Se escandaliza Mariano Rajoy de que la Fiscalía pueda hacer la vista gorda ante las actividades de Batasuna y clama: «¿Pero qué idea tiene esta gente de lo que son las leyes y las sentencias de los tribunales?». Rajoy respalda su indignación en la Ley de Partidos y en la sentencia que, apoyándose en ella, dictó el Tribunal Supremo para decidir que Batasuna es «parte del entramado de ETA» y catalogarla como terrorista.
Mariano Rajoy tiene razón. En efecto, la jurisprudencia existente le autoriza a hablar de «la organización terrorista ETA-Batasuna». Y nadie puede pretender con fundamento que esa jurisprudencia sea producto de un uso torticero de las normas legales en vigor. De hecho, es de dominio público que la Ley de Partidos se promulgó sin más finalidad que la de definir a Batasuna como terrorista y declararla fuera de la ley. Si es así –y así es–, aquella autoridad que tolere las actividades de Batasuna, sean éstas las que sean y maquille su decisión como tenga a bien, estará concediendo en la práctica un margen de acción al terrorismo.
¿Que es absurdo? Sí, completamente. Porque Batasuna no es una subdivisión de ningún grupo terrorista, sino una organización política que viene ciñendo desde hace años su actividad al terreno estrictamente político. Sus concomitancias con ETA son ideológicas; no orgánicas. Que algunos miembros de Batasuna han trabajado para ETA –y en ETA, llegado el caso– es de sobra sabido. Pero la organización como tal, colegiadamente, no ha participado nunca de la estructura de ETA, y ningún tribunal ha logrado jamás probar lo contrario. Todos han basado sus pronunciamientos condenatorios en lo beneficiosa que es para la causa de ETA la actividad de Batasuna, en lo mucho que sus estrategias se complementan –según ellos: yo no lo creo– y en la inexistencia de declaraciones de Batasuna que condenen la actividad de ETA. Se han amparado en la doctrina, fabricada en comandita entre Baltasar Garzón y Jaime Mayor Oreja, según la cual ETA no es una organización propiamente dicha, a la que se pertenece o no, sino un magma de fronteras difusas cuya principal seña de identidad no es la actividad terrorista, sino la defensa de un ideario, en virtud de lo cual incluso puede haber quienes sean miembros de ETA sin saberlo. Esa doctrina fue durante mucho tiempo rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reclamó a Garzón una y otra vez que se dejara de vainas especulativas y no acusara de pertenencia a ETA sino cuando contara con indicios racionales que vincularan materialmente a los detenidos con actividades terroristas concretas. El escollo fue superado tomando por la calle de enmedio: los tres miembros de la Sala de lo Penal fueron apartados de su responsabilidad y sustituidos por otros cuyo comportamiento ulterior ha resultado inobjetable (para Garzón, se entiende).
La teoría de ETA como magma, que convierte al llamado «entorno de ETA» en parte constitutiva de la propia ETA –lo que implica que cabe estar simultáneamente en el entorno de algo y dentro de ese algo, por extraño que parezca–, no sólo ha sido asumida por el sustituto de Garzón, Grande-Marlaska, sino también por el poder legislativo (de ahí la Ley de Partidos) y por el judicial (ilegalización de Batasuna y macroprocesos como el 18/98). Les venía bien entonces y optaron por no pararse en barras.
El problema es que ahora hay uno de ellos –y no el menor, puesto que es quien tiene en sus manos el Gobierno central– al que ya no lo viene bien nada de todo aquello: ni el magma, ni el entorno, ni la Audiencia Nacional, ni la Ley de Partidos, ni la ilegalización de Batasuna.
Pero demos al César lo que es del César y al registrador de la propiedad la propiedad de lo registrado. Reconózcase que es Rajoy quien se mantiene fiel al engendro jurídico-penal que dieron a luz hace cuatro años.
Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Rajoy tiene razón.
