No pocos sostienen que el Gobierno acierta impulsando el acoso judicial contra la izquierda abertzale. Dicen que es el justo castigo que se merece por no haberse distanciado de ETA tras la ruptura del alto el fuego. Otros, en cambio, afirman que responde a un giro de carácter descaradamente electoralista, aunque difieren en su valoración: mientras al Ejecutivo vasco le parece un abuso que puede contribuir a enconar aún más el conflicto, el PP lo juzga timorato e insuficiente.
Lo que nadie discute, por lo que he podido leer y oír, es en que se trata de una iniciativa de naturaleza política que responde a la voluntad del Gobierno.
Me sumo a esa consideración. Pero, lejos de asumirla con la tranquila naturalidad con la que todo el mundo la ve, como si fuera algo que va de suyo, a mí me parece una vergüenza. Es escandaloso que nos hayamos acostumbrado a dar por hecho que haya jueces que obran o dejan de obrar en fiel sintonía con tales o cuales intereses partidistas. Que, según de qué magistrados se trate, se dé por supuesto, como si tal cosa, que es el Gobierno, o bien el Partido Popular, el que maneja los hilos.
Que me escandalice no quiere decir que me sorprenda. Los muchos años que llevo en estos menesteres me tienen curado de espanto. He visto a demasiados magistrados de alto copete tratar de los asuntos de su competencia con quienes no debían, sin retroceder ante el establecimiento de tácticas conjuntas más o menos explícitas.
En determinados medios judiciales, la invocación permanente de las llamadas «cuestiones de Estado» hace que la separación de poderes, la independencia judicial y el rigor jurídico se conviertan en meras ficciones.
¿Qué el fin justifica los medios? ¡Pero si ni siquiera está claro el fin!
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (9 de octubre de 2007). Javier lo publicó como apunte (Justicia y política, en unión). Lo mantenemos allí porque tiene coda y unos cuantos comentarios. Subido a "Desde Jamaica" el 1 de julio de 2018.
