Desde Jamaica

Miguel Sanz exige a Rodríguez Zapatero que declare que impedirá que se forme ningún tipo de organismo de coordinación vasco-navarro, ni en un futuro cercano ni nunca. Y se lo reclama muy enfadado. Le conmina a hacerlo.

Es un perfecto dislate.

Zapatero no podría en ningún caso prometer lo que le reclama Sanz, porque es algo sobre lo que él no tiene atribuciones. Los Gobiernos de Vitoria y Pamplona no necesitan autorización del Gobierno central para establecer convenios de cooperación entre sí, si el ámbito concernido se ciñe a materias de su competencia. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (su Estatuto de autonomía) prevé incluso, en su artículo 70.3, la posibilidad de que Navarra establezca acuerdos especiales de cooperación con el País Vasco. Precisa que, de hacer tal cosa, habrá de dar cuenta a las Cortes. A las Cortes, no el jefe del Ejecutivo central. O sea, que Sanz está pidiendo a Zapatero que se comprometa a impedir la aplicación de una norma fijada en el propio Estatuto de Navarra, y que lo haga, además, arrogándose unos poderes de los que carece.

Este Sanz practica como nadie el atolondramiento argumental. Lo mismo dice que «el futuro de Navarra debe ser decidido por los navarros» que, acto seguido, busca fórmulas para que los navarros sólo puedan hacer lo que a él le venga en gana. Y hasta reclama ayudas foráneas para impedir que la ciudadanía navarra pueda salirse de la vía trazada por él.

En realidad, la idea de crear un cauce de cooperación entre el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra es de una sensatez apabullante. Hay en Navarra bastantes comarcas cuya identidad vasca -por lengua, por cultura, por costumbres, por tradiciones, por todo- salta a la vista. ¿Qué tiene de malo considerar esa realidad, de la que no hay por qué deducir ninguna consecuencia política particular, y buscar formas de cooperación que hagan más fácil y más agradable la vida a la gente?

Sanz es un obseso. En su afán por extirpar «lo vasco» de Navarra, no duda en hacer caso omiso de la legalidad vigente. El artículo 9.2 de su ley estatutaria fundamental dice: «El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra». Pues bien: su Gobierno se ha dedicado, entre otras muchas cosas de ese estilo, a retirar las indicaciones bilingües de las carreteras, gastándose un pastón para sufragar su fanatismo.

En estas habilidades se parece mucho a su socio Mariano Rajoy, que últimamente no para de decir que «el pueblo vasco no existe» y que «Euskal Herria no existe», a la vez que reivindica con gran entusiasmo el Estatuto de Gernika, cuyo artículo 1 dice: «El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad...».

¿Cómo cabe defender a la vez lo uno y lo otro?

Pues en gerundio. Ellos son así.

Javier Ortiz. El Mundo (1 de mayo de 2006). Hay también un apunte de título semejante: Navarra.

Dice el presidente del Gobierno de Navarra que tiene «la percepción clara» de que Rodríguez Zapatero ha pactado con ETA la formación de algún tipo de organismo de coordinación que asocie al territorio foral de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca. Debe de tratarse de algún tipo de percepción extrasensorial, porque don Miguel Sanz, aunque insinúe vagamente que puede tener algún dato que apoye su «percepción», no aporta ninguno. Tal como lo presenta, lo suyo viene a ser algo así como un pálpito.

La «percepción clara» de Sanz carece de sentido. No porque sea absurda la idea de crear un organismo vasco-navarro de coordinación –José Antonio Ardanza y Juan Cruz Alli ya acordaron hace años formar una plataforma conjunta de ese tipo, que se frustró cuando el propio Alli perdió la Presidencia de Navarra–, sino porque un órgano como ése no podría nacer en ningún caso de un pacto entre el Gobierno de Madrid y ETA. Por dos razones elementales. En primer lugar, porque ambas partes tienen claro, y así lo han manifestado por activa y por pasiva, que las conversaciones que entablen, si es que finalmente las entablan, versarán pura y exclusivamente sobre los aspectos militares del conflicto (armas, presos, etcétera). Todo cuanto tenga que ver con posibles o imposibles iniciativas de reformas políticas habrá de abordarse en un ámbito diferente, en el que los interlocutores serán los representantes políticos de la ciudadanía. En segundo término, porque un acuerdo de ese género sólo podría ser rubricado por los gobiernos de Vitoria y Pamplona, y ni ETA ostenta la representación de Ibarretxe ni Zapatero puede comprometerse a que el próximo Ejecutivo foral navarro esté en manos del PSN-PSOE.

Hay un aspecto del planteamiento de Sanz que no me parece bien, pero que por lo menos me divierte. Me refiero a la autorización implícita que concede a la puesta en circulación de «percepciones» particulares no apoyadas en pruebas. Contando con su precedente, no creo que le moleste que yo afirme que tengo «la percepción clara» de que él está de los nervios ante la posibilidad de que ETA desaparezca y de que eso le prive de coartada para su discurso monomaníaco antivasco. Y tampoco se enojará demasiado, supongo, si digo que tengo «la percepción clara» de que el episodio de las misivas amenazantes de ETA (que primero fueron «una remesa» que incluía cartas de dos tipos, luego «algunas cartas» y finalmente sólo una, y de fecha incierta) fue un invento de su gente. Y que lo de la ferretería de Barañáin, lo mismo. Y así.

Gracias a don Miguel Sanz, esto de las «percepciones claras» puede convertirse en una auténtica bicoca. Sueltas lo que sea, acusas a quien sea de lo que sea y, si alguien te pide explicaciones, respondes: «Es una percepción clara que tengo yo». Y hala, a por la siguiente.

Javier Ortiz. El Mundo (24 de abril de 2006).

Hay un punto de venganza en los datos proporcionados por la DGT sobre las víctimas mortales de los accidentes que se han producido en las carreteras españolas durante estas minivacaciones, que para algunos concluyen hoy: los hechos van a confirmar las previsiones que ella misma avanzó y que muchos calificaron de tremendistas. Habló de un centenar de muertos y la realidad va a refrendarlo.

Quienes pusieron en cuestión la cifra deberían saber que la DGT no establece esos cálculos a ojo. Tiene la posibilidad de hacer estimaciones bastante exactas a partir de un conjunto de variables: vehículos en circulación, duración del periodo vacacional, previsiones meteorológicas, experiencia de años pasados, índice de renovación del parque... A todo lo cual añade un dato constante: la capacidad fija de los humanos para hacer las cosas mal.

Lo llamativo es que la DGT, sabiendo con precisión lo que iba a ocurrir y constándole que era inevitable que ocurriera, se gastara el dinero –nuestro dinero– en comunicárnoslo a través de una costosa campaña publicitaria.

En realidad, trataba de costear la buena conciencia de todos los implicados.

La DGT es consciente de que el factor clave que determina el elevado número de accidentes de tránsito es el hecho de que los automóviles son medios de transporte fácilmente descontrolables conducidos por gente que es, por naturaleza, altamente falible. Tampoco se le escapará, supongo, que el desastre procede del error de principio que consistió en fomentar al máximo un medio de transporte que tiene muchas más posibilidades que ningún otro de acabar en desastre. Un error que resultó de una opción económica fría y calculada: la industria del automóvil proporciona muchos puestos de trabajo... y muy sustanciosos beneficios.

No digo que esté mal que la DGT anime a la gente a conducir correctamente. Lo que digo es, en primer lugar, que ningún aviso logrará que la mayoría se vuelva menos distraída y menos competitiva, tenga menos prisa o menos sueño, calcule mejor las distancias, etcétera. Y, en segundo término, que es pura hipocresía pretender que los mismos individuos que han sido aleccionados desde niños para ser individualistas, competitivos, ambiciosos e insensibles, se conviertan en todo lo contrario cuando ejercen de conductores.

A sabiendas de que las cosas son así, y digan lo que digan, las autoridades ya han elegido su vía: la represión. Van a multiplicar la vigilancia, aumentar la cuantía de las sanciones, retirar permisos de conducir, imponer penas de cárcel... Y, si eso no basta, agravarán los castigos, confiscarán los vehículos, embargarán los salarios.

Harán todo lo que haga falta, con tal de conseguir que sean otros los que paguen las consecuencias de un sistema de transporte cuyo crecimiento irracional y enloquecido continúan fomentando.

Javier Ortiz. El Mundo (17 de abril de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Otros 100 muertos más.

Todo el mundo está de acuerdo a la hora de señalar que la sociedad italiana está dividida en dos mitades. ¿Sería ése el tópico más recurrente en el caso de que Berlusconi hubiera revalidado su mandato? ¿Era menos problemática la división social italiana antes de estas elecciones, cuando el magnate-mangante hacía y deshacía a voluntad?

Por lo que hay que preguntarse en estos momentos es por el índice de inteligencia de Berlusconi. Tratando de asegurarse la reelección, impuso una reforma electoral que ha sido decisiva en su derrota. Clama al cielo el empeño que puso en facilitar el voto de la emigración. No se dio cuenta de que, cuanto más alejados de su apabullante dominio mediático estuvieran los electores, más probable resultaba que respaldaran a la oposición.

De no haber sorpresas con el nuevo recuento de los votos, allá por mayo Italia tendrá nuevo Gobierno, con Prodi al frente. Y el panorama general habrá experimentado una mejoría notable. Se verá beneficiado el escenario internacional, en primer lugar, al desaparecer del proscenio este aliado natural de Bush. Sean cuales sean las inclinaciones de Prodi en materia de política exterior, habrá de cambiar el rumbo marcado por Berlusconi, no sólo para ser fiel a sus promesas electorales, sino también -y sobre todo- para mantener el orden en la muy variopinta coalición que lo ha aupado al poder. Y a escala interior, el vuelco político será un valioso factor de oxigenación. El monopolismo del capital privado dejará de abarcar al poder público.

Se insiste mucho -y es razonable- en las dificultades que encontrará Prodi para mantener unidas a las muchas y muy diversas facciones que se han juntado para derrotar a Berlusconi. Entiendo los inconvenientes que tiene su situación, pero también le veo ventajas. Para empezar, no creo que su posición sea tan frágil: al menos durante un cierto tiempo, no es probable que ninguno de los integrantes de la Unión se atreva a poner en peligro el tinglado común. Quien facilitara el regreso de Berlusconi firmaría su sentencia de muerte política.

Y tampoco entiendo por qué los gobiernos débiles tienen tan mala prensa. Son más inquietantes los gobiernos fuertes, apoyados en mayorías monolíticas, proclives a adoptar políticas traumáticas. Los gobernantes que se encuentran en una posición débil se ven en la constante obligación de negociar, de otear los estados de ánimo de la población, de considerar las reclamaciones de las minorías... Eso reduce bastante los riesgos de desastre. Los gobiernos débiles no suelen hacer cosas grandiosas, pero los fuertes casi siempre tienden a lo grande por la vía negativa.

Para mí, y para muchos más, lo importante no es que haya vencido Prodi. Es que ha perdido Berlusconi. Nos da por pensar que poco a poco -muy poco a poco-, el mundo va teniendo mejor pinta.

Javier Ortiz. El Mundo (13 de abril de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Ciao, Berlusconi, ciao.

Denis Donaldson, que fue miembro prominente del Sinn Fein y agente a sueldo de Londres, fue asesinado la semana pasada en un aislado caserío de Donegal, en la República de Irlanda.

El IRA se declaró de inmediato ajeno al hecho. El Sinn Fein lo condenó.

No parece que vaya a ser fácil averiguar quién ha acabado con la vida del agente doble. Lo que está claro, a cambio, es que el autor o autores del crimen eligieron la fecha muy deliberadamente: faltaban pocas horas para el encuentro acordado entre Bertie Ahern y Tony Blair para relanzar el proceso autonómico de Irlanda del Norte, suspendido desde 2002.

Con independencia de que se tratara también de una venganza -lo que es probable, pero no seguro-, el asesinato de Donaldson fue una evidente provocación. O, para ser más preciso, un evidente intento de provocación. Porque resulta muy significativo que, al cabo de seis días, de entre todos los teóricamente provocados, sólo los unionistas radicales se hayan dado por aludidos. Han puesto en duda el abandono de la violencia del IRA y dado a entender que, en las actuales condiciones, puede que no sea posible formar un Ejecutivo en el que convivan unionistas y republicanos. Los demás -el Gobierno de Londres, el de Dublín, el IRA, el Sinn Fein y otros partidos que respaldan la resolución pacífica del conflicto- han denunciado lo que entienden como un acto destinado a sabotear la paz y dejado constancia de su voluntad de seguir adelante con el proceso negociador, sin entrar al trapo que les han puesto delante de las narices.

Nos encontramos ante una ocasión más -la enésima- de hacernos la tópica pregunta: Cui prodest? ¿A quién beneficia? Desde que se formuló en tiempos de la vieja Roma, ése ha sido siempre el mejor método para buscar a los autores de los crímenes.

En todo caso, la trágica muerte del tétrico Donaldson no va a reventar el proceso de paz irlandés, por una muy sencilla razón: sus principales protagonistas no están dispuestos a dejarse zancadillear. Los propios unionistas habrán de dejar de lado sus reticencias, a riesgo de verse aislados y señalados con el dedo público.

En los últimos días me han preguntado bastantes veces si no temo que en el recorrido hacia la paz y la reconciliación en Euskadi puedan producirse provocaciones de uno u otro tipo. Respondo que sí, que las temo y que hasta me parece bastante probable que surjan. Pueden sobrevenir como resultado de planes fríamente fijados por fuerzas interesadas en el fracaso del proceso o como fruto de iniciativas viscerales aisladas, inspiradas en la rabia y el deseo de venganza. Son «accidentes» -eventualidades, imprevistos- que, en efecto, pueden interferirse. Pero en tal caso habrá que seguir el ejemplo irlandés: lo que en ningún caso debe hacerse es actuar como esperan los provocadores.

Javier Ortiz. El Mundo (10 de abril de 2006). Hay también un apunte de parecido título: Sin respuesta a las provocaciones.

Confluencia de intereses: Alfonso Guerra lleva muy mal vivir en la sombra y a algunos periodistas les encanta que se oigan voces del PSOE contrarias a Rodríguez Zapatero.

El ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha hecho unas declaraciones que han sido muy mentadas, en las que compara los actuales planteamientos de los dirigentes de determinadas comunidades autónomas -que son de su propio partido, para más inri- con lo sucedido tras el hundimiento de la URSS. Cree Guerra que, al modo de lo que sucedió en la ex Unión Soviética, también aquí esos dirigentes autonómicos tratan de «envolverse en las banderas nacionalistas» para conservar el poder. A su juicio, se están perdiendo los planteamientos «ideológicos» en beneficio de los «territoriales».

Guerra se da -sigue dándose- aires de teórico, pero es -sigue siendo- de una inconsistencia intelectual y de una incoherencia política pasmosas.

En primer lugar, su distinción entre «planteamientos ideológicos» y «posiciones territoriales» carece del más mínimo rigor. Las visiones «territoriales» son también ideológicas. Y los que él llama «planteamientos ideológicos» son también «territoriales». De hecho, las opciones que él mismo defiende se enmarcan en un ámbito territorial específico: el de España.

¿En qué tipo de planteamientos está pensando el exvicepresidente cuando habla de ideologías? Basta con leer sus declaraciones para comprobarlo: está tomando como referencia la división izquierda/derecha. Pero, ¿cómo puede apelar al ideario de la izquierda alguien que, como él, puso en marcha una acción de Gobierno que mereció los parabienes del capitalismo financiero local y de las fuerzas internacionales más reaccionarias? ¿Qué es para él la izquierda? ¿La OTAN? ¿Maastricht? ¿El apoyo a Hasan II contra el pueblo saharaui? ¿La Guerra del Golfo? ¿La venta de armas a regímenes dictatoriales, el de Pinochet incluido? ¿La Ley Corcuera? ¿Los GAL? ¿Filesa? ¿Los contratos basura? ¿Son ésos los «planteamientos ideológicos» que él cree que se están perdiendo en beneficio de los «territoriales»?

Cuando el PSOE llegó por primera vez al Gobierno, con Felipe González y Alfonso Guerra de la mano, los gobernantes norteamericanos los definieron como «jóvenes nacionalistas». Esa caracterización me sorprendió en su momento, porque parecía referida a su actitud hacia otros estados y, en ese plano, se distinguieron mucho más por su entreguismo que por su nacionalismo. Si la hubiera interpretado de fronteras para adentro, habría tenido que admitir su relativo fundamento. Se les podía definir como «jóvenes nacionalistas españoles» por su oposición a los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos.

Han pasado más de 20 años, pero Guerra sigue en las mismas. Salvo por lo de joven, claro.

Pero de eso no tiene la culpa.

Javier Ortiz. El Mundo (6 de abril de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Guerra y la territorialidad.

Se polemiza en estos días sobre si los jueces y fiscales deberían actuar a partir de ahora teniendo en cuenta las nuevas condiciones políticas nacidas del «alto el fuego permanente» de ETA o si, por el contrario, habrían de desempeñar sus respectivos oficios como se supone –como algunos suponen– que los venían ejerciendo hasta ahora, ajenos a polvo y paja, y hacer como si nada hubiera sucedido ni hubiera de suceder.

Quienes sostienen la primera posición argumentan que aquéllos que tienen el encargo de aplicar la ley no pueden ser insensibles a los estados de ánimo y los anhelos políticos de la mayoría social. A lo cual replican los que respaldan la segunda opción enfatizando que la Justicia ha de ser ciega, como la imagen que la simboliza, y no dejarse influir por consideraciones exteriores a las que figuran negro sobre blanco en los códigos.

En contra de la argumentación de estos últimos, y aplicando su propia lógica –que me apresuro a precisar que no es la mía, que hace tiempo que no me chupo el dedo–, conviene señalar el abundante recurso que tanto los legisladores como los jueces y fiscales han venido haciendo en España de la circunstancia que llaman de «alarma social».

Tomarla en cuenta es, a todas luces, un reconocimiento de la influencia que tienen en su labor los estados de opinión generales.

La tal «alarma social» ha servido en numerosas ocasiones para justificar la aprobación de leyes y la adopción de resoluciones judiciales de carácter extremo. Muy recientemente se ha invocado para alterar –por una vía sumamente irregular, todo sea dicho– la legislación relativa al cumplimiento de las penas de cárcel de los miembros de ETA, empezando por Unai Parot. Se suponía que había que hacer algo, y hacerlo urgentemente, para atender «la alarma social» producida por la noticia de que Parot podía salir en libertad en 3070, y no en 4010, o sea, nunca. Semejante escándalo merecía un cambio inmediato y retroactivo de la ley, para que la población amante de la ley y el orden no volviera a apuntarse –convenientemente aleccionada, por supuesto– a la conocida tesis, muy popular en los taxis de Madrid, de que los delincuentes «entran por una puerta y salen por la otra».

No se me alcanza por qué habría de ser correcto invocar el estado de ánimo de la ciudadanía para justificar la severidad, pero no la benevolencia. Si el deseo de alcanzar la paz en Euskadi es realmente mayoritario, como empiezan a detectar ya los sondeos de opinión, y si conviene a la consecución de ese deseo una aplicación de la ley lo más apaciguadora y lo menos conflictiva posible, no veo que haya ningún principio insoslayable que lo impida.Si es justo tener en cuenta la alarma social, nada impide considerar, por las mismas razones, la esperanza social.

Háganlo, por favor.

Javier Ortiz. El Mundo (30 de marzo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: La esperanza social.