Quilombo

Mineros de Lonmin en Nkaneng hill, Marikana, donde la policía masacró a 34 mineros. Fotografía: Greg Marinovich. Clicar para ampliar.

En Johannesburgo, frente al Museo del Apartheid se encuentra el Gold Reef City, parque temático y casino situado en una de las antiguas minas de oro que hoy rodean la ciudad como colinas de color amarillo pálido. No es casual. En Sudáfrica la mina precede y atraviesa el sistema legal que conocemos como apartheid y constituye un capítulo esencial en el control social de la mano de obra de todo el África austral. La historia de la mina sudafricana es una historia de violencia estructural, soterrada, que en ocasiones, como durante la matanza de 34 mineros en el yacimiento de Lonmin, Marikana, el pasado 16 de agosto, aflora y se hace visible en carne y sangre.

El compound

A lo largo del siglo XIX, británicos y bóers compitieron por aprovisionarse de trabajo dependiente de manera regular y abundante, principalmente de origen africano. Entre otras cosas, mediante la creación del pass y sus sucesivas adaptaciones. El desarrollo minero supuso una nueva etapa en este proceso. Como escribí hace algunos años en este blog, basándome en los trabajos de Yann Moulier Boutang:

"A partir de la década de 1870, el boom minero -de diamante primero, del oro después- llevó a cambiar de nuevo el régimen de pass en El Cabo, distinguiendo entre Native citizens y Native foreigners. Casi todos los africanos negros quedaban sujetos a un contrato obligatorio de trabajo de cinco años que les servía de pass, al término del cual podían llegar a obtener el estatuto de Native citizen. Muchos de los africanos procedían de los territorios de las actuales Mozambique, Lesotho y Botswana. Un sistema de "gestión de flujos", como se diría ahora, que anticipaba el sistema europeo de permisos de trabajo y residencia del siglo XX. Por su parte, los Estados bóer de Orange y Transvaal -más débiles- implantaron sin éxito la residencia obligatoria de los nuevos inmigrantes en un centro administrativo, donde debían permanecer hasta la conclusión de un contrato legal. 

La concentración de la propiedad minera (De Beers) y la lucha contra el contrabando de diamantes en un contexto de proletarización de los pequeños propietarios blancos de propiedades mineras y agrícolas llevó a inventar la barrera de color (colour bar): separación entre blancos y negros en el centro de trabajo y reclusión de los africanos en campos (compounds) donde residían durante la ejecución de su contrato, inspirados en el modelo de las colonias penitenciarias. La barrera racial buscaba también compensar la degradación del estatus de los trabajadores dependientes blancos."

El compound minero o campo de residencia para empleados suponía el encierro provisional, con vigilancia armada, de los mineros durante el tiempo de contrato, para evitar las fugas y el contrabando. Moulier Boutang describe la vida en el recinto así:

"Todos los empleados africanos de la mina comían allí, dormían allí, se lavaban allí y allí se curaban. Los diferentes servicios que tenían por costumbre hacer en la ciudad debieron hacerlo a partir de entonces dentro del recinto minero. Los objetos personales introducidos en el campo que no fueran desmontables y registrables no podían sacarlos fácilmente; los que se iban tenían dos opciones: venderlos a sus sucesores o abandonarlos. Las barreras del campo fueron reforzadas cada vez más; se instalaron torres de vigilancia, se colocaron enormes mallas para impedir que los mineros arrojaran gemas a cómplices en el exterior. Antes de abandonar el compound, al término de su contrato, los mineros eran objeto de un registro corporal en profundidad. Los sospechosos de haberse tragado diamantes eran encerrados en un local durante una semana entera, con las manos encadenadas con manoplas especiales que sólo les permitían alimentarse con una cuchara y al mismo tiempo les impedía que volvieran a tragarse las piedras o que las ocultaran. Sus heces eran objeto también de vigilancia. Había nacido el trabajo de campo de concentración temporal."

El sistema se racionalizó y se mejoraron las condiciones higiénicas en el compound para evitar enfermedades, aunque la extracción continuó realizándose en condiciones penosísimas. Se organizó el reclutamiento de inmigrantes con acuerdos con los jefes del interior. Sin embargo, este sistema de explotación fue no impedía que hubiera salarios más elevados que los que recibían otros mineros en la región: los salarios de las minas de diamante sudafricanas "fueron hasta 1910 los más elevados del África austral negra." (...) "Es la comparación con los salarios de los obreros blancos protegidos por la barrera de color lo que los hace parecer bajos".

El compound servía por tanto para articular un sistema regional de migraciones de trabajo. Como hemos señalado, la mayoría (el 60 %) del trabajo en las minas de oro y diamantes provenía de fuera del territorio sudafricano, principalmente de la actual Mozambique. El compound y la circulación de trabajadores dio lugar al desarrollo de una lingua franca específicamente minera y obrera, el fanagalo, un pidgin de base zulú e influencias inglesa y en menor medida afrikáner.

La respuesta segregacionista a las huelgas

Las huelgas estuvieron prohibidas hasta 1983 y siempre fueron duramente reprimidas por el régimen blanco. Y fueron dos grandes huelgas mineras, una blanca (1922) y otra negra (1946), las que precedieron importantes vueltas de tuerca en la política racista del Estado sudafricano.

La instauración de la barrera de color en 1911, que reservaba determinados puestos para los blancos, favoreció el enfrentamiento entre los obreros blancos con los negros. Una huelga de mineros blancos derivó en la cruenta Rebelión armada del Rand en 1922, que se originó por la sustitución de 2.000 obreros semicualificados blancos por obreros negros más baratos, después de la fuerte depreciación del valor del oro que se produjo al finalizar la I Guerra Mundial. Los partidos laborista y comunista apoyaron a los mineros blancos, pero solo los segundos criticaron el segregacionismo y el lema "¡Trabajadores del mundo, únanse y luchen por una Sudáfrica blanca!". El gobierno del general Jan Smuts aplastó la rebelión haciendo uso del ejército, lo que motivó su caída en las elecciones de 1924 y su sustitución por una coalición entre nacionalistas afrikáner y laboristas que reforzó la barrera de color.

Poco a poco, dejó de haber trabajadores blancos en las minas -salvo en puestos directivos y de supervisión- pero el sector minero, uno de los motores de la economía surafricana, continuó siendo un importante epicentro de la conflictividad social y política. La huelga minera de agosto de 1946 en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales, convocada por el Congreso Nacional Africano (CNA) y apoyada por el líder zulú y por los sindicatos, recibió una respuesta brutal por parte de la policía, con cifras oficiales (probablemente inferiores a las reales) de más de mil doscientos heridos y al menos nueve muertos y la persecución de políticos (del CNA, comunistas) y sindicalistas. Esta huelga marcó un hito en la historia del movimiento nacional de liberación sudafricano, que se volvió más resuelto y militante, precipitando el triunfo electoral del Partido Nacional sudafricano de 1948 y la acentuación del segregacionismo, ya con el nombre de apartheid.

A mediados de la década de los setenta, las minas sudafricanas se vieron confrontadas a una drástica e imprevista disminución de su fuerza de trabajo motivada por las restricciones impuestas por Malawi y sobre todo por las independencias de Angola y Mozambique, lo que unido a la fuerza de los sindicatos, condujo a nuevos incrementos salariales, aunque siguieron siendo bajos comparados con los salarios de los blancos y las condiciones de segregación y explotación apenas variaron. Tampoco dejó de haber incidentes con la policía; en la fecha, infausta también por otros motivos, del 11 de septiembre de 1973 mató a disparos a once mineros que se manifestaron en Carletonville. Fue en los años ochenta, en las postrimerías del apartheid, que las huelgas mineras retoman su importancia, con el surgimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM), cuya lucha se centró en el reconocimiento de la negociación colectiva y sobre todo en la mejora de las condiciones sanitarias y de seguridad. En el pasado la tasa de mortalidad en las minas, especialmente en las minas de oro, había sido muy elevada: una comisión nacional de investigación calculó que entre 1900 y 1993 murieron 69.000 mineros por accidentes en las minas (sin contar enfermedades) y un millón y medio más resultaron seriamente heridos. Para cuando se creó el NUM las huelgas mineras compartían protagonismo con otras protestas industriales y urbanas y el sistema ya había agotado todas sus estrategias racistas de división.

El bantustán del platino

Una de ellas había sido la creación de bantustanes, reservas para los africanos negros destinadas a albergar poblaciones étnicamente homogéneas a la que se les otorgaba un falso autogobierno. El más rico fue el fragmentado bantustán de Bofutatsuana, donde debía concentrarse la etnia tswana. En él se localizaban las minas de platino que aún hoy aportan dos tercios de la producción mundial de ese metal. Su creación dividió en dos la ciudad de Rustenburg, al norte de Johannesburgo.

La concesión de la "independencia" en 1977 de este bantustán sirvió para restringir aún más la libertad de asociación y el desarrollo de la negociación colectiva, según denunció el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En 1986 la empresa Impala Platinum despidió nada menos que a 25.000 mineros por haber participado en una huelga que reclamaba el derecho a organizarse en sindicatos de su elección, especialmente el NUM, reconocido en Sudáfrica pero no en Bofutatsuana. Esto generó una situación insólita en los yacimientos de Rustenburg Platinum (hoy Anglo Platinum), pues los empleados en Sudáfrica podían afiliarse al NUM mientras que los del bantustán no. Las grandes huelgas volvieron a repetirse en  Impala Platinum en 1991, cuando contaron con la participación de 35.000 y 40.000 trabajadores. Tantos eran los intereses en juego que Bofutatsuana fue el único bantustán que se rebeló abiertamente contra la reintegración en 1994 después del fin del apartheid con un fallido golpe de estado.

Los hombres del taladro

El apartheid terminó en Sudáfrica, los bantustanes desaparecieron, pero sus consecuencias aún perduran en el territorio y en las divisiones socioeconómicas. Las minas nos recuerdan que ellas ya estaban allí antes y allí persisten. Como la lógica capitalista que las mueve. Y la policía que la asegura.

Sudáfrica es el principal productor y exportador de platino del mundo. En la actualidad este metal se utiliza principalmente en la industria automovilística (48% de la producción total mundial), en la fabricación de catalizadores y pilas de combustibles. Si el lector dispone de un automóvil, es muy probable que contenga platino de Sudáfrica.También se emplea en joyería (38%) y en diversas aplicaciones industriales (32%). En 2011 el comercio mundial de platino se incrementó un 7% hasta alcanzar los 6,48 millones de onzas. De este total, Sudáfrica exportó 4,86 millones de onzas (+5%) a partir de inventarios refinados, porque la producción total descendió un 3%. Las principales causas de esta reducción fueron las paradas de seguridad (la legislación vigente obliga al cierre temporal de la mina cuando se producen accidentes laborales) y el incremento de las huelgas no autorizadas.

Si bien las condiciones de seguridad mejoraron notablemente en los últimos años, el trabajo en las minas sigue siendo peligroso, con numerosos heridos por accidente y afectados por silicosis y tuberculosis. Solo en las minas de platino sudafricanas murieron en 2011 unos 37 trabajadores. Entre los mineros, quienes corren más riesgos son los trabajadores que realizan las operaciones de taladro (rock drill operators). Precisamente fueron los 3.000 perforadores de Lonmin PLC, los que iniciaron la última gran huelga, hace diez días. Buena parte, si no la mayoría, de los trabajadores de esta categoría profesional son inmigrantes subcontratados procedentes de Lesoto, Swazilandia y Mozambique. En Lonmin y otros yacimientos apenas cobran unos 4.000 rands netos (390 euros). Aunque los medios no se ponen de acuerdo con el baile de cifras, parece que la empresa paga en torno a 11.000 rands brutos, pero esto no incluye las diversas deducciones. Todo ello por un trabajo en el que pueden perder la vida o alguno de sus miembros. Sin embargo, son ellos quienes pueden poner de rodillas la industria minera. Si no trabajan los perforadores, el resto tampoco.


Minero taladrando en la mina de Impala Platinum en Rustenburg. Fotografía: Nadine Hutton/Bloomberg

Por lo que respecta a los inmigrantes, que no pueden votar y no participan en la vida política sudafricana, suelen ser despreciados por el NUM. Aunque este sindicato se hizo fuerte inicialmente entre las categorías más bajas de mineros, inmigrantes provenientes de áreas rurales que llegaron a representar el 60% de sus miembros (no se entiende la minería en Sudáfrica sin la inmigración interna e internacional, como hemos visto), hoy este porcentaje se ha reducido al 40%. Además, la dirección del NUM está muy vinculada a los chanchullos del partido gobernante CNA y es demasiado considerado con la patronal.

Es otro sindicato de reciente creación (1998), la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), el que comenzó a hacerse eco de sus preocupaciones y a cuestionar el monopolio representativo del NUM. Los perforadores, que viven en chabolas miserables pero son conscientes de su decisivo papel, exigen incrementos salariales que se acerquen a lo que cobra un blanco por trabajos mucho menos penosos. "Inalcanzable", según los portavoces del NUM o del COSATU. Pero los perforadores de Lonmin se inspiran en la lucha de sus homólogos en Impala Platinum a principios de este año. Después de seis semanas de huelga promovida por el minoritario AMCU -y 4 muertos-, lograron incrementar su salario. Según declaró la propia empresa, "este paro ilegal es un ataque directo a la posición del NUM como representante mayoritario de los empleados". Impala sólo reconocía a sindicatos que reúnan al 50% más uno de los empleados. Es decir, al NUM. No obstante, tras la huelga, en junio AMCU superaba ya a NUM en el conjunto de la empresa.

Lonmin, propiedad de la empresa británica Anglo Platinum (filial de Anglo American PLC) y tercer productor mundial, no está nada dispuesta a ceder. Ya en mayo de 2011 despidió a 9.000 trabajadores tras otra huelga no autorizada (la declaración de ilegalidad por un tribunal basta para justificar el despido, tras lo cual a veces se producen readmisiones). Una consecuencia es que muchos de ellos perdieron además sus casas, proporcionadas por la empresa. El único objetivo de Lonmin es garantizar una elevada rentabilidad, que en 2012 ha venido reduciéndose considerablemente y no parece que vaya a mejorar: mientras bajan los precios del platino por el descenso de la demanda mundial (crisis de la industria automovilística europea, ralentización del crecimiento de China) aumentan los costes de producción, concretamente energía (aumentos del 25% anual de la electricidad) y salarios. Sobre esta última cuestión, cabe destacar que el salario de base anual (sin complementos ni bonificaciones) de Cynthia Carroll, directora general de Anglo American, equivale aproximadamente al salario neto anual combinado de los 3.000 huelguistas: casi un millón y medio de euros.


Evolución interanual del precio internacional de la onza de platino (en dólares). En 2012 los incrementos del precio corresponden a puntos álgidos de conflictividad laboral: huelga en Impala Platinum (enero-febrero) y masacre de Marikana (agosto).

La masacre de Marikana

Estos antecedentes son necesarios si queremos poner en perspectiva la violencia de los enfrentamientos entre el NUM y el AMCU, y entre este último y la policía. Tras la matanza de 34 mineros, algunos ante las cámaras de televisión, por parte de la policía sudafricana (que se unen a los 10 muertos en los enfrentamientos de días anteriores), el debate propuesto por los medios ha derivado en cierta justificación para la actuación policial. No está claro quién disparó realmente primero, pero sí se ha destacado que los mineros van armados, que realizan rituales tribales de guerra antes de enfrentarse a la policía, o que en los primeros días de huelga murieron asesinados dos guardas de seguridad y dos policías.

La violencia impregna las relaciones sociales en Sudáfrica, donde se mantiene una guerra de no tan baja intensidad contra los pobres, que no son víctimas pasivas sino sujetos activos y, sí, armados. En Sudáfrica mueren cien policías cada año por armas de fuego. Pero teniendo en cuenta que por su parte la policía mató a 566 personas solo en 2010, cabe preguntarse quién se defiende de quién. La actual Ministra de Recursos Mineros, Susan Shabangu, se hizo famosa en 2008 cuando era Viceministra de Seguridad por alentar públicamente a la policía con esta cruda franqueza: "Deben matar a los bastardos si amenazan a la comunidad. No se preocupen por las regulaciones, esa es mi responsabilidad". Un gatillo fácil que no se corresponde con un aumento de homicidios. Las cifras de homicidios intencionales vienen reduciéndose desde 1995: de 65 por cada 100.000 habitantes hasta 33,8 en 2009. La "masiva rebelión de los pobres" urbanos de la que habla el sociólogo sudafricano Peter Alexander se expresa de otras maneras, en manifestaciones y disturbios multitudinarios que sí han aumentado en los últimos tiempos: 2,9 incidentes por día en el período 2009-2012, un 40% más que en el período 2004-2009.

En este contexto, el envío de fuerzas policiales fuertemente armadas desde los primeros días de la huelga puede haber creado más tensión, en vez de contribuir a calmar los ánimos. Desde que los mineros se concentraron en la colina de Nkaneng, la policía montó un dispositivo policial en torno a la misma para presionarles a abandonarla. Cuando el presidente del NUM acudió al lugar y pidió a los trabajadores que volvieran a sus puestos con un altavoz y desde un coche policial no hizo sino echar más leña al fuego. La policía podía haberles dejado donde estaban, sin necesidad de una cruenta intervención.

He mencionado a los inmigrantes que predominan entre los operarios de taladro, pero la mayoría de los que murieron tiroteados en Marikana fueron sudafricanos. Solo dos trabajadores venían de la vecina Lesoto. El suceso ha causado, pues, una lógica conmoción en Sudáfrica, y se suceden las comparaciones con pasadas masacres, como la de Sharpeville. La masacre está acelerando el desprestigio de la clase sindical, mediática y política que ha capitaneado el período post-apartheid. Tanto el Partido Comunista Sudafricano como su aliado sindical COSATU, en vergonzosos comunicados atacaron a los representantes de AMCU acusándoles de divisionismo, sin una sola mención sobre las responsabilidades policiales. Los medios de comunicación corporativos volvieron a presentar los hechos como un enfrentamiento entre negros, como en los viejos tiempos. Y el gobierno del CNA se limitó a expresar su consternación. De ahí que un oportunista como Julius Malema, ex dirigente de las juventudes del CNA, hoy enfrentado a Jacob Zuma, lo tenga relativamente fácil para aprovechar estas fracturas, denunciando a la policía y reclamando la nacionalización de las minas.

¿Cómo lo habrán percibido las masas pobres de los townships?. Seguramente, millones de pobres negros sudafricanos, los hijos y nietos de la mina, del compound y del apartheid, habrán sacado las mismas conclusiones a las que llega el historiador Jon Soske en un excelente artículo:

"El modo en que contemplamos una situación determinada es una elección política, y en el caso de los mineros de Lomnin, la cuestión no es terriblemente ambigua. ¿Tiene un grupo de trabajadores que hace uno de los trabajos más peligrosos del país el derecho a reclamar el salario de un sudafricano blanco de clase media a las companías mineras internacionales (...) que todavía tienen un enorme control en la economía del país? La respuesta del gobierno del CNA es un rotundo no. El fallo de COSATU a la hora de mostrar solidaridad con las luchas de sus compañeros trabajadores es el grito de un rotundo no. El silencio de antiguos líderes sindicales y de comunistas ahora convertidos en ministros y en advenedizos asistentes  del capital global brama otro rotundo no. Y cualquier expresión prefabricada de lamento sobre estas muertes por alguien del poder, cada promesa de COSATU de que hubieran podido contener a estos trabajadores como hace todo buen sindicato corporativista, cada nueva y maldita evocación liberal de una policía sin formación que pensaba que estaba en peligro (porque, por supuesto, habían rodeado y tratado de expulsar a los mineros), y cada supuesta “revelación” mediática sobre tantos matices imponderables solo sirve para ofuscar sobre lo sucedido. La policía estaba ahí para romper una huelga; los mineros rechazaron dispersarse e intentaron defenderse cuando les atacaron; la policía les mató con la aprobación del gobierno."

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