Desde Jamaica

Contó la prensa española del sábado que la Corte Suprema de Argentina ha dictaminado, en esencia, que los crímenes contra la Humanidad ni prescriben ni pueden ser materia de amnistía o indulto, razón por la que los responsables de la dictadura que los atenazó durante años deberán ir a la cárcel.

Me ha extrañado que ninguna autoridad española haya criticado esa sentencia. Es raro. Porque, de aceptarse que los crímenes de las dictaduras no pueden ser materia de amnistía, nuestros dignatarios deberían repudiar lo que ellos mismos –hablo de los cargos, no de las personas, aunque a veces dé lo mismo– hicieron durante nuestra venerada Transición.

¿En qué punto falla mi razonamiento? ¿Quizá es que no he comprendido que el principio universal establecido por la Corte Suprema argentina no es realmente universal, sino tan sólo nacional, o regional, o subcontinental? ¿O será que me he hecho una idea equivocada de lo que significan los conceptos de «dictadura» y «guerra sucia», que habría que aplicar inexorablemente a la barbarie que causó la desaparición de 30.000 personas allí, pero no al exterminio de cientos de miles de personas aquí, perpetrado no en el curso de una confrontación armada, sino cuando las hostilidades supuestamente ya habían cesado?

Hace algunos días escribí un texto citando a varias personas que fueron asesinadas en mi proximidad allá por los setenta. Algunos lectores me han escrito preguntándome quiénes eran los citados y cómo murieron. ¿Cómo lo van a saber, si su recuerdo está enterrado mucho más hondo que sus cuerpos? ¿Quién alienta la memoria de Jesús Mari Ripalda, que fue asesinado por la Policía de Franco a tres calles de mi casa, en San Sebastián, por manifestarse en contra de la pena de muerte? ¿Cuántos guardamos el recuerdo de Miquel Grau, al que un falangista aplastó la cabeza en la Plaza de los Luceros de Alicante porque estaba pegando un cartel en favor del Estatut? Diríjanse a Su Majestad el Rey de España, que acaba de perorar muy solemnemente sobre «asesinatos cobardes». Que él les enseñe a distinguir entre asesinatos valientes y cobardes, y les cuente por qué de unos vale la pena hablar y de los otros –si lo sabrá él– resulta mejor olvidarse.

Me lo plantean cada vez que recuerdo las andanzas de alguna gente que todavía aparece por las tribunas presumiendo de su pasado, tipo Manuel Fraga o Rodolfo Martín Villa: «Pero, hombre, ¿es que tú no perdonas?». Me resulta hasta cómico. Pero, ¿cómo se puede perdonar a alguien que se enorgullece de lo que hizo? ¡Si, tal como están las cosas, se diría que quienes deben pedir perdón son los que lucharon contra ellos!

Las madres de la Plaza de Mayo popularizaron una consigna: «Ni olvido ni perdón». Aquí, la mitad resulta superflua. Habiendo olvido, el perdón está de sobra.

Javier Ortiz. El Mundo (16 de julio de 2007). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: El perdón está de más. Subido a "Desde Jamaica" el 26 de junio de 2018.

Dice Mariano Rajoy que los últimos éxitos que ha tenido la Policía en su esfuerzo por prevenir los atentados de ETA han sido «milagrosos». Se entiende que apele al papel benefactor de la Divina Providencia, tan poco activa en Yemen y tan pluriempleada, según él, por estos pagos. No puede admitir que tales aciertos procedan de ningún factor humano, porque, de hacerlo, estaría mostrando la inconsistencia del componente principal de su actual artillería propagandística, a saber: que ETA se encuentra hoy más fuerte que nunca y sus enemigos más indefensos que jamás, por culpa de Zapatero.

El PP tenía ya un grave problema con la realidad. Ahora se le añade otro.

El anterior procedía del creciente convencimiento colectivo de que en los últimos años se ha producido una notable reducción de los recursos sociales de ETA. Es mucha la gente, y no sólo del Ebro para arriba, que aprecia que el peso de la organización armada en la sociedad vasca es cada vez menor. No hablo del peso del independentismo, ni siquiera de la influencia del ideario de la izquierda abertzale radical, sino, en concreto, del peso de ETA. Sencillamente: es evidente que el grupo terrorista, lejos de estar más fuerte, pasa por su peor momento.

Ese debilitamiento social le acarrea una creciente fragilidad organizativa. No podía ser de otro modo. ¿Que tiene cantera, gente, dinero y armas? Es posible. Carezco de la información necesaria para emitir un dictamen propio. A cambio, veo cómo se le empequeñece el caldo de cultivo, la simpatía ambiental, la complicidad social. Lo cual la vuelve cada vez más vulnerable a la represión policial.

Tal cosa no constituye ningún mérito que quepa atribuir a los aciertos del Gobierno de Zapatero, que ha hecho mucho menos de lo que sus rivales le atribuyen. Lo que sí cabe afirmar taxativamente es que se trata de algo que ha llegado a pesar de los esfuerzos del Partido Popular y de sus agentes propagandísticos y judiciales, que han empujado erre que erre en la dirección contraria.

Reclamar a ETA que negocie, mostrarle la viabilidad de un acuerdo razonable para su desaparición del mapa y hacer ver a quienes viven en su vecindad político-social que les es más rentable, a todos los efectos, concentrar sus aspiraciones en el campo de la contienda política, no sólo no ha debilitado la lucha para acabar con el terrorismo, sino que la ha fortalecido. En el plano social, desde luego, pero también, según todas las trazas, en el terreno policial.

Ésa es la realidad esencial. A partir de ella, lo de menos es que tal o cual caída se deba a esta o la otra colaboración policial, al dato proporcionado por el vecino tal o a la avería que sufrió la furgoneta cual.

Nada de milagros. Las casualidades formales son tan sólo las grietas por las que se abre paso la necesidad de fondo.

Javier Ortiz. El Mundo (14 de julio de 2007). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: El milagro de Rajoy. Subido a "Desde Jamaica" el 26 de junio de 2018.

El alto mando del PP se refiere a los integrantes de Nafarroa Bai (NaBai) sirviéndose de una curiosa perífrasis: «Los que quieren que Navarra deje de ser Navarra».

Se proclaman defensores de la identidad de Navarra pero, en la práctica, la tienen por muy poco. La encorsetan en una simple contingencia institucional, desproveyéndola de sus hondas raíces históricas y de su fuerte personalidad cultural y social.

¿Navarra es y será Navarra sólo en la medida en que mantenga su estatus político-administrativo presente? Si así fuera, habríamos de deducir que Navarra no fue Navarra hasta agosto de 1982, cuando se aprobó la vigente Ley de Amejoramiento. Lo cual es tan absurdo como vaticinar que dejaría de ser Navarra si alcanzara acuerdos de coordinación administrativa con otros territorios que participan de su misma tradición foral, como son Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Manejan el espantajo de la asociación de Navarra a las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) haciendo como si desconocieran dos realidades clave. La primera es que NaBai se ha comprometido por activa y por pasiva a no plantear ningún posible cambio en el estatuto jurídico de la Comunidad Foral a lo largo de la legislatura que ahora empieza. La segunda es que NaBai (esto es, los diversos partidos y personalidades independientes que la integran) defiende que para llevar a la práctica cualquier cambio de ese género, en el caso de que llegara a plantearse en un futuro, se precisaría el respaldo de la mayoría del pueblo de Navarra, que debería otorgarlo (o negarlo) en un referéndum convocado al efecto. Lo cual excluye por principio cualquier iniciativa de género impositivo.

No olvidemos en este punto que las imposiciones, en una situación como la navarra, pueden ser de dos tipos, y no sólo del que tanto abomina el PP. También constituiría una imposición inaceptable que una autoridad, fuera del tipo que fuere, pretendiera vedar a los navarros la posibilidad de avanzar por la vía de su progresiva coordinación cultural, económica y político-administrativa con los territorios de la CAV. Una eventualidad que -no lo olvidemos- está prevista en la propia Constitución Española y que es hondamente sentida por buena parte de la sociedad navarra.

El PP y su franquicia local, UPN, son perfectamente capaces de decir que se tomarían como un casus belli que un nacionalista fuera elegido para presidir una institución foral y, a la vez, pretender que son los máximos defensores de posiciones integradoras del conjunto de la población navarra. Quieren marginar a la segunda fuerza política del territorio... ¡en nombre de la convivencia y el entendimiento!

Pero todo eso da igual. Contemos con que se trata de gente a la que le importa un bledo no ser razonable. Se conforma con resultar contundente.

Javier Ortiz. El Mundo (2 de julio de 2007). Subido a "Desde Jamaica" el 26 de junio de 2018.

Dos sindicalistas de Naval Gijón, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, están recluidos en la prisión asturiana de Villabona desde el pasado 16 de junio. Han sido encarcelados para que cumplan una pena de tres años de cárcel que les fue impuesta al ser considerados responsables de la rotura de una cámara de videovigilancia, destrozo que se produjo en el transcurso de una manifestación obrera que tuvo lugar en marzo de 2005 en defensa de la continuidad del astillero, por entonces amenazado de desmantelamiento.

La muy severa sentencia condenatoria se basó únicamente en el testimonio de varios policías, que señalaron a Cándido y a Morala -así los llaman sus compañeros: al uno por el nombre de pila y al otro por su segundo apellido- como autores del hecho. El tribunal que los condenó se negó a tener en cuenta las imágenes de un vídeo grabado por la propia Policía en el que se constata claramente que ninguno de los dos procesados estaba entre quienes lanzaron el petardo que impactó contra la cámara. Tampoco quiso considerar el hecho de que uno de los testigos de la acusación fue un policía que había estado infiltrado en los ambientes sindicales y de la izquierda de Gijón, en los que hizo cuanto pudo por incitar a la comisión de actos de vandalismo, protagonizándolos a veces él mismo. En fin, rechazó las declaraciones exculpatorias de varios testigos de lo sucedido, entre ellos algunos periodistas.

Resulta inicialmente sorprendente el empeño policial-judicial en endosar a Cándido y a Morala la responsabilidad de ese suceso, cuando todo el mundo sabe que fueron cientos los trabajadores de Naval Gijón los que, indignados por los planes de cierre que se cernían sobre su empresa, participaron en aquellas muy crispadas manifestaciones. Otras zonas «reindustrializadas» han vivido protestas semejantes y nadie ha ido a la cárcel por ello.

¿Qué tiene de especial el caso de Cándido y Morala? Algunos formulan una sospecha digna de consideración. Recuerdan que la Naval Gijón tiene sus instalaciones en un terreno industrial de 300.000 metros cuadrados situados en una zona costera que podría convertirse en suelo muy valioso para el gremio del ladrillo. Son muchos los que piensan que el astillero sobra, aunque se haya demostrado que es viable como empresa.

Fernando León de Aranoa ha comparado a Cándido y a Morala con los protagonistas de Los lunes al sol, Santa y José. Tienen mucho en común, sin duda, pero también importantes diferencias. Como el propio León de Aranoa recuerda, a Santa, el protagonista de su película, le piden una pena casi simbólica por haber roto una farola. En el caso de los dos sindicalistas de Gijón, la pena no tiene nada de simbólica. Y, además, nadie ha probado que hayan roto nada.

Una vez más, la realidad se empeña en superar a la ficción.

Javier Ortiz. El Mundo (30 de junio de 2007). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: Cándido y Morala. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.

La próxima semana verá la luz pública un amplio documento oficial en el que se reconocen numerosas actividades delictivas protagonizadas por la CIA y otros organismos de la Administración de EE.UU. entre 1953 y 1973. Entre ellas figuran numerosas acciones criminales llevadas a cabo más allá de sus fronteras, incluidos varios intentos de magnicidio y unos cuantos golpes de Estado.

La noticia me sugiere dos comentarios de apariencia contradictoria.

El primero, y muy obvio, se refiere a la demostrada capacidad de los sucesivos gobiernos de Washington para saltarse a la torera cualquier restricción legal con tal de imponer soluciones acordes con sus intereses. Desde matanzas en masa a asesinatos selectivos, desde el patrocinio de dictaduras a la organización de escuadrones de la muerte, desde actos de terrorismo atribuidos a terceros a la compra sistemática de oligarquías venales... La fuerza bruta norteamericana, uniformada o vestida de civil, ha venido actuando en constante aplicación del manido principio jesuítico que pretende que el fin justifica los medios, lo que en su caso resulta doblemente inaceptable, porque no sólo sus medios son repulsivos: también lo son sus objetivos de dominación mundial.

Pero, si lo anterior es cierto, no lo es menos -y aquí viene la aparente contradicción a la que me refería más arriba- que el sistema norteamericano, a diferencia de los que conocemos en otras latitudes, prevé el acceso público a los secretos oficiales una vez que tales secretos dejan de ser directamente operativos. Los historiadores y los estudiosos tienen acceso a numerosos documentos que fueron clasificados como secretos en el momento de su elaboración y que resultan de un interés extraordinario, no sólo por la luz que arrojan sobre el pasado, sino también por las pistas que dan para imaginar el presente.

No hace falta decir, supongo, que no todos esos documentos acaban conociéndose. Unos se mantienen ocultos, mientras otros afloran tras haber sido expurgados a conciencia, en nombre de la Seguridad Nacional. Pero, con todo y con eso, la parte desclasificada aporta una información valiosísima, sin parangón en otros países. Tan es así que hay episodios no muy edificantes de la Historia de España -de la Transición, sin ir más lejos- sobre los que hoy en día sabemos más gracias a los documentos desclasificados del Pentágono que por lo que está a nuestra disposición en el propio escenario de los acontecimientos.

Esa capacidad del sistema político norteamericano para hacer lo peor y, acto seguido, reconocerlo al menos en parte, ilustra no poco sobre la complejidad de una sociedad con la que muchos españoles tienen relaciones neuróticas: pretenden que la desprecian, pero no paran de mirar hacia ella y de imitarla. Casi siempre en lo que tiene de peor, por desgracia.

Javier Ortiz. El Mundo (25 de junio de 2007). Hay también un apunte con el mismo título: Ambivalencia «made in USA». Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.