Miguel Sanz exige a Rodríguez Zapatero que declare que no aceptará que se forme ningún tipo de organismo de coordinación vasco-navarro, ni en un futuro cercano ni nunca. Dice el presidente de la Comunidad Foral de Navarra que eso le tranquilizaría.
A mí no me tranquilizaría nada, porque lo que Sanz reclama de Zapatero es un perfecto dislate.
Dejemos de lado que el jefe del Ejecutivo español podría asegurar eso ahora y hacer en el futuro lo que más conviniera a sus intereses, del mismo modo que afirmó que aceptaría el nuevo Estatut catalán tal como saliera del Parlamento de Cataluña y luego hizo lo que todo el mundo sabe.
Eso es secundario. Lo principal es que Zapatero no podría en ningún caso prometer lo que le reclama Sanz, porque es algo sobre lo que él no tiene atribuciones. Los gobiernos de Vitoria y Pamplona no necesitan autorización del Gobierno central para establecer convenios de cooperación entre las dos comunidades, si el ámbito concernido se ciñe a materias que son de su competencia. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (su Estatuto de autonomía) prevé incluso, en su artículo 70.3, la posibilidad de que Navarra establezca acuerdos especiales de cooperación con el País Vasco. La mencionada Ley fija que, de decidirse tal cosa, el Gobierno de Navarra habrá de comunicárselo a las Cortes para su aprobación. Pero son las Cortes, no el jefe del Ejecutivo central, las encargadas de ratificar o de rechazar, en su caso, el acuerdo en cuestión. Dicho de otro modo: lo que Sanz está pidiendo a Zapatero es que prometa que impedirá la aplicación de una norma fijada en el propio Estatuto de Navarra, y que lo hará, además, atribuyéndose unas funciones que son prerrogativa de las Cortes.
Este hombre practica como nadie el atolondramiento argumental. Lo mismo dice que «el futuro de Navarra debe ser decidido por los navarros» que, acto seguido, busca fórmulas para que los navarros sólo puedan hacer lo que a él le peta. Y hasta reclama ayudas foráneas para impedir que la ciudadanía navarra pueda salirse de la vía trazada por él. (Cierto es que esto de ahora no representa ninguna novedad: su partido ya logró que la propia Ley de Amejoramiento entrara en vigor sin previo referéndum.)
En realidad, la idea de crear un cauce de coordinación y cooperación entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra es de una sensatez apabullante. Es bien sabido que la CAV y Navarra comparten bastantes comarcas que, aunque administrativamente estén divididas, en otros muchos planos se encuentran perfectamente unificadas. Ya en la Navarra interior, sin punto de limítrofe, hay muy amplias zonas cuya identidad vasca –por lengua, por cultura, por gastronomía, por ritos, por tradiciones, por todo– sería tonto negar. ¿Qué tiene de malo considerar esa realidad, de la que no hay por qué deducir ninguna consecuencia política automática, y alcanzar formas de cooperación que hagan más fácil, más natural y más agradable la vida a la gente?
Sanz es un obseso. En su afán por extirpar «lo vasco» de Navarra, no duda en violar las normas del propio ordenamiento estatutario. Por ejemplo, lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica mencionada, que dice: «El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.» Un sanzista de pro llegó a decir, ofreciendo una muestra de perfecta identificación entre el culo y las témporas: «Mientras haya terrorismo, no daremos ni un duro para el euskera». En sintonía con esa idea –o lo que sea–, el Gobierno de Navarra se ha dedicado a retirar las indicaciones bilingües de las carreteras navarras, gastándose un pastón en sufragar su fanatismo, ilegal para más inri.
Reconozcámosle que en estas habilidades se parece mucho a su socio Mariano Rajoy, que lleva ya algunos meses defendiendo la singular tesis de que «el pueblo vasco no existe» y de que «Euskal Herria no existe», a la vez que reivindica con entusiasmo el Estatuto de Gernika, cuyo artículo 1 dice: «El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad...».
Claro que ese mismo Estatuto que tanto entusiasma a Rajoy afirma en su artículo 2: «Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco».
En fin, que para qué seguir.
Nota de edición: Javier publicó una columna de parecido título en El Mundo: Sanz, rey de Navarra.
