Cuanto menos pinta el ciudadano de base en la adopción de las decisiones que marcan su problemático deambular por este valle de lágrimas, más se le invita a que vote. Hoy, si uno quiere, puede pasarse el día votando. De mil maneras.
Los medios de comunicación permiten saciar las ansias votantes de cualquiera, por grandes que sean. Contabilicé ayer en un solo diario digital la friolera de 30 encuestas simultáneas, algunas sobre asuntos realmente singulares, desde «¿Qué tipo de medicamento compras?» hasta «¿Qué escudería logrará más victorias en este Mundial?», pasando por «¿Crees que es positiva la reforma constitucional en Ecuador?».
Por supuesto que da lo mismo lo que voten quienes voten. Incluso en el dudoso caso de que alguien pretendiera dar alguna utilidad a los resultados de ese género de encuestas, tropezaría con el obstáculo insalvable que supone la imposible evaluación de su representatividad.
Estamos ahora en el cenit de una de esas consultas absurdas: la que trata de determinar, computando SMS y correos electrónicos, qué monumentos merecen ser considerados las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. La Unesco se ha visto obligada a desmarcarse de la iniciativa en cuestión, que no tiene ni pies ni cabeza, pero muchos -incluidos algunos de nuestros medios de titularidad pública- se la han tomado de lo más a pecho. Se les ve emocionados, sintiéndose partícipes de una decisión histórica.
La posibilidad de votar y votar sin parar, en prensa, radio y televisión, cumple en la actualidad funciones de placebo social. A semejanza de esos productos carentes de potencialidades terapéuticas que los médicos recetan a ciertos enfermos con la esperanza de que su propia sugestión les haga sentirse mejor, la constante incitación al voto contribuye a que los ciudadanos mitiguen la irritante y muy fundada sensación de que todo lo que realmente condiciona sus vidas y haciendas se decide a sus espaldas.
El exceso desaforado de estímulos tiende a embotar la sensibilidad. Los ciudadanos se ven animados día tras día a responder a preguntas que desbordan el ámbito de sus conocimientos, o que les incitan a expresar meras conjeturas, o que les plantean disyuntivas que en realidad no lo son. Se les empuja a un constante ejercicio de frivolidad, y muchos se niegan a entrar en esa dinámica, pero otros muchos no, y se habitúan a ella. De modo que, cuando les toca decidir cada cuatro años quién ha de gobernarlos, se dejan llevar, sin darse ni cuenta, por la simpatía, o por la labia, o incluso por el atuendo de los candidatos. Ni se les ocurre echar siquiera un vistazo a sus programas electorales.
Lo cual, de todos modos, tampoco es tan aberrante, habida cuenta de que la mayoría de quienes aspiran a gobernar conceden a esos papeles la misma importancia que sus votantes.
Javier Ortiz. El Mundo (23 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:Del voto como placebo. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
La noticia apareció publicada -muy discretamente, medio de tapadillo- en noviembre del año pasado. No sé si algún medio de comunicación español la recogió. Si lo hizo, yo no me enteré. En todo caso, no se habló sobre ello. Y sin embargo el asunto es interesante e incluso alarmante. Me estoy refiriendo al anuncio de la creación de una nueva fuerza militar norteamericana, a la que han llamado Comando del Ciberespacio y que tendrá -tiene ya- misiones tanto de defensa como de ataque.
A la hora de presentar esta nueva fuerza, su comandante en jefe, el teniente general Robert J. Elder, señaló: «Vamos a tratar el ciberespacio como un ámbito de combate». Su lema es bien expresivo: «Alcance mundial, vigilancia mundial, poderío mundial». Elder, que anunció la entrada en acción de sus nuevos guerreros ciberespaciales altamente especializados, fue tajante: «En este ámbito, al igual que en cualquier escenario de guerra, no hay lugar para los aficionados».
El razonamiento que expone el comandante en jefe de este nuevo comando es muy sencillo. Constata que el poderío militar de EE.UU. depende de modo creciente de las nuevas tecnologías, en virtud de lo cual resulta cada vez más eficaz, pero también más vulnerable, por culpa de los resquicios de infiltración que puede proporcionar internet. Así las cosas -deduce-, el Pentágono está obligado a controlar ese gran peligro potencial que representa internet. Debe controlarlo todo: servidores, páginas web, blogs, correos electrónicos... Porque o la vigilancia es global o no ofrece garantías. Y debe controlarlo por todos los medios: allí hasta donde sea posible, ampliando las formas legales de vigilancia; a partir de esos límites, por su cuenta y riesgo. Detectados los peligros, reales o potenciales -pero en todo caso catalogados como tales por los servicios especiales del Pentágono, no por ningún órgano de justicia nacional o internacional-, el siguiente paso es destruirlos. Ahí entra en aplicación la llamada «política de eliminación de información virtual que pueda ser útil al enemigo». Una política que, carente de control externo, puede alcanzar un altísimo nivel de arbitrariedad.
Llamo la atención sobre la frase del teniente general Elder que he citado antes: «En este ámbito, como en cualquier escenario de guerra, no hay lugar para los aficionados». Porque la inmensa mayoría de quienes nos servimos a diario de internet, sea para trabajar, para comunicarnos o para divertirnos, somos aficionados, y no estamos en guerra con nadie, ni como aficionados ni como profesionales. Y tenemos nuestros derechos, entre ellos el derecho a que nuestra correspondencia (y con ella nuestra intimidad) no sea violada.
He aquí otro ejemplo más (¿cuántos van?) de cómo, con la excusa de defender la libertad, cercenan la libertad.
Javier Ortiz. El Mundo (18 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:El Comando del Ciberespacio. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán: «De veras, Javier, que no te entiendo», me dice. «Tú, que no paras de defender la negociación del Gobierno con ETA, criticas de manera implacable que el PSOE y el PCE pactaran con Adolfo Suárez los términos de la Transición. ¿En qué quedamos? ¿Te parece correcto que se negocie o lo consideras un error?».
«Vayamos por partes, Gervasio», le respondo. «En primer lugar, yo no defiendo que el Gobierno negocie con ETA lo que sea y como sea. Propugno que lo haga cuando ETA esté dispuesta a tratar sobre las condiciones de su autodisolución. Mientras no acepte que debe desaparecer del mapa, no hay nada que negociar con ella. Segundo punto: yo no habría tenido ningún inconveniente en que se negociara con los franquistas las condiciones de su alejamiento definitivo de la vida política. Habría aceptado de buen grado que se les hiciera concesiones de importancia. Por ejemplo: no perseguirlos por los muchos crímenes que habían cometido y por lo mucho que habían robado. Pero no fue eso lo que se negoció, sino todo lo contrario.»
Me da que Gervasio no me entiende. Y sin embargo no es tan complicado.
Lo malo del pacto -en parte explícito, en parte implícito- en el que se basó la Transición fue que sirvió para que no sólo muchos franquistas, sino también estructuras clave del régimen de Franco (la Monarquía restaurada, las Fuerzas Armadas, la Policía política, buena parte del aparato judicial y del alto funcionariado, los burócratas de su agit-prop y un largo etcétera) siguieran en su sitio y mandando. Lo cual ha tenido consecuencias tan diversas como graves.
Una cosa es tender un puente de plata al enemigo que huye y otra, muy distinta, comprarle un trono para que se quede, se siente en él y dicte a la sociedad lo que puede hacer y lo que no. Esto último es lo que aceptaron los principales partidos de la oposición democrática a la hora de la Transición. Herederos de Esaú, vendieron el derecho a hacer justicia a cambio del plato de lentejas de su legalización inmediata.
Para incoherencia, la de quienes no paran de decir maravillas de la Transición y, a la vez, consideran intolerable que se hable de la posibilidad de negociar con ETA. Es decir: les parece estupendo e incluso ejemplar que se aceptara que prosiguieran sus carreras políticas y continuaran con sus negocios, muchas veces basados en el expolio, quienes habían atenazado y sangrado al pueblo durante 40 años, pero se echan las manos a la cabeza ante la posibilidad de que se negocie con ETA que nos deje en paz para siempre a cambio de ciertas concesiones relativas al estatus legal de sus miembros.
Son contradictorios. Pero sólo en el plano teórico. En la práctica, los intereses, las autojustificaciones y las complicidades permiten que todo resulte compatible.
Javier Ortiz. El Mundo (16 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:Mentiras de la Transición. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
A juzgar por lo que se viene avanzando -y en consonancia con lo que era de temer-, se nos avecina una semana entera de loor y gloria a «nuestra ejemplar Transición». 30 años de las primeras elecciones democráticas. 30 años capicúas: en las del 15 de junio de 1977 también hubo partidos a los que no se les permitió presentar abiertamente sus candidaturas, lo que les obligó a disfrazarse de lo que pudieron.
Es bien conocida la cínica afirmación de Paul Joseph Goebbels: «Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad». Buena parte de las supuestas verdades de la Transición española, que la mayoría de los españoles toma por evidencias, no son sino mentiras repetidas hasta la saciedad.
Me referiré hoy sólo a tres. Primera mentira: se da por hecho que en España se instauró la democracia porque el pueblo español decidió poner fin a la dictadura. Lo cierto es que el paso del sistema franquista al régimen parlamentario fue una decisión largamente madurada por las potencias occidentales, que necesitaban integrar plenamente a España en sus estructuras políticas, económicas y militares, lo cual exigía la homologación de su sistema político. Estudiaron cómo hacerlo por una vía que excluyera cualquier veleidad izquierdista, y se emplearon a fondo para lograrlo. Se volcaron en el respaldo político y en el apoyo económico a quienes podían materializar sus designios, y lo lograron. Son hechos que hoy están ya sobradamente documentados. En todo caso, sólo una exigua minoría del pueblo español estaba por aquel entonces dispuesta a movilizarse en pro de la democracia.
Segunda mentira: se da por hecho que, si triunfó la reforma del régimen franquista y no la ruptura, fue porque no había condiciones para proceder a la instauración ex novo de un Estado genuinamente democrático. En realidad, la ruptura fue imposible, ya para empezar, porque quienes hubieran debido promoverla renunciaron a ello. Los dirigentes de las dos fuerzas principales de la oposición democrática (el PSOE, fuerte por sus apoyos internacionales, y el PCE, por su arraigo militante) pusieron todo su empeño en acceder cuanto antes a la legalidad, como condición para aspirar a integrarse en los ámbitos del poder. Para poder, lo primero que se precisa es querer, y ellos ni lo intentaron.
Tercera mentira, no menos tópica: «el Rey fue el motor del cambio». Muy al contrario, el Rey fue una pieza clave para asegurar la continuidad reformada de buena parte de las estructuras del franquismo. En rigor, el Rey fue el freno del cambio. La Monarquía reinstaurada conforme a los planes de Franco ayudó a impedir que el cambio fuera más lejos de lo que convenía a las oligarquías locales y foráneas.
Pero da igual. Volverán a decir lo de siempre por enésima vez, con lo que las viejas mentiras se volverán todavía más verdad.
Javier Ortiz. El Mundo (11 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:Mentiras de la Transición. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
Mi amigo cree que un mensaje semejante podría hacérsele llegar ahora al presidente del Gobierno español: no ha conseguido que ETA deje las armas, pero por lo menos lo ha intentado.
La comparación no me convence ni poco ni mucho. En primer lugar, porque la tragicómica aventura militar que patrocinó Carter con el nombre de Operación Garra de Aguila fue un compendio de ilegalidades, amén de un prodigio de chapucería. No parece el mejor espejo en el que mirarse.
Y en segundo lugar porque tampoco está tan claro que Zapatero lo haya intentado realmente.
Doy por hecho que le habría gustado intentarlo, y que inicialmente se puso a ello. Pero, así que chocó con las graves dificultades que la realidad cruzó en su camino, perdió fuelle. A partir de lo cual no sólo dejó de hacer lo que debía, sino que, además, hizo con frecuencia lo que no debía.
Admitamos que los obstáculos que se le interpusieron fueron de aúpa.
El primero, la actitud de la oposición, cerradamente hostil al intento.
Cuando Felipe González se metió en el berenjenal de las conversaciones de Argel, el resto de las fuerzas políticas respaldaron su iniciativa, asumiendo las posiciones sobre la salida negociada que luego se plasmarían en los pactos de Madrid y Ajuria Enea. Tampoco encontró ninguna oposición José María Aznar cuando anunció en 1998 que representantes de su Gobierno iban a reunirse con «el entorno del Movimiento Vasco de Liberación». Al contrario: la oposición le animó a seguir adelante.
En cambio, Zapatero se ha encontrado con el rechazo más furioso de la derecha. De toda la derecha y en todas sus variantes: política, judicial, religiosa, mediática... ¿Cómo conducir un proceso tan difícil bajo una presión tan intensa? ¿Hubiera podido hacer caso omiso, echarle coraje y tirar por la calle de en medio? A saber.
De todos modos, tampoco ETA le dejó margen. Según lo expuesto por Otegi en Anoeta, se suponía que a la organización terrorista le correspondía negociar con el Gobierno de Madrid sólo los aspectos militares del conflicto (las condiciones del cese de su actividad armada), quedando para los partidos la discusión sobre el futuro político de Euskadi. ETA dijo que muy bien, pero hizo lo contrario. No renunció a tutelar el debate político ni se planteó con sinceridad el cese definitivo de su acción violenta.
De modo que, aunque quisiéramos, no podríamos agradecer a Zapatero haberlo intentado. Como mucho, haberse planteado la posibilidad de intentarlo.
Javier Ortiz. El Mundo (9 de junio de 2007). Hay también un apunte de parecido título:¿Gracias? De nada. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
Sabiendo que paso una parte de mi tiempo a orillas del Mediterráneo alicantino, algunos lectores, perplejos por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en esta parte del mundo, me preguntan, tomándome por el experto que no soy, cómo puede ser que los escándalos inmobiliarios, las irregularidades urbanísticas y el maltrato del medio natural demostrado por la clase política local no hayan provocado el castigo electoral que merecen.
Es un modo de abordar la cuestión que, por lo que veo, comparten bastantes medios y no pocos analistas políticos, que se muestran sorprendidos, cuando no abatidos, ante lo que perciben como una extraña y descorazonadora insensibilidad ciudadana.
Ya he dejado dicho que no soy especialista en la materia. Me limito a mirar el fragmento de la realidad que veo -que es limitado, por definición- y a reflexionar a partir de él.
Y, por lo que veo, me parece que hay un error de origen en la mayoría de esos comentarios. Establecen un foso entre la minoría responsable de los males denunciados y la ciudadanía en general, cuya tacha principal sería la falta de lucidez y la permisividad inconsciente.
En lo que un amplio sector de la población se refiere, ese foso no existe. Es muchísima la gente que vive gracias al actual estado de cosas. No son sólo las inmobiliarias ni las empresas de construcción. Ni siquiera la mano de obra que se sube al andamio, mucha de ella inmigrante. Son los abastecedores de material de construcción, los fontaneros, los electricistas, los carpinteros, los ferreteros, los herreros, los fabricantes de gres, los vendedores de sanitarios, los que instalan piscinas... y los que tienen restaurantes y bares por la zona, y los de los mini-markets...
Podría alargar la lista hasta llenar varias columnas. A buena parte de ese nutrido ejército de ciudadanos, la idea de que pudiera llegar una autoridad que dijera que ya está bien, que se acabó el desmadre, le pone los pelos de punta.
Téngase en cuenta, además, que una porción llamativa de ese trajín se realiza en condiciones de dudosa legalidad, cuando no de plena ilegalidad. Es muy probable que sean más las transacciones que se hacen sin declarar el IVA que las que lo hacen constar.
Supongo que no hará falta que diga que menudean los empleos que funcionan sin contrato de trabajo.
¿A quién podría interesar que salieran elegidos unos políticos que dieran prioridad al rigor urbanístico, a la preservación del medio y a las inspecciones fiscales y de trabajo? No, desde luego, a los beneficiarios del desorden imperante.
¿Son mayoría? ¡Desde luego que no! Incluso buena parte de quienes se ven atrapados en esa madeja de corrupción y corruptelas desearía librarse de ella. Pero los que la fomentan y disfrutan tienen peso suficiente como para inclinar la balanza electoral. Y lo hacen.
Javier Ortiz. El Mundo (4 de junio de 2007). Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
A fuerza de no hablar sobre Navarra sino para especular con los hipotéticos intentos de los unos o los otros de chalanear a su costa, hay quien ya no es capaz de pensar en la Comunidad Foral sino desde la perspectiva de su estatus regional. Pero Navarra es mucho más, como cualquiera puede entender a nada que piense en ello.
Navarra es, sobre todo, el pueblo de Navarra, que, como cualquier otro pueblo, tiene necesidades de todo orden: económicas (con todas sus subdivisiones: industriales, agrícolas, de servicios), sociales (apartado todavía más amplio), culturales (incluyendo las educativas y las lingüísticas), de conservación de la naturaleza, de ocio... Y que, como cualquier otro pueblo, también cuenta con fuerzas políticas que discuten sobre el mejor modo de atender esas necesidades.
Se pretende que la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Socialista de Navarra (PSN) tienen posiciones comunes en cuanto a la defensa de la identidad regional. Eso no es exacto, y no hay más que leer los documentos programáticos de uno y otro partido para apreciar la existencia de matices de importancia. En todo caso, la proximidad de posiciones entre UPN y PSN habría que buscarla en su similar negativa a aceptar que se discuta la posibilidad de que Navarra pudiera llegar algún día a formar parte de una entidad política común con las tres provincias de la actual Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Pero ése es un aspecto que, por mucho que haya quien se empeñe en magnificarlo, hoy en día es muy secundario, puesto que no hay ningún partido con posibilidades de gobernar en la Comunidad Foral que proponga que se aborde esa discusión a corto o medio plazo. Incluso Nafarroa Bai ha declarado que en ningún caso lo plantearía dentro de la próxima legislatura.
En esas circunstancias, es la otra gran línea divisoria (la que divide a la derecha tradicional navarra, singularmente inmovilista y retrógrada, de las fuerzas políticas que muestran más voluntad de progreso) la que aparece en primer plano. Y, vistas las cosas desde esa perspectiva, práctica y concreta, parece claro que el PSN está bastante más cerca de Nafarroa Bai y de Izquierda Unida que de UPN. Lo están, sin lugar a dudas, tanto su base militante como la mayoría de sus votantes.
A esta razón ideológico-política de primer orden, que por sí sola ya sería suficiente como para aconsejarle rechazar la coalición con UPN, el PSN habría de añadir otra de signo netamente partidista: su presencia como compañero de viaje en un Gobierno presidido por Miguel Sanz le obligaría a asumir un coste político muy importante, convirtiéndose en cooperador necesario de posiciones políticas y sociales incompatibles con los postulados progresistas más elementales. Tendría que cargar con fardos tales como la actitud de rechazo de UPN a la práctica del aborto en la red sanitaria pública, o como su labor beligerante en contra el euskara (hablado por una parte importante de la propia población navarra, cuyos derechos sanciona la ley foral), o como su absurdo cerrilismo antivasco (Navarra tiene actualmente acuerdos de cooperación con todos sus vecinos, incluida la Aquitania francesa, pero se niega a hacer lo propio con la CAV). Eso, por no citar más que tres aspectos de trago amargo para los socialistas.
Y eso, en vísperas de unas elecciones generales en las que UPN (o sea, el PP), será el gran rival del PSN (o sea, el PSOE).
Javier Ortiz. El Mundo (3 de junio de 2007). Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
Que nuestra ciudadanía rechazara indignada la participación del Ejército español en la última Guerra de Irak y vea ahora con buenos ojos su presencia en Afganistán sólo se explica por lo poco y mal informada que está.
La intervención armada internacional en Afganistán sirvió para acabar con el régimen cruel de los talibán, sí, pero también para sustituirlo por un poder político controlado en lo esencial por los señores de la guerra, gente sin escrúpulos enriquecida, en lo esencial, gracias al tráfico de droga, y tan fundamentalista y machista como los propios talibán. No son apreciaciones mías: las tomo de informes suscritos por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que respaldan lo que le oí decir a una feminista afgana: «Se diferencian de los talibán en que no llevan la barba tan larga».
Las tropas internacionales defienden allí un poder político impresentable. Tanto en el Gobierno como en el Parlamento (Loya Jirga), sientan sus reales individuos que están acusados de numerosos crímenes de guerra. La llamada comunidad internacional, capitaneada por Estados Unidos, no sólo no ha hecho nada por llevarlos ante los tribunales, sino que les ha prestado su apoyo y los ha aupado al poder, por la simple y pura razón de que sirven sus intereses.
Un caso reciente ilustra esta realidad. Está protagonizado por Malalai Joya, la más joven integrante del Parlamento afgano. Pese a su juventud (tiene 29 años), cuenta con un largo historial de luchadora por los derechos de las mujeres y los niños. Ya a los 19 impartía cursos de alfabetización para mujeres. De ahí pasó a dirigir un orfanato y un centro de salud. En 2003 despertó el interés de no pocos foros internacionales por sus denuncias concretas sobre la implicación de los señores de la guerra en la redacción de la nueva Constitución afgana. Cuando se celebraron elecciones dos años después, salió designada parlamentaria por la provincia de Fará. En la Loya Jirga ha sido, desde entonces, la protagonista de constantes denuncias de la composición del propio Parlamento y de las actividades de muchos de sus miembros.
Tras una de sus críticas, en la que sostuvo que ese Parlamento es peor que un establo, porque en los establos hay animales útiles, la Cámara tomó el pasado 21 de mayo la resolución de privarle de su condición de parlamentaria, limitar sus movimientos y llevarla a juicio, demostrando cómo se entienden allí el derecho de crítica parlamentaria y la libertad de expresión.
Joya, que ha sobrevivido ya a cuatro intentos de asesinato, ha dejado claro que no va a cerrar la boca. Human Rights Watch ha exigido que cese la persecución contra ella. Luisa Morgantini, vicepresidenta del Parlamento Europeo, se ha sumado a la demanda.
Conviene que se sepa la clase de poder afgano que está protegiendo nuestro Gobierno, tan humanitario él.
Javier Ortiz. El Mundo (2 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:Malalai Joya. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
El Gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la licencia de emisión del canal RCTV, que en la medianoche de ayer dejó de emitir. Es una prerrogativa que le concede la ley. El Tribunal Supremo de Venezuela ha ratificado la decisión y ha ordenado que los equipos del canal pasen a manos de otro, TVS, de propiedad pública.
Señalaré algunos hechos probados, como se dice en las sentencias.
Un hecho probado es que el Gobierno de Chávez nació de unas elecciones cuya limpieza fue supervisada por toda suerte de organismos internacionales.
Otro, que la ley aplicada fue elaborada por un Parlamento elegido democráticamente y ha sido refrendada por la máxima autoridad judicial del país.
Otro más: que estamos refiriéndonos a un medio de comunicación que respaldó un intento de golpe de Estado. Por decirlo en lenguaje político español: por un medio que no sólo no condena la violencia, sino que la promovió.
A decir verdad, RCTV ha gozado de garantías que no siempre se ponen en práctica en otros pagos. En éstos, sin ir más lejos. Aquí, la autoridad político-judicial tiene a bien adoptar medidas referentes a medios de comunicación que formalmente se plantean como cautelares o provisionales, pero que en la práctica se convierten en definitivas. Al semanario cántabro independiente La Realidad, por ejemplo, una juez le impuso una sanción de 27 millones de pesetas (nota de edición: más de 162.000 euros) por un supuesto delito de honores mancillados –Víctor de la Serna lo comentó con mucha precisión el pasado martes en estas mismas páginas– lo que provocó el cierre de la publicación. Al cabo de los meses, otro tribunal ha reducido la sanción a menos del 10%. Qué bien. Pero ya da igual: rebajar la multa a un difunto no sirve de nada. También Garzón decidió un buen día que Eginpodría volver a editarse, porque su único delito aparente se refería a impagos a la Seguridad Social. A buenas horas, mangas verdes.
O vete a hacer puñetas, que es el remate que lucen los jueces en las mangas.
Dicho lo cual, no me divierte nada, por legal que sea, que se cierre un medio de comunicación. Ninguno. Ni siquiera ese canal venezolano, por el que sentía las mismas simpatías que me habría producido una televisión que tuviera de jefe de programación al teniente-coronel Tejero.
Lo que me llama la atención es que la misma gente que exige aquí a diario que se silencie al uno o al otro, que no se le deje tener periódicos –no digamos canales de televisión– y que se le prohíba concurrir a las elecciones, sea en persona o por delegación, se declare indignada porque en Venezuela se apliquen de manera tan suave sus técnicas predilectas.
Ayer se vio en algunos colegios electorales de Euskadi qué efectos tan estupendos tiene prohibir lo que tiene carta de naturaleza. Los franceses lo dicen muy bien: «Expulsa lo natural, que volverá al galope».
Javier Ortiz. El Mundo (28 de mayo de 2007). Hay también un apunte que trata el mismo asunto:Santander, Basta Ya. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
No tengo gran cosa que decir sobre Juan Carlos de Borbón que no haya escrito ya en anteriores ocasiones.
Lo que me llama la atención de la noticia es lo que parece revelar sobre la disposición mental del sector activo de la audiencia de esa cadena de televisión.
Para empezar, está el hecho de que tanta gente se preste a participar en una votación como ésa, que no pasa de ser un absurdo. Un absurdo que, por no tener valor, ni siquiera lo tiene estadístico.
Pero demos al asunto un par de vueltas más. Se supone que, cuando te hablan del español de la Historia, quieren decir el español más importante de la Historia. Pero, más importante: ¿en qué sentido? ¿Por lo que se propuso hacer y logró o por lo que logró sin proponérselo? En mi criterio (que es discutible, como todos, pero fácilmente defendible), Juan Carlos de Borbón lo único que se ha propuesto con verdadera determinación en su vida -una vez descartadas las regatas de vela y otras conquistas privadas- es llegar a ser Rey y mantenerse en el cargo.
¿Le convierte ese empeño en el mejor de todos los españoles a lo largo de todos los tiempos?
De ser así, qué bien para él y qué enorme pena para todos los demás españoles. Entre otros, para algunos de sus antecesores en la realeza, como Felipe II, que alguna cosilla sí que hicieron, aunque también problemática.
Otro aspecto curioso de la votación de referencia es que en el ranking de mejores españoles de la Historia figuren en lugar destacado Sofía de Grecia y Grecia (a la que cada cual tiene derecho a considerar todo lo española que le dé la gana, pero que no se llama de Grecia y Grecia por casualidad) y Cristóbal Colón, quien, mientras no se demuestre lo contrario, parece que fue genovés. Yo, crítico como soy con la Ley de Extranjería, no me opongo a considerar español a todo quisque, faltaría más, pero supongo que, en aplicación de criterios parejos, los votantes de Antena 3 estarán también dispuestos a que se nombre a Pablo Picasso francés de la Historia. Y a Francisco Azpilikueta, más conocido como San Francisco de Javier, japonés de la Historia. Y en este plan.
Una vez salvadas mis salvedades sobre adscripciones patrióticas y demás, me pregunto qué respondería yo si me interrogaran sobre algo semejante y considerara conveniente contestar.
¿El español de la Historia? ¿Así, con todas esas mayúsculas?
Supongo que, cuando hablan de español, incluyen también a las españolas. De ser ese el caso, mi respuesta (interesada, como todas) se vuelve fácil. Y hasta es muy probable que ustedes se la expliquen.
La persona que me parece más importante de toda la Historia -irundarra, vasca, española y universal- es mi madre.
Javier Ortiz. El Mundo (26 de mayo de 2007). Hay también un apunte con el mismo título:La importancia histórica. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.
