Quilombo

Mientras la inmensa mayoría de los mineros de Lonmin, tercer productor de platino del mundo, continúa sin volver al trabajo tras la masacre del 16 de agosto, la fiscalía sudafricana acusa a 270 mineros de la muerte de sus compañeros sin esperar a los resultados de la comisión de investigación. Y ello pese a la evidencia de que fue la policía la que disparó y mató a 34 mineros, hiriendo a otros 78. Para poder hacerlo ha tenido que invocar una doctrina legal de los tiempos del apartheid. Una infamia que podría sellar el destino de un gobierno formado por antiguos sindicalistas, socialistas y comunistas, por viejos luchadores por la igualdad que acabaron reproduciendo otras desigualdades. Consciente de ello, el Ministro de Justicia pidió explicaciones a la fiscalía. La federación sindical COSATU, hostil a los reclamos salariales de los operarios perforadores, rechazó la acusación y los abogados de los mineros amenazan con denunciar al presidente Jacob Zuma por detención ilegal si los mineros no son puestos en libertad y se retiran las acusaciones.

De tanto repetir las imágenes del tiroteo, olvidamos que la televisión solo mostró a una parte de los 34 mineros huelguistas caídos bajo las balas de la policía, no más de una docena. El fotoperiodista sudafricano Greg Marinovich, probablemente el que más se ha tomado en serio su trabajo en este caso, ha pasado desde entonces dos semanas en el lugar de los hechos, hablando con testigos e investigadores. Y lo que comprobó, según publica en el Daily Maverick en un importante reportaje, es que a la mayoría de los mineros muertos los mataron entre las rocas y la maleza de la colina donde se habían concentrado. Algunos recibieron disparos a muy corta distancia, en lugares donde era imposible hacerlo a distancia. A quemarropa.


Lugar rodeado por rocas donde el minero "N", como marcó el equipo forense, fue asesinado. Quien le disparó no podía estar a más de dos metros. Fotografía: Greg Marinovich


"H" y "J" murieron juntos, probablemente también a bocajarro. Fotografía: Greg Marinovich

El 16 de agosto ningún policía sufrió un rasguño, ninguno resultó herido. Los mineros podrán haber estado armados, pero los policías portaban rifles de asalto semiautomáticos LM5 y R5 con munición real. Estas armas son modelos perfeccionados del R4, a su vez variante bajo licencia del Galil israelí. En ambos casos se trata de armas que pasaron de ser empleadas por los ejércitos sudafricano e israelí con fines militares a ser utilizadas con fines policiales en territorio urbano. Los vehículos blindados de la policía sudafricana arrollaron además a algunos mineros. Más que una legítima defensa, Marinovich apunta a una vendetta por la muerte de dos policías días antes. 


Rifle de asalto LM5. Del ejército a la policía. Fuente:Wikipedia

El día en que la fiscalía anunció su kafkiana acusación, más del 94% de los 28.000 mineros no acudió a sus puestos. Continúan sin resolverse los reclamos salariales. Y la revuelta se ha extendido a otras minas. El viernes 12.000 de los 46.000 mineros de Gold Fields, la cuarta productora de oro del mundo, dejaron de acudir al trabajo en una huelga que también ha sido calificada de "ilegal" por no seguir las formalidades requeridas. De nuevo, por desacuerdos con la dirección sindical del NUM, aunque en esta ocasión todos sean miembros del mismo sindicato. Tiempos revueltos en la industria extractiva sudafricana. Esperemos que esta vez la policía se entrometa lo menos posible. Y que en el caso Marikana la fiscalía cambie su posición y acuse a quien tiene que acusar.

Actualización (2 de septiembre, 15:30): La fiscalía retira "provisionalmente" la acusación de asesinato contra los mineros.

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