Quilombo

"Considerando la importancia de los tradicionales lazos existentes entre la Comunidad, sus Estados miembros e Israel, y los valores comunes que comparten"

Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Israel, de 20 de noviembre de 1995.

Es un error pensar que los gobiernos europeos apoyan al Estado de Israel sólo porque responden a determinados intereses comerciales y a pesar de la opresión del pueblo palestino. Con este razonamiento se da por hecho que nuestros gobiernos no comparten las brutales políticas coloniales de Israel o que, como mucho, son indiferentes a la suerte de los palestinos. Esto puede haber sido así en el pasado, pero si hoy existe semejante consenso entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, justo cuando el Estado de Israel incrementa su violencia en el gueto de Gaza, cuando continúa imparable la construcción de asentamientos en Cisjordania y cuando el discurso  explícitamente racista se vuelve moneda corriente en el debate político de aquel país, entonces hay que buscar otras motivaciones.

Algunos sucesos paralelos, acaecidos durante la semana pasada, nos proporcionan algunas pistas. En la Knesset (Parlamento israelí) se produjo un espectáculo bochornoso, que debería haber hecho reflexionar a muchos acerca de la naturaleza de la democracia israelí: diputados ultraderechistas se encararon con la diputada árabe Haneen Zoubi, la insultaron e incluso intentaron agredirla en sesión plenaria por haber participado en la flotilla de la libertad. Tras lo cual el ministro del interior israelí Eli Yishai propuso que a Zoubi -que ha recibido numerosas amenazas de muerte- se le retirara la ciudadanía israelí. El ministro trabaja además sobre un proyecto de ley que permita la expulsión de un diputado por conspirar contra el Estado. Por su parte, su homónimo francés Brice Hortefeux fue condenado judicialmente por injurias racistas vertidas contra los árabes. El ministro continúa en su puesto como si nada. Más cosas: Israel justifica su acción acusando a los participantes de la flotilla de colaborar con terroristas; al mismo tiempo, los Estados miembros de la Unión Europea realizan una defensa muy tibia -cuando la ha habido- de sus nacionales secuestrados, dejándolo todo en manos de Turquía.

La primera pareja de sucesos nos remite a un sustrato racista, asumido cada vez con mayor naturalidad por la clase política tanto de Europa como de Israel, fundamentalmente con respecto a la población “musulmana”: de origen migrante, en Europa, originaria en Israel/Palestina. La segunda nos sitúa en la órbita de la política antiterrorista. Ambas premisas alimentaban la “guerra contra el terrorismo ”, ahora rebautizada como lucha contra el extremismo. En este sentido, Israel tiene mucho que ofrecer a una Unión Europea que se atrinchera en torno al miedo.

Desde que el conflicto palestino se transformó en un problema de terrorismo y de defensa de una imaginaria “civilización judeo-cristiana”, el objetivo del mal llamado “proceso de paz” consiste en establecer el grado de subordinación de los palestinos en el marco político predeterminado por Israel, que desde los acuerdos de Oslo ha saboteado toda posibilidad de un Estado palestino viable. Quienes se resisten serán llamados terroristas, radicales o extremistas, palabras intercambiables. Ayer fue Al Fatah (la OLP), hoy es fundamentalmente Hamás el que desempeña el papel de enemigo. De hecho, Gaza fue calificada de “entidad hostil” por el gobierno israelí y Hamás fue incluido por la Unión Europea en la inquisitorial lista de organizaciones terroristas. Tras la demonización de quienes no aceptan jugar con las cartas marcadas, la llamada “desconexión” de Gaza (que de ningún modo significó el fin de la ocupación) allanó el terreno al “gran experimento”: dividir a los palestinos aplicando en Gaza un grado superior de represión y asfixia económica, para terminar de someterlos y poder apropiarse en los hechos de Jerusalén Este y las mejores tierras de Cisjordania. Desde el principio la Unión Europea, los gobiernos de sus Estados miembros, colaboraron de buena gana en este juego macabro. La UE se ofreció a vigilar el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, mediante una fuerza destacada pero dependiente del gobierno israelí. No reconoció la victoria electoral de Hamás. Con una consecuencia importante: la interrupción del flujo de ayuda exterior, que no sólo servía para proporcionar oxígeno a la economía local y financiar las infraestructuras básicas que luego destruía Israel, sino para pagar los sueldos de los funcionarios de la Autoridad Palestina. Sólo cabía financiar a los palestinos que estaban dispuestos a cambiar.

El experimento no se limita al asedio de Gaza, pues a Israel lo que le interesa es consolidar el control de Cisjordania, mediante ese sistema de permisos y exclusiones -muro incluido- que tanto recuerda al apartheid sudafricano y a no pocos aspectos de las políticas migratorias europeas. Un dispositivo que conlleva la aplicación de un amplio arsenal tecnológico de control y vigilancia que va desde el empleo de drones no tripulados hasta un sofisticado instrumental antidisturbios, pasando por la videovigilancia. Es decir, lo que se despliega en los territorios palestinos ocupados –y en las ciudades iraquíes- es básicamente una determinada gestión policial de las poblaciones urbanas. Concretamente, de los grupos humanos considerados conflictivos. Y es justamente en este sector en el que se desarrolla la cooperación científica, tecnológica y militar con Europa (en programas europeos y de la OTAN), es decir, en aquellos ámbitos en los que Israel es una auténtica potencia.

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En la Unión Europea, este tipo de gestión se va imponiendo también, poco a poco, de manera más tímida y prudente.  Pero igual de selectiva. Así, por ejemplo, el pasado 26 de abril el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, presidido por España, aprobó en las Conclusiones un documento sobre la "radicalización en la UE". El informe aborda la “utilización de un instrumento estandarizado, multidimensional y semiestructurado de recogida de datos e información relativos a los procesos de radicalización en la UE”. Este instrumento constituye un "mecanismo básico de recogida de datos e información sobre procesos de radicalización violenta" y consiste en un cuestionario armonizado y en una tabla con la que los servicios secretos y las agencias policiales podrán compartir información acerca de personas susceptibles de radicalizarse y, a la larga, de cometer actos terroristas. Un paso más hacia la criminalización de las personas, no de sus actos. Para ello se analizará, primero, el ambiente más propicio para la radicalización y, segundo, se introducirán mecanismos sistemáticos de intercambio de información acerca de individuos y grupos que “inciten” al terrorismo. Europol generará "listas de radicalizadores/reclutadores o transmisores del mensaje radical y la adopción de medidas concretas, en consonancia con el marco jurídico actual de Europol en materia de protección de datos personales.”. En el documento la palabra terrorismo sólo se menciona una vez. No es necesario: en su lugar, se habla preferentemente de radicalización y de extremismo, lo que implica una ambigüedad jurídica y una carga ideológica aún mayores.

En el anexo -que no fue hecho público, pero cuya versión en inglés sí ha sido publicada por Statewatch- se especifica el ámbito de aplicación de este instrumento:

“Descripción de la ideología que apoya directamente la violencia:

1. ¿Espectro en el que se sitúa la ideología?” Una nota a pie de página aclara a qué espectro político se refiere: “Extrema derecha/izquierda, islamista, nacionalista, anti-globalización, etc.”

El anexo comprende 70 preguntas como ésta, que se agrupan en cuatro líneas que a su vez se desglosan en 14 factores:

A. Ideologías y mensajes que apoyan la radicalización violenta (RV).

B. Canales de diseminación de RV: incluyendo cuáles son las direcciones Internet empleadas.

C. Factores que afectan a la RV:

- Individuales: edad, lugar de nacimiento, situación económica, situación administrativa (importante en el caso de los inmigrantes), “naturaleza y nivel de conocimiento ideológico y/o de compromiso”, “nivel de exposición  a la violencia”, etc.

- De grupo: lugar de socialización, grado de integración social, dinámica de grupo observada, etc.

- Factores macrosociales y lugares donde se desarrolla la RV.

D. Impacto y cambios en el individuo: cognitivos, emocionales y afectivos, de comportamiento.

El “instrumento” , por tanto, no se aplica a personas o grupos de las que se sospecha que estén preparando actos terroristas. Se dirige más bien a personas y grupos que sostienen puntos de vista “radicales”, quienes propagan  mensajes radicales. Son los servicios secretos, la policía, los que definirán quiénes son “extrema izquierda” y quiénes son “islamistas”: en definitiva, quiénes son peligrosos, lo que puede tener consecuencias jurídicas, como sucedió con el juicio de los "11 del Raval".

Por eso, cuando el gobierno de Israel se defiende argumentando que los integrantes de la flotilla de la libertad son unos extremistas violentos sabe muy bien cómo lo van a entender sus socios europeos. Y cuando el gobierno español obstaculiza la celebración del Congreso de la Resistencia de Iraq en Gijón (prevista para los días 18-20 de junio), a petición del gobierno de Iraq, lo hace asumiendo que los asistentes iraquíes son unos radicales violentos que se oponen a los hechos consumados de la ocupación. Este tipo de enfoques preventivos favorece además la confección, por parte de la policía, de perfiles raciales o étnicos (racial profiling) en una Europa cada vez más segmentada en guetos, “barrios difíciles” y personas difíciles de "integrar" (en ocasiones, simplemente por manifestar públicamente una determinada identidad). Categorías enteras de inmigrantes son consideradas de un modo cada vez más parecido al que tienen que sufrir los palestinos en Israel. En un barrio de Birmingham (Reino Unido) de mayoría musulmana la policía ha instalado todo un sistema de vídeo-reconocimiento de las matrículas de los coches subvencionado con fondos estatales de lucha contra el terrorismo. En otros barrios ingleses ya sobrevuelan drones, de momento sólo de vigilancia y no armados como en Gaza o Afganistán. 

Esta que he mencionado es sólo una de las iniciativas que se enmarcan en el Programa de Estocolmo, cuyo tema más destacado es, significativamente, la inmigración. La Unión Europea, que en medio de una grave crisis económica ha optado por liquidar de un solo tiro el federalismo y la solidaridad, apuesta sin ambages por enfrentar futuras tormentas sociales y políticas desde una óptica fundamentalmente policial y racista. De continuar por este camino, poco tendrá esta Europa que reprochar al Estado de Israel. Ambos compartirán, efectivamente, una misma filiación: no la de la Europa de las revoluciones, la de la lucha contra los fascismos o contra el antisemitismo, sino el del autoritarismo colonial. Esta es la herencia que asumen, estos son los valores que comparten.