Lamento volver al monotema vasco, pero es que hay cosas que, cuando no las dice nadie (fuera de Euskadi, se entiende), alguien tiene que exponerlas, para que el común de los ciudadanos pueda contar con más elementos de juicio.
Me voy a referir a la línea argumental avanzada por Baltasar Garzón para dictar cárcel contra 17 destacados miembros de la izquierda abertzale.
Si el mentado juez se limitara a acusarlos de tratar de retomar la actividad de una organización ilegalizada, nada cabría objetarle en el plano jurídico, porque estaría aplicando lo dispuesto en la Ley de Partidos, instrumento legal mejor o peor (peor, en mi criterio), pero vigente. Pero no puede quedarse ahí. Tiene que explicar por qué aplica ahora una norma que ha estado obviando durante meses. Y es entonces cuando se inventa un argumento realmente pasmoso. Alega que los dirigentes de Batasuna se dedicaban antes a impulsar el proceso de paz, lo que merecía impunidad; en cambio, ahora se están ajustando a la estrategia de ETA, y eso debe ser castigado.
El argumento –por así llamarlo– no se tiene en pie. Para empezar, cuando los líderes de la izquierda abertzale impulsaron el proceso de paz, lo hicieron ajustándose también a la estrategia de ETA, que estaba en tregua y decía querer la paz. Así que no hay ninguna novedad en la sintonía de Batasuna con ETA: la había y la sigue habiendo.
Pero lo más estrambótico no es eso, sino que el juez admite que los persigue en función de la valoración política que él hace de la estrategia de los integrantes de la organización. No juzga si lo que hacen es delictivo, sino si está políticamente bien orientado, conforme a su criterio. No castiga sus actos, sino su táctica.
¿Qué clase de rigor jurídico es ese?
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (10 de octubre de 2007). Javier lo publicó como apunte (Prácticas de Derecho Político). Lo mantenemos allí porque tiene coda y unos cuantos comentarios. Subido a "Desde Jamaica" el 1 de julio de 2018.