Desde Jamaica

Las asociaciones de víctimas del terrorismo hicieron público el pasado sábado un comunicado conjunto en el que, a la vez que expresaban su deseo de que el «alto el fuego permanente» proclamado por ETA presagie el fin de la organización terrorista, manifestaban algunas consideraciones políticas que iban bastante más allá de ese plausible deseo.

Dentro de esas consideraciones, figuraba una que sostenía que «el final del terrorismo no puede conducir a la frustración de las aspiraciones de justicia de las víctimas». Lo afirmaba como si se tratara de una evidencia. Y no lo es.

Aclaremos, para empezar, que cuando dice «no puede» lo que quiere decir es «no debería». Porque lo que es poder, puede. Está sobradamente acreditada la capacidad de los poderes públicos para frustrar los deseos de justicia de toda suerte de víctimas en razón de intereses superiores, reales o supuestos.

Hay muchos miles de conciudadanos nuestros que lo saben muy bien, por triste experiencia personal. La tan festejada Transición española encontró uno de sus principales fundamentos en el pacto implícito por el que se decidió dejar a beneficio de inventario todos los crímenes cometidos por la dictadura franquista, renunciando a exigir responsabilidades no sólo a quienes los cometieron, sino incluso a los que amasaron cuantiosas fortunas aprovechándose de ellos. Y no estamos hablando de 800 muertos, sino de cifras seguidas de bastantes ceros más, tanto en víctimas como en dinero. Asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas, robos, expropiaciones ilícitas... todo ello realizado bajo el amparo del poder de un Estado impuesto por la fuerza de las armas.

¿Fue un ejemplo de responsabilidad histórica hacer borrón y cuenta nueva con todo aquello, pero sería inaceptable que ahora se aplicara un remedo de lo mismo? ¿Convenía entonces dejar de lado el rigor de la Justicia, pero sería una intolerable afrenta a los principios del Estado de Derecho ajustar ahora a las circunstancias la aplicación de la ley? ¿Fue necesario en aquel momento que prevaleciera la idea de que «a grandes males, grandes remedios» pero ahora ha de imponerse ineluctablemente el dura lex, sed lex?

Muchas víctimas del franquismo siguen sin olvidar ni perdonar a sus verdugos, pero han tenido que amoldarse mal que bien a la evolución de los acontecimientos, por mucho que les haya dolido. Saben que los imperativos políticos suelen ser proclives a las injusticias. Pero es curioso: nunca he oído a quienes ahora subrayan cuán abominable sería frustrar las aspiraciones de justicia de las víctimas decir ni media palabra sobre el agravio padecido por las muchísimas víctimas que les precedieron en eso de ver frustradas sus aspiraciones de justicia.

Estaría bien que explicaran ese silencio. Me da que resultaría ilustrativo.

Javier Ortiz. El Mundo (27 de marzo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: La frustración de las víctimas.

«No pasa de ser otra tregua más», dicen algunos. Pero no tienen razón. Es la primera vez que ETA habla de un «alto el fuego permanente», y no ha utilizado el adjetivo «permanente» al buen tuntún. Todo el comunicado que ayer dio a conocer da prueba de su voluntad de permitir que la política pase a primer plano, sin volver a interferir en ella con su acción violenta. Hasta ayer, había declarado treguas a plazo fijo -incluso de una semana-, treguas sectoriales -para tal o cual sector de la población, o para una u otra zona geográfica- e incluso una tregua que llamó «indefinida», pero dejando claro que cesaría de no concretarse determinadas condiciones. Ahora no dice que el alto el fuego esté condicionado a nada.

«Pero no dice que se disuelve», objetan. Ya. Obviamente. Aspira a negociar las condiciones de su disolución. Porque una cosa es reconocer que los problemas políticos deben ser discutidos entre las fuerzas políticas y otra rendirse de pies y manos, sin más. Lo primero era lo esencial, y ya está sobre la mesa. Lo siguiente habrá que propiciarlo. Cuando ayer muchas personas dijeron que esto puede ser «el comienzo del fin», reconocieron que se va a necesitar un tiempo y no pocos esfuerzos para precisar las modalidades que habrá de tener la autodisolución de ETA. Porque quizá sea exagerada la máxima que asegura que «a enemigo que huye, puente de plata», pero no parece insensato deducir que algún puente habrá que ponerle, sea de plata, de bronce o de aluminio. Porque lo que sí resultaría insensato es cerrarle las salidas hasta hacerle imposible la huida. A no ser que uno desee que la pendencia continúe, con su secuela de sufrimientos.

«¡Mucho cuidado con traicionar a las víctimas!», advierten.

Yo he oído a víctimas que opinan que estamos en la buena vía y otras que consideran lo contrario. En todo caso, me permito señalar que hay otras víctimas a las que es urgente no traicionar: las que todavía no se han producido. Porque la paz no es sólo un modo de cerrar una etapa del pasado. Es también, y sobre todo, en muy buena medida, una manera de preparar otro futuro, que no conozca más muertes violentas, más extorsiones, más secuestros, más torturas, más enfrentamientos civiles, más negación a los derechos de las mayorías y de las minorías.

He escrito aquí mismo que Rodríguez Zapatero hizo dos grandes apuestas al inicio de su trayectoria como presidente del Gobierno: el Estatut y la pacificación de Euskadi. La primera le ha quedado un tanto descompuesta. Pero la segunda acaba de dar un paso importantísimo. De seguir su recorrido hasta llegar a la meta, el actual jefe del Gobierno español se habrá ganado un lugar en la Historia, lo que no sé en qué medida le obsesiona, pero, muy específicamente, se habrá colocado en una excelente posición para obtener su reelección. Y eso es evidente que les obsesiona a muchos otros.

Javier Ortiz. El Mundo (23 de marzo de 2006).

El Departamento de Estado de los EE.UU. acaba de hacer público su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Es muy detallado, aunque sólo en parte: habla de todos los países y de todos los gobiernos que le vienen en gana, salvo de los EE.UU. y del Gobierno de los EE.UU.

Les invito a que lo repasen. Verán que examina con criterios extremadamente estrictos lo que sucede en montones de países, incluyendo algunos que son aliados del propio Gobierno de los EE.UU., y que les reprocha no atenerse a las leyes y tratados internacionales que protegen los derechos de las personas, pero que no se detiene ni por un momento ante la evidencia de que las mismas ilegalidades que atribuye a otros gobiernos son moneda corriente en los propios EE.UU. o en las dependencias que los EE.UU. tienen fuera de sus teóricas fronteras. El lector del informe se quedará estupefacto al ver con qué aplomo el Departamento de Condoleezza Rice denuncia que haya estados que hacen... la mitad de la mitad de lo que ellos están perpetrando en Guantánamo. De hecho, todo el informe es un perfecto ejemplo de apabullante aplicación de la ley del embudo. Los mismos hechos merecen la más severa de las condenas si son otros los que los protagonizan y el silencio más hermético si es la Administración de los EE.UU. la que los produce.

El primer pensamiento que asalta a cualquier persona medianamente ecuánime que repare en el informe en cuestión es que la señora Rice y su Departamento tienen una caradura descomunal y toman al mundo entero por cretino.

No seré yo quien diga que el suyo no es un descaro antológico, pero creo que vale la pena indagar en los mecanismos ideológicos que les permiten sustentar ese disparate, y hasta creérselo. La respuesta tiene nombre: mesianismo. Los gobernantes de los EE.UU. están convencidos de que su causa es La Causa y que su defensa lo justifica todo. Los humildes mortales foráneos deben estar sometidos al imperio de la ley, por supuesto, pero ellos tienen permiso divino para hacer cuanto consideren necesario para lograr el progreso del pueblo elegido, o de la parte del pueblo elegido que ellos consideran la esencia del pueblo elegido. No es una idea que les haya sobrevenido en estos días de ahora: recordemos la vieja canción de Bob Dylan With God On Our Side: exterminar a los indios, invadir otros países, entrar en guerras ignotas, convertir a los aliados en enemigos o a los enemigos en aliados... Todo cabe, todo se justifica, si Dios está de tu parte.

Según eso, tiene perfecto sentido desarrollar el programa de armamento nuclear más definitivo, pero prohibírselo a otros. Según eso, es lógico montar tribunales en La Haya para juzgar a los demás y negarse a someterse uno mismo a ningún tribunal internacional. Según eso... Según eso, todo.

Javier Ortiz. El Mundo (20 de marzo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Con Dios de su lado.

El presidente del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, Patrick Robinson, ha lamentado que la súbita muerte de Slobodan Milosevic haya impedido que se dicte un veredicto sobre los cargos de genocidio y crímenes contra la Humanidad que se habían formulado contra él. El juez tiene razón en términos técnicos, pero sabe muy bien que la realidad es otra. No puede ocultársele que casi todos los comentarios publicados tras la desaparición del mundo de los vivos del que fuera presidente de Yugoslavia han dado por probada la totalidad de los delitos de los que estaba acusado, e incluso más que ni siquiera llegaron a imputársele por la vía legal.

En esas condiciones, no cabe duda de que el muy extraño fallecimiento de Milosevic le ha venido de perlas al Tribunal de La Haya, que ha obtenido una condena de facto sin tener que probar ni argumentar nada.

Vale la pena preguntarse por las razones de la evolución que ha seguido el juicio contra Milosevic, que empezó hace cuatro años y medio como un gran espectáculo, rodeado de cámaras y micrófonos, y que en cosa de pocas semanas fue desapareciendo de los noticiarios, hasta perderse en el olvido. El interés por aquel circo se apagó a toda velocidad en cuanto se vio que el expresidente yugoslavo era capaz de responder a las acusaciones del Tribunal aportando datos que venían a probar que sus enemigos, incluidos los de la OTAN, no habían tenido un comportamiento mucho más presentable que el que se le reprochaba a él. Recuérdese –o sépalo quien lo ignorara– que hoy en día ya no hay duda de que algunas de las matanzas que se le atribuyeron durante aquella guerra fueron meros montajes propagandísticos, fabricados para inclinar a la opinión pública occidental del lado de la intervención, y que hubo hechos de guerra muy luctuosos que le fueron atribuidos y que, en realidad, habían sido actos de provocación de la parte opuesta. Gerhard Schröder y Joschka Fischer tendrían muchas explicaciones que dar al respecto.

El peligro que presentó el discurrir del juicio de La Haya no fue que Milosevic pudiera demostrar su inocencia angelical, ni mucho menos, sino que quedara patente que las fuerzas que lo derrocaron, con la OTAN al frente, también cometieron actos abominables, contrarios a las leyes de la guerra y merecedores de muy severo castigo. Si de veras se hubiera tratado de que un tribunal imparcial sometiera a juicio a los criminales de guerra de ese conflicto, en el banquillo de los acusados debería haberse sentado también no poca gente del otro bando.

Lo mismo pasaría si a alguien se le ocurriera constituir un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Irak. Pero no existe tal peligro. Mientras haya vencedores y vencidos, ese género de tribunales siempre lo montarán los vencedores para pavonearse a costa de los vencidos.

Javier Ortiz. El Mundo (16 de marzo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El caso Milosevic.

Estaba esperando a ver cuánto tardaba, pero ya está: el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha anunciado que se va a reformar la ley para castigar más severamente las expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en los recintos deportivos. Porque la moda española de más prestigio es ésa, hoy en día: en cuanto se ve que algo está mal y no conviene, los políticos se ponen de acuerdo y sacan una ley que lo castiga. Y si ya existe una ley contra eso, la endurecen. Seguro que la comparación les ofende, pero me recuerdan a Su Excremencia el jefe del Estado anterior (anterior el jefe, no el Estado), que decidió que la lucha de clases era un fenómeno muy negativo, e incluso tirando a marxista, y sacó un decreto para prohibirla.

De este furor legislativo que nos invade, la ley que me ha parecido más curiosa es la que determina que las listas electorales habrán de ser paritarias entre hombres y mujeres, al menos en una relación de cuatro a seis. Cuando supe de ese proyecto legislativo, me pregunté qué harán los partidos feministas, caso de que se apruebe. Tendrán que incluir un 40% de hombres. Sus integrantes habrán de rezar para que la ley electoral mantenga las listas cerradas y bloqueadas. ¡Sólo faltaría que se vieran obligadas a meter hombres por imperativo legal y que al final fueran ellos los electos!

Sarcasmos aparte, lo que me preocupa más es que se esté generalizando la idea de que para transformar la realidad social lo esencial es que haya una buena ley que lo diga y que castigue mucho a quienes se resistan. ¿Que el tabaco es rematadamente malo?  Ley al canto. ¿Que la gente bebe alcohol y conduce? Multas millonarias y carnés de puntos. ¿Que muchos maridos, novios o lo que sea maltratan a sus parejas, presentes o pasadas? Acreciéntense las penas de cárcel. Y así todo.

Estoy lejos de proponer que las conductas execrables queden impunes. Lo que sostengo es que los problemas no se resuelven por decreto (aunque a veces pueda haber decretos que ayuden a combatirlos, claro está). Me rebelo contra la descarada tendencia de la clase política a responder a las alarmas sociales –muchas veces inducidas por los medios de comunicación, ávidos de carnaza– recurriendo al fácil expediente de aumentar la panoplia legislativa, lo que le permite disimular su escaso interés o su directa incapacidad para actuar sobre los factores de fondo que condicionan los comportamientos machistas, violentos, racistas, xenófobos, etc.

Actuar directamente sobre la realidad es –qué duda cabe– mucho más laborioso. Obliga a organizar a la gente, a movilizar a los partidarios, a discutir con quienes se oponen, a tratar de transformar las conciencias. Como se pueda. En la medida en que vaya pudiéndose.

Pero no nos engañemos: las leyes penalizan lo existente; no lo cambian.

Javier Ortiz. El Mundo (13 de marzo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: La ley como remedio universal.

Hay muchos hábitos de la política estadounidense que fascinan a José María Aznar, pero me da que entre ellos no debe de estar la aversión un tanto puritana que por allí sienten hacia la mentira. Es proverbial. Siempre se cuenta que Richard Nixon navegó sin mayor dificultad entre sus muchos desafueros, pero que acabó hundiéndose cuando tropezó con sus propias mentiras. Desde el momento en que se convirtió a los ojos del pueblo de EE.UU. en Tricky Dick («Ricardito el Tramposo»), su carrera política naufragó.

Afirma Esperanza Aguirre que Aznar es el mejor parlamentario que ha conocido la democracia española. Boris Vian sostenía que el término francés parlamentaire (parlamentario) es síntesis de dos palabras: parler (hablar) y menteur (mentiroso). Supongo que doña Esperanza, que es mujer de amplio conocimiento de la literatura internacional, estaba pensando en Vian cuando dijo eso del expresidente del Gobierno.

Porque lo de ese hombre empieza a constituir una manía. Todavía sigue fresco el aplomo con el que sostuvo que a él le constaba que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva («Créanme», nos pidió con aire compungido) cuando ahora nos obliga a lidiar con su afirmación de que jamás quiso negociar nada con ETA; que si envió a tres de sus principales asesores a Zúrich para entrevistarse con la dirección de lo que por entonces llamó «movimiento de liberación vasco» (¡lo dijo!) fue sólo para preguntarles si se rendían sin más protocolo o no.

Se ha pedido en el Parlamento que el Gobierno levante el secreto sobre los papeles del ex Cesid que se refieran a la reunión de los legados de Aznar con la dirección de ETA. No tengo inconveniente, pero recuerdo que ya existe un testimonio de aquel encuentro. La propia ETA dio a conocer una especie de acta de lo tratado y –a las hemerotecas me remito– el Gobierno no sólo no la acusó de mentir, sino que se apoyó en sus palabras para defenderse. Pues bien, aquel documento con aires de acta recogía, entrecomillándolas, unas palabras pronunciadas por uno de los enviados de Aznar, que dijo, en concreto: «No pensamos que ETA se va a rendir. No venimos a la derrota de ETA».

Hemerotecas aparte –que ahí están, de todos modos, para quien quiera repasarlas–, mi memoria es comparativamente buena, y me acuerdo bastante bien de aquellos tiempos, tampoco tan lejanos. Aznar no quiso discutir con ETA asuntos de estrategia política –dijo que eso debía abordarse en el «diálogo entre los partidos, incluida la izquierda abertzale» (sic)–, pero sí trató de negociar fórmulas que propiciaran el fin de la violencia terrorista, con el problema de los presos como asunto central. Igual que Zapatero.

Ahora el expresidente lo niega. Pero tiene suerte: España sigue sin ser todavía como EE.UU. Especialmente para lo bueno. Aquí se trata la mentira con una patética benevolencia.

Javier Ortiz. El Mundo (9 de marzo de 2006).

«Hay que escuchar el clamor de las víctimas», dicen sin parar. Objeción primera: a mí, por lo menos, me es imposible escuchar el clamor de las víctimas, porque no lo oigo. Oigo, eso sí –y además sin parar–, el clamor de los representantes de algunas organizaciones de víctimas, casi todas ellas indirectas (es decir, pertenecientes al entorno familiar de quienes fueron víctimas directas). Pero esos representantes no representan a todas las víctimas. Ni siquiera a todas las víctimas del terrorismo. Ni siquiera a todas las víctimas del terrorismo reciente. Ni siquiera a todas las víctimas del terrorismo de ETA.

En cuanto al clamor de esos representantes de algunas víctimas casi todas indirectas del terrorismo relativamente reciente –y, como ya digo, no de todos los terrorismos–, lo primero que me parece obligado decir es que no veo a cuento de qué se dedican a clamar. Uno tiene razón para clamar cuando habla en tono normal y no le hacen caso. Pero a los representantes de esas organizaciones de víctimas del terrorismo que claman se les hace mucho caso, y se les recibe en muchos foros, y se les proporcionan muchos altavoces, y se les conceden muchas de sus demandas.

El problema es que algunos de esos representantes clamantes claman exigiendo que los demás asumamos una determinada línea política. Una línea que establece qué debe hacerse en muchos planos: qué vías han de seguirse para lograr la paz en Euskadi, qué partidos políticos deben ser legales y cuáles otros ilegales, qué sociedades merecen el calificativo de naciones y cuáles no, qué modelo de organización territorial debe adoptar el Estado español... Y eso no les corresponde decidirlo a ellos, por muy víctimas o muy familiares de víctimas que sean. Para decidir sobre ese género de asuntos hay que formar un partido político, presentarse a las elecciones, obtener la mayoría parlamentaria y sacar adelante las leyes correspondientes.

Alternativamente, también podrían obtener los objetivos que pretenden si reuniera esos requisitos el partido en el que ya militan de hecho.

He escrito más arriba que esos representantes de víctimas no representan a todas las víctimas, etcétera, etcétera. Es cierto que hay otros representantes de otras víctimas que no comparten esos criterios políticos. Que tienen otros, no sólo diferentes sino incluso opuestos. Lo cual me parece muy digno de estima, pero indiferente, a estos efectos. Tampoco ellos tienen derecho a dictar líneas políticas a la sociedad.

A lo que tienen que dedicarse los representantes de las organizaciones de víctimas, o de familiares de víctimas, es a lograr el reconocimiento social que merece la desgracia que representan y a obtener mejoras en las condiciones de existencia de sus representados.

Que no es poca cosa. Mucha otra gente no menos desgraciada no tiene nada de eso.

Javier Ortiz. El Mundo (6 de marzo de 2006).

Los más listos del lugar han descubierto que los gritos y burlas racistas que una parte del público del estadio de La Romareda dedicó a Samuel Eto'o en el encuentro Zaragoza-Barcelona del pasado sábado no reflejan una actitud realmente racista. Sostienen que se trató sólo de una argucia destinada a conseguir que el futbolista camerunés perdiera los nervios y jugara mal. Argumentan que tales prácticas no están bien, desde luego, pero que son muy frecuentes en todo el mundo. Y, como prueba de que el racismo de lo sucedido es más aparente que real, aportan el hecho de que el propio Real Zaragoza tiene también jugadores de color a los que el público no sólo no insulta, sino que aplaude, y hasta ovaciona, si se tercia.

No sé cuánta gente considerará que estos argumentos son serios y convincentes pero, como no he visto que hayan suscitado mayor rechazo en los medios deportivos, he creído que tal vez no esté de más comentarlos.

«Se trata tan sólo de poner nervioso al jugador», dicen. Pero, ¿por qué eligen esa vía para tratar de sacarlo de sus casillas? Todavía no he visto que en ningún campo de fútbol español el público trate de poner nervioso a un jugador de raza blanca gritándole «¡Blanco de mierda!». ¿Son sólo modos malvados de chinchar, sin más trastienda? Pues es raro, en tal caso, que a ningún futbolista alemán se le haya coreado nunca: «¡Nazi, gaseador, genocida!», o cosa semejante.

No. Con los blancos se utilizan otros insultos (¿o debo decir «argucias»?) que son también reflejo de la ideología de quienes los emplean. En el caso de los futbolistas convenientemente blancos –y no digamos si encima son rubios y tienen los ojos azules–, se apela a las hipotéticas habilidades sexuales de sus madres y sus hermanas, o a la posible orientación de su sexualidad. Pero de pieles, nada.

«En casi todos los estadios del mundo se gritan cosas así», añaden. ¿Seguro? Yo he visto partidos de fútbol celebrados en África y no he oído que a ningún jugador lo insultaran afeándole el color de su piel.

«No le demos tanta importancia. Es cosa de una pequeña minoría», alegan. Tampoco ese argumento vale. Esa pequeña minoría se puede explayar porque la mayoría se lo permite. Si los de esa minoría hubieran lanzado gritos contra Aragón, la mayoría los habría sacado a boinazos.

«¿Y cómo explicas que no se metan con los jugadores negros de su propio equipo?», rematan, triunfales. ¡Dios mío, pero si eso es tan viejo como la Humanidad misma! Responde a un principio que, dejándose de afeites, se formula así: «Si aquél al que tienes por inferior te sirve y te es útil, otórgale tu condescendencia, y hasta tu magnánima bondad.»

Y que conste que el público de La Romareda no es ni mejor ni peor. Podía haber sucedido lo mismo en cualquier otro campo de fútbol español.

Javier Ortiz. El Mundo (2 de marzo de 2006).

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, la manifestación que se celebró el sábado en la capital del Estado contra la política antiterrorista del Gobierno central («contra la política terrorista de Zapatero», dijo Ana Botella), congregó a 110.000 personas. Al poco, oí que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre sostenía que los manifestantes habrían sido en realidad 1.400.000. O sea, casi 13 veces más. No tardé apenas nada en enterarme de que los propios convocantes elevaban el cómputo a 1.700.000. Me paré ahí, pensando en que ya sólo faltaba que Ángel Acebes se creyera en la obligación de realizar una estimación propia.

Este asunto de la manifestación madrileña pone de relieve dos importantes problemas que tiene la dirección del PP.

El primero es de credibilidad. Lleva ya tanto tiempo practicando el ditirambo, la exageración y el tremendismo que, cuando hace una afirmación, buena parte de la ciudadanía se la toma pensando que de eso, seguro que la mitad de la mitad, si es que no mucho menos. «¿Que casi dos millones? Si había 200.000, van que chutan», se dice el personal.

Si los dirigentes del PP quisieran volver creíbles sus cifras sobre la manifestación del sábado, no tendrían más que hacer públicas las fotografías aéreas de la concentración. Bastaría con saber la cantidad de personas que entran en un metro cuadrado de terreno en un día de lluvia y con paraguas, y calcular los metros cuadrados ocupados por los manifestantes.

¿Cuánta gente hubo, realmente? No creo que sea demasiado importante. Doy por hecho que, de saberse la cifra real, entraría fácilmente dentro de los márgenes de convocatoria que muchos le habríamos concedido al PP de antemano, sin necesidad de que se gastara nada en autocares. Hay manifestaciones que cobran importancia política porque su éxito desborda las previsiones. Por ejemplo, la que se realizó el pasado 18 en Barcelona bajo el lema Som un nació i tenim dret de decidir. ¿Por qué? Porque cogió con el pie cambiado a quienes han pactado el Estatut con rebajas, y en especial a CiU. Pero que el PP congregue una concentración como la del sábado en Madrid no aporta nada que no se supiera de antemano.

Y ése es el segundo problema que afrontan los de Rajoy: que están siguiendo una política de exaltación progresiva de sus incondicionales, lo cual sin duda contribuye a volverlos cada vez más agresivos y virulentos, pero no aumenta su número. Tanto más se crispan y crispan, tanto más generan una reacción de distancia en la población con menos ganas de gresca, que es muchísima. Están volviendo a toparse con el viejo problema de su techo electoral. Son los que son, y con eso no les basta.

Así las cosas, no faltan los que sostienen que, en este momento, el mejor agente electoral de Zapatero es Rajoy. Puede que tengan razón. Zapatero, desde luego, no lo es.

Javier Ortiz. El Mundo (27 de febrero de 2006).

Siempre he defendido –y lo he dicho– el derecho de mudar de opiniones que asiste a todas las personas. Es cierto –y tampoco lo he ocultado nunca– que me producen mucho mayor respeto los giros ideológicos y políticos que perjudican la promoción de quienes los realizan y que, por el contrario, me suscitan una cierta desconfianza inicial quienes cambian de criterio para ponerse a favor de corriente (aunque tampoco eso deba ser descalificado por principio).

Lo que no me parece que tenga la más mínima justificación ni merezca el menor respeto es la actitud de quienes, tras haberse pasado un buen tiempo proclamando que lo justo es A y descalificando con todos los pronunciamientos desfavorables a quienes decían B, pasan a afirmar con idéntica rotundidad que lo correcto es B y que quien diga A es, sin duda alguna, un hijo de mala madre.

Un buen amigo, nada desmemoriado, me ha mandado fotocopias de un puñado de recortes de prensa fechados en noviembre de 1998. Queda en ellos amplia constancia de que muy importantes voces de la prensa española –escrito sea con y sin mayúsculas– se declaraban encantadas de la noticia que acababa de saberse y que no era otra que el establecimiento de «contactos» entre el Gobierno de José María Aznar e «interlocutores del entorno del MLNV» (escrito tal cual).

El hecho suscitaba, entre otras, las albricias editoriales de un periódico de muy rancio abolengo, que enfatizaba que tal decisión del líder máximo del PP marcaba «el posible punto de partida de una andadura que ningún español de buena voluntad puede dejar de desear que culmine venturosamente». Sic. En el ardor del momento, otro preclaro comentarista de la derecha española, éste nada anónimo, saludaba la decisión de Aznar, aunque vaticinaba que el camino hacia «el fin del terror», que se iniciaba en tal punto y hora, habría de resultar todavía «largo y sinuoso». «Como en la canción de George Harrison», sentenciaba, refiriéndose a The Long and Winding Road, que, como (casi) todo el mundo sabe, es una canción de Paul McCartney.

Imaginemos lo mejor –in dubio pro reo– y aceptemos la posibilidad de que esta gente considere que el tal camino «largo y sinuoso» fuera entonces una excelente alternativa, digna de todo encomio, pero que emprenderlo a día de hoy sea una perfecta canallada y un insulto para las víctimas del terrorismo.

Bien. Pero, en tal caso, los que han dado ese giro de opinión habrán de explicar por qué dijeron entonces que sí y ahora que no. Y (¡qué menos!): habrán de admitir que el asunto no es para ellos una cuestión de principios –inalterables, por definición–, sino variable y circunstancial.

Pero no les pido nada parecido. Dejo ese tipo de exigencias para la gente que se toma en serio su coherencia y no se beneficia de que también el camino de su honradez resulte «largo y sinuoso».

Javier Ortiz. El Mundo (23 de febrero de 2006). Hay también un apunte de parecido título: Largos y sinuosos caminos (edición especial).