En las últimas semanas en Sudáfrica se han venido multiplicando los ataques xenófobos contra personas residentes provenientes de otros países africanos y asiáticos, así como a sus negocios. El fenómeno lleva fermentándose desde hace un tiempo, pero en esta ocasión la violencia se desató en la provincia de KwaZulu-Natal y su capital, Durban, para extenderse también a otras regiones. De momento, 5 muertos y algunos miles de desplazados. Con anterioridad, algunos políticos y personalidades destacadas, como el rey zulú Goodwill Zwelithini, habían acusado a los inmigrantes de permanecer de forma ilegal en el país, de cometer delitos y robar puestos de trabajo a la población local. El contexto sudafricano es de paro elevado y de una extrema desigualdad económica. En 2008 disturbios xenófobos habían provocado la muerte de 62 personas. Ante el temor de que pudieran producirse enfrentamientos similares o peores, unas 5-10.000 personas se manifestaron el jueves 16 de abril contra la xenofobia, en una marcha que fue interrumpida por pequeños grupos contrarios a la misma.
Un notorio visitante extranjero en el país es Achille Mbembe, de origen camerunés, que trabaja en el Instituto de Investigación Económica y Social de Wits. Por su interés, traduzco el artículo que Mbembe publicó como invitado en el blog Africa as a country (que está generando debate, como se puede apreciar en los propios comentarios al blog). Lo que Mbembe denuncia nos resulta tristemente familiar. No creamos que la violencia desplegada allí es reflejo de la violencia tribal, y que entre nosotros el odio se detiene en el exceso verbal. Al fin y al cabo, la palabra pogromo es de origen europeo.
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Manifestantes protestan contra la xenofobia frente al consulado de Sudáfrica en Lagos, Nigeria. 16 de abril de 2015. Fuente: REUTERS/Akintunde Akinleye
¿“Afrofobia”? ¿“Xenofobia”? ¿“Racismo negro contra los negros”? Alguien “tan oscuro” como uno pueda imaginarse, despedaza a un “extranjero” bajo el pretexto de que es demasiado oscuro. ¿El odio hacia sí mismo por excelencia? ¡Por supuesto que todo eso a la vez! Ayer pregunté a un taxista: “¿por qué matan a estos "extranjeros" de esta manera?”. Su respuesta: “porque durante el Apartheid, el fuego era la única arma que tenían los negros. No teníamos municiones, rifles y similares. Con fuego podríamos preparar cócteles molotov y lanzarlos al enemigo desde una distancia segura”. Hoy ya no hay necesidad de distancia. Para matar a “esos extranjeros”, necesitamos estar lo más cerca posible de su cuerpo para que así podamos prenderle en llamas o diseccionarlo, abriendo con cada golpe una herida enorme que nunca pueda sanar. O si sana, que deje en "estos extranjeros" el tipo de cicatrices que nunca puedan ser borradas.
Yo estaba allí durante la última explosión de violencia contra “estos extranjeros”. Desde entonces, el cáncer ha hecho metástasis. La actual caza de “extranjeros” es el producto de una compleja cadena de complicidades, algunas francas y explícitas y otras tácitas. El gobierno sudafricano recientemente endureció su posición con respecto a la inmigración. Nuevas medidas draconianas se han convertido en ley. Sus efectos son devastadores para la gente que ya está establecida aquí legalmente. Hace algunas semanas, asistí a una reunión de personal "extranjero" en la Universidad de Wits. Unas historias horribles detrás de otras. Permisos de trabajo que no eran renovados. Visados rechazados a miembros de la familia. Niños en un limbo escolar. Una situación kafkiana que se extiende a los estudiantes "extranjeros" que entraron en el país legalmente, tuvieron sus visados renovados todo este tiempo, pero que ahora se encuentran en una incertidumbre legal, incapaces de registrarse, y sin poder acceder al dinero al que tienen derecho y que las fundaciones les han asignado. Por medio de estas medidas, el gobierno ha estado ocupado convirtiendo migrantes previamente legales en ilegales.
Las cadenas de complicidad van más lejos. Los grandes negocios sudafricanos se están expandiendo por todo el continente, a veces reproduciendo en esos lugares las peores formas de racismo que fueron toleradas aquí durante el Apartheid. Mientras la gran empresa se "denacionaliza" y se "africaniza", la Sudáfrica negra y pobre y partes de las clases medias están siendo socializadas en lo que podríamos denominar "nacional-chovinismo". El nacional-chovinismo está sacando su fea cabeza en prácticamente cada sector de la sociedad sudafricana. Lo que tiene el nacional-chovinismo es que está en permanente necesidad de chivos expiatorios. Empieza con aquellos que no son de los nuestros. Pero muy rápidamente, se vuelve fraticida. No parará con "estos extranjeros". Está en su ADN terminar volviéndose a sí mismo en un gesto dramático de inversión.
Yo estuve aquí durante la última "temporada de caza". Esta vez la diferencia es la emergencia de los rudimentos de una ideología. Ahora tenemos las apariencias de un discurso dirigido a justificar las atrocidades, el insidioso pogromo, pues es esto lo que realmente es. Se está desarrollando un pogromo, sin lugar a dudas. El discurso justificatorio empieza con los estereotipos habituales - son más oscuros que nosotros; roban nuestros trabajos; no nos respetan; son usados por los blancos que prefieren explotarles en lugar de emplearnos a nosotros, evitando por tanto los requisitos de la acción afirmativa. Pero el discurso se está volviendo más vicioso. Puede resumirse como sigue: Sudáfrica no tiene ninguna deuda moral con África. ¿Evocación de los años de exilio? No, hubo menos de 30.000 sudafricanos exiliados (se me ha atacado con esta cifra pero no tengo ni idea de dónde viene) y estuvieron dispersos por todo el mundo — 4 en Ghana, 3 en Etiopía, unos pocos en Zambia, ¡y muchos más en Rusia y Europa del Este!. Así que no aceptaremos ser chantajeados moralmente por "estos extranjeros".
Bueno, hagámonos algunas preguntas duras. ¿Por qué Sudáfrica se está convirtiendo en un campo de exterminio de africanos no nacionales (a los que habría que añadir bengalíes, paquistaníes, y quién sabe quién más)? ¿Por qué este país representó históricamente un "círculo de muerte" para cualquier cosa africana y para cualquier africano? Cuando decimos Sudáfrica, ¿qué significa el término "África"? ¿Una idea, o simplemente un accidente geográfico? ¿Deberíamos comenzar cuantificando lo que sacrificaron Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Tanzania, Zambia y otros durante la lucha de liberación? ¿Cuánto dinero aportó la Organización para la Unidad Africana (OUA) a los movimientos de liberación? Si pusiéramos un precio a las destrucciones cometidas por el régimen sudafricano a la economía e infrastructuras de los estados fronterizos, ¿a cuánto ascendería? Y una vez hayamos cuantificado todo esto, ¿no deberíamos pasar la cuenta al gobierno del Congreso Nacional Africano que ha heredado el Estado sudafricano y pedirles que reembolsen lo que fue gastado en nombre de los negros oprimidos en Sudáfrica durante aquellos largos años? ¿No tendríamos derecho a añadir a todos esos daños y pérdidas el número de personas muertas por los ejércitos del apartheid, en represalia contra quienes acogieron a nuestros combatientes sudafricanos en nuestro entorno, el número de heridos, la larga cadena de miseria y pobreza sufrida en nombre de nuestra solidaridad con Sudáfrica? Si los negros sudafricanos no quieren oír hablar de ninguna deuda moral, tal vez sea hora de darles la razón, pasarles la cuenta y exigir reparaciones económicas.
Por supuesto todos nosotros vemos lo absurdo de esta lógica de la insularidad que está convirtiendo este país en otro campo de exterminio para la gente más oscura, "estos extranjeros". Pero no sería absurdo, dado que el gobierno de Sudáfrica o no puede o no está dispuesto a proteger a aquellos que están aquí legalmente de la ira de su pueblo, apelar a una autoridad más elevada. Sudáfrica ha firmado la mayoría de los convenios internacionales, incluyendo la convención que establece la Corte Penal Internacional en La Haya. Algunos de los instigadores de la actual "temporada de caza" son conocidos. Algunos han hecho declaraciones públicas incitando al odio. ¿Hay alguna manera en que podamos pensar en enviarles a La Haya? La impunidad alimenta la impunidad y las atrocidades. Es el camino más corto hacia el genocidio. Si estos perpetradores no pueden ser llamados a capítulo por el Estado sudafricano, ¿no sería hora de remitirnos a una jurisdicción superior para que se encargue de ellos?
Finalmente, una palabra acerca de "extranjeros" y "migrantes". ¡Ningún africano es extranjero en África! ¡Ningún africano es un migrante en África! África es el lugar donde todos pertenecemos, a pesar de la locura de nuestras fronteras. Ninguna cantidad de nacional-chovinismo borrará esto. Ninguna cifra de deportaciones borrará esto. En lugar de verter sangre negra en un lugar como la Avenida Pixley ka Seme * (!), deberíamos asegurarnos de que reconstruiremos este continente y de que pondremos fin a una larga y dolorosa historia: esa que, por demasiado tiempo, ha dictado que ser negro (no importa donde o cuándo) es una carga.
* Pixley ka Seme (1881-1951) fue el fundador y presidente del Congreso Nacional Africano [N. del T.]
El partido Ciudadanos, últimamente muy promocionado por los medios (también los supuestamente afines) como alternativa a Podemos, presentó esta semana su programa económico. Entre otras cosas, proponen un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG), que se basa en el crédito por ingreso en el trabajo ("Earned Income Tax Credit", EITC) que existe en Estados Unidos desde mediados de la década de los setenta del pasado siglo.
Es importante aclarar que esto que propone Ciudadanos no tiene nada que ver con una Renta Básica Universal e Incondicional. El CSAG es un subsidio al salario, en forma de impuesto negativo sobre la renta, que pretende compensar un poco los magros ingresos de los trabajadores pobres. El CSAG está por tanto fuertemente condicionado al empleo. Tienes que recibir ingresos salariales (como asalariado o autónomo) y no garantiza un ingreso mínimo para buena parte de la población. Es decir, si no tienes ingresos no recibes nada. Su cobertura es, pues, limitada. Además, si la renta básica se configura como un derecho ciudadano, el CSAG se concibe en cambio como un "crédito" tributario, lo que cambia radicalmente el sentido de la relación de los ciudadanos con la sociedad y con el Estado.
Y como muestra claramente el ejemplo de Estados Unidos, estos subsidios al salario, aunque hayan podido contribuir a limitar la pobreza severa, no han servido en realidad para reducir la desigualdad. Al contrario, las desigualdades en el ingreso no han dejado de aumentar en las últimas décadas. El nacimiento y expansión del EITC estadounidense coincide con el desarrollo de las políticas neoliberales en ese país. Aunque desde la administración Clinton se haya expandido la cobertura y cuantías de este complemento salarial, lo cierto es que ello no ha impedido el crecimiento sostenido de la desigualdad. Según un estudio de la Oficina del Congreso de los Estados Unidos, que tiene en cuenta el EITC pero también el conjunto de la fiscalidad, "de 1979 a 2007, el ingreso medio por hogar (ajustado a la inflación), medido tras descontar las transferencias públicas y los impuestos federales, aumentó un 62 %. Durante este período, la evolución de la economía nacional y las políticas fiscales y de gasto de los gobiernos federal, estatal y local tuvieron diversos efectos en las familias en puntos diferentes de la distribución del ingreso: los ingresos netos de los hogares situados en lo más alto de la escala aumentaron mucho más rápido que el ingreso de las familias situadas en los estratos medio e inferior de la escala de ingresos." Obviamente, la renta básica también debería complementarse con una política fiscal favorable a la reducción de la desigualdad en el ingreso, pero esta tendría una cobertura universal y sobre todo, incondicional. Muchos estadounidenses potencialmente elegibles no hacen uso del crédito por ingreso en el trabajo por falta de información y por la complejidad del proceso de declaración fiscal.
Media de ingresos por hogar, antes y después de impuestos (en este caso comparado con 1979). Fuente: Oficina del Congreso de los Estados Unidos.
Comparación de desigualdad según índice Gini antes y después de impuestos (Gornick, 2013). En el caso de Estados Unidos, pese a la aplicación de esquemas EITC, el efecto redistributivo es comparativamente menor que en otros países.
Según el programa de Ciudadanos, a diferencia de "una renta garantizada, que desincentiva el trabajo, nuestro programa anima a los trabajadores a trabajar". Para otros, claro. Este es sin duda el meollo del asunto. Porque los incentivos al trabajo que los economistas de Ciudadanos desean mantener no son otros que los de la miseria y el hambre. Si uno puede satisfacer sus necesidades básicas sin tener que trabajar para un empleador, efectivamente habrá menos incentivos para aceptar condiciones laborales que de otra forma serían inaceptables, o aceptar empleos que no se corresponden con las capacidades o el proyecto de vida de cada cual. No es ese el proyecto de Ciudadanos, que busca reforzar la relación entre empleo y derechos sociales, pese a la escasez y precariedad de aquél. O quizás por ello.
Ocho años en este quilombo, alojado en la web del gran periodista que me acogió, con la inestimable ayuda de Mikel. Comencé con timidez, un día antes de que Javier cumpliera años.
Le cogí el gusto, y desde entonces he escrito seiscientas quince entradas. No las había contabilizado hasta hoy. Unas breves, otras bastante extensas. Alguna que otra traducción. Muchas ideas nunca vieron la luz, por falta de tiempo.
Últimamente no suelo invitarles a que se pasen por aquí. Ando ocupado, a veces escribo aquí, continuamente opino aquí, y también participo aquí.
Pedro Sánchez afirmó recientemente que ahora está a favor de reformar la reforma de la Constitución española a la que él mismo contribuyó en 2011. Así, el PSOE apoyó la toma en consideración de la propuesta parlamentaria que presentó el grupo Izquierda Plural, en el sentido de cambiar el artículo 135 de la Constitución. Concretamente, las disposiciones que priorizan el pago de la deuda e imponen a las administraciones públicas la obligación de tener un déficit estructural dentro de los límites que establezca la Unión Europea (cercano a cero) a partir de 2020 (aunque tengan efectos políticos inmediatos en el período de transición). La propuesta de Izquierda Plural fue finalmente rechazada por la mayoría absoluta del PP. Este cambio de opinión de Pedro Sánchez se explica por el sostenido ascenso de Podemos en las encuestas. Pero su maniobra tiene truco. Porque aún en el caso de que finalmente se derogara las citadas reglas presupuestarias, este no sería el fin de la historia. Queda el artículo 93, el que permite la aplicación en nuestro país de los tratados internacionales y del derecho comunitario europeo.
Efectivamente, antes de la reforma constitucional ya existía a nivel europeo, y especialmente en la zona euro, la obligatoriedad de la estabilidad presupuestaria, tal y como se fijaron en los llamados criterios de convergencia para la unión económica y monetaria, reafirmados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 126). También estaba en vigor el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (Protocolo 12), anexo a dicho Tratado. Sin embargo, esto fue juzgado como insuficiente por el gobierno alemán y buena parte de la tecnocracia europea, ante la eventualidad de que los gobiernos deudores pudieran incumplir dichas condiciones sin demasiado coste.
La reforma de septiembre de 2011 se produjo en el contexto del ascenso vertiginoso de la prima de riesgo de países como España durante el verano de 2011, en medio de protestas como la del 15M, que auguraban inestabilidad política y la posible inaplicación de las políticas de estabilidad y las reformas "estructurales", en el caso de un cambio de gobierno. No falta quienes restan importancia al impacto real de dicha modificación, pero lo cierto es que políticamente y cara a los acreedores e inversores la tenía. De hecho, la reforma del artículo 135 supuso el anticipo de lo que vendría después a nivel europeo. Así, desde el 1 de enero de 2013 ese papel lo cumple para 25 Estados miembros de la Unión Europea -incluyendo España- el denominado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (también conocido como Pacto Fiscal Europeo, Fiscal Compact). Este tratado intergubernamental busca asegurar más o menos lo mismo que pretendía el art. 135 CE, y entre otras cosas un déficit estructural prácticamente cero. No forma parte como tal del derecho comunitario sino del internacional, pero pese a ello prevé que la Comisión Europea -mediante un mecanismo de supervisión previa de los borradores de los presupuestos nacionales- y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) velen por su aplicación. En parte gracias a este blindaje constitucional europeo, el Banco Central Europeo aceptó relajar el garrote vil monetario y la prima de riesgo hoy se sitúa a niveles muy bajos.
Como falta el efecto directo propio del derecho de la UE, el Pacto Fiscal europeo establece que sus normas "se incorporarán al Derecho nacional" (...) "mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional". Preferentemente, pero no de manera exclusiva, de modo que en países como Francia, Austria o Finlandia es una ley ordinaria la que lo aplica. Dicha incorporacion está supervisada, de nuevo, por la Comisión y el TJUE, que puede aplicar sanciones.
Es decir, una reforma del art. 135 CE no impediría por sí sola que se continuase una política similar, manteniendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que lo aplica o una normativa equivalente, lo cual está garantizado por el citado Tratado de Estabilidad de la UE. Algo que parece insinuar Pedro Sánchez cuando habla de "una reforma que en lo esencial señala que no renunciamos al principio de estabilidad presupuestaria, pero la prioridad es defender el Estado de Bienestar". Incurrir en déficit excesivos durante un tiempo prolongado no es bueno, y más vale aumentar los ingresos para sufragar los subfinanciados servicios públicos. Pero no podemos aceptar el gobierno de la deuda sobre nuestras vidas. Tampoco cabe asumir el déficit cero como dogma, y menos aún en tiempos de depresión económica. Debemos recordar que el modelo alemán funciona gracias a las asimetrías fiscales de la eurozona, por lo que no es posible su generalización a todos los países europeos. Por tanto, además de la reforma constitucional -o mejor, de una nueva constitución- habrá que derogar o reformar dicha ley de estabilidad -que prevé la fijación de objetivos de déficit estructural para las autonomías a partir de 2020- y de paso denunciar el Pacto Fiscal europeo. Esto es, el Estado español (junto con un futuro gobierno griego de Syriza y otros que puedan sumarse) debería retirar su consentimiento del Tratado de Estabilidad o forzar su reforma. Hay para ello una fecha límite, el 1 de enero de 2018. A partir de entonces las disposiciones del tratado se insertarán en el derecho primario de la Unión Europea y será mucho más difícil evitar la aplicación de este corsé fiscal.
Con la suspensión cautelar de la ley de consulta catalana y de la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, y a la espera de su anulación definitiva, el Estado español ha decidido suspender un atisbo de democracia en Cataluña. Es decir, no solo allí, como es posible que pronto comprueben los canarios. Tanto el gobierno como esos garantes mohosos del Estado profundo que son el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional consideran que los representantes electos no pueden consultar a los ciudadanos sobre asuntos públicos, ni siquiera de manera excepcional en asuntos de gran trascendencia, si no es siguiendo una interpretación restrictiva y muy nacionalista de la ya de por sí encorsetada Constitución de 1978. Así, la participación política a la que se refiere el artículo 23.1 de la Constitución solo podrá cualificarse como referéndum cuando pueda imputarse "a la voluntad general del cuerpo electoral" español. El referéndum es además una excepción a la regla de la representación cuya convocatoria o autorización -para el caso autonómico- se reserva al gobierno del Estado.
La justificación del Consejo de Estado en sus dos dictámenes (sobre la ley de consultas y sobre la consulta en sí) es a este respecto muy explícita. El principal problema de la ley de consultas aprobada en Cataluña sería que invoca al pueblo catalán como titular del poder político, cuando según el Estado no cabe otro pueblo que el español. Como ya advirtiera el Tribunal Constitucional a propósito del denominado Plan Ibarretxe o del fallido Estatuto de Cataluña de 2006, la "soberanía nacional y, por ende, el poder constituyente, reside en el pueblo español y no en una parte del mismo". Los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el "poder soberano", que se concibe como "la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del ordenamiento". De este modo llegamos al párrafo clave:
"la celebración de una consulta en la que se solicita a los ciudadanos de Cataluña que, a través de su voto, se pronuncien sobre la creación de un Estado catalán independiente, supondría aceptar que una fracción del cuerpo electoral (los españoles con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Cataluña) pudiera, en hipótesis, abrir un auténtico proceso constituyente -facultad que sólo corresponde al sujeto que ostenta la condición del poder soberano, que es el pueblo español en su conjunto (artículo 1.2 de la Constitución)- dirigido a vulnerar uno de los fundamentos del orden constitucional, como es la unidad de la Nación española (artículo 2 de la Constitución)."
Lo que aterra es, pues, la apertura de un proceso constituyente que pueda romper con la camisa de fuerza que tanto les ha costado elaborar. Ya sea en Cataluña o en el conjunto del Estado español. Porque según la Constitución y sus guardianes, solo cabrá un proceso constituyente si se refiere al conjunto de los ciudadanos españoles, aunque en realidad a estos tampoco se les permita iniciarlo. La reforma constitucional solo es posible cuando la promueven sus representantes en las Cortes mediante un complicado procedimiento. Este es el "atado y bien atado" al que se refiere la mafia del régimen cuando apela a su legalidad y al Estado de su derecho.
Se evidencia así que el principal papel de la vigente constitución -en realidad, de toda constitución liberal moderna- es la contención del poder constituyente de la multitud -o si lo prefieren, de la gente- en la figura unificada del pueblo soberano, que solo existe en tanto que representado. A este respecto resulta irónico que se apele a la soberanía -de uno u otro titular- para expresar el poder de la ciudadanía, cuando aquella lo que hace es justamente limitarlo. Sin embargo, si las revueltas y las revoluciones -fallidas o no- han demostrado algo es que el poder constituyente no reconoce límites temporales ni espaciales. Estos son impuestos por los poderes constituidos, que en Europa se configuran a distintos niveles. Pese a ello, siempre habrá fugas transversales, viralidades incontrolables, destituciones y reapropiaciones. Especialmente en tiempos de crisis constitucional como el que vivimos. El poder constituyente -la democracia en su intrínseca radicalidad- no necesita ser reconocido por la constitución. No es resultado de la misma, sino su fundamento. No puede reconducirse a una "unidad ideal de imputación", sea cual sea ésta, porque es irreductible heterogeneidad.
Así las cosas, resultan patéticos y engañosos aquellos representantes que, al tiempo que ceden y aceptan la necesidad de una consulta, se afanan por buscar el beneplácito de la legalidad que la potencia constituyente vuelve caduca. Obviamente, ellos, corresponsables del deterioro democrático, van a lo suyo, que es su supervivencia política. En cuanto al Estado, si no quiere preguntas, aunque estas se formulen adaptadas a su paladar, tendrá como respuesta más democracia. Y esta solo se obedece a sí misma.
Hoy 16 de agosto se cumplen dos años de la masacre de Marikana, cuando la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga, en su intento por desalojarles a toda costa de una colina cercana a las instalaciones de la multinacional Lonmin, la empresa productora de platino para la que trabajaban. Los primeros 17 mineros fueron muertos a tiros como se vieron en las imágenes que fueron difundidas por todo el mundo. Lo que no se vio entonces fue cómo los 17 mineros restantes fueron asesinados inmediatamente después en una cacería humana, que incluyeron auténticas ejecuciones. La masacre conmocionó la Sudáfrica post-apartheid y en este blog se habló de ella aquí y aquí. Desde entonces está en marcha una comisión de investigación, conocida como la Comisión Farlam (al estar presidida por el ex juez, ya retirado, Ian Gordon Farlam), cuyas audiencias públicas al menos han tenido el mérito de mantener vivo el recuerdo de esta tragedia.
Durante los trabajos de la Comisión, que han sido ignorados por la prensa internacional, han salido a la luz detalles que no se conocieron inicialmente, como los correos electrónicos que muestran la connivencia entre la dirección de Lonmin y la policía, o imágenes de video inéditas como las aportadas por el documentalista Rehad Desai, también activista social y miembro del comité de apoyo a los mineros.Precisamente es Rehad Desai el autor de un excelente e imprescindible documental, Miners Shot Down (2014). Debajo pueden encontrar la versión completa (la película fue eliminada de Youtube el 18 de agosto - incluyo el trailer). Una película de visión obligada para apreciar cómo funciona el engranaje político-económico, de clase y de raza, capaz de asumir con notable cinismo ("en defensa propia") que una policía militarizada provoque una matanza de trabajadores precarizados y pobres, muchos de ellos migrantes y que se sitúan en lo más bajo de la escala social: los mineros taladradores de roca.
La película parte de la visión de los mineros en huelga para reclamar un salario digno. A ellos les da voz y muestra imágenes de sus protestas en los días previos a la masacre del 16 de agosto. En esos días se produjeron violentos enfrentamientos entre los mineros y los guardias de seguridad de Lonmin y la policía, que dejaron varios muertos, incluyendo entre las fuerzas de seguridad (lo que podría explicar el ensañamiento posterior). También con miembros del sindicato Nacional de Mineros (NUM), mayoritario en Lonmin y aliado con la dirección de la compañía y con el partido del gobierno el Congreso Nacional Africano (CNA).
Un punto de conexión clave entre el NUM, Lonmin y el CNA es Cyril Ramaphosa, el histórico líder sindical que creó el NUM, miembro del CNA y actualmente uno de los hombres más ricos de Sudáfrica. Ramaphosa es miembro de diferentes consejos de administración, y durante los incidentes de Marikana también de Lonmin, puesto que abandonó en 2013 para implicarse más en política. Suyos son los correos electrónicos filtrados en los que, veinticuatro horas antes de la matanza, calificaba a los mineros de "viles criminales" y proponía que la policía actuara en consecuencia. Pese a su oscuro papel en los sucesos, en diciembre de 2012 Cyril Ramaphosa fue elegido vicepresidente del Congreso Nacional Africano y tras las elecciones de mayo de este año es nada menos que vicepresidente de Sudáfrica, número dos del gobierno por debajo de Jacob Zuma y por tanto posible próximo presidente. Aunque perdió votos en favor del nuevo partido de Julius Malema, la abrumadora victoria del CNA se explica por su identificación con la lucha contra el apartheid y porque sigue contemplándose como garantía de gobierno para la mayoría de la población negra. Y al fin y al cabo, los taladradores de roca son minoritarios.
La película no muestra las recientes declaraciones del denominado "Sr. X", minero y testigo protegido que sostiene que los responsables de las muertes fueron los propios mineros, que se acercaron a la policía con armas tradicionales y en actitud violenta. Sin embargo, dicha confesión se contradice con muchos de los otros elementos de prueba que muestra la película, incluyendo imágenes grabadas por la propia policía.
Así, el film explica muy bien cómo los mineros optaron por concentrarse en las colinas que luego fueron cercadas por las fuerzas policiales. Las colinas no formaban parte de los terrenos privados de la compañía Lonmin, allí se refugiaron para sus asambleas justamente por su carácter comunal y no había ningún motivo legal para desalojarles de allí a la fuerza. En una escena potente de la película, días antes de la tragedia, la policía interrumpe el acceso de los mineros a la colina y les exige que suelten las lanzas que portaban. El diálogo, cánticos incluidos, es tremendo: los mineros argumentan que las necesitan para defenderse, pues de noche suelen atacarles guardias de seguridad y miembros del NUM, y dos de los suyos habían muerto hacía poco. Ellos no tienen nada con la policía, con sus hermanos negros, solo quieren negociar con los gestores de la compañía. En otra escena uno de sus líderes recuerda a los trabajadores: "¡La sangre de un taladrador no es diferente de la de los directivos!". Pero los ejecutivos y sus esbirros policiales pensaban lo contrario. Y con sangre quisieron demostrarlo.
* * *
Epílogo: la exhibición de violencia policial no arredró a los trabajadores de las minas de platino en Sudáfrica. Continuarían las huelgas para exigir mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, muchas promovidas por el sindicato AMCU, que antes había apoyado a los mineros de Marikana frente al NUM. En enero de este año el AMCU convocó una gran huelga en las minas de platino sudafricanas que en mayo, en vísperas de las elecciones, ya se había convertido en la mayor huelga y la más duradera en la historia de Sudáfrica, con pérdidas multimillonarias para la industria. Finalmente el pasado junio la industria minera dio su brazo a torcer y aceptó el aumento del salario mensual base a los 12.500 rands por el que habían luchado los taladradores de Lonmin. Dos años y decenas de muertos después.
Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de julio de 2014.
Mientras el ejército israelí bombardeaba Gaza y aumentaba la macabra cuenta de muertos y heridos palestinos, los veintiocho ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea reunidos en Consejo (desde el griego Evangelos Venizelos al español José Manuel García-Margallo, pasando por el francés Laurent Fabius) aprobaron unas Conclusiones sobre la situación en la franja. Tal vez por pudor, no nombraron Gaza en el título y prefirieron hablar más bien del inexistente "Proceso de Paz en Oriente Medio".
El primer punto de la declaración ministerial desarrolla las premisas de las que parten los gobiernos europeos. Son dichas premisas las que convierten el resto de las declaraciones sobre las supuestas "negociaciones de paz" en una farsa. La diferencia de los términos y del tono empleados para calificar las acciones del ejército israelí y las de los grupos palestinos -denominados terroristas- es enorme y esclarecedora.
Así, en primer lugar "la Unión Europea condena enérgicamente el fuego indiscriminado de cohetes sobre Israel por Hamás y otros grupos militantes en la franja de Gaza, que directamente hieren a los civiles. Estos son actos criminales e injustificables." También emplea la tesis fraudulenta de los escudos humanos, ampliamente difundida por la propaganda israelí.
En cambio, la UE solo "condena la pérdida de cientos de vidas civiles, incluyendo muchas mujeres y niños", sin referirse al autor de dichas muertes, que no es otro que el Estado de Israel. Además, reconoce "el derecho legítimo de Israel de defenderse contra los ataques", lo que reafirma la idea de que la responsabilidad última de las muertes reside en los actos de los propios palestinos. Nuestros gobiernos apenas se limitan a pedir que la operación militar israelí sea "proporcionada y en línea con el derecho internacional humanitario (sic)". Es decir, los actos cometidos por el ejército israelí no son "criminales e injustificables" como los de los resistentes palestinos. El mundo al revés.
Lógicamente, semejante apoyo fue recibido con entusiasmo por el gobierno israelí. No solo eso. En un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel da a entender que las conclusiones del Consejo fueron previamente negociadas con el propio Estado de Israel, como si fuera un Estado miembro más de la UE. Según dicho comunicado, el ultraderechista Ministro de Asuntos Exteriores de Israel "Avigdor Liberman, que ha estado en contacto con sus colegas, ministros europeos de asuntos exteriores, antes de la reunión [del Consejo], afirmó que la declaración de los ministros de la UE ilustra que el mundo libre está unido contra el terrorismo de Hamás y que Israel tiene pleno derecho a protegerse. El ministro Liberman también agradeció al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores por sus esfuerzos efectivos a la hora de conseguir estos resultados."
Niños juegan en una calle de Gaza con fuegos artificiales mientras celebran el inicio del Ramadán el 30 de junio de 2014. Fotografía: Mohammed Shurrab/Getty Images/Pacific Press.
Gaza otra vez, no. Gaza todavía.
La franja de Gaza es un área urbana densamente poblada por aproximadamente 1,8 millones de personas refugiadas, hijas y nietas de refugiados oriundos de otras partes de Palestina que hoy se denominan Israel o Cisjordania (ACNUR tiene registradas como refugiadas, merecedoras por tanto de protección internacional según el convenio de Ginebra de 1951, a un millón de personas). El territorio se encuentra bajo ocupación israelí desde 1967, al igual que Cisjordania. Pero desde 2005 Gaza vive sometida a una trágica mentira. Los políticos e intelectuales sionistas insisten en que el Estado de Israel abandonó Gaza en 2005 con la famosa "desconexión" que impuso Ariel Sharon, y que desde la victoria electoral de 2006 la franja está gobernada por Hamás, lo que debería eximirles de toda responsabilidad.
En realidad, con la desconexión de 2005 lo que se logró no fue otra cosa que "congelar el proceso de paz" para facilitar la colonización del territorio que interesa económica y estratégicamente a Israel, Cisjordania, que no puede ser bombardeada del mismo modo por la presencia de incontables asentamientos israelíes. Y Gaza continúa en realidad bajo ocupación militar israelí de acuerdo con el derecho internacional y el sentido común. Aunque Israel haya retirado a soldados y 8000 colonos del interior de la franja, continúa controlando toda entrada y salida de personas y mercancías, su espacio aéreo y su costa. Gaza tambiéndepende de Israelen su suministro eléctrico y en el aprovisionamiento de agua, aunque el bloqueo económico (en junio se cumplieron ocho años del mismo) y los reiterados bombardeos hayan hecho que la mayor parte del agua que se consume allí no sea apta para el consumo humano según nuestros estándares. Todo ello cualifica a Israel como potencia ocupante, un alcaide brutal que tiene a su cargo una inmensa colonia penitenciaria que cuando se le antoja convierte en una mortífera ratonera.
Por este motivo la discusión sobre quién empieza primero cada vez que se produce una escalada militar israelí carece de sentido. En cuanto a las razones inmediatas de la masacre en curso, estas tienen más que ver con la reciente formación de ungobierno palestino de unidad nacional, tras siete años de desencuentros entre Al Fatah y Hamás, que con elsecuestro y asesinato de tres adolescentes israelíesen Cisjordania (que llevó a la detención más de 500 palestinos y a la irrupción violenta de los militares israelíes en más de mil casas) o el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Desde el anuncio de la reconciliación entre las dos facciones palestinas, Israel ha impedido el pago de los salarios de los 43.000 funcionarios de la administración pública en Gaza y se ha negado a suavizar el bloqueo fronterizo.
Mapa que describe las infraestructuras y ciertos aspectos militares e históricos de Gaza. Vía The Funambulist.
Conflicto de Gaza, no. Ocupación de Palestina.
Las vidas de millones de palestinos están en manos del Estado de Israel desde que éste ocupara la franja de Gaza y Cisjordania en 1967. Podríamos remontarnos a la Nakba pero desde 1967 la ocupación israelí tomó una dirección particular, al hacerse cargo e ir asimilando territorios (especialmente Cisjordania) con una mayoría árabe que en sí misma impedía garantizar el carácter judío del Estado, tal y como lo concibe el proyecto sionista. Excluida la cesión a otros Estados árabes, quedaba la cuestión del gobierno y gestión de territorios con una población resistente que reclama un Estado palestino.
La disociación de territorio y población está en la base de las diferentes opciones tomadas por los sucesivos gobiernos israelíes. La primera doctrina oficial que afrontó esta cuestión, el Plan Allon (13 de julio de 1967) buscaba cómo absorber "la mayor superficie de territorios con el menor número de habitantes árabes". Como quiera que el crecimiento demográfico palestino solo podría "resolverse" mediante el genocidio o la limpieza étnica sistemática, Israel articulará desde el proceso de Oslo una gobernanza biopolítica más compleja basada en una fragmentación funcional de los territorios palestinos, una separación clara -incluso física- entre palestinos e israelíes, y una segmentación de la población árabe y de sus correspondientes derechos, especialmente los de circulación. Todo ello imposibilita la constitución de algo que pueda considerarse como un Estado palestino. Visto el conjunto de territorios bajo dominio israelí (directo e indirecto) difícilmente puede calificarse al Estado israelí como democrático, al menos desde la perspectiva de quienes buscamos democratizar nuestros propios sistemas oligárquicos de gobierno.
Democracia, no. Apartheid.
Semejante gobernanza reúne elementos más que suficientes como para ser caracterizada como apartheid. Según laConvención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid(1973), el "crimen de apartheid" comprende una serie de "actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente". ElEstatuto de Roma del Tribunal Penal Internacionalse refiere al apartheid como "un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen", lo que se corresponde perfectamente con las políticas oficiales del Estado de Israel, que se autoproclama como "judío" y que mantiene unacincuentena de leyes discriminatorias. Si otros Estados no reconocen al régimen israelí como un apartheid es por razones políticas, entre las que encontramos preocupanteselementos de afinidad, que son los que explican el apoyo explícito del gobierno francés a la última agresión.
Las motivaciones políticas se apoyan en una artimaña jurídica. Cuando conviene, el Estado de Israel sostiene que los territorios ocupados representan entidades "exteriores" controladas en gran parte (aunque sea nominalmente) por la Autoridad Palestina (o Hamás), con lo que pretende ocultar las responsabilidades que le incumben en el control de la población palestina y en la situación real de facto. Como hizo Sudáfrica con los bantustanes. Los anteriores ocupantes del territorio palestino, el Imperio Británico, fueron pioneros de esa gestión indirecta de población y territorios que el Estado de Israel ha perfeccionado con la bendición de la comunidad internacional. Si Hamás es calificado como "organización terrorista" y toda Gaza es considerada una "entidad enemiga" se debe simplemente a que ellos rechazaban representar ese papel.
Guerra, no. Masacre colonial.
En esas condiciones, los reiterados bombardeos aéreos de Israel sobre Gaza, un territorio urbano que carece de ejército, fuerza aérea o naval, constituyen pura y simplemente masacres al más puro estilo colonial. Que buena parte de los críticos de Israel prefieran comparar estos crímenes exclusivamente con los del nazismo en lugar de hacerlo con los del colonialismo da una idea del lugar que ocupan cada uno en el imaginario colectivo occidental, que no acaba de asumir ni entender el segundo. Según Achille Mbembe (On the postcolony, 2001) la soberanía colonial -tal y como la concibieron los imperios europeos e Israel en la actualidad- se asienta en tres tipos de violencia, que en Palestina se despliegan simultáneamente: una violencia fundacional (nakba), la violencia que tiene que ver con la legitimación ideológica de la desposesión, y la violencia que asegura el mantenimiento del orden colonial, un orden que se justifica por sí mismo y cuya incondicionalidad tiene como corolario la impunidad. "En la raíz de la colonización hay un acto inaugural, dentro de una jurisdicción que le es propia, la de la arbitrariedad",afirma Mbembe. En este contexto el fin de los bombardeos (el alto el fuego) de ningún modo trae consigo el fin de la dominación ni de la violencia salvaje que la sustenta. Toda referencia honesta a la violencia de la resistencia palestina no puede dejar de situarla en su realidad histórica ni negar el sufrimiento del que nace. Aunque el Estado de Israel y sus cooperadores necesarios hayan logrado reducirla a una expresión testimonial en términos comparativos.
Aún así, el Estado de Israel ha tenido éxito en presentar sus agresiones como un "conflicto armado" y no como la acción brutal de una potencia ocupante, entre otras cosas para justificar un desmesurado uso de la fuerza bélica (no la policial de un ocupante) mientras retuerce el derecho a su favor. En 2009 el profesor de derecho internacional George Bisharat escribía: "Hoy la mayoría de observadores - incluyendo Amnistía Internacional - aceptan tácitamente esta manera de enmarcar el conflicto en Gaza como un conflicto armado, por lo que sus críticas de las acciones de Israel se basan en la vulneración del deber de distinción[entre militares y civiles]y del principio de proporcionalidad." Israel solo puede pecar por exceso: se excede en su reacción, que de este modo queda legitimada como tal.
Pro-palestino, no exactamente. Pro-dignidad humana.
El marco conceptual del conflicto bélico -como si Palestina fuera el Egipto de 1967- constituye sin duda un éxito propagandístico que ha calado incluso entre los críticos, ya que paradójicamente permite mantener la ficción de un proceso que debería conducir a la coexistencia pacífica de dos Estados. La prensa reproduce esta visión del conflicto entre israelíes y palestinos, o incluso entre judíos y musulmanes (aunque haya palestinos cristianos) y se refiere a las manifestaciones contra el genocidio como "pro-palestinas". No es que no falten antisemitas entre los críticos, pero al evacuar la cuestión colonial y el apartheid se fomenta una visión etnicista y sectaria que es preciso demoler para poder empezar a construir una alternativa justa al embrollo actual.
Gaza nos convoca a todos todavía porque allí se juega la humanidad común que niegan a los bombardeados. Otras ciudades fueron mártires por un tiempo: Hiroshima, Sarajevo, Bagdad, Faluya... Gaza lo es desde hace muchos años y lo sigue siendo. Hay otras, es cierto, como Mogadiscio. Pero en Gaza es un gobierno considerado democrático el que se ha arrogado un derecho de genocidio, con la comprensión o el aplauso de gobiernos como el nuestro, que dicen compartir los mismos valores.
El horror más cercano es el que continúan padeciendo las ciudades sirias, como Homs o Alepo, machacadas por el ejército de Bachar Al Asad con los mismos argumentos con los que Israel hace lo propio en Gaza. Cálculos estratégicos aparte, no debe extrañar el progresivo alejamiento de Hamás con respecto al régimen de Asad hasta su ruptura definitiva en 2012. Al contrario que muchos de sus extraños compañeros de cama geopolítica, en Gaza saben lo que es dormir pendientes del cielo, con miedo a no volver a ver la luz del día, la propia madre o el hijo.
"Vivimos en un tiempo enqe la libertad de pensar en todas las materias amenaza lo más sagrado de la religión, y no menos la pública tranquilidad en los Estados"
El Inquisidor General, a propósito de la obra de Cesare Beccaria "De los delitos y de las penas", en carta de 25 de mayo de 1777.
No por previsible resulta menos miserable. Me refiero a la evidente campaña que están llevando a cabo los principales medios de comunicación del régimen contra Podemos, tras la sorpresa electoral del 25 de mayo. Del rosario de acusaciones con el que pretenden convencer a sus lectores para que no voten a Podemos en las próximas elecciones, destacan las que se refieren a supuestos vínculos con ETA.
A diferencia de las acusaciones de bolivarianismo, que se quedan en una irrisoria demonización política, en el Estado español la relación con ETA opera en cambio con otra intencionalidad, la de la pura criminalización, lo cual puede tener consecuencias más serias.
No hay que olvidar que en España continúa en vigor una legislación penal que será endurecida y que sostiene una concepción expansiva del concepto de terrorismo. En España sigue vigente una Ley de Partidos Políticos -hecha a la medida de la gran coalición de facto que la redactó- que impuso una condicionalidad política arbitraria y discrecional para justificar la ilegalización de partidos políticos vascos a los que no era posible aplicar el Código Penal. Si ha habido un populismo exitoso en España en tiempos recientes ese ha sido el populismo punitivo .
Los recientes ataques mediáticos contra Pablo Iglesias (por sus referencias al carácter político del conflicto vasco o el apoyo a organizaciones objeto de ilegalizaciones injustificables) buscan iniciar un calvario propagandístico-judicial que mine la imagen positiva de Podemos que reflejan las encuestas, aunque los argumentos sean tan débiles que ni con la jurisprudencia vigente permitan justificar una sentencia de ilegalización (véase lo que ocurrió en 2009 con la lista electoral encabezada por Alfonso Sastre).
En este contexto resulta comprensible que Pablo Iglesias haya querido aclarar de entrada que Podemos "condena la actividad de ETA". Pero como sucede con la izquierda abertzale vasca, ninguna condena moral será suficiente para los inquisidores del Reino. La legislación antiterrorista ha conseguido desplazar progresivamente el reproche penal por las acciones concretas que una persona pueda cometer, a la criminalización por lo que se es o se piensa en tanto que integrante del colectivo equivocado. La pertenencia a una organización terrorista viene determinada principalmente por lo que diga el Estado, con independencia de las actividades reales que lleve a cabo un grupo determinado de personas. Es dudoso que haya intervención judicial al respecto, pero los buenos mafiosos se bastan con las amenazas.
Conviene aclarar aquí al menos tres cosas. En primer lugar, el grupo armado ETA hoy no es más que un espectro en vías de extinción y los principales responsables de que no desaparezca definitivamente son el gobierno del Partido Popular y el PSOE, con la ayuda inestimable de la Audiencia Nacional y los medios de comunicación que les sirven como aparato propagandístico. En segundo lugar, la "teoría del entorno", que los citados responsables continúan aplicando con celo inquisitorial, constituye un atentado contra la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta la desproporción de las penas que se suelen imponer. Resulta intolerable que una actividad legítima y legal como el apoyo organizado a personas presas justifique detenciones policiales como ha sucedido con Herrira (en cuyo proceso todavía no ha sido dictada sentencia), como también lo es emplear la estigmatización resultante para extender redes de sospecha sobre la disidencia política. Y tercero, la desaparición de ETA no supone el fin del uso del concepto del terrorismo contra el disenso político, como muestra el desarrollo a nivel europeo de políticas "preventivas" contra la "radicalización". En este sentido, constituye un acierto que Podemos haya incluido en el programa de las pasadas elecciones el "fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas".
Que el director de El País afirme sin recato en JotDown que Podemos "son antisistema democrático" es un anticipo de lo que vendrá en los próximos meses. Frente al éxito comunicativo de Podemos a la hora de presentar a "la casta" (política, económica, mediática) como una elite antidemocrática, los partidos y los medios que se sienten aludidos pretenden rescatar viejas líneas divisorias que antes de 2011 habían dado sus frutos: "nosotros somos los demócratas, ustedes los violentos". Signo de la transformación política en curso, hoy los crédulos son muchos menos y semejante aseveración solo merece nuestra burla. Un choteo que es necesario, pero no suficiente. Son recurrentes las detenciones por hacer cosas como manifestarse, mientras seguimos sintiéndonos obligados a dar explicaciones dentro del marco conceptual que ampara las pulsiones más represivas del régimen. La deconstrucción de dicho dispositivo ideológico será una tarea fundamental en la construcción constituyente de una sociedad más libre.
Las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron lo que ya sabíamos: el descrédito profundo de las élites dirigentes europeas y de las políticas deudocráticas de austeridad que han venido promoviendo. Dicho descrédito se ha expresado nuevamente con una fuerte abstención –mayoritaria pero que varía según los países–, el hundimiento de muchos de los partidos políticos del consenso neoliberal en los que aquellas élites se apoyan y el ascenso de partidos de derecha radical que, de un modo u otro, cuestionan el proceso de integración actual.
Comparación de desigualdad según índice Gini antes y después de impuestos (
Niños juegan en una calle de Gaza con fuegos artificiales mientras celebran el inicio del Ramadán el 30 de junio de 2014. Fotografía: Mohammed Shurrab/Getty Images/Pacific Press
