El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por el Foro de Ermua contra tres dirigentes de Batasuna –Otegi, Barrena y Petrikorena– por seguir actuando en tanto que tales, y contra el lehendakari Ibarretxe por recibirlos el pasado 19 de abril y conversar con ellos en representación de la tendencia política que encabezan. A lo que el Gobierno vasco ha respondido con dureza, reprochando al TSJPV y a su presidente, Fernando Ruiz Piñero, que se meta a dictar a los responsables políticos con quién deben verse y con quién no para llevar adelante el actual proceso de paz.
Aunque lo esencial de la decisión del la sala correspondiente del TSJPV –que ha contado con un voto particular discrepante– es, por supuesto, su contenido, presenta también aspectos formales dignos de mención. Uno, no pequeño, es que fuera comunicada a los medios informativos días antes de serle notificada al propio lehendakari, que se vio señalado en público sin saber en razón de qué ni con qué base jurídica. Resulta también inquietante la propensión del mentado Ruiz Piñero a opinar públicamente sobre cuestiones propias de la política vasca. Es cierto que todavía no le ha dado por los caños de las fuentes de Granada, como al saleroso Jiménez de Parga, ni por rivalizar en gracejo con Francisco José Hernando, comparando el euskara con las sevillanas, pero apunta maneras.
Tampoco parece muy respetuoso con las formas el gesto del Gobierno vasco, que ha anunciado su intención de reclamar al Parlamento de Vitoria que convoque a Ruiz Piñero para que explique la decisión del TSJPV. Un órgano judicial no tiene por qué exponer a la consideración parlamentaria las motivaciones de sus resoluciones, que cuentan con sus propios cauces de recurso.
Pero ya digo que lo esencial no es nada de todo esto. Ni siquiera la fundamentación de lo resuelto por el TSJPV, que Jueces para la Democracia ha considerado «jurídicamente insostenible e irrazonable». Lo esencial es que, si los tribunales dan en considerar delictivo dialogar con Otegi y compañía, que a fin de cuentas son ciudadanos que gozan de todos sus derechos civiles, ¿qué no dirán de reunirse con los representantes de ETA, como pretende el Gobierno de Zapatero? Siguiendo el principio que parece inspirar la decisión del TSJPV, todos los dirigentes políticos que dialoguen con una u otra organización ilegalizada de la izquierda abertzale habrán de ser imputados. Eso se traducirá en el paso por los tribunales de los líderes del conjunto de los partidos políticos vascos, con la sola excepción del PP.
Seguro que hay gente a la que eso le parece de perlas.
Luego están los que se esfuerzan por lograr la paz y consolidarla. Acabarán recibiendo la medalla de oro olímpica en salto de obstáculos.
Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Salto de obstáculos.
