Apuntes del Natural

Zapatero ha comunicado a Ibarretxe que no tomará en consideración sus propuestas mientras no cuenten con el aval del conjunto de los partidos vascos. Además, le recordó que no está dispuesto a discutir sobre nada que rebase los límites de la Constitución.

Lo cual plantea un par de problemas de mera lógica.

Empezando por lo segundo: él no sólo está dispuesto a discutir sobre propuestas que desbordan lo previsto en la Constitución, sino que lo ha hecho ya varias veces. Por ejemplo, cada vez que ha habido que “retocar” la Constitución para amoldarla a las exigencias de la Unión Europea (recordemos lo relativo al voto activo y pasivo de los residentes europeos en las elecciones locales). Él mismo tiene en cartera una propuesta que implicaría la corrección de tres aspectos de la Constitución, entre ellos el de la preeminencia del varón sobre la hembra en la línea de sucesión a la Corona. De modo que es incierto que no esté dispuesto a discutir cambios en la Constitución. Si lo que quiere decir es que se niega a discutir ese cambio, en concreto, dígalo, y ya está.

Segundo: él no puede exigir a Ibarretxe que espere a contar con el consenso del conjunto de los partidos políticos vascos para hacer su propuesta. Puede recomendárselo, por supuesto, pero no exigirlo, porque tal exigencia es –paradojas de la vida– anticonstitucional. La Constitución prevé qué mayoría parlamentaria (no de partidos) se requiere para hacer una propuesta de reforma estatutaria. El jefe del Gobierno no es quién para añadir requisitos por su cuenta. Además, ¿por qué hoy es imprescindible el acuerdo del PP y no lo fue a la hora de votar el Estatuto de Gernika?

A ver si pasan de una vez las elecciones y la lógica empieza a recuperar el terreno perdido.

Nota de edición: columna publicada el 17 de octubre de 2007 en Público: Problemas de mera lógica.

Coda

Todos los partidos se muestran muy hostiles al transfuguismo, es decir, a que los elegidos dentro de la candidatura de un partido lo abandonen al cabo de algún tiempo para pasarse a otro partido (primera opción) o (segunda posibilidad) para integrar alguna forma de grupo mixto desde el que ofrecen respaldo a sus otrora rivales. A tanto el voto, por lo común.

Casi todos los grupos políticos suelen calificar este tipo de actuaciones de “innobles”, “oportunistas” y “sospechosas”, salvo cuando les benefician, en cuyo caso tienden a mostrarse mucho menos tajantes, como demostró Eduardo Zaplana cuando se hizo con la Alcaldía de Benidorm –el primer campamento-base de su ascenso a la cumbre– gracias a la accidentada y para él feliz espantá de una concejala socialista.

El transfuguismo es en España un asunto complejo, porque la posición de los electos es contradictoria: por un lado, todo el mundo sabe que un candidato que no cuente con el respaldo de un partido con gancho no va a ningún lado, lo que convierte su escaño en algo así como una concesión que le hace el partido; pero, por otro lado, la Constitución proscribe el mandato imperativo, con lo que todo electo es libre, en principio, de hacer con su escaño lo que más le plazca.

Lo que me resulta más curioso es que, si bien todos los partidos muestran en uno u otro momento su preocupación por el transfuguismo cuando el fenómeno se limita a uno o a unos pocos electos, a nadie se le ocurre juzgar el problema que supone lo que podríamos llamar el transfuguismo colectivo. Me refiero a aquellos partidos cuyos dirigentes deciden un buen día (o un mal día) pasarse en masa a las posiciones de otro u otros partidos.

La aceptación de la Monarquía y la renuncia a la ruptura democrática que encabezó Santiago Carrillo dentro del PCE en los inicios de la Transición supuso, en la práctica, un caso muy claro de transfuguismo colectivo.

El golpe de mano por el que Felipe González y sus allegados impusieron en el PSOE la aceptación de la OTAN –es sólo un ejemplo: tratándose de ellos podría poner muchos más– fue otra muestra de transfuguismo en masa.

No hablo de cambios más o menos copernicanos realizados tras el correspondiente debate interno y materializados en las votaciones de un Congreso, sino de decisiones adoptadas por órganos ejecutivos que fueron elegidos para llevar a la práctica una determinada línea política y que, por la brava y en claro abuso de poder, optan por asumir otra, diametralmente opuesta a la anterior.

Me pregunto por qué nuestra clase política no habla nunca de esa otra forma de transfuguismo. Pero me lo pregunto poco, porque en seguida me respondo.

Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán:

–Oye, Javier: ¿tú sabes qué ha estado haciendo el Che Guevara en los últimos diez años?

Me deja perplejo.

–No te entiendo. El Che lleva 40 años muerto.

–Que te crees tú eso. Algo ha debido de estar haciendo, vete a saber cómo, porque los mismos que hace diez años lo ponían por los cuernos de la luna ahora lo tratan de criminal y engañabobos. Y ellos no han cambiado. De haber rectificado, su honradez intelectual les habría obligado a admitirlo y a dar explicaciones.

Le río a Gervasio el sarcasmo.

Todo el mundo remodela sus ideas con el paso del tiempo. Pero no necesariamente para pasarse al bando de enfrente. Es curioso que sean precisamente estos últimos los menos inclinados a dar explicaciones sobre su transfuguismo ideológico y los más dispuestos a pasar de la defensa intransigente de una posición a la apología más agresiva de la contraria. A falta de coherencia, están sobrados de aplomo. El único dato fijo de su trayectoria es el firme convencimiento que exhiben de estar siempre en posesión de la verdad, sostengan un criterio o el contrario.

Por lo general, se trata de gente que no decide sus actos en conformidad con un determinado ideario, sino que primero actúa ateniéndose a sus intereses materiales y luego idea doctrinas que le permitan darse cierta prestancia conceptual. Llama la atención que la fauna intelectual española, siendo de por sí tan escasa, esté tan poblada de estafadores.

Lo más característico de este género de fabricantes de sesudas coartadas prêt-à-porter para uso de terceros –que son los que las pagan– es su extraordinaria capacidad para no dar ni una. Si ayer defendían que algo es blanco y hoy sostienen que es negro, lo más probable es que sea rojo.

Nota de edición: columna publicada el 16 de octubre de 2007 en Público: La rígida firmeza en el error.

Coda

Resultó cómico que ayer mismo por la tarde el presidente del Grupo Planeta pretendiera que todavía no sabía quién iba a ser el ganador del premio que lleva el nombre de su editorial. El País, exultante, avanzaba que los tres con más posibilidades de alzarse con el premio eran Juan José Millás, Boris Izaguirre y Fernando Savater. Los tres de chez Polanco, aunque con sus matices, no ya literarios –eso es lo de menos– sino, sobre todo, políticos.

Se suponía que la última votación del jurado se tenía que producir por la noche, en el curso de la multitudinaria cena que organiza para la ocasión la editorial promotora del premio, pero mi recuerdo es que cada año, para esa hora, todos los grandes periódicos saben ya quién va a ser el ganador. Siempre he deducido que la filtración es una gentileza de la editorial, que de ese modo proporciona a los medios el tiempo necesario para que puedan preparar una amplia cobertura de la noticia.

Se dirá que eso deja en bastante mal lugar a los miembros del jurado, que sólo pueden votar lo previamente decidido. Pero esa objeción es de importancia relativamente menor, si se tiene en cuenta que el nombre del ganador no sólo se suele saber, sino incluso preparar, con muchos meses de antelación. Es frecuente que los premios de este género se aderecen al gusto. El editor se pone en contacto con el autor que le conviene y le dice: «Escríbeme una buena novela y el año próximo el premio es tuyo».

No escoge a cualquier autor. Tampoco cualquier tema. La edad, el sexo, las opciones políticas (e incluso las sexuales), el origen geográfico… Se estudian muchos aspectos, de modo que el premio esté a la última y vaya abarcando con el paso de los años todas las alternativas, hasta llegar a parecer plural. La planificación puede abarcar incluso al finalista.

Lo que no acabo de entender es por qué hay gente de reconocido talento –reconocido socialmente, quiero decir–, como Pere Gimferrer, Bryce Echenique (últimamente acusado de plagiario) y Rosa Regàs, que se presta a esa comedia no demasiado edificante. Tampoco sé cómo gente capacitada para distinguir un texto bien escrito de un bodrio acepta la presencia a su lado de alguien como Carmen Posadas, que sencillamente no sabe escribir.

Juan Marsé abandonó en 2005 por propia voluntad su puesto en ese elenco tras hacer una declaración pública que le salió muy insinuante pero, a decir verdad, muy poco concreta. Dijo que prefería no entrar en detalles, por respeto a los otros miembros del equipo teóricamente selector.

Yo sólo puedo certificar un extremo: a lo largo de bastantes años, he visto una y otra vez a la sección de Cultura de El Mundo trabajando en la redacción de los textos y en el montaje de las páginas destinadas a anunciar el Premio Planeta bastante antes de que el jurado hubiera celebrado su última reunión.

Llamad a eso como os dé la gana.

 Si estuviera en el paro y me creyera que la Ley de la Memoria Histórica va a salir adelante y a ser aplicada con rigor, me pondría de inmediato a hacer un curso intensivo de anulador de lápidas e inscripciones franquistas. (Quizá conviniera buscar un nombre para ese nuevo oficio. Propongo desfachador, que presenta la ventaja de aludir simultáneamente al facherío y a las fachadas.)

Trabajo no faltaría. Mi experiencia es limitada en lo geográfico, pero apabullante en su rotundidad. En mis paseos por Cantabria, he podido comprobar que apenas hay iglesia –por citar sólo un tipo de monumento– que no tenga su correspondiente inscripción, en alto o bajo relieve, con su lista de «caídos por Dios y por España», encabezada por José Antonio Primo de Rivera. Me da que otras regiones no le van muy a la zaga. La semana pasada estuve en Tenerife. Las calles y plazas de Santa Cruz son una juerga: no paran de tocarte las narices con los personajes y las glorias del 18 de Julio.

No estoy demasiado seguro, de todos modos, de que los nuevos desfachadores vayan a verse desbordados por la demanda. Viendo la poca energía que demuestra el Gobierno de Zapatero cada vez que la jerarquía católica se le pone enfrente, tiendo a sospechar que, si la Iglesia se niega a aplicar la Ley, vamos a tener presentes a los caídos por Dios y por España por los siglos de los siglos, amén.

Pero esos augurios son lo de menos, al menos por ahora. Lo de más es que la Ley no va a recoger el punto clave que debería haber afrontado y resuelto: la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales políticos del franquismo. Se conforma con catalogarlas genéricamente como ilegítimas. Típico del estilo gubernamental de Zapatero: mucha apariencia, poca chicha.

Nota de edición: columna publicada el 15 de octubre de 2007 en Público: Demasiadas losas sin retirar.

Coda

Me pasan la grabación de una entrevista que le hicieron en TV3 a Xavier Vidal-Folch, director adjunto de El País. No había visto nunca al personaje. Sería exagerado decir que me despertó una simpatía instintiva. Para mí que no perdería nada si pareciera un poco más sincero. Y no digamos si, ya de paso, hablara un poco mejor.

La entrevistadora, rápida y experimentada, le apretó algo las tuercas, sin llegar a la impertinencia (más bien todo lo contrario: manteniéndose en la pertinencia). Le preguntó por el mitin desaforado que se echó la pasada semana el consejero-delegado de El País, Juan Luis Cebrián, y Vidal-Folch se apresuró a respaldarlo por completo, acusando a Mediapro-La Sexta-Público de beneficiarse de favores gubernamentales, que no precisó en qué consisten. La entrevistadora puso cara de guasa y le hizo ver que quedaba un poco raro que un directivo de El País hablara de favores gubernamentales. El director adjunto, que en general no mostraba mayor inconveniente en decir cualquier cosa sin inmutarse, eludió cuidadosamente entrar a ese trapo. Es de coña que un grupo empresarial que se ha edificado sobre la sólida base que le han proporcionado los buenos servicios de sucesivos gobiernos –la concesión irregular de la licencia a Canal +, la bochornosa absorción de las emisoras de Antena 3 de Radio (el famoso antenicidio), la tolerancia hacia el funcionamiento en cadena de una red de supuestas emisoras locales (Localia), etc., etc.– se lleve las manos a la cabeza porque cree ver alguna deferencia gubernamental hacia otros que no son ellos. Han estado muy mal acostumbrados.

Lo de Cebrián de la pasada semana fue un bochornoso ataque de cuernos. Esta gente daba por supuesto que, si hay un Gobierno del PSOE, el staff de El País ha de funcionar como parte privilegiada del Consejo de Ministros. Y no soportan que no sea así. Menos aún cuando las cifras de venta del diario siguen bajando y cuando los dividendos de Sogecable van por tiempos.

Rajoy habla en nombre de «todos los españoles» –lo comenté ayer–, atribuyéndonos deseos, pasiones e intransigencias que son patrimonio exclusivo de sus partidarios, y quizá no de todos.

Lo inaceptable no es sólo que generalice al conjunto de la población española los sentimientos y rencores de su particular taifa política, sino el uso mismo que hace de ese «todos los españoles», como si se tratara de una categoría indiscutible.

No me ha gustado nada que, en la polémica de estos días, algunos representantes de lo que se supone que es la izquierda española se hayan puesto a polemizar con el presidente del PP en ese mismo terreno, discutiéndole qué es lo que pensamos, sentimos o queremos «todos los españoles» y cómo entendemos «nuestros símbolos comunes», en lugar de rechazar que todos los españoles pensemos y sintamos lo mismo con respecto a los símbolos oficiales, las ideas de «Patria» o «Nación», la fiesta del 12 de Octubre o lo que sea.

Me refiero, por ejemplo, a María Teresa Fernández de la Vega, perorando sobre cómo hay que entender «los símbolos de todos». Y a Gaspar Llamazares, al que también le he oído apelar a «los símbolos comunes» y a «la fiesta de todos». ¿Es la bandera bicolor un símbolo común? ¿Lo es la Corona? ¿Nos identificamos todos con el ex Día de la Raza, ahora vestido de seda? ¿Apreciamos todos los desfiles militares? Venga ya.

Saben bien que en nuestra sociedad hay tal variedad de sentimientos de pertenencia –y tantas tradiciones y corrientes político-ideológicas contradictorias– que toda apelación a lo que sentimos «todos los españoles» es por fuerza pura retórica huera.

La democracia real gana con la existencia de contradicciones. Las unanimidades sólo benefician a quienes las controlan.

Nota de edición: columna publicada el 14 de octubre de 2007 en Público: Patrias, reyes y banderas.

Coda

Seguí con mucho interés las noticias sobre las riadas del País Valencià, cuyos efectos se hicieron sentir sobre todo en el área metropolitana de Valencia y en la comarca de la Marina Alta. Cuando anunciaron que las lluvias torrenciales estaban desplazándose hacia el sur, llegué a temer que afectaran a mi casa, aunque es poco probable, porque está en una colina y las aguas tienen salida fácil, ladera abajo. Telefoneé a un vecino que puede ver mi casa desde la suya y me informó de que no sólo no habíamos tenido problemas, sino que la tormenta estaba resultando una bendición del cielo, y nunca mejor dicho. Llevaba ya dos días lloviendo de manera constante, pero regular. Un regalo para la tierra.

Saco esto a colación para subrayar el hecho de que a las casonas de mi partida, sita en la comarca del Alacantí, es difícil que las aguas les puedan crear problemas serios, porque están construidas pensando en la meteorología de la zona, conforme a la cual se puede pasar de la sequía más brutal al diluvio universal en cosa de pocas horas, en razón de lo cual es obligado tener libres las vías de desagüe, aunque lo mismo no sirven para nada durante un montón de años, y el año que sirven, lo hacen durante uno o dos días nada más.

En bastantes otras zonas de las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana, en cambio, se han construido y se siguen construyendo casas y más casas asentadas sobre terrenos que, de producirse una riada seria, no tiene nada de especial que se vean anegados.

Tampoco las ciudades están preparadas, ni de muy lejos, para recibir avalanchas de este género. Supongo que sería un disparate montar un sistema de alcantarillado capaz de absorber tan inmensas cantidades de agua, del mismo modo que no cabe planificar el ancho de las autovías pensando en el tránsito de una operación salida, pero todo en esta vida admite grados. Entre el cojoalcantarillado y un alcantarillado de pena hay una gama de posibilidades bastante amplia. Hace pocos años, me vi en serios aprietos para vadear una calle de Valencia que se había convertido en algo parecido a un río por culpa de un simple aguacero de verano. (Y lo peor es que no lo conseguí: me empapé los pies.)

Estamos ante una de mis preguntas predilectas: ¿desastres naturales o desastres del hombre?

No soy tan frívolo como para emitir un dictamen sobre lo que ha sucedido en esta ocasión antes de que se haya realizado la investigación preceptiva. Me limito a dar cuenta de algunas conclusiones extraídas de experiencias pasadas similares.

Es fantástico lo muchísimo que pensamos, sentimos, exigimos e incluso poseemos «todos los españoles». Mariano Rajoy insistió en su mensaje institucional del miércoles en lo muy identificados que estamos «todos» con la bandera del Reino, con la Monarquía, con la sagrada unidad de la Patria, con el 12 de Octubre y no recuerdo ya con cuántas cosas más. (¿Habló de la Virgen del Pilar? No lo recuerdo. Habría sido lo suyo, en tan señalada fecha).

De entrada, me dejó perplejo. Me dije: «Coñe, si tan identificados estamos todos con la bandera bicolor y tanto vibramos todos con la unidad de España, ¿a qué viene poner tanto énfasis en la defensa de lo que nadie ataca?»

La torpeza fue mía, por no darme cuenta de que, en el problemático subconsciente de don Mariano, no todos somos «todos». El «todos» que evoca el que llaman «líder de la oposición» –como si sólo hubiera una– incluye en exclusiva a quienes él suele identificar como «españoles de bien» (o «bien nacidos», alternativamente).

Quedan al margen de la españolidad de bien todos aquellos y aquellas a los que no les apetece nada de nada verter hasta la última gota de su sangre (ni siquiera la primera) en defensa de la enseña del Estado, y los que no acaban de captar la épica político-musical de la Marcha Real (con o sin letra), y los que no se sienten poseídos por el deseo incontenible de clamar que el islote de Perejil es como Melilla, como Gibraltar y como Olivença, o sea, España en estado metafísicamente puro. También quienes se chotean de que lleve la pechera cargada de medallas alguien cuyo único mérito militar fue entregar el Sahara a Hassan II.

Pero tales inadaptados, obviamente, no tienen cabida en el «todos». ¿Cómo van a entrar en el «todos» los don Nadie?

Nota de edición: columna publicada el 13 de octubre de 2007 en Público: «Todos» no somos todos.

Coda

No sé si compraríais ayer Público. Si no lo hicisteis, peor para vosotros, porque yo lo veo mejorar de día en día, y ya sabéis que algo así sólo lo puedo decir con harto dolor de mi corazón, porque a mí me pirria meterme con la empresa para la que trabajo, en aplicación de uno de mis principios rectores: «Contra el patrón, como contra la Patria: con razón o sin ella».

Pero es que tiene cosas realmente refrescantes. Ayer, Rafael Reig sacaba en la sección Carta con respuesta, en la misma página en la que aparece mi columna, un comentario titulado «En la fiesta nacional…» que no tenía desperdicio. Decía así (copio):

«Ah, o sea, que es la hispanidad lo que celebran. Ni la más remota idea. Yo pondré un disco de Paco Ibáñez cantando a Brassens: “En la fiesta nacional, me quedo en la cama igual; la música militar nunca me supo levantar”. Celebrar que uno es español (o esloveno) me parece una señal inequívoca de cretinismo. No entiendo qué se celebra. Menos mal que Rajoy ha salido del armario y ha proclamado su opción nacional “sin aspavientos, pero con orgullo”. Así lo ha convertido en un Día del Orgullo, como si los españoles fuéramos, en España, una minoría y víctimas del rechazo. Alucinatorio, claro.

»¿Frente a quién proclaman el orgullo de ser español? ¿Frente a esos pobres esquimales que sufren la desdicha de no haber nacido en Calahorra? Según Mariano, se trata de que “todo el mundo sepa lo que los españoles sentimos por España”. Vale, pero los españoles ya sabemos lo que sentimos, ¿no?, así que sin duda quiere demostrárselo a los bosquimanos, finlandeses, magrebíes y otros desinformados. ¡Se van a enterar! Lo que un tanzano siente por Tanzania nada tiene que ver con lo que Rajoy siente por España. No hay color.

»Rajoy, además de salir del armario, promueve el outing: quiere que los demás “hagan algún gesto que muestre lo que guardan en su corazón”. Cursilerías aparte, ¿de qué habla? ¿De guiñar un ojo? ¿Contonearse patrióticamente? ¿Cómo demostrar que entiendes, que no desdeñas las experiencias patrióticas (hay que probarlo todo)? ¿Se propone acaso Mariano desenmascarar a esos patriotas que aún no se atreven a declarar en público su condición? Delirante. Igual que lo de Zapatero. ¿Que se quieren apropiar de la bandera? Que les aproveche y, de propina, se llevan a mi suegra.

»¿No le produce a usted desaliento ver a socialistas defendiendo fruslerías como la bandera, la patria y la Corona? A mí, sí. Hoy, me quedaré en casa, bebiendo whisky a sorbitos y jugando con mi hija, mientras pasan las carrozas (y los tanques) del Día del Orgullo. Les respeto. No son enfermos.

»Su opción patriota es tan respetable como otra cualquiera y muchos de mis mejores amigos son patriotas.»

Me cuesta creerme la última frase, pero tampoco me parece mal. Sólo poco verosímil.

El Gobierno afgano asegura que un tal Reza Khan se declaró culpable del asesinato del periodista español Julio Fuentes. Resulta imposible saber a ciencia cierta si el tal Khan realmente se confesó autor del crimen y, en el caso de que lo hiciera, en qué condiciones lo hizo. Las técnicas de interrogatorio de la Policía afgana pudieron tener algo que ver en su confesión, si es que la hubo, y la desenvoltura con la que llevan a cabo su cometido los tribunales del presidente Hamid Karzai es fácil que contribuyera a aligerar los trámites del juicio del que salió condenado a muerte. A saber.

Lo que sí sabemos es que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán reclamó en 2004 una moratoria en la ejecución de las penas de muerte, alegando la inexistencia de garantías jurídicas que otorguen un mínimo de credibilidad a las sentencias. Hasta ahora, el presidente Karzai  había atendido esa demanda, pero el lunes dio su visto bueno a la ejecución de una quincena de presos, Reza Khan entre ellos. Los mataron disparándoles a la cara. Compiten por el Guinness de la crueldad homicida con honores de Estado.

¿Quiso el presidente Karzai congraciarse con España pasando a Khan por las armas? Eligió un mal sistema. Abofeteó la memoria de Julio Fuentes, que siempre se opuso a la pena de muerte. Julio jamás habría aceptado esa ejecución, por muy asesino que fuera Khan.

Anteayer fue el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Entre los estados que la practican de manera más recalcitrante, dos socios prioritarios de España: EEUU y China. ¿Algún reproche oficial? ¡Faltaría más! A cambio, tenemos un buen contingente militar en Afganistán para apuntalar el régimen del verdugo local. ¡Cosas del humanitarismo!

Nota de edición: columna publicada el 12 de octubre de 2007 en Público: La doble muerte de Fuentes.

Coda

Trabajé con Julio Fuentes desde los comienzos de El Mundo hasta su muerte. Lo típico en estos casos es escribir que fuimos muy amigos, pero mentiría si lo dijera. Tampoco lo contrario. Tuvimos un trato correcto, pero distante; de meros compañeros de trabajo. Para empezar, porque él apenas paraba por la Redacción, Como enviado especial, estaba casi siempre de viaje. Pero me da que tampoco nos situábamos en la misma órbita ideológico-política. Coincidiendo con la campaña de las elecciones autonómicas vascas de 1998, hizo un reportaje sobre el terreno en la comarca del Goierri que, por decirlo amablemente, yo no lo habría suscrito. Era aquella una época en la que la dirección de El Mundo enviaba a escribir sobre Euskadi a cualquiera, con tal de que fuera ajeno a la realidad vasca. De los que estábamos más cerca de los hechos decía que no se nos podía dejar escribir sobre lo que estaba pasando porque éramos víctimas del síndrome de Estocolmo.

El recuerdo que guardo de él es que, como corresponsal de guerra, era un profesional honrado, nada dado al star system de los de su gremio, sobrio y cumplidor. Dadas las circunstancias de su muerte, no hace falta que diga que, cuando hacía falta, se jugaba el tipo, no como algunos reporteros-estrella que contemplan las guerras atrincherados detrás de la barra de la cafetería del hotel de lujo en el que instalan su base de operaciones.

P.D. Pido disculpas. Todo esto lo tenía escrito ya ayer por la noche. Lo acabé... y me olvidé de "subirlo" a la Red.

Se ha dicho y repetido, y es verdad, que el atentado del martes representa un giro muy importante en la estrategia que ETA ha venido haciendo suya durante años. Desde 2003 hasta anteayer, salvando la pausa de la tregua, ha puesto bombas, y es obvio que toda bomba que estalla puede matar (la T-4 lo demostró del peor modo), pero ésta es la primera vez desde el 30 de mayo de 2003, cuando asesinó a dos policías nacionales en Sangüesa, que coloca una bomba con la voluntad específica de causar víctimas mortales.

«Se trata de un cambio de consecuencias imprevisibles», afirman algunos comentaristas. No. Hay varias consecuencias que sí son previsibles.

Por ejemplo: es previsible que se produzca un incremento cualitativo del aislamiento social de ETA y, por ende, de los dirigentes de la izquierda abertzale que le secunden por esa nueva/vieja vía.

La explicación es sencilla. Durante decenios, la población vasca no tuvo más remedio que convivir con las muestras más extremas de violencia. Había atentados mortales cada dos por tres. La muerte formaba parte de la realidad cotidiana de Euskadi. Más de cuatro años vividos en un ambiente distinto –con frecuencia tenso, sin duda, pero sin cadáveres de por medio– han permitido a la ciudadanía hacerse una idea bastante aproximada de las ventajas de la paz.

Si ahora ETA da marcha atrás en lo que ya parecía una conquista asentada y si la dirección de Batasuna se suma a esa aventura, ambas sufrirán una muy superior reacción de rechazo colectivo, que abarcará a una parte de su tradicional base social. No se olvide que muchos aceptaron participar en las listas de ANV y muchos más las votaron porque les dijeron que se trataba de apoyar el proceso de paz. No la vuelta a la guerra.

Nota de edición: columna publicada el 11 de octubre de 2007 en Público: Algunos efectos previsibles.

Coda

Lo veía y no me lo creía: Mariano Rajoy, en pose de Jefe de Estado, echando una arenga sobre «el orgullo de ser español» y sobre lo identificados que estamos «todos» con la bandera del Reino, animando a cada cual a hacer el 12 «algún gesto» de amor a la Patria en donde sea, «en su casa, por la calle, con los amigos…». ¡Vágame el cielo! Pero, si tan identificados estamos «todos» con la bandera bicolor y tanto vibramos «todos» con la unidad de España, ¿qué necesidad hay de poner tanto énfasis en la defensa de lo que nadie ataca?

La torpeza es mía, que no me doy cuenta de que, en el problemático subconsciente de Rajoy, no todos somos «todos». El «todos» de Rajoy incluye sólo a quienes él más de una vez ha llamado «españoles de bien» (o «bien nacidos», alternativamente). A los otros, es decir, a aquellos que no sienten ganas de entregar hasta la última sangre por la bandera del Estado, o que no acaban de captar el emocionante encanto político-musical de la Marcha Real, o que no se sienten poseídos por el deseo incontenible de gritar a los cuatro vientos que Navarra es como el Guggenheim, como Gibraltar y como el islote de Perejil (o sea, España, en estado metafísicamente puro)…  a ésos no los considera ni españoles ni nada.

Lo veía y lo oía en la televisión, convertido en portavoz de «todos», y me decía: «Esto no es verdad. Es un montaje». Y acertaba a medias. Porque es verdad, pero también es un montaje.

Lamento volver al monotema vasco, pero es que hay cosas que, cuando no las dice nadie (fuera de Euskadi, se entiende), alguien tiene que exponerlas, para que el común de los ciudadanos pueda contar con más elementos de juicio.

Me voy a referir a la línea argumental avanzada por Baltasar Garzón para dictar cárcel contra 17 destacados miembros de la izquierda abertzale.

Si el mentado juez se limitara a acusarlos de tratar de retomar la actividad de una organización ilegalizada, nada cabría objetarle en el plano jurídico, porque estaría aplicando lo dispuesto en la Ley de Partidos, instrumento legal mejor o peor (peor, en mi criterio), pero vigente. Pero no puede quedarse ahí. Tiene que explicar por qué aplica ahora una norma que ha estado obviando durante meses. Y es entonces cuando se inventa un argumento realmente pasmoso. Alega que los dirigentes de Batasuna se dedicaban antes a impulsar el proceso de paz, lo que merecía impunidad; en cambio, ahora se están ajustando a la estrategia de ETA, y eso debe ser castigado.

El argumento –por así llamarlo– no se tiene en pie. Para empezar, cuando los líderes de la izquierda abertzale impulsaron el proceso de paz, lo hicieron ajustándose también a la estrategia de ETA, que estaba en tregua y decía querer la paz. Así que no hay ninguna novedad en la sintonía de Batasuna con ETA: la había y la sigue habiendo.

Pero lo más estrambótico no es eso, sino que el juez admite que los persigue en función de la valoración política que él hace de la estrategia de los integrantes de la organización. No juzga si lo que hacen es delictivo, sino si está políticamente bien orientado, conforme a su criterio. No castiga sus actos, sino su táctica.

¿Qué clase de rigor jurídico es ese?

Nota de edición: columna publicada el 10 de octubre de 2007 en Público: Prácticas de Derecho Político.

Coda

En condiciones normales –aunque ya no sé muy bien que cabría llamar «condiciones normales» en mi caso–, ayer habría cambiado la columna que había enviado a Público a primerísima hora de la mañana para comentar el atentado cometido por ETA en el barrio de La Peña, en Bilbao, en el que Gabriel Ginés, escolta de un concejal del PSE, resultó herido de cierta consideración. No me fue posible porque me encontraba en Bilbao, en donde poco después participé en un programa casi monográfico de ETB-2. Salí de la televisión, fui al aeropuerto de Loiu, cogí el siguiente vuelo para Madrid y llegué a casa… cuando ya no eran horas.

De haber escrito sobre lo sucedido, habría desarrollado –lo haré mañana, muy posiblemente– dos ideas, que aquí me limito a esbozar.

Primera: el de ayer ha sido el primer atentado de ETA de los últimos años que ha tenido como fin expreso causar la muerte de alguien. En la T-4 mató, pero no lo pretendía. Por supuesto que no tomó las medidas necesarias para impedirlo (la mejor manera de impedir que una bomba mate es, sin duda, no ponerla), pero no lo buscaba deliberadamente. En cambio, la de ayer era muy fácil que matara. Al escolta, para empezar. Porque una bomba-lapa, a no ser que falle o semi falle, puede causar estragos directos, y no digamos si hace estallar el depósito de gasolina. Dada la hora, tampoco hubiera tenido nada de extraño que se hubiera llevado por delante a algunos viandantes, o a ocupantes de coches contiguos. Estamos, en consecuencia, ante un giro muy importante en la estrategia de ETA. Quiere volver a poner cadáveres sobre la mesa.

Segunda: con este atentado, ETA deja en la peor de las posiciones a los 20 encarcelados de Batasuna (los últimos 17, más los dos de hace escasas fechas, más Otegi). Dado el estado de ánimo que este atentado va a suscitar en la inmensísima mayoría de la opinión pública del Ebro para abajo, hablar de las irregularidades jurídicas que han servido para provocar su encarcelamiento y de la inconveniencia política de dejar a la izquierda abertzale sin una salida política, no violenta, se va a convertir en una empresa tan ingrata como difícil. Los que defendemos esas posiciones vamos a necesitar también protección en más de algún foro.

No pocos sostienen que el Gobierno acierta impulsando el acoso judicial contra la izquierda abertzale. Dicen que es el justo castigo que se merece por no haberse distanciado de ETA tras la ruptura del alto el fuego. Otros, en cambio, afirman que responde a un giro de carácter descaradamente electoralista, aunque difieren en su valoración: mientras al Ejecutivo vasco le parece un abuso que puede contribuir a enconar aún más el conflicto, el PP lo juzga timorato e insuficiente.

Lo que nadie discute, por lo que he podido leer y oír, es en que se trata de una iniciativa de naturaleza política que responde a la voluntad del Gobierno.

Me sumo a esa consideración. Pero, lejos de asumirla con la tranquila naturalidad con la que todo el mundo la ve, como si fuera algo que va de suyo, a mí me parece una vergüenza. Es escandaloso que nos hayamos acostumbrado a dar por hecho que haya jueces que obran o dejan de obrar en fiel sintonía con tales o cuales intereses partidistas. Que, según de qué magistrados se trate, se dé por supuesto, como si tal cosa, que es el Gobierno, o bien el Partido Popular, el que maneja los hilos.

Que me escandalice no quiere decir que me sorprenda. Los muchos años que llevo en estos menesteres me tienen curado de espanto. He visto a demasiados magistrados de alto copete tratar de los asuntos de su competencia con quienes no debían, sin retroceder ante el establecimiento de tácticas conjuntas más o menos explícitas.  

En determinados medios judiciales, la invocación permanente de las llamadas «cuestiones de Estado» hace que la separación de poderes, la independencia judicial y el rigor jurídico se conviertan en meras ficciones.

¿Qué el fin justifica los medios? ¡Pero si ni siquiera está claro el fin!

Nota de edición: columna publicada el 9 de octubre de 2007 en Público: Justicia y política, en unión.

Coda

El corto espacio de la columna que escribo en Público no me permite ilustrar mejor en ella mi conocimiento de la realidad a la que me refiero. Cuando digo que «he visto a demasiados magistrados de alto copete tratar de los asuntos de su competencia con quienes no debían», estoy hablando, sin ir más lejos, de mí mismo y de colegas míos muy próximos, que hemos sido más de una vez receptores de documentos e informaciones que pertenecían teóricamente al secreto de tal o cual sumario. Se muestran comunicativos con la esperanza de que luego los periodistas beneficiados de su indiscreción les paguen dedicándoles loas y sacándoles en grandes fotos en las que aparecen con aire severo y circunspecto, cual sumidos en honda reflexión.

No todos los chalaneos procesales apuntan a la prensa. Hay magistrados pertenecientes a altos órganos judiciales que no rechazan tratar con dirigentes políticos y con ministros acerca de asuntos muy graves sobre los que tienen el encargo de emitir sentencia. Podría decirse que, cuanto mayor es la trascendencia política de la sentencia, tanto más intensas son las conversaciones político-judiciales.

No estamos ante casos como el de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, que utilizó su voto de calidad para dar por buena la expropiación de Rumasa tras hablar largo y tendido en la Moncloa con Felipe González y Alfonso Guerra, que le convencieron de que se trataba de un «asunto de Estado». Lo suyo no es representativo porque, aunque se sometiera a las presiones del poder político, nadie ha pretendido nunca que lo hiciera para lucrarse u obtener beneficio personal. De hecho, no mucho después, apesadumbrado por la conciencia de su prevaricación, optó por re-exiliarse en Venezuela, donde murió a los pocos años.

No; de los que hablo son de un género infinitamente más desenvuelto. Muy calculadores y muy apegados a los bienes terrenales y a las prebendas profesionales.

«Si los ciudadanos conocieran todos esos tejemanejes…», se quejan algunos. Pues no sé qué pasaría. Es probable que hubiera una holgada mayoría que se encogiera de hombros. En plan de: «Si es para dar leña a los de Batasuna, adelante.»

Imaginen ustedes que alguien criticara la orientación política del Ayuntamiento de Gernika y que su alcalde respondiera acusando al crítico de estar defendiendo el célebre bombardeo que exterminó a buena parte de la población de la noble y leal villa vizcaína. «¡Qué tendrá que ver una cosa con otra!», respondería todo el mundo a coro. Pues bien, eso es exactamente lo que hacen las autoridades israelíes con cuantos nos oponemos a su política: acusarnos de justificar el Holocausto.

El Estado de Israel tiene de común con las víctimas del genocidio nazi que sus habitantes son judíos, como lo eran aquellas. Eso es todo. Los judíos llevados a los campos de exterminio del III Reich no defendían ninguna orientación política concreta. Muchos de ellos ni siquiera eran sionistas.

Retengo el dato de que el Estado de Israel es uno de los pocos que se niega a fijar oficialmente sus fronteras. Los gobernantes de Tel Aviv hablan del derecho que les asiste a contar con fronteras seguras, pero la seguridad que reclaman se refiere a la actitud de sus vecinos hacia ellos, no a la de ellos para con sus vecinos. De hecho, desde su surgimiento como Estado, Israel no ha parado de expandirse territorialmente. Resulta inevitable recordar el caso histórico de otro Estado que también se negó a establecer de manera oficial unas fronteras netas, por razones que no tardó en dejar claras con la ocupación de los Sudetes.

Ha habido ocasiones en las que, tras haberme tocado oír  peroratas contra «los judíos», en general, he tomado la palabra para decir: «Yo también soy judío». La verdad es que nunca me he ocupado de investigar mi árbol genealógico. Me daría igual tener ascendencia judía. Seguiría dándome horror la actuación del Estado de Israel.

Nota de edición: columna publicada el 8 de octubre de 2007 en Público: De judíos y de sionistas.