Desde Jamaica

Ya sé que tengo lo mío de maniático, pero admito que me enfurezco cada vez que un presentador o locutor de televisión o radio insiste en acabar como sea con la conjunción copulativa más usual en la lengua castellana -la y griega- sustituyéndola sistemáticamente por la conjunción disyuntiva «o», cosa que sucede sin falta en todos los informativos, todos los días y a todas las horas. Dice el menda, por ejemplo: «En la exposición se exhiben obras de Picasso, Braque o Léger». A lo que respondo de inmediato para mi coleto: «¿O? ¿He de elegir? ¿No puedo ver las pinturas de los tres, o sea, de Picasso, Braque y Léger?»

Ese vicio, como muchísimos otros, se expande incontenible por el universo de la comunicación de masas, incluyendo la escrita, sin que ninguno de sus nefandos usuarios parezca dispuesto a reflexionar sobre lo bien o mal fundado de su comportamiento. ¿Por qué?

Con el paso del tiempo, he llegado a una conclusión que la realidad no cesa de confirmarme: los periodistas, en su inmensa mayoría, no son ignorantes; son, básicamente, gente insegura. No es que crean que lo correcto es decir esto así o asao. No se meten en tecnicismos. Es que han oído que sus jefes y responsables, sus referentes, hablan así, y deducen (instintivamente, sin pensarlo) que si los de arriba hablan así, es que así es como se habla, como hay que hablar para ganarse el favor de las alturas y llegar -por cooptación, claro- a ser admitido en ellas.

Empieza el que asienta sus reales en la cúspide echando mano de tal o cual recurso bobo, o tópico, o retórico, y a continuación todos sus subordinados, y los que aspiran a convertirse en sus subordinados, lo asumen como propio, porque sienten (sienten, insisto: si lo pensaran demostrarían mayor maldad, pero también más inteligencia) que es muy bueno usarlo, porque, obviamente, es lo que se lleva. Todavía recuerdo cuando a Rodrigo Rato le dio por emplear la expresión «en términos de». Alambicada, pretenciosa, francamente prescindible. «El dato es digno de atención, en términos de eficacia económica», etc. Todo era «en términos de». Y, en cosa de nada, casi toda la babeante casta política y casi toda la babosa casta periodística pasó a hablar de todo «en términos de».

Lo que se impone, en suma, no es la ignorancia, aunque ignorancia hay, y a espuertas. Lo que se impone, por encima de todo, es la mendicidad mental. Los de abajo, lacayunos, serviles y rastreros, se acomodan a las formas de los de arriba -que son burros como ellos solos, y ahí es donde se junta todo- para sentir que son alguien.

A medida que lo voy pensando, me doy cuenta de que éste es un asunto que podría dar para una tesis doctoral. Lo que no sé es de qué rama académica sería el doctorado: ¿de Psiquiatría, de Sociología, de Ciencias de la Información? ¿Algo de tipo interdisciplinar?

Javier Ortiz. El Mundo (21 de diciembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Disciplinas interdisciplinares. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

Empeñado en un género de oposición que The Economist ha calificado gráficamente de «antipática» y «a la deriva», Mariano Rajoy acusó anteayer a Zapatero de cambiar de criterio «siempre a favor de los terroristas». Puso como ejemplo el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido retirar la acusación de «integración en ETA» que pesaba sobre siete directivos del clausurado diario Egunkaria. El fiscal Miguel Ángel Carballo afirma ahora que los indicios obrantes en el sumario son «muy débiles» e «insuficientes» para sostener la imputación.

Rajoy (¿antipático, a la deriva o simplemente frívolo?) da por hechos varios extremos de los que no puede tener conocimiento, sobre todo porque son falsos, a saber: que el presidente del Gobierno ha instruido a la Fiscalía para que retire esa acusación, que el fiscal del caso ha acatado la orden gubernamental de cambiar de criterio «a favor de los terroristas» y, en fin y como resumen, que en el sumario sí que hay pruebas sólidas y suficientes de la vinculación de los siete procesados con ETA (de lo contrario, no podría atreverse a calificarlos de terroristas y a dar por probada –e incluso por juzgada y sentenciada– la subordinación de Egunkaria a ETA).

Rajoy se pretende convencido de que el Gobierno quiere que estos imputados eludan la acción de la Justicia. Es una pretensión absurda. En primer lugar, porque hay dos partes personadas como acusación (la AVT y Dignidad y Justicia) que no han renunciado a nada y que van a reclamar la apertura de juicio oral. Y en segundo término, porque los directivos de Egunkaria están también procesados por «posibles delitos societarios o contra el patrimonio» en una causa paralela, gracias a la cual el PP, por sí mismo o a través de las organizaciones de su entorno, podrá sacar a la luz todas las supuestas pruebas que el fiscal estaría desconsiderando por razones de disciplina política.

Rajoy considera escandaloso que el fiscal haya obrado así. Yo también. Es escandaloso, sin duda, que haya sostenido desde hace casi cuatro años un procedimiento penal que entrañó el cierre de un diario y la detención de siete ciudadanos. Es de auténtico bochorno que se hayan mantenido durante 46 meses graves medidas cautelares y la sospecha pública de pertenencia a banda armada sobre unas personas contra las que, pasado todo ese tiempo, se viene a admitir que no ha habido nunca nada serio.

Lo cual –ay– tampoco tiene nada de novedoso. Es el segundo diaricidio que perpetra la Audiencia Nacional en nombre de la lucha antiterrorista, para acabar pretextando al cabo de los años que bueno, terroristas parece que no eran, pero tampoco estaban al día en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y otros impuestos varios.

¿De vergüenza ajena? Exactamente: de vergüenza, sí. Pero muy ajena.

Javier Ortiz. El Mundo (18 de diciembre de 2006). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: Los diarios de la Audiencia Nacional. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

Chile cabalga sobre una contradicción que no puede dejar de resultarnos familiar: igual que España, pasó de la dictadura a la democracia sin propiciar un reexamen riguroso de lo mucho y malo que sucedió durante su particular y sangrienta larga noche de piedra, y ahora ve cómo los fantasmas de su no tan lejano horror se exhiben con perfecta impudicia a plena luz del día. El alto mando de la milicia chilena homenajea a Pinochet «en su calidad» (¡en su calidad!) de excomandante supremo de las Fuerzas Armadas y Manuel Fraga dice -balbucea- que, si bien es cierto esto, lo otro y lo de más allá, «no se puede negar» (¿por qué? ¿está prohibido?) que Pinochet dejó a Chile «mejor» de lo que estaba antes de su Presidencia.

Tanto montan, montaron tanto.

Resulta significativo que los mismos que apelan a las virtudes del borrón y cuenta nueva cada vez que los demás recordamos los crímenes del pasado -esos mismos que nos piden resignación, capacidad de olvido, generosidad en el perdón, etcétera, etcétera- sean los que se ponen como motos y se apuntan a la intransigencia más feroz e innegociable en cuanto oyen hablar del proceso de paz en Euskadi. No conciben para los protagonistas de este último asunto sino las leyes más puras y más duras -incluyendo las injustas- y el respeto más lineal y literal a las normas intangibles del Estado de Derecho. En cambio, son partidarios de la tolerancia y la comprensión más benevolentes para con los cómplices de la dictadura nacional-católica, que torturaron y asesinaron todo lo que les vino en gana desde el sedicente final de la Guerra Civil y hasta que no pudieron más.

Se ve que también ellos dejaron España (¡a que sí, don Manuel!) mejor de lo que estaba.

No sólo la derecha confesa se revela capaz de defender alternativamente la transigencia o la intransigencia según el color político de los concernidos. También el Gobierno, que se proclama socialista, hace lo propio. Habrán oído decir a la vicepresidenta que no pueden aceptar la revisión de todas las condenas inicuas que dictaron los tribunales del franquismo, porque en ese caso la Justicia española se convertiría en un caos. Piensen lo que quieran sobre tan peculiar defensa de la injusticia funcional, pero admítanme que tampoco quienes la asumen están en condiciones de negarse por sistema a transigir en cuestiones de principios. Dependerá de cuáles, de cuándo y de para qué.

Toda esta tropa, que pasa de enaltecer tales o cuales posiciones de principio (como si no concibiera más opción que llevarlas a la victoria o morir por ellas) a ridiculizarlas sin piedad cuando son otros quienes las esgrimen en respaldo de sus intereses específicos, parece directa heredera de aquel empaque que ridiculizaba Groucho Marx cuando fingía ponerse solemne: «Éstos son mis principios. Pero, si no le gustan, tengo otros».

Javier Ortiz. El Mundo (14 de diciembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Y al final, sin principios. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

Los máximos dirigentes del Partido Popular están muy preocupados porque, por culpa de Rodríguez Zapatero, el Estado español corre el grave peligro de convertirse en «residual». Les inquieta -dicen- la persistente transferencia de competencias de la Administración central a las comunidades autónomas, que vendría dada por la necesidad en que se encuentra el Gobierno socialista de recompensar determinados respaldos parlamentarios y que estaría dejando al Estado sin capacidad para controlar y encauzar de manera efectiva los asuntos de España, considerada en su conjunto.

¿Está perdiendo poder el Estado español? No seré yo quien lo discuta.

Lo pierde de manera constante, en efecto, en dos direcciones.

En primer lugar, ha ido delegando buena parte de sus principales atribuciones a los organismos rectores de la Unión Europea. Hay resortes de poder cuyo control es definitorio de los estados soberanos y que España ha cedido en muy buena medida -y sigue cediendo más y más- a la UE: moneda, fronteras, Defensa, política exterior...

En segundo término, el Estado español ha perdido parcelas muy importantes de su capacidad de intervención sobre la realidad social y de orientación del rumbo de los destinos de nuestra colectividad en razón de su sometimiento a los dictados generales del neoliberalismo, que promueven la conversión creciente y sistemática de las propiedades y poderes públicos en parcelas controladas por el capital privado. Por un capital privado que con frecuencia es trasnacional y, por ello mismo, ajeno a cualquier interés estratégico que escape a la lógica del beneficio de los propietarios y gestores de las empresas beneficiarias de las privatizaciones.

En esos dos sentidos sí puede decirse que el Estado español va haciéndose más y más «residual». Pero por ninguna de esas dos tendencias, bien marcadas, ha mostrado el PP la más mínima preocupación. Al contrario: recuérdese el fervor con el que ha defendido muy recientemente, por cutres criterios de politiquería cateta, el pase de buena parte del sector eléctrico español a manos de una multinacional con sede en Alemania.

Lo único que inquieta al PP es que el Gobierno central pierda competencias en beneficio de las administraciones autónomas. Ahora bien: esa trasferencia de atribuciones sólo puede tomarla como un debilitamiento del Estado alguien que identifique al Estado con la Administración central. Porque lo cierto es que las comunidades autónomas son parte del aparato del Estado.

El PP confunde su concepción del Estado, irremisiblemente centralista, con el Estado mismo. No quiere entender que un Estado federal, cuyo poder unitario nace de la conjunción de los intereses de las partes que lo integran, es tan Estado como cualquier otro. Y, en determinadas condiciones, mejor que cualquier otro.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de diciembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: ¿Hacia un Estado «residual»? Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

La Constitución Española cumplió ayer 28 años. Como nos recordaron una y otra vez los informativos de radio y televisión a lo largo del día, fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

«Por el pueblo español», dijeron muchos. Por el 59% de los inscritos en el censo, para ser exactos. Se registró un porcentaje de abstención relativamente elevado en general (10 puntos por encima del de las elecciones generales del año anterior) y escandalosamente alto en el País Vasco, donde sobrepasó el 53%. Menos de un tercio de los vascos con derecho de voto respaldó la Constitución, lo cual no tuvo la menor trascendencia jurídica, pero sí amplias y muy obvias repercusiones políticas, que han llegado hasta hoy.

No oculto que pongo énfasis en la elevada cantidad de abstenciones que hubo aquel 6 de diciembre porque la mía fue una de ellas.

No se trató de una decisión tomada a la ligera. La adopté como modo de equilibrar dos criterios encontrados. Por un lado, era consciente de que la nueva ley suprema, viniendo España de donde venía, representaba un avance muy sustancial en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades, tanto colectivas como individuales, y en razón de ello me parecía inadecuado rechazarla en bloque. Pero, a la vez, constataba que el texto que habían acordado los diputados de las Cortes elegidas en junio de 1977, que hicieron las veces de constituyentes, consagraba un buen puñado de limitaciones a la libertad y a la democracia que me parecían de todo punto inaceptables. No queriendo votar no, pero tampoco sí, sólo me cabía la abstención (o el voto en blanco, pero esa opción planteaba un problema añadido, del que ya hablaré en otra ocasión).

Acabo de aludir a las limitaciones a la libertad y la democracia que consideré –y sigo considerando– inaceptables. Me refiero, por poner sólo tres ejemplos, a la designación de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial de España (de un determinado modelo de organización territorial del Estado, en la práctica), a la instauración adosada de una Monarquía blindada (pone tal cantidad de condiciones para su eliminación que la vuelve casi imposible) y a la predeterminación de un sistema electoral que corrige hasta la adulteración la voluntad popular expresada en las urnas.

Ahora se dice que tal vez haya llegado el momento de introducir ciertas reformas menores en la Constitución. Me parece bien, aunque algunas de las que se proponen resulten incluso grotescas (así, la broma esa de mal gusto que pretende instaurar la igualdad de derechos en la herencia del trono pero mantener la preeminencia de la sangre real en la designación del Jefe del Estado).

Que quien quiera reformas cosméticas las proponga. Otros aprovecharemos la ocasión para reclamar unas cuantas reformas de verdad.

Javier Ortiz. El Mundo (7 de diciembre de 2006). Hay también dos apuntes que tratan el mismo asunto: La Constitución y La Constitución (y 2). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

La aprobación en el Parlamento vasco de una iniciativa que insta al Gobierno español a reconocer la existencia de torturas realizadas por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a poner los medios para acabar con ellas ha suscitado la indignación de los dos partidos con mayor representación en las Cortes Españolas. Tanto el PSOE como el PP rechazan que en España se produzcan torturas policiales y consideran que la demanda del Parlamento vasco, que propugna también la desaparición de la Audiencia Nacional, pretende el desprestigio de la lucha antiterrorista y hace el juego a la estrategia de ETA.

Los sucesivos gobiernos de Madrid han negado siempre la existencia de torturas policiales en España. Según ellos y los partidos políticos que asumen sus argumentos, los detenidos por casos de terrorismo alegan sistemáticamente que han sufrido torturas porque han sido instruidos para ello, para tratar de desprestigiar al Estado y como instrumento para su propia defensa ante los tribunales.

Sin embargo, hay razones sólidas para dudar de la veracidad de la posición oficial española. Existen informes de Amnistía Internacional (AI), del relator del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, ninguno de los cuales es sospechoso de estar a las órdenes de ETA, que avalan el punto de vista contrario. Tampoco parece que quepa atribuir complicidad con el terrorismo a los propios tribunales españoles, que han dictado 450 sentencias por torturas y malos tratos severos entre 1980 y 2004. El relator de la ONU ha afirmado que las denuncias de malos tratos «no se pueden considerar una invención» y que, si bien la tortura en España «no constituye una práctica regular», su frecuencia es «más que esporádica e incidental» (EL MUNDO, 6 de marzo de 2004). AI recuerda el hecho de que los procedimientos judiciales por delitos de torturas tardan en España entre 12 y 15 años en sustanciarse, con lo que no pocos de ellos prescriben, y el dato, no menos significativo, de que los pocos policías que han sido condenados por delitos de este género han sido indultados.

Las organizaciones internacionales han señalado repetidamente a las autoridades españolas las dos medidas que deben adoptar para que la tortura se vuelva imposible o, en el peor de los casos, inútil: acabar con el régimen de incomunicación de los detenidos, que actualmente puede durar hasta 13 días, y ordenar que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo bajo control judicial, de modo que carezca de valor cualquier confesión o imputación que no sea presentable, dicho sea en todos los sentidos de la palabra.

Pero los gobernantes españoles no quieren ni oír hablar de eso. No se dan cuenta de que ellos sí que están haciendo el juego a la estrategia de ETA.

Javier Ortiz. El Mundo (4 de diciembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El juego de ETA. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

El relator especial de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, que visita España en misión oficial, no ha tardado ni 10 días en hacerse cargo de los gravísimos problemas que impiden que muy amplios sectores de nuestra sociedad tengan acceso a una vivienda digna. No es que Kothari goce de capacidades extraordinarias de percepción y análisis. Es que, a diferencia de tantos otros, él no tiene ningún interés en cerrar los ojos a la evidencia. De modo que ha relacionado de inmediato la carestía de la vivienda con la especulación inmobiliaria, los márgenes de beneficio desorbitados y la ausencia de leyes reguladoras de los precios de venta y alquiler de pisos.

Hace pocos días, un informe elaborado por las Cajas de Ahorro ponía de manifiesto que el problema de la vivienda en España no es de cantidad (hay 510 por cada 1.000 habitantes), sino de asignación.

Se calcula que un 37% de la compra de viviendas no tiene más finalidad que la inversora. No las adquieren para habitarlas, sino para venderlas al cabo de un cierto tiempo a un precio muy superior. Con mucha frecuencia, quienes las compran hacen a continuación tres cuartos de lo mismo. Son pisos que no están previstos como vivienda, sino como inversión de capital.

A lo que se añade que el número de pisos vacíos crece sin parar. Un ejemplo: se calcula que entre un 10% y un 15% de las viviendas de Barcelona están deshabitadas, cuando no abandonadas. Entretanto, las ciudades pierden vecinos, porque una parte de su población no puede hacer frente a la carestía de la vivienda y se muda a poblaciones del extrarradio.

Los astronómicos precios de la vivienda en España no vienen determinados por el libre mercado, sino por el acuerdo implícito de quienes están en condiciones de fijarlos. Los determinan tomando como referencia la capacidad de endeudamiento de las familias. Saben que, tratándose de un bien de primerísima necesidad, la gente acaba entrampándose hasta el límite de sus posibilidades.

Las familias llegan a dedicar hasta el 60% de sus ingresos al pago de la hipoteca correspondiente, con el resultado conocido: cajas, bancos, constructores e inmobiliarias incrementan sus ingresos medios por encima del 20% anual.

¿Hay ayudas? Las hay. Pero sólo para los menores de 35 años o mayores de 65, o para los integrantes de tal o cual minoría con dificultades específicas. A la inmensa legión de mileuristas (mucho mejor sería decir mileurizados, porque es algo que no eligen; que sufren) sólo le queda o la resignación... o la protesta.

El relator de la ONU dice que no le sorprenden las manifestaciones espontáneas que se están produciendo en España en contra de la lastimosa situación de la vivienda. Me imagino que lo que le sorprenderá, a él como a mí, es más bien todo lo contrario: que no haya más.

Javier Ortiz. El Mundo (30 de noviembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: ¿Vendrá «piso» de «pisar»? Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.

El último número del semanario norteamericano The New Yorker da cuenta de un informe confidencial –ya no muy confidencial, como se ve– elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en relación con el «programa nuclear secreto» que se supone estaría aplicando el Gobierno de Teherán para dotarse de armamento atómico. De creer lo que cuenta el autor del artículo, Seymour M. Hersh, la CIA, tras haber realizado una exhaustiva investigación aérea y sobre el terreno, sostiene que no hay nada que permita concluir que Irán esté intentando fabricar bombas atómicas.

Al parecer, la Casa Blanca ha acogido el informe de su servicio de espionaje con abierto desagrado y se niega a tomarlo en consideración. Se fía más de su «pleno convencimiento» de que Irán quiere tener bombas atómicas.

Salta a la vista el paralelismo de este episodio con la tristemente famosa historia de las «armas de destrucción masiva» de Sadam Husein. También entonces el presidente de EE.UU. tenía el «pleno convencimiento» de que esas armas existían y no quiso hacer caso de los informes realizados in situ, que decían que no había ni rastro de esas armas.

Bush considera que los hechos no son quiénes para llevarle la contraria. El líder del Estado más poderoso de la Tierra no tiene por qué inclinarse ante algo tan vulgar como la realidad. Si él, apoyándose en la suma de su fina intuición y la inabarcable inteligencia de sus allegados –incluido su perro–, ha forjado el convencimiento de que Irán es un país gamberro que está dispuesto a lo que sea con tal de hacerse con la bomba, ya puede la CIA cantar misa.

Sería inaceptable que los estados europeos, que no tienen por qué fiarse de la intuición de Bush –o, mejor dicho: que tienen razones sobradas para no fiarse de la intuición de Bush, después de la cadena de pifias que ha hilado en Irak–, hicieran también como si no existiera el informe de la CIA y continuaran insistiendo en buscarle las cosquillas a Irán con la historia de su «programa nuclear secreto». Porque nos obligarían a concluir que lo están haciendo sólo para tener contento al presidente estadounidense, a sabiendas de que se apoyan en una falsedad.

¿Cabe que mienta The New Yorker? No tiene fama de hacerlo, y menos en asuntos de esta trascendencia. El hecho de que tanto la Casa Blanca como el Pentágono se hayan negado a comentar la información, en lugar de desmentirla, refuerza su credibilidad.

En todo caso, convendría aclararlo cuanto antes. Y, si se confirma lo que cuenta el semanario estadounidense, la UE debería obrar en consecuencia. Que ya hay suficientes focos explosivos en el mundo como para añadir otro más sólo para bailar el agua a un oligofrénico paranoide puesto al servicio de una banda de magnates del petróleo y de fabricantes de armas sin escrúpulos.

Javier Ortiz. El Mundo (23 de noviembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Noticia bomba. Subido a "Desde Jamaica" el 18 de junio de 2018.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado una resolución de condena del ataque israelí contra Beit Hanún, que entrañó el asesinato de 19 civiles. Por 156 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, la Asamblea exigió a Israel que cese sus acciones militares en la franja de Gaza, que retire sus tropas de la zona y que respete lo establecido en la Convención de Ginebra sobre trato a la población civil.

El Gobierno de Israel dejó bien claro de inmediato que no pensaba tomar ni siquiera en consideración las exigencias de la Asamblea General. Puede permitírselo, puesto que, como se sabe, las resoluciones de la Asamblea General, a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no son vinculantes. No es que las autoridades israelíes tengan por costumbre hacer caso de lo que vota el Consejo de Seguridad, pero se entiende fácil que, si desdeñan lo que tiene categoría de vinculante, lo que no la tiene les es por completo indiferente. Por doble motivo en este caso, toda vez que la resolución votada por la Asamblea General había sido previamente rechazada en el Consejo de Seguridad por el veto de los Estados Unidos, que alegó que la moción respondía a «intereses políticos» (a diferencia de las que suele proponer la representación estadounidense, que son siempre totalmente apolíticas y desinteresadas).

El representante israelí en la ONU achacó la decisión a que «durante décadas Israel ha sido un blanco de la Asamblea General». Como si se tratara de una especie de extraña manía arbitraria o de fijación patológica que padecen nueve de cada diez estados del mundo entero.

El embajador de Tel Aviv calificó la reunión de la Asamblea General de «mascarada». En esto no puedo por menos que estar de acuerdo con él, sólo que por muy diferentes motivos. Llevar el asunto a la Asamblea General, sabiendo que había sido rechazado por el Consejo de Seguridad, no pasó de ser un intento ridículo de salvar la cara a un organismo cuya inutilidad para casos como éste es manifiesta. Que un solo Estado pueda imponer su voluntad por la vía del veto, reduciendo a la impotencia al resto del mundo, retrata muy bien la realidad internacional que padecemos.

No menos grotesco fue que los medios de comunicación occidentales –los españoles entre ellos– dieran la noticia de la condena de la Asamblea General como si esa regañina inútil e insustancial sirviera para algo.

No habían pasado ni 72 horas del voto de la Asamblea General y ya el Ejército israelí anunció que iba a atacar la residencia de un supuesto dirigente de los Comités de Resistencia Popular, situada en Beit Lahia, en la franja de Gaza. No pudo hacerlo esta vez, porque cientos de palestinos resolvieron proteger la casa, convirtiéndose en escudos humanos.

Esa resolución sí fue eficaz. No como la de la Asamblea General.

Javier Ortiz. El Mundo (20 de noviembre de 2006).