Desde Jamaica

Me ha sorprendido el escaso eco opinante que han tenido por aquí las dos preguntas que el Papa alemán dirigió al Altísimo el pasado domingo desde los restos del campo de exterminio de Auschwitz - Birkenau, rememorando los horrores allí vividos: «¿Por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar todo esto?»

Son preguntas que tienen diversas respuestas.

La primera, la más cruel, aunque merecida: es posible que el Señor recibiera mala información de su principal representante en la Tierra. Benedicto XVI no ignora que quienes por entonces regían los destinos de la Iglesia católica, empezando por su propio antecesor, no se caracterizaron precisamente por su firmeza frente al nazismo. Tengo colgada en la pared de mi estudio una fotografía en la que se ve a varios obispos españoles de los tiempos de nuestra Guerra Civil, mezclados con altos mandos del Ejército de Franco, haciendo el saludo fascista. Me parece poco probable que sus plegarias incluyeran muchas peticiones de intervención divina contra el III Reich.

Pero, sarcasmos aparte, vale la pena reflexionar también sobre los aspectos más teológicos de la pregunta clave del Papa: ¿por qué no intervino Dios para impedir que se produjeran los crímenes nazis? En realidad, la cuestión es forzosamente más amplia, porque no creo que a Benedicto XVI le angustien los campos nazis de exterminio, pero le den igual las demás muestras de barbarie humana a gran escala (los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo). ¿Por qué Dios no impide tales desastres?

Los especialistas en estos asuntos alegan que Dios tiene por norma no intervenir en las acciones de los humanos, a los que deja a su libre albedrío.

Se trata de una respuesta con mucha tradición, pero falta de lógica. No me refiero a la lógica que es la mía, en la que lo sobrenatural no tiene papel alguno, sino a la lógica interna de las propias creencias que representa Benedicto XVI. Porque, si la voluntad divina de no interferir en la Historia de los humanos fuera tan firme, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Aquél fue, sin sombra de duda, un acto de total injerencia en el devenir de la Humanidad, bien es cierto que realizado en una época no muy adecuada (de hacerlo ahora, con la fuerza que tienen los medios de comunicación, sería muy otra cosa).

Item más, y por las mismas: los milagros, tan caros a la Iglesia católica, ¿qué son, según ella misma, sino alteraciones que la divinidad fuerza en el devenir autónomo de personas y cosas?

Con lo que la pregunta vuelve a sus orígenes: ¿por qué Dios se aviene a intervenir para remediar lo menor (males que afectan a pocas personas) pero se retrae ante lo mayor (matanzas, hambrunas, guerras, dictaduras)?

Es natural que Benedicto XVI se muestre perplejo. Yo, de ser creyente, me sentiría igual.

Javier Ortiz. El Mundo (31 de mayo de 2006). Hay también un apunte de parecido título: «¿Por qué, Señor, permaneciste callado?»

A sus muchas y ya conocidas capacidades, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acaba de añadir una más: acierta a saber lo que los dirigentes de la izquierda abertzale quieren decir, aunque lo que en realidad digan sea otra cosa.

Joseba Permach afirmó el jueves que las continuas acciones judiciales contra él y sus compañeros están poniendo «al borde del colapso» los intentos de apaciguar la política vasca, y el magistrado, en funciones de exégeta, ha deducido que eso equivalía a amenazar con la reanudación de las acciones armadas de ETA.

¿De dónde se ha sacado semejante idea? De sus dotes para investigar en cabeza ajena, sin duda alguna. Muchos otros, más conocedores de la realidad vasca (aunque probablemente mucho menos dotados para la adivinación), entendimos que lo que Permach pretendía decir era exactamente lo que dijo, esto es, que con semejantes obstáculos no hay forma de que avance lo que se ha dado en llamar «el proceso». Del mismo modo que, cuando oímos decir que la circulación «está colapsada», entendemos que se ha producido un atasco, y no que los conductores se estén pegando.

Permach tiene el convencimiento de que, sin el concurso activo de su partido, no será posible normalizar la vida política vasca. Es una idea que comparten todos los demás partidos de Euskadi, excepción hecha del PP. En sus declaraciones del jueves, partió de esa premisa para concluir que la inmovilización judicial de la izquierda abertzale conduce a la paralización de las iniciativas políticas apenas amagadas. De hecho, utilizó indistintamente los términos «colapso» y «bloqueo». Pero el juez no está dispuesto a dejarse arredrar por el significado de las palabras.

Otro habilidad no menos llamativa del titular del Juzgado Central número 5 es su capacidad para imputar los actos de unas personas a otras que no han participado en ellos.

Sigamos con el asunto éste de las declaraciones de Permach, que hizo una afirmación que al juez le parece delictiva. En función de lo cual, llama a declarar al autor de la frase... y a siete más que no la han pronunciado.

Otro ejemplo: va a tomar declaración a Arnaldo Otegi por la conferencia de prensa que realizó Batasuna en Pamplona el pasado 23 de marzo. Pero Otegi no participó en ese acto. Estaba enfermo de neumonía en su casa, como Grande-Marlaska sabe de sobra, porque lo tenía bajo vigilancia y era informado a diario de su estado.

De modo que esta semana Otegi deberá acudir a la Audiencia Nacional a declarar sobre una reunión en la que no participó y sobre unas declaraciones que no ha hecho.

Ignoro qué pretende Grande-Marlaska con sus constantes y singulares iniciativas procesales. No seguiré su ejemplo: renuncio a atribuirle intenciones inconfesas.

Me conformo con constatar a quién beneficia. Es suficiente.

Javier Ortiz. El Mundo (29 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Las habilidades de Marlaska.

Según los datos disponibles -aunque no sé en qué medida fiables-, la inmigración ilegal procedente de África es más llamativa y crea situaciones específicas más problemáticas y dolorosas, pero aporta una cantidad de inmigrantes incontrolados bastante inferior a la procedente de la Europa del Este y de algunos países de América Latina. Es decir, que son notablemente menos los que llegan a las costas de Canarias y Andalucía en pequeñas embarcaciones que los que se introducen en territorio del Estado español por tierra, a través de la frontera con Francia, y por aire, sobre todo por el aeropuerto de Barajas.

Hay en este segundo bloque, sin embargo, una diferencia sustancial. En Barajas existe un control bastante estricto, aunque burlable: si alguien llega con un pasaporte en regla, tiene en su cartera el dinero requerido y cuenta en España con personas en situación regular a las que puede alegar que viene a visitar por unos días y que responden de él, no hay razón legal para impedirle la entrada. Una vez dentro, se queda y ya está. Pero son muchos los que se plantan en el aeropuerto sin reunir esos requisitos, con lo que son obligados a emprender de inmediato el viaje de regreso.

Asunto bien diferente es el de la inmigración procedente de la Europa del Este, incluyendo la extracomunitaria. Entrar en territorio de la UE es comparativamente sencillo. La libre circulación de las personas dentro del ámbito comunitario hace el resto. Mucho más fácil aún lo tienen quienes proceden de Estados que pertenecen a la UE pero tienen un nivel de vida inferior. Éstos vienen y se instalan, si no con todas las de la ley, casi.

El asunto de la inmigración irregular presenta dos problemas diferentes (bueno, presenta bastantes más, pero dos, a estos efectos). Uno es general: el del encaje económico, social y cultural de una inmigración cada vez más numerosa. Es el más importante. Otro, concreto: el de la llegada constante de inmigrantes africanos a un territorio, como es el insular canario, que tiene serias dificultades para acogerlos. Lo cual plantea una situación conflictiva, sin duda, pero menor.

Tal como se están planteando las cosas, podría parecer que el principal problema de inmigración que afronta el Estado español es el de Canarias. Y no. Lo de Canarias, aunque con esfuerzo, cabrá controlarlo. Es la otra inmigración la que, por su carácter mucho más masivo y porque es casi imposible regular su afluencia, va a acarrear a corto y medio plazo dificultades más graves.

Hay problemas que la Europa rica se ha ganado a pulso. Por ejemplo, con la admisión en la UE de países económica y socialmente poco homologados. Eso sí que ha tenido un efecto llamada de mil pares. A ver ahora cómo se las arregla para resolver los problemas que ella misma ha estimulado.

Javier Ortiz. El Mundo (25 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Las dos inmigraciones.

No pasa día sin que se oiga a algún responsable político afirmar que «no hay que pagar ningún precio político» para que ETA deje de utilizar las armas.

Si lo que pretenden decir con ello es que lo único que las autoridades del Estado deben negociar con ETA son las condiciones de su desaparición del mapa, no tengo nada que objetar. Es más: me da que casi nadie lo tiene. Incluso la propia Batasuna viene propugnando, desde el ya célebre mitin de Anoeta, que se separen netamente las conversaciones entre el Gobierno y ETA de las eventuales discusiones entre los partidos destinadas a buscar una redefinición de las normas que rigen la política vasca y las relaciones de Euskadi con el conjunto de España.

De hecho, ese planteamiento viene ya de antiguo. El Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Vitoria a excepción de HB, se llamó oficialmente «Acuerdo para la Pacificación y la Normalización de Euskadi». El texto separaba de manera muy clara ambos objetivos -de un lado la pacificación, del otro la normalización- como necesidades distintas, y subrayaba la legitimidad de las aspiraciones a un desarrollo superior del autogobierno vasco, por otro lado ya tenidas en cuenta en el propio Estatuto de Autonomía.

El problema surge ahora cuando algunos, invocando el lugar común de que no hay que pagar ningún precio político por el cese de la violencia de ETA, reclaman que los partidos políticos y los sectores de la sociedad vasca de inspiración nacionalista o de posiciones autodeterministas -no necesariamente nacionalistas- aparquen sus aspiraciones y renuncien a plantearlas a corto o medio plazo, por mayoritarias que sean, para que sus reivindicaciones no coincidan en el tiempo con el proceso de finiquito de ETA.

Con lo cual, y apelando a la exigencia de que el Estado no pague ningún precio político, lo que hacen en realidad es reclamar que lo paguen otros. Están exigiendo que los partidarios de la pacificación y la normalización de Euskadi renuncien a la normalización en aras de la pacificación. Primero previenen contra la mezcla de ambos objetivos y luego los asocian ellos de manera perversa, requiriendo que una parte considerable de la sociedad vasca, que siempre ha defendido sus aspiraciones por vías pacíficas y democráticas, renuncie a ellas hasta nueva orden.

No veo por qué habría de hacerlo. Instituir un clima de convivencia pacífica en Euskadi no pasa por la inmovilización de ningún programa político. Al contrario: de lo que se trata es de que todos los programas puedan exponerse en la plaza pública, y al que le guste éste, lo aplaude, y al que no, lo silba, todo ello francamente y en paz. Y luego se vota, y el que tiene la mayoría representa al pueblo, y el que no, no. Es lo que se llama democracia.

Javier Ortiz. El Mundo (22 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El precio de la paz

Casi todo el mundo se escandaliza por aquí con las decisiones de Evo Morales. Los hay que se horrorizan porque consideran que lo que hace el presidente de Bolivia es intolerable -y no hay más que hablar, punto redondo- y los hay que se llevan las manos a la cabeza porque creen que, aunque las medidas que adopta pueden ser justas, «está tirando demasiado de la cuerda».

Eso de que no hay que «tirar demasiado de la cuerda» nos traslada mentalmente de Bolivia a Brasil, donde Lula da Silva no sólo se ha moderado a la hora de jalar la soga, sino que la ha soltado. Ha optado por acercarse al lado contrario, tal vez para ver cómo son los de enfrente y tomarse unas copas con ellos.

Lo que tienen en común todos los críticos de Evo Morales es que lo consideran, aunque no lo digan -esas cosas está feo decirlas-, pura chusma. Lo ven como un representante de la plebe, de la gente de baja condición, de los indígenas incultos, de los harapientos, etcétera (miren ustedes el diccionario, si quieren más sinónimos: abundan).

La misma reivindicación sobre la propiedad y el control de las fuentes de energía nacionales, expresada por un gobernante noruego, alto, rubio y de ojos azules, es tenida por lógica, legítima y hasta elegante, pero presentada por Evo Morales se considera estrafalaria, injusta y hasta ridícula. «¿Qué se habrá creído este indio de las narices?», piensan.

Esa reacción altiva de los poderosos es tan vieja como la Historia misma. Mitologías romanas aparte -la bella historia de Espartaco, por ejemplo-, la tenemos más que documentada desde las vísperas de 1789. En el Versalles de la época, a los parias de la tierra que reclamaban su derecho a decidir los llamaban «la canalla». Toda la sociedad bien del momento se escandalizaba a la vista de su porte rudo y sus tendencias violentas. Hablaba de «los excesos de la chusma».

Cuando ellos condenaban a «la canalla» a morir de hambre, o a penar en La Bastilla, o a agonizar en presidios infectos hundidos en lejanas marismas, lo daban por bueno. «¡Qué se le va a hacer! ¡Hay que tenerlos a raya!», se decían. Sus herederos de clase tampoco se alteran ahora cuando oyen hablar de la prisión surrealista de Guantánamo, o de las cárceles y centros de tortura clandestinos de la CIA, o de la pena de muerte que con tanto entusiasmo se rifan entre Bush y Schwarzenegger. «Serán unos bastardos, pero son nuestros bastardos», se justifican, adoptando aires de Einsenhower.

A mí me pasa todo lo contrario. No pretendo que los representantes de la chusma no cometan pifias. Sé que las hicieron en la Francia de 1789. Y muchas más en los años siguientes. Y muchísimas más desde entonces, por todo el mundo. También por aquí, entre 1931 y 1939.

Pero no los repudio. No puedo.

Se ve que la chusma es lo mío.

Javier Ortiz. El Mundo (18 de mayo de 2006).

Ya se amontonan los que lo tienen clarísimo: si se ha producido el fraude de Fórum Filatélico y Afinsa, la responsabilidad recae sobre el Gobierno, por no haberlo detectado desde su inicio. Estamos en las de siempre: Piove, Porco Governo! Si algo va mal, la culpa sólo puede ser del Gobierno. ¿De quién, si no? A los denunciantes antigubernamentales les da igual que se les diga que ambas empresas venían siendo investigadas desde hace tiempo y que ha habido que esperar a que los datos incriminatorios justificaran la puesta en marcha del procedimiento judicial. «¡Tenían que haber avisado mucho antes a los pobres inversores!», responden.

Dejaré sentado, antes de nada, que no presupongo que se trate de un fraude. Delego esa tarea en los tribunales, que para eso están. Pero, si de avisar se habla, para mí que los hechos mismos ya avisaban bastante por sí solos. Por si la propia fijación de ambas empresas en los llamados bienes tangibles no resultara mosqueante, estaba la evidencia de que anduvieran vendiendo en la plaza pública, como quien dice, duros a cuatro pesetas. No hace falta ser Hércules Poirot para sospechar que, si alguien te ofrece por tu dinero una rentabilidad muy superior a la que aseguran todas las entidades financieras convencionales y ortodoxas, ahí hay algo raro. Y si lees la letra pequeña de la oferta y descubres que quienes te la hacen no están cubiertos por ningún fondo de garantía, pues todavía más.

No quisiera ofender a nadie que no se lo merezca -y aquí hay mucha gente que no se lo merece, seguro-, pero he de decir que algunas reclamaciones tienen lo suyo. Quien opta por correr riesgos ha de asumir la posibilidad de perder. Si un ciudadano monta una empresa, no tiene éxito y quiebra, se come el marrón él solo. Es una pena, pero las cosas funcionan así. Confiar los ahorros de toda una vida a un chiringuito especulativo de concepción piramidal, como tantos otros que ya se han hundido en el pasado, es una imprudencia. Son inventos que pueden -y suelen- funcionar por un tiempo, pero en cuanto algo o alguien interrumpe el crecimiento de la pirámide, se colapsan. ¿Se pensaban que la gente que invierte sus pocos dineros en bonos del Estado, o en fondos de pensiones, o en productos financieros similares, lo hace porque disfruta obteniendo menos rentabilidad?

Ignoro si no habrá algún tipo de responsabilidad in vigilando de las autoridades. Ya se verá. Lo que digo es que la experiencia debería enseñarnos a todos a desconfiar. A no fiar ni de los especuladores que le dicen al hipotético inversor que quieren hacerle partícipe de su habilidad para rentabilizar bienes tangibles -que nunca tocará, por cierto-, ni tampoco del celo de unas autoridades que van a lo suyo y que, en caso de desastre, se preocuparán sobre todo de lavarse las manos.

Es triste, pero es así.

Javier Ortiz. El Mundo (15 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Piove, Porco Governo!

Eduardo Iribarren, director de Noticias de Gipuzkoa, tiene guardada en papel una copia del mensaje que Javier envió a Juanma Molinero, adjunto al director en la actualidad, cuando éste le pidió consejo para redactar editoriales.

Transcribo literalmente los cuatro puntos del mensaje. Es del 11 de mayo de 2006.

Mi técnica siempre fue la misma:

1º) Sucinta exposición del asunto, yendo al núcleo del problema, sin repetir detalles que ya figuran en la noticia correspondiente y, si es necesario, remitiendo a ella ("Como publicamos hoy en nuestra sección de Sociedad", etc.). Pero no olvidando nunca citar lo esencial del asunto: ha ocurrido esto, Mengano ha afirmado tal cosa, etc.

2º) Recuento de los argumentos de la otra parte ("Bien es cierto que...", "Arguye que...", "Resulta innegable que...", etc.), poniendo mucho cuidado en no caricaturizar en exceso la posición contraria y, sobre todo, en no deformarla, por severo que vayas a ser luego con lo que ha dicho o hecho.

3º) Presentación de los argumentos propios, recurriendo en lo posible a citas de autoridad ("Tal Ley dice que...", "Tal Tratado internacional obliga a...", "Tal sentencia ya dejó claro que...", "El ilustre Fulano de Tal ya declaró que... o hizo...", etc.). Para esta parte conviene tener una buena agenda de expertos en diversas materias, que estén en sintonía ideológica con la línea del periódico, a los que poder dar un toque y consultar. (Eventualmente se les puede compensar por sus servicios.) A veces esto no es necesario, porque en la sección en la que parece la noticia hay alguien especializado en ese asunto en particular. En todo caso, siempre está Internet. Es muy importante contar con una documentación solvente sobre el asunto del que se trate para no caer en dos peligros graves: que lo que digas resulte tan tópico que haya cientos de lectores que ya lo hayan pensado por su cuenta antes de empezar a leerte o, todavía peor, que demuestres que estás escribiendo sobre algo de lo que no tienes ni puta idea.

4º) Emisión de sentencia final ("Esto está mal", o "Esto es lo correcto", o lo que sea) procurando que la frase que remata el editorial sea lo más rotunda y sentenciosa que quepa, es decir, que no deje duda de que el periódico tiene clarísimo lo que opina... y, ya de paso, de que el editorialista es muy culto y muy ocurrente.

La cosa es armar camorra. Aunque eso obligue a decir sandeces como castillos.

Pretender que la retención de dos militantes del PP en una comisaría durante cuatro horas, a lo largo de las cuales se les instruyó de todos sus derechos, no se les fichó y ni siquiera se les privó del uso de sus teléfonos móviles, es «el más grave atentado contra las libertades que se haya producido desde la instauración de la democracia», como ha dicho un quídam del PP, que al parecer no ha oído hablar ni del 23-F ni de las torturas refrendadas en sentencia firme, es una sandez de ese género. Pero monta bulla, que es de lo que se trata.

Quien se supera cada día a sí mismo en su afán por enredar, venga o no a cuento, es el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Un personaje verdaderamente insaciable, capaz de liarla incluso dentro de su propio partido, si se tercia (y se tercia cada dos por tres, como sabemos todos los que seguimos la actualidad política alicantina).

La que montó anteayer Zaplana a costa de Navarra fue de las más completas que figuran en su palmarés. Convocó por su cuenta y riesgo una conferencia de prensa para anunciar que el presidente navarro, Miguel Sanz, iba a promover una iniciativa, consensuada con el PP, para que se suprima la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que dictamina que sólo la propia ciudadanía navarra, mediante referéndum, podrá decidir si quiere o no quiere vincularse más estrechamente con la Comunidad Autónoma Vasca. Zaplana, que sabe de esos asuntos lo mismo que de física cuántica --si es que no menos--, sostuvo que la derogación de esa disposición constitucional permitiría «dejarnos ya de hablar de posibilidades, centros de diálogo, colaboración o cooperación entre comunidades autónomas».

Eso, para empezar, es falso, porque tales «posibilidades» figuran también, y muy explícitamente, en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra --en el Estatuto de Autonomía navarro, por así decirlo--, con lo que la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta no cortaría de raíz con nada.

Pero lo peor no es eso, sino que Zaplana realizó tan solemne anuncio sin tomarse el trabajo de confirmar que el presidente de Navarra y su Gobierno, que funciona en coalición, iban a hacer lo que él decía. Y resultó que no. El propio Sanz hubo de apresurarse a declarar que, aunque había hablado de esa posibilidad con el PP, no se la había planteado en concreto. Y con razón, porque, para tratar de ponerla en práctica, necesitaría el respaldo de su socio de Gobierno, CDN, cuyo presidente, Juan Cruz Alli, se limitó a decir que «ni se molesten en plantear ese debate estéril, partidista y sin fundamento».

Con lo cual, y por resumir, Zaplana hizo el ridículo. Una vez más. Pero todo sea por el bien de la camorra.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: La camorra como táctica.

María Teresa Fernández de la Vega viene a decirle a Arnaldo Otegi aquello de dura lex, sed lex: el Gobierno no puede sino aplicar la ley, por dura que resulte, y si un partido es ilegal, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía General y los jueces competentes están obligados a prohibir sus actividades y a perseguir a aquéllos que las ponen en práctica. Batasuna será reprimida con severidad –dice– hasta que condene el uso de la violencia. En tanto esa condena no se produzca, ni siquiera será aceptable entablar conversaciones políticas con sus representantes, salvo que se hable con ellos –ésta es una aportación de José Blanco– «como particulares».

Expresado así, todo parece muy ajustado a eso que suelen definir como «el predominio del Estado de Derecho». Existen unas leyes, se aplican y sanseacabó.

Pero hay un punto en el que ese supuesto principio que enuncia la vicepresidenta primera del Gobierno presenta serios problemas de aplicación. Quiero decir que, de atenerse a él siempre, en todo momento y circunstancia, el presidente del Gobierno jamás podría llevar a cabo la negociación con ETA que está preparando con tanto ahínco. Porque, en cuanto establezca contacto con los dirigentes de la organización terrorista, se verá en la obligación, para no contrariar el principio imperativo formulado por Fernández de la Vega, de tenderles una celada y asegurar su inmediata detención y encarcelamiento. De lo contrario, estará contribuyendo a que los dirigentes de una organización catalogada como terrorista no sean perseguidos, es decir, a que no se cumpla la ley. En cuyo caso, y en aplicación de la dogmática particular de la vicepresidenta, no habrá más remedio que denunciarlo por encubrimiento, colaboración con banda armada y media docena de barbaridades más.

Lo que sucede es que esa norma de inexcusable aplicación expresada por Fernández de la Vega no es tal. Nunca, en ninguna parte –y menos en situaciones como la que vivimos aquí ahora mismo–, la ley se ha aplicado con la almidonada rigidez que ella reclama. En Euskadi, cuando el Gobierno de la UCD creyó que era posible lograr que ETA político-militar dejara las armas, rebajó a mínimos la presión policial sobre quienes estaban negociando el desmantelamiento de aquel sector de ETA, que venía siendo por entonces el más activo y sanguinario. Lo mismo sucedió en Irlanda del Norte. Allí, todos los gobiernos británicos –también el de Margaret Thatcher– dejaron un cierto margen de maniobra a las actividades políticas de los republicanos, aún sabiendo que el IRA estaba detrás de ellas. No digamos cuando ya quedó clara su voluntad de paz.

La vicepresidenta primera del Gobierno tiene que darse cuenta de su incoherencia: ¿cabe entablar conversaciones con ETA pero no con Batasuna?

Javier Ortiz. El Mundo (8 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: A cuestas con los dogmas.

Cuando la culpa del incremento del precio de los carburantes no la tiene el programa nuclear iraní, le corresponde a la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno boliviano. No se esfuerce usted en averiguar qué relación de causa y efecto hay entre nada de eso y el encarecimiento del barril de crudo, porque no la hay. Tampoco se tome el trabajo de calcular el aumento del coste de las gasolinas en función de la carestía del barril de petróleo: sobre el total del dinero que usted paga cuando llena el depósito de su coche, la parte correspondiente a la materia prima es mínima.

Estamos ante una campaña monumental de intoxicación informativa destinada a presentar como resultado de un cúmulo de fatalidades lo que en la práctica es, en lo esencial, un movimiento especulativo como las copas de mil pinos. Con el agravante de que los poderes teóricamente públicos no tienen ninguna gana de cortar por lo sano con esa escalada porque, cuanto más sube el precio de los combustibles, mayor es la tajada fiscal que ellos obtienen. Así que los ministros de Economía y Hacienda occidentales ponen cara de gran pena y lamentan lo mal que le va al IPC, pero para su coleto no paran de contar la pasta gansa que se llevan con ello.

De entre las muchas reacciones irritantes que ha producido la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, quizá la más cabreante de todas sea la manifestada por Javier Solana, alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, que ha hablado de la «inseguridad jurídica» creada y de lo mal que lo puede pasar Bolivia si pierde inversiones extranjeras. Ignoro si Solana se tomará el trabajo de leer informes sobre la situación económica y social boliviana. De hacerlo, se enteraría de que hasta ahora la presencia de multinacionales en Bolivia no ha contribuido gran cosa a la erradicación de la miseria. Más bien todo lo contrario. Y ya, si de paso se informara del contenido de las leyes bolivianas y de los tratados internacionales aplicables al caso –en especial el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, avalados por la ONU–, sabría que lo ilegal era lo que venía ocurriendo hasta ahora, que las multinacionales actuaban como si fueran dueñas de los recursos energéticos de aquel país.

Evo Morales no ha expropiado nada. Ha fijado que esos recursos son propiedad inalienable del pueblo de Bolivia y que las compañías extranjeras que quieran operar allí deberán rubricar acuerdos razonables para las dos partes.

Morales quiere seguridad jurídica. Pero para su propio pueblo, en primer lugar.

Para inseguridad jurídica, la nuestra, que no sabemos si dentro de tres meses habremos de hacer lo de Joto, aquél que vendió la moto para comprar gasolina.

Javier Ortiz. El Mundo (4 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Tras las huellas de Joto.