Desde Jamaica

Defiendo la superioridad del transporte público. En todos los planos, incluido el de la seguridad. En principio, como regla general, el transporte público es el que puede ofrecer más garantías de eficacia y seguridad a los usuarios. No sólo en comparación con el transporte particular, sino también en comparación con el transporte colectivo realizado por empresas privadas.

La lógica que mueve a las empresas privadas las empuja a maximizar los beneficios. Las partidas presupuestarias destinadas a acrecentar la seguridad los recortan. Las empresas privadas de transporte no se desentienden de la seguridad, por supuesto, pero miran con la máxima atención esa rúbrica de gastos. En cambio, una empresa de titularidad pública no tiene por qué rendirse a la dictadura del beneficio económico. Puede invertir dinero para obtener rentabilidad social, comodidad, seguridad.

Ése es el criterio general, expuesto a grandes trazos, que me mueve a preferir el transporte público, como opción de principio. Pero no cabe desconocer lo que el triunfo ideológico y político del llamado neoliberalismo ha supuesto también en este terreno. Desde hace años, las castas políticas dominantes -algunas muy en particular- vienen haciendo una labor de desprestigio constante de las empresas de titularidad pública, dando por hecho que su destino no puede ser otro que la privatización. Y, en tanto logran privatizarlas, reclaman de ellas que se sometan a los mismos criterios de rentabilidad que siguen las empresas privadas, negándose a admitir que puedan tener pérdidas. Y si, por ejemplo -y puesto que hablo del transporte-, una determinada línea de tren no puede ser privatizada porque genera pérdidas y nadie quiere hacerse cargo de ella, plantean de inmediato su cierre definitivo, sin pararse a considerar el perjuicio social que eso vaya a acarrear.

Los sindicatos, incluidos los más moderados y próximos a los poderes públicos españoles, vienen denunciando desde hace tiempo que las empresas españolas de transporte de propiedad pública subcontratan cada vez más funciones que les son propias. También se han quejado de la sistemática reducción del número de empleados que estas empresas dedican a las tareas de seguridad y mantenimiento, al igual que su renuencia a sustituir maquinaria e instalaciones que, sin haber alcanzado límites de decadencia intolerables, sí reclaman a gritos su renovación.

Estoy pensando, por supuesto, en el terrible accidente que sufrió el metro de Valencia el pasado lunes. Constato que la máquina que desencadenó la tragedia carecía del sistema de parada automática que llevan hoy en día ese tipo de medios. Parece que se consideró un dispendio instalarlo en unos trenes que van a ir al desguace dentro de pocos meses.

Cada cual evalúa las vidas humanas al precio que le parece justo.

Javier Ortiz. El Mundo (6 de julio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Transporte público.

La vicepresidenta del Gobierno no para de decir que la promesa que hizo el jueves su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero, de «respetar las decisiones que adopten libremente los ciudadanos vascos» debe entenderse dentro de los límites marcados por la legalidad vigente y, muy en especial, por la Constitución de 1978. Que no es verdad que haya reconocido «implícitamente» el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

Quienes tienen hilo directo con La Moncloa explican que Zapatero quiere trabajar en dos frentes. Por un lado, planea desarrollar los contactos con ETA para lograr que se avenga a abandonar las armas. Del otro -del político-, se dispone a favorecer la formación de una mesa de partidos legales -cuenta con que Batasuna acabará resignándose a pasar por el aro de la Ley de Partidos-, que asuma la tarea de idear un nuevo Estatuto de Autonomía vasco. Ese Estatuto, una vez aprobado por el Parlamento de Vitoria, seguiría los mismos trámites por los que acaba de pasar el nuevo Estatut catalán.

Es en eso en lo que Zapatero está pensando cuando habla de «las decisiones que adopten libremente los ciudadanos vascos».

También a los catalanes les prometió respetar lo que ellos mismos acordaran y no lo cumplió. Pero considera que no volverá a tropezar con esa piedra porque da por hecho (a) que no se aprobará ningún proyecto de nuevo Estatuto que carezca del aval del Partido Socialista de Euskadi y (b) que el PSE no dará su aprobación a un texto que desborde los límites impuestos por la Constitución. Por decirlo claramente: espera que el proyecto llegue a Madrid ya previamente cepillado.

Llegados a este punto, hay una pregunta que cae por su propio peso: quienes toman lo dicho por Zapatero como un reconocimiento «implícito» del derecho de autodeterminación, sea para celebrarlo o para horrorizarse por ello, ¿no son conscientes de que lo que el presidente del Gobierno español tiene in mente es lo que acabo de describir más arriba, y nada más? ¿Que ni por un momento se le ocurrido la posibilidad de reconocer al pueblo vasco su derecho a la libre determinación? Como me consta que no son tontos y que oyen y leen tan bien como yo (o mejor), he de deducir que fingen haber oído lo que realmente no se ha dicho, para arrimar el ascua a su sardina. Todos ellos. Unos -sobre todo Batasuna-, para presentar como una victoria lo que dista mucho de serlo; los otros -el PP-, para presentarlo como prueba de que «el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA», según la delirante formulación de Acebes. A un lado y a otro, cada cual por su cuenta, todos quieren convertir al presidente del Gobierno en rehén de sus propias formulaciones, tan pomposas como confusas.

No me gustan los vendedores de humo. No creo que conduzca a nada bueno tanto empeño en hacer que las cosas son como no son.

Javier Ortiz. El Mundo (3 de julio de 2006). Hay también un apunte de parecido título: Una especie de farsa.

Oyente tan compulsivo como crítico de los noticiarios radiofónicos, me ha entrado con los años la manía de discutir casi todo lo que cuentan, ya se trate de declaraciones de personajes públicos, ya provenga de los propios periodistas que los redactan (o improvisan, que de todo hay).

Antes polemizaba sólo con la parte noticiosa de los informativos. Ahora, desde que los diarios hablados incluyen más y más publicidad, he optado por ampliar yo también la gama de mis objetivos críticos, incluyendo los mensajes comerciales. Tampoco hay tanta distancia entre la propaganda política y la publicidad.

En ésas estaba ayer, ejerciendo mi cotidiana labor de vigía ideológico-radiofónico, deambulando entre el juzgado que va a dejar Grande-Marlaska y el ayuntamiento que dejó Jesús Gil y Gil, cuando mi atención se detuvo en una publicidad que me resultó digna de reflexión. Se trataba de un anuncio contra la violencia de género suscrito por el Instituto de la Mujer.

Lo que me llamó la atención no fue el cuerpo del anuncio, destinado a denunciar que la violencia contra las mujeres suele empezar por agresiones de apariencia menor, pero que o se corta con ellas por lo sano o se les allana el camino que puede acabar en el hospital o en el tanatorio (cosa que no puede ser más cierta), sino la frase con la que se clausuraba el mensaje: «¿Alguna vez te has preguntado cuándo un hombre deja de ser hombre?».

Pretendiendo combatir las expresiones más extremas del machismo dominante, el anuncio hace propaganda del tópico esencialista según el cual ser hombre equivale a ser bueno, pacífico, generoso y estupendo. Y vaya que no. Un hombre que pega a una mujer no es un no hombre; es, lisa y llanamente, un hombre que pega a una mujer. En rigor, examinado a lo largo de su devenir histórico, el hombre –y cuando hablo del hombre no incluyo en este caso a la mujer– ha demostrado sobradamente su recurrente tendencia a tratar de imponerse mediante la violencia tanto a los de su propia especie como a la naturaleza en general. Un hombre que agrede no deja de ser hombre. ¿Podría decirse que más bien al contrario? Por qué no.

No se trata de ningún puntillismo conceptual, ni mucho menos. Porque, planteadas las cosas al modo del anuncio en cuestión, tal parece que el objetivo sea que el hombre se reconcilie con su verdadero ser, esencialmente positivo, cuando lo que estamos proponiendo es, en realidad, su progresivo distanciamiento de las más hondas pulsiones del animal masculino, una reconducción de sus tendencias naturales, con la sana intención de transformarlo en un ser civilizado.

Vistas así las cosas, cabría permitirse la humorada de contestar a la pregunta del anuncio («¿Alguna vez te has preguntado cuándo un hombre deja de ser hombre?») diciendo: «Cuando se admite como un igual entre iguales».

Javier Ortiz. El Mundo (29 de junio de 2006).

Se está produciendo en las últimas semanas un interesante debate sobre cómo deben encarar los jueces y tribunales el tan mentado proceso de paz vasco. ¿Han de tenerlo en cuenta para no entorpecerlo, dentro del margen de discrecionalidad que concede la ley, o deben actuar como si no existiera, aplicando las leyes con la misma severidad –extrema– que hace un año o dos?

Fernando Grande-Marlaska no está ni con los unos ni con los otros. Él sigue su propio criterio, que le lleva a tomar resoluciones que –intenciones al margen– interfieren de hecho en los planes de paz defendidos por la mayoría política, cosa que consigue recurriendo de manera sistemática, de entre todas las interpretaciones posibles de la ley, o de entre todas las actuaciones anteriores de la propia Audiencia Nacional que puedan tomarse como precedentes, las más conflictivas.

Véase su decisión de ordenar la detención de dos empresarios navarros que, al parecer, pagaron un dinero que ETA les exigió en 2001. Tanto la decisión de detener a personas que es inconcebible que quieran eludir la acción de la justicia como la voluntad inicial de imputarles un delito de «allegamiento de fondos a una organización terrorista» pueden estar en sintonía con lo que hizo el juez Garzón en 2004 con varios directivos de la empresa Azkoyen, pero choca con lo decidido en casos semejantes por los jueces Bueren y Andreu, que optaron por no actuar contra los extorsionados, considerando que el razonable pánico que les produjo las amenazas de ETA, tantas veces cumplidas, les eximía de responsabilidad criminal, conforme a lo dispuesto en el art. 20 del Código Penal.

Menos grave por sus consecuencias, pero no menos ilustrativo del modus operandi de Grande-Marlaska, es el auto que dictó el viernes prohibiendo una conferencia que iba a pronunciar Arnaldo Otegi en Barcelona dentro de un foro organizado por El Periódico. Otegi tenía previsto hablar en tanto que miembro de la izquierda abertzale, que no es ninguna organización, ni legal ni ilegal. Grande-Marlaska obvió esa y otras circunstancias y procedió a prohibir la conferencia, desconsiderando lo argumentado por el fiscal, cuyo informe ni siquiera llegó a leer porque resolvió antes de recibirlo. No es el colmo del garantismo, ciertamente.

Lo último (¿o será ya lo penúltimo?) ha sido llamar a declarar a Gorka Agirre, dirigente histórico del PNV, acusándolo de colaborar con ETA, cosa que habría hecho manteniendo contactos encaminados a certificar el fin del mal llamado impuesto revolucionario. Gravísimo.

Se dice que hay que evitar la politización de la justicia. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la justicia viene ya politizada de origen y no para de tirar zancadillas a quienes tratan de marchar para adelante?

Javier Ortiz. El Mundo (26 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El proceso de Marlaska.

En un acto de involuntario surrealismo -supongo-, Eduardo Zaplana expresó hace algunos días su temor de que el PP, a la vista de cómo están las cosas, no tenga más remedio que volver a aquella consigna de los tiempos de la Transición que reivindicaba Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Me dejó de piedra: el PP, heredero de la Alianza Popular de finales de los 70, malamente podría volver a la consigna central de un movimiento social al que se opusieron a sangre y fuego -literalmente- sus antecesores más reputados, con Fraga y Martín Villa al frente.

¿Fue un mero desliz, propio de quien, a fuerza de hablar y hablar, pierde el sentido de lo que dice? No. Es reflejo de una sorprendente manía que les ha entrado a los del PP: servirse de consignas que fueron ideadas para fines no sólo muy distintos, sino a menudo directamente opuestos a los suyos.

Me llamó la atención en su momento la desenvoltura con la que decidieron utilizar la sentencia unamuniana («Venceréis, pero no convenceréis») para oponerse a la devolución de los documentos robados por los franquistas en Cataluña y asignados a los archivos de Salamanca. Es del dominio público que Unamuno, intermitente rector de la Universidad salmantina, fue apartado definitivamente del cargo tras pronunciar un discurso en el que incluyó esa dura condena al Régimen del 18 de Julio. Realmente hace falta mucha desenvoltura para atreverse a invocar las palabras de Unamuno en defensa de los expolios del franquismo.

Descaro similar, aunque de referencias más recientes, es el que han demostrado al enarbolar la consigna «No en mi nombre» para oponerse a los intentos de establecer vías de diálogo que conduzcan al fin de la violencia de ETA. Como es sabido, esa consigna alcanzó gran notoriedad porque sirvió de leit motiv a las movilizaciones pacifistas contra las aventuras bélicas de George W. Bush, primero en los Estados Unidos, luego en el resto del mundo. Que sea el PP, precisamente el PP, incondicional de Bush, el que se apropie de esa consigna, y que lo haga para boicotear una causa pacifista, es de una impudicia nada común.

¿Y qué no decir de su campaña electoral en las últimas elecciones europeas, en las que tuvo la ocurrencia de incluir la consigna «¡Pásalo!», tan ligada a su propio descalabro? ¿Y del atrevimiento del alcalde de Madrid, que se promociona hablando de que «Otro Madrid es posible», a imitación del altermundista «Otro mundo es posible»?

No sé cuál es su problema, pero está claro que alguno sí que tienen. ¿Les deprime el nulo éxito de sus propios eslóganes? ¿Envidian el éxito de los ajenos?

Ya me estoy preparando para la siguiente. Irá sobre cualquier cosa, pero no me cuesta nada imaginar qué tipo de consigna usurparán. De seguir en el mismo plan, tiene todas las papeletas el «¡No pasarán!».

Javier Ortiz. El Mundo (22 de junio de 2006).

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por el Foro de Ermua contra tres dirigentes de Batasuna -Otegi, Barrena y Petrikorena- por seguir actuando en tanto que tales, y contra el lehendakari Ibarretxe por recibirlos el pasado 19 de abril y conversar con ellos en representación de la tendencia política que encabezan. A lo que el Gobierno vasco ha respondido con dureza, reprochando al TSJPV y a su presidente, Fernando Ruiz Piñero, que se meta a dictar a los responsables políticos con quién deben verse y con quién no, para llevar adelante el actual proceso de paz.

Aunque lo esencial de la decisión del la sala correspondiente del TSJPV -que ha contado con un voto particular discrepante- es, por supuesto, su contenido, presenta también aspectos formales dignos de mención. Uno, no pequeño, es que fuera comunicada a los medios informativos días antes de serle notificada al propio lehendakari, que se vio señalado en público sin saber en razón de qué ni con qué base jurídica. Resulta también inquietante la propensión del mentado Ruiz Piñero a opinar públicamente sobre cuestiones propias de la política vasca. Es cierto que todavía no le ha dado por los caños de las fuentes de Granada, como al saleroso Jiménez de Parga, ni por rivalizar en gracejo con Francisco José Hernando, comparando el euskara con las sevillanas, pero apunta maneras.

Tampoco parece muy respetuoso con las formas el gesto del Gobierno vasco, que ha anunciado su intención de reclamar al Parlamento de Vitoria que convoque a Ruiz Piñero para que explique la decisión del TSJPV. Un órgano judicial no tiene por qué exponer a la consideración parlamentaria las motivaciones de sus resoluciones, que cuentan con sus propios cauces de recurso.

Pero ya digo que lo esencial no es nada de todo esto. Ni siquiera la fundamentación de lo resuelto por el TSJPV, que Jueces para la Democracia ha considerado «jurídicamente insostenible e irrazonable». Lo esencial es que, si los tribunales dan en considerar delictivo dialogar con Otegi y compañía, ciudadanos que gozan de todos sus derechos civiles, ¿qué no dirán de reunirse con los representantes de ETA, como pretende el Gobierno de Zapatero? Siguiendo el principio que parece inspirar la decisión del TSJPV, todos los dirigentes políticos que dialoguen con una u otra organización ilegalizada de la izquierda abertzale habrán de ser imputados. Eso se traducirá en el paso por los tribunales de los líderes del conjunto de los partidos políticos vascos, con la sola excepción del PP.

Seguro que hay gente a la que eso le parece de perlas.

Luego están los que se esfuerzan por lograr la paz y consolidarla. Acabarán recibiendo una medalla de oro olímpica en la modalidad de salto de obstáculos.

Javier Ortiz. El Mundo (15 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Salto de obstáculos.

Los dirigentes del PP han emprendido una dura pugna entre ellos mismos, a ver quién suelta la más gorda. Aunque su furor vindicativo da para mucho y puede cebarse en cualquier político (o escritor, o artista, o actor, o lo que sea), está claro que el objeto principal de sus iras es Rodríguez Zapatero. Tratándose de él, todos dan lo mejor de sí mismos. O lo peor, porque sucede con cierta frecuencia que, ofuscados por su afán ultrajante, hacen afirmaciones que carecen de sentido o que, consideradas en su literalidad, dicen lo contrario de lo que cabe suponer que pretendían decir.   

Tomemos el caso de la más rotunda descalificación que haya producido la Factoría Acebes en los últimos tiempos: «Aunque parezca increíble creerlo, el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA». ¿Aunque parezca increíble creerlo? ¿Quiere decir que le parece increíble que alguien pueda creer tal cosa? Supongo que no es lo que quería decir, pero es lo que dijo.

Esperanza Aguirre es otra productora inagotable de patas de banco. El pasado lunes preguntó a Rodríguez Zapatero en plan sarcástico si, puesto que el PSOE se declaraba marxista en 1979, «ha perdido ya perdón por el Gulag» (en referencia a los campos de concentración soviéticos de la época de Stalin). ¡Qué audaz es la ignorancia! Es obvio que esta señora no tiene ni idea de que ha habido tropecientas tendencias marxistas no sólo diferenciadas, sino incluso radicalmente hostiles al estalinismo, y que muchos de sus integrantes fueron víctimas de Stalin. Por ir al caso concreto: el PSOE ha sido siempre miembro de la Internacional Socialista, organización tradicionalmente enfrentada no sólo al estalinismo, sino al comunismo, en general.

Dispuesta a no reparar en gastos en materia de lógica, Aguirre decidió aprovechar el mismo acto electoral contra el Estatut para autonomizar las sangres. (Sí, aunque parezca increíble creerlo). Apelando a que una de sus abuelas fue catalana, dijo: «Tengo más sangre catalana que los que ahora van de independentistas radicales». ¡Sangre catalana! Bon sang! En nuestra tradición, el ius sanguinis (derecho de sangre) tiene el mismo valor que el ius soli (derecho de suelo). Por lo demás, el primero vale sólo cuando se apela al origen de los padres, no al de los abuelos. Si nos atenemos a esos razonables y arraigados parámetros, Esperanza Aguirre no tiene nada de catalana, en tanto que los hijos de inmigrantes nacidos en Cataluña son catalanes por derecho propio, lo que les autoriza a ser independentistas radicales, tomistas de pura cepa y hasta, si tal es su deseo expreso, forofos del Real Madrid. ¿Tiene Aguirre alguna idea mejor para determinar la catalanidad? ¿Algún sistema de cuotas de sangre, tal vez?

Están que se salen, pero todo es cuestión de esperar. Pronto estarán aún más salidos.

Javier Ortiz. El Mundo (8 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Tiempo de desbarro.

Francisco Franco se negó durante decenios a admitir la existencia de la Unión Soviética. Los más viejos del lugar recordamos que, in illo tempore, los pasaportes españoles llevaban una inscripción estampillada que señalaba que el documento era válido para todo el mundo «excepto Rusia y países satélites». No sólo la prohibición; incluso su propia formulación resultaba absurda: Rusia era por entonces sólo una de las muchas federaciones de la URSS.

Un buen día, avanzados los años 60, el Generalísimo apareció ante las cámaras de TVE y anunció que había decidido autorizar ciertos intercambios entre España y los estados del bloque del Este. No me acuerdo bien de qué negocios se trataba, pero sí de cómo justificó su decisión: «Las cosas son como son –dijo–; no como quisiéramos que fueran».

Se resistió cuanto pudo, pero acabó resignándose. Aceptó que, por mucho que lo existente le desagradara, no ganaba nada negándolo. Aplicó lo que suele llamarse el principio de realidad.

Los actuales dirigentes del PP, más dogmáticos, desconocen ese principio. Llevan 10 años pretendiendo que la realidad política y social que supone la izquierda abertzale se remedia prohibiéndola. Y se niegan a extraer ninguna lección del hecho de que, después de la aplicación prolongada de semejante tratamiento de choque, las cosas no han variado sustancialmente. Porque una cosa es la pérdida constante de respaldo social que ha sufrido ETA en los últimos años y otra, muy distinta, la evolución de la influencia que ejerce sobre la sociedad vasca HB (o EH, o Batasuna, o como quiera que se llame), que se mantiene sin variaciones significativas.

El PSOE ha apoyado durante años el intento del PP de transformar la realidad vasca a golpe de leyes y sentencias, pero al final ha comprendido que por ahí no iba a ningún lado y ha optado por atenerse al principio de realidad. No sólo por elemental sensatez, sino también porque se ha dado cuenta de que, aplicándolo, puede alcanzar objetivos mucho más ambiciosos.

Quizá los dirigentes del PP crean que sus congéneres socialistas se han vuelto más condescendientes con la izquierda abertzale radical y con el nacionalismo vasco, en general. Si lo creen –y tal parece– se equivocan. Fijar la orientación política a partir de los datos de la realidad objetiva no significa simpatizar con ella. Ni los socialistas sienten el más mínimo aprecio por Otegi y los suyos, ni Otegi y los suyos sienten el más mínimo aprecio por los socialistas. Unos y otros se consideran, según la muy descriptiva expresión de Patxi López, «interlocutores necesarios».

El problema de Acebes y compañía es que todavía no han entendido lo que acabó por admitir el propio Franco: que las cosas son como son, y no como cada cual quisiera que fueran. Y que los cambios sociales no se decretan.

Javier Ortiz. El Mundo (5 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El principio de realidad.