Mariano Rajoy ha acusado al presidente del Gobierno de cambiar de criterio «siempre a favor de los terroristas». Ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido retirar la acusación de «integración en ETA» que pesaba sobre siete directivos del diario Egunkaria, lo que fue usado como justificación para dictar el cierre del propio periódico. El fiscal Miguel Ángel Carballo ha tomado esa decisión a la vista de que los indicios obrantes en el sumario son «muy débiles» e «insuficientes» para acreditar la vinculación del diario con ETA.
La acusación de Rajoy es de una frivolidad pasmosa. Da por hechos varios extremos de los que no tiene conocimiento, básicamente porque son falsos, a saber: que el presidente del Gobierno ha instruido a la Fiscalía para que retire esa acusación, que el fiscal del caso ha obedecido la orden gubernamental de cambiar de criterio «a favor de los terroristas» y, en fin y como resumen, que es incierto que en el sumario no haya pruebas sólidas y suficientes de la vinculación con ETA de los siete procesados, única razón que podría justificar que se permita calificarlos de terroristas y dar por probada –e incluso por juzgada y sentenciada– la relación entre Egunkaria y ETA.
Tal como se expresa Rajoy, parece convencido de el Gobierno se las ha arreglado para librar de cualquier acción judicial a estos siete procesados. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, porque hay dos partes personadas como acusación en el procedimiento (la AVT y Dignidad y Justicia) que no han renunciado a nada y que van a reclamar la apertura de juicio oral. Y en segundo término, porque los directivos de Egunkaria están también procesados por «posibles delitos societarios o contra el patrimonio» en una causa paralela que sigue adelante. Con lo cual el PP, a través de las organizaciones de su entorno, va a tener la posibilidad de sacar a la luz todas las supuestas pruebas que el fiscal estaría desdeñando por motivaciones de inspiración política.
Rajoy considera escandaloso que el fiscal haya obrado así. Yo también. Es escandaloso, sin duda, que se haya sostenido en vida, así sea aletargada, un procedimiento penal que se sustanció con el cierre del diario y la detención de sus directivos... ¡ahora va a hacer cuatro años! Mantener durante 46 meses graves medidas cautelares y la sospecha pública de pertenencia a banda armada sobre unas personas contra las que, pasado todo ese tiempo, se acaba por decir que no hay nada serio, es, ciertamente, una auténtica vergüenza.
Que tampoco tiene –y eso es lo peor– nada de novedosa. Es el segundo diaricidio que perpetra la Audiencia Nacional en nombre de la lucha antiterrorista, para acabar diciendo al cabo de los años que bueno, terrorista parece que no era ninguno de los dos, pero tampoco tenían al día el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y otros impuestos varios. Lo que también está feo.
Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: Vergüenza en la Audiencia.
