?) y que lo realmente grave, lo directamente intolerable, sea dejar que te pongan un pañuelo palestino al cuello.

No llevo ya la cuenta de los reproches a Rodríguez Zapatero y a José Blanco que he oído y leído en los últimos días. Muchos proceden de medios que suelen ser considerados pro socialistas. ¡Dios guarde al Gobierno de sus amigos!

Todo el cacareo montado a costa del pañuelo de Alicante es de aurora boreal. ¿Qué culpa tiene Zapatero de que algunos hayan decidido criminalizar una prenda, un símbolo cultural típico de Palestina? Tengo en mi casa un candelabro de nueve brazos con la estrella de David. ¿Debería deshacerme de él para no pasar por sionista?

Lo de Blanco tampoco está nada mal. Se ve que algunos consideran que el Ejército israelí tira sus cohetes a ojo, y que los muertos y heridos civiles que causa son víctimas de la mala suerte, por lo que es delirante creer que mata a posta. ¿Son realmente capaces de suponer un grado de incompetencia tan supino en unas Fuerzas Armadas cuyo alto grado de preparación técnica es tan proverbial como su carencia de escrúpulos a la hora de actuar? El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha acusado a Israel de haber matado a cuatro observadores internacionales de modo «aparentemente deliberado». ¿También Annan delira y debería pedir disculpas, como Blanco?

Critican a Zapatero porque -dicen- se está enemistando con un Estado democrático. Como si fuera la primera vez que un Estado que celebra elecciones y admite el ejercicio de ciertas libertades a sus nacionales se hace culpable allende sus fronteras de horrores de lesa Humanidad que repugnan a cualquier amante de los derechos humanos. ¿De dónde se han sacado que los gobernantes de los estados democráticos no pueden ser criminales de guerra? Hemos conocido a demasiados desaprensivos del género de Henry Kissinger como para no saber que sí.

Mirar para otro lado mientras Israel actúa sólo tiene un nombre: complicidad.

Javier Ortiz. El Mundo (27 de julio de 2006). Hay también un apunte que trata de lo mismo: Israel no quiere la paz.

Es extraordinario el poder que puede tener la palabra.

Hace 15 días, Pablo Muñoz, periodista, director editorial del grupo Noticias, fue detenido e incomunicado –ustedes lo recordarán– por orden de Baltasar Garzón. Según ha quedado ya establecido, el único elemento de tipo inculpatorio que respaldó la decisión del juez de la Audiencia Nacional fue el testimonio de otro periodista, Jean Pierre Harocarene, detenido con anterioridad bajo la acusación de haber intermediado en operaciones de extorsión en beneficio de ETA. En su testimonio ante el sustituto de Garzón, Grande-Marlaska, Harocarene aseguró que Pablo Muñoz había facilitado el pago del impuesto revolucionario de un empresario navarro.

Es a eso a lo que me refiero cuando hablo del extraordinario poder que puede tener la palabra. Porque Harocarene no aportó ningún dato concreto que respaldara su acusación contra Muñoz. Lo dijo, y eso bastó.

Bastó, en primer lugar, para que el Ministerio del Interior emitiera un comunicado en el que afirmó que «las investigaciones han permitido acreditar [...] que Pablo Muñoz Peña realizó funciones de mediación entre el sector empresarial navarro y la citada red de extorsión etarra [...], formando parte, por lo tanto, de su estructura». Ya ven: la palabra de Harocarene, convertida, por obra y gracia de Interior, en resultado de unas «investigaciones» (!) que habían permitido «acreditar» (!!) la pertenencia de Muñoz a la red de extorsión de ETA.

La palabra de Harocarene tuvo otro efecto taumatúrgico no menos importante: movió al juez Garzón a ordenar la detención incomunicada de Muñoz, pese a que éste, al saber de la acusación lanzada por Harocarene, manifestó su plena disposición a declarar voluntariamente.

El magistrado, tras tomarse tres días de pausa –cosa de permitir que el detenido disfrutara de las delicias de la detención incomunicada, sin duda–, procedió a interrogarlo. Fue entonces cuando empezó a flaquear su fe. A la vista de lo cual, optó por organizar un careo entre los dos detenidos. Nuevo fiasco: el acusador llegó a decir que en realidad él no tenía «constancia» de lo que había declarado.

Con lo que llegamos al cénit de este episodio judicial no demasiado estelar. Me refiero al momento en el que el juez optó por poner a Muñoz en libertad bajo fianza de 4.000 euros. Sorprendente. ¿No están las fianzas para disuadir al encausado de eludir la acción de la justicia? ¿Cree alguien que si Muñoz no huye será para no perder 665.544 pesetas? Una de dos: o el juez cree que Pablo Muñoz ha colaborado con una red de extorsión de ETA o no. Si lo cree, es absurdo que lo deje en libertad. Y si cree que no, ¿a cuento de qué lo mantiene en el sumario? ¿Tal vez para no tener que explicar por qué dio tanto crédito a una palabra no respaldada por ninguna prueba?

Javier Ortiz. El Mundo (24 de julio de 2006). Hay también un apunte que trata de lo mismo: El poder de la palabra.

El ya celebérrimo cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi sigue dividiendo las opiniones de los aficionados. «Deberían quitarle el Balón de Oro», me dice mi amigo Gervasio Guzmán. «Lo que hizo supone un pésimo ejemplo para los niños a los que se trata de educar en valores», sentencia.

No estoy de acuerdo. Coincido en que Zizou hizo mal, pero mi reproche se basa en razones más bien utilitarias. De haber evaluado sus intereses con sensatez, habría comprendido que, si daba un golpe indisimulado a Materazzi, sería expulsado, lo que perjudicaría mucho más a su equipo circunstancial (la selección francesa) y a su propia carrera como deportista, a punto de clausurarse, que al impresentable futbolista italiano. Hizo lo que menos le convenía.

Pero, insisto: mi condena es más funcional que ética. No diría lo mismo si Zidane le hubiera dado un bofetón a Materazzi una vez terminado el partido, en el propio terreno de juego o en cualquier otro lugar, ateniéndose a la vieja amenaza de mis tiempos escolares: «A la salida te espero».

Marco Materazzi es un jugador de los que llaman expeditivos. Su carrera está jalonada de acciones violentas, tanto físicas como verbales, destinadas a intimidar al contrario y a hacerle perder la calma. Los aficionados del Villarreal recordarán el codazo que le propinó a Sorín el pasado 4 de abril. Le partió la cara para darle al Inter lo que ese equipo era incapaz de obtener jugando al fútbol. Como quiera que la UEFA y la FIFA no toman las medidas necesarias para cortar en seco la carrera de este tipo de gente, confieso que no me sulfuro cuando alguien les da un cachete. Cuanto más simbólico, mejor, por supuesto.

Tampoco me conmueve demasiado la apelación de mi amigo Gervasio al mal ejemplo dado por Zidane, por lo que se supone que tiene de negativo para la educación en valores de la infancia. Dudo de que los niños de hoy en día estén siendo educados en el rechazo real de la imposición por la fuerza –o por la amenaza de ejercerla– como instrumento de dominación social. ¿Les enseñan el papel que desempeña la violencia en el establecimiento y la pervivencia de relaciones injustas de todo orden y a cualquier escala, local o internacional? Me da que les inculcan sobre todo, si es que no únicamente, el rechazo a los actos de violencia que aparecen aislados y por libre.

En los campos de fútbol se producen con desagradable frecuencia agresiones mucho más graves y realizadas con fines infinitamente más impresentables que la de Zidane. Ahora, eso sí: hechas con hábil disimulo y disfrazadas de lances del juego. Yo no voy a defender las agresiones francas y motivadas, pero las sitúo en un plano distinto a las taimadas y mezquinas, tanto más si se aprovechan del mal funcionamiento y de los fallos de la justicia.

Hablo de este episodio futbolero, por supuesto. Pero no sólo.

Javier Ortiz. El Mundo (20 de julio de 2006). Hay también un apunte que trata de lo mismo: El cabezazo.

El Partido Popular cree que la fijación abierta y pública de la verdad histórica sobre el Alzamiento franquista del 18 de julio de 1936 y sus trágicas consecuencias es inconveniente, porque reabre «heridas del pasado», y conforme a ello se ha manifestado en diversos foros internacionales.

¿No conviene reabrir «heridas del pasado»? Convengamos en que sólo pueden reabrirse las heridas que no han cicatrizado del todo. Si realmente el 18 de julio y los 40 años posteriores reposaran en la Historia, podrían ser examinados con entera tranquilidad. Pero no es así. De hecho, según una encuesta reciente, uno de cada cuatro españoles se opone a que se aclare qué sucedió realmente durante aquel tiempo. ¿Temen saber? ¿Prefieren no recordar qué saben? ¿No quieren que otros sepan lo que ellos saben?

No sería grave, ni mucho menos, que hubiera conciudadanos poco dados a la invocación de sus viejos fantasmas familiares. Lo grave es que prefieran que no se hable de ello para no verse en la obligación de tomar partido en cuestiones de principios. Que un 30% de españoles, según la encuesta publicada ayer por El Mundo, justifique la sublevación militar del 18 de julio de 1936 demuestra que casi la tercera parte de nuestra sociedad sigue sin aceptar el valor superior de las reglas de la democracia. Admite que los ejércitos pueden hacerse con el poder político en circunstancias cuya excepcionalidad ellos mismos determinen.

Hay quien se sorprende de que, según recogen las encuestas, sea la parte de la población española que vivió durante el franquismo la que menos firme se muestre a la hora de condenarlo. Aunque este extremo varíe según las zonas geográficas –no entro en detalles para evitar agravios comparativos–, en general no es de extrañar que muchos prefieran que no se concrete cuál fue su contribución personal a la lucha contra la dictadura... o a su mantenimiento. Porque, si queda sentenciado que el franquista fue un régimen criminal, ¿cómo contarán a sus descendientes que no movieron ni un dedo para oponerse a él, o que incluso lo apoyaron?

El PSOE se queja de que el PP quiera convertir el pacto de reconciliación en el que se basó la Transición en un pacto de olvido. Los dirigentes del PSOE –al menos los mayores– saben de sobra que lo uno llevó a lo otro. Ellos sellaron un pacto implícito de silencio con los albaceas testamentarios del franquismo. ¿Cuántas veces los socialistas no han amenazado desde 1977 a las huestes de Fraga con sacar a relucir su pasado? Pronto se quedarán sin ese recurso, pero por razones vegetativas.

Uno de cada cuatro encuestados prefiere no opinar sobre el 18 de julio. Otra parte nada desdeñable dice que no opina porque no sabe qué sucedió. El conjunto ofrece un panorama tan desolador como coherente. No desentona nada.

Nota.– Esta columna aparece hoy en El Mundo bajo el cintillo El Horno, que es el que utilizo cuando escribo fuera de la página 2, como hoy, para sustituir a algún otro columnista que, por las razones que sea, no atiende a su compromiso. Es algo que en verano sucede con cierta frecuencia. En esos casos suele ser habitual que ejerza de «columnista de guardia».

Javier Ortiz. El Mundo (19 de julio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: ¿El 18 de julio? NS/NC.

El camarero del establecimiento de postín se dirige al cliente sentado en la terraza (o clienta, no se le ve) en el tono dócil que se supone corresponde a alguien de su condición social (subordinada) y le pregunta si el coche que está aparcado delante es suyo. Comprobado que sí, muestra una preocupación poco común. Le inquiere: «¿Y qué se siente conduciendo ese coche?». Momento en el que aparece en pantalla una joven de aspecto convencionalmente atractivo, la cual, abalanzándose sobre el respetuoso camarero, le propina un beso espectacular.

¿Debemos entender que el mensaje del anuncio es que conduciendo ese coche uno se siente sexualmente agredido? Sea así o no, el hecho objetivo es que el comportamiento retratado en el anuncio está tipificado en el artículo 181.1 del actual Código Penal, que establece: «El que, sin violencia o intimidación y sin mediar consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona, será castigado como culpable de abuso sexual con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.»

A estos efectos, que quien incurra en tal conducta sea una mujer o un hombre es indiferente. O quizá no. Quizá sea particularmente perverso que la culpa recaiga en una mujer, porque se basa en la idea extendida de que el abuso sexual es una conducta exclusivamente masculina, cuando lo cierto es que hay mujeres que, convencidas de que los hombres –así, en general– se pirran por tener trato carnal con cualquier mujer de buen ver, consideran que la decisión de pasar a las manos –o a las bocas– es exclusivamente suya, lo que las mueve a lanzarse sin mayores miramientos cuando les apetece, obviando cualquier consulta previa, lo que en ocasiones sitúa a algunos hombres en una situación tan embarazosa como desagradable. No sólo porque existen hombres que no gustan de la relación sexual con mujeres –con ninguna–, sino también porque los hay que atesoran un cierto espíritu selectivo, por las razones que sea (y aquí me acuerdo de una que manejaba el viejo Georges Brassens y a la que atribuyo la máxima importancia: «Hasta en el amor se habla»).

Las pantallas televisivas son habitual escenario de atentados contra la libertad de las personas. No sólo contra la libertad sexual. Pienso en los programas tipo «cámara oculta», en los que un menda se dedica a tomar el pelo a alguien que va por la calle y, cuando la víctima ya no sabe dónde rayos meterse, le descubren el engaño entre grandes risas. Ya sé que dan al primo la opción de aparecer o no aparecer en el programa, pero eso, con ser necesario, no es suficiente. Estoy deseando que alguna vez me vengan con una gracia de ésas. La siguiente ocasión que me verá el responsable del programa será delante de un tribunal, ante el que le demandaré por varios conceptos.

No soporto a los listillos.

Javier Ortiz. El Mundo (17 de julio de 2006). Hay también un apunte que trata de lo mismo: Atentados contra la libertad diaria.

Pablo Muñoz, alma mater periodística del grupo Diario de Noticias, con cabeceras diferenciadas en Navarra, Alava y Guipúzcoa, ha sido detenido y trasladado a la Audiencia Nacional por orden del juez Baltasar Garzón, que lo vincula con la presunta red de extorsión de ETA que investiga su Juzgado. El nombre de Pablo Muñoz apareció mencionado en la declaración de una de las personas que fue detenida con anterioridad.

Tengo el convencimiento de que Pablo Muñoz, del que soy amigo, no tiene ninguna relación con el cobro del pésimamente llamado impuesto revolucionario. Viene condenándolo desde hace años por activa y por pasiva, de palabra y por escrito, en público y en privado, como editorialista y con su propia firma. Pero ustedes son muy dueños de suponer que Pablo dice y escribe abiertamente unas cosas y luego, a escondidas, piensa y hace las opuestas. No les pido que le crean. Sólo que imaginen, por un momento, la posibilidad –la mera posibilidad– de que esté diciendo la verdad y que un poco antes o algo después sea puesto en libertad con todos los pronunciamientos favorables.

¿Qué sucederá entonces? Que, sin haber hecho nada punible, el ciudadano Pablo Muñoz quedará marcado de por vida. Sufrirá una condena, tan dura como injusta.

No ocurriría tal cosa si se obrara de otro modo.

Primer punto: Pablo Muñoz, tras enterarse por una filtración periodística de que su nombre estaba en el candelero, proclamó su disposición a declarar voluntariamente ante Garzón. Si, a la vista de ello, el juez le hubiera señalado cita, se habría ahorrado la detención y todo el circo que la acompañó. Recordó ayer Jiménez Villarejo que la privación de libertad es una medida extrema que el juez debe evitar siempre que le sea posible. Garzón debe de tener otros criterios.

Segundo punto: Pablo Muñoz ha sido presentado por muchos medios de comunicación, antes incluso de prestar declaración, como parte del entramado etarra. El martes, una emisora supuestamente progresista presentó su detención como ejemplo de que «el Estado de Derecho no está en tregua con ETA». ¡Sustituyen la presunción de inocencia por la certeza de culpabilidad!

Pablo Muñoz es muy conocido en Euskadi y, si queda en libertad sin cargos, la opinión pública vasca lo tratará bien. Pero no sucederá lo mismo con los millones de españoles que lo han visto conducido por la Policía y que han oído que es un agente del terrorismo. Si la Justicia lo exculpa, suerte tendrá si alguien incluye ese hecho en un espacio de noticias breves. Para la mayoría, tanto su imagen como la de los medios de los que es director editorial quedarán ya para siempre asociados a ETA.

La máquina de triturar reputaciones hace su trabajo, más implacable que el de la propia justicia. Eso sí: elige con cuidado a sus víctimas.

Javier Ortiz. El Mundo (13 de julio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Pablo Muñoz.

Nota de edición: unos días después, Javier escribió El poder de las palabras.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero agradece el apoyo que le presta la mayoría de la sociedad española en su política de paz para Euskadi, incluido el diálogo con ETA. La dirección del PP sostiene que, muy al contrario, la ciudadanía es hostil a esa política y a todo lo que la acompaña, en particular los contactos públicos con Batasuna.

El partido de la derecha, amén de condenar sin parar al Gobierno por todos los medios que pilla, aunque no vengan a cuento (ejemplo: la visita del Papa), expresa una y otra vez su convencimiento de que el Ejecutivo de Zapatero carece de legitimidad para tomar decisiones de tanto alcance. «Mi partido no se siente obligado por los compromisos a los que llegue el Gobierno en estas materias», dice Rajoy.

Hay quienes interpretan esa afirmación como una amenaza. Creen que el teórico jefe de filas de la derecha está anunciando que, en cuanto el PP recupere el poder –él está obligado a dar por supuesto que lo hará–, derogará todas las leyes y denunciará todos los acuerdos que considere lesivos para los intereses de España, tal como él los concibe. Pero no creo que sea a eso a lo que Rajoy apunta. Es innecesario: nadie ignora que todo Gobierno, si cuenta con el apoyo parlamentario suficiente y siempre que el paso del tiempo no haya solidificado situaciones irreversibles que lo impidan, puede anular las leyes y los acuerdos suscritos por sus antecesores.

Rajoy martillea en otro clavo. Tanto cuando dice eso como cuando añade que el Gobierno del PSOE «no representa al Estado», lo que enarbola es el leit motiv favorito de la derecha española desde el 14-M: su idea obsesiva de que Zapatero llegó a La Moncloa «subido en un tren de cercanías», o sea, aprovechándose con malas artes de la enorme conmoción que causaron en el electorado los atentados del 11-M. Desde entonces, los dirigentes populares se han creído siempre autorizados a hablar en nombre de la mayoría natural, considerando la Presidencia de Zapatero tan legal como ilegítima.

¿Que se engañan? Así lo creemos muchos.

A veces nos respalda la evidencia. En Euskadi, en particular, es obvio que la inmensísima mayoría está en las antípodas de su catastrofismo.

Pero el estado de opinión no es ni mucho menos tan obvio en otras áreas. En mi criterio, mientras las urnas no pronuncien un nuevo veredicto, no habrá modo de salir del actual fuego cruzado de descalificaciones. Que haya elecciones y, si el voto popular refuerza las opciones de diálogo, asumidas por todos los partidos parlamentarios salvo el PP, tendrán que pasar a mejor vida los argumentos basados en la excepcionalidad del triunfo socialista del 14-M. Y si la mayoría propicia el regreso del PP a la Moncloa –cosas más raras se han visto–, seremos sus oponentes los que habremos de ir replanteándonos muchas cosas. Todo, incluso.

Javier Ortiz. El Mundo (9 de julio de 2006).