No tengo los datos en mi mano, pero he oído decir en los últimos meses a varios expertos en la materia que la inmigración ilegal procedente de África es más llamativa y crea situaciones específicas más problemáticas, pero que aporta una cantidad de inmigrantes en situación irregular bastante inferior a la procedente de la Europa del Este y de algunos países de América Latina. Es decir, que son notablemente menos los que llegan a las costas de Canarias y Andalucía en pequeñas embarcaciones que los que se introducen en territorio del Estado español por tierra, a través de la frontera con Francia, y por aire, sobre todo por el aeropuerto de Barajas.
Hay en este segundo bloque, sin embargo, una diferencia sustancial. En Barajas existe, mal que bien, un control bastante estricto, aunque burlable: si alguien llega con un pasaporte en regla, tiene en su cartera el dinero requerido y cuenta en España con personas en situación regular a las que puede alegar que viene a visitar por unos días y que responden de él, no hay razón legal para impedirle la entrada. Una vez dentro, se queda y ya está. Pero son muchos los que se plantan en Barajas sin reunir esos requisitos, con lo que son obligados a emprender de inmediato el viaje de regreso.
Asunto bien diferente es el de la inmigración procedente de la Europa extracomunitaria. La entrada en territorio de la UE no presenta, comparativamente, apenas dificultades. Y una vez dentro, la libre circulación de las personas y la práctica inexistencia de fronteras hace el resto. Por no hablar ya de quienes proceden de Estados que pertenecen a la UE pero tienen un nivel de vida nada homologado. Éstos pueden venirse e instalarse, si no con todas las de la ley, casi.
El asunto de la inmigración ilegal presenta dos problemas diferentes (bueno, presenta bastantes más, pero dos, a estos efectos). Uno es general: el del encaje económico, social y cultural de una inmigración cada vez más numerosa. Es el más importante. Otro, concreto: el de la llegada constante de inmigrantes africanos a un territorio, como es el insular canario, que tiene serias dificultades para acogerlos. Lo cual plantea una situación conflictiva, sin duda, pero menor.
Tal como se están planteando las cosas, podría parecer que el principal problema de inmigración que afronta el Estado español es el de las Canarias. Y no. Es el más visible y el que plantea dificultades más inmediatas. Pero, aunque con esfuerzo, resulta controlable. Es la otra inmigración la que, por su carácter mucho más masivo y porque es casi imposible controlar su afluencia, va a acarrear a corto y medio plazo dificultades más graves.
No me cabe duda de que son problemas que la Europa rica se ha ganado a pulso. Pero a ver ahora cómo se las arregla para afrontarlos.
Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Las dos inmigraciones.
