Apuntes del Natural

Un buen amigo, de ésos que cuando leen algo realmente interesante me ponen al corriente, me ha llamado la atención sobre una entrevista con el sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco Xabier Aierdi que publicó El Diario Vasco de San Sebastián (grupo Vocento) el lunes pasado. He puesto un enlace a lo aparecido en el periódico, de modo que quien esté interesado en leerlo íntegro lo tenga fácil, así que no voy a glosar el conjunto del planteamiento de Aierdi. Me voy a limitar a subrayar una idea a la que alude como de pasada, pero que es fundamental y con frecuencia muy poco tenida en cuenta.

Habla Aierdi del empeño del PP y sus allegados en que el Estado español afronte el problema de ETA con una sola idea como guía: derrotarla por completo, acabar con ella manu militari, no dejarle más opción que rendirse incondicionalmente o ser aniquilada.

En el pasado me he referido a los aspectos quiméricos de esa idea, recordando que ya en 1996 tanto Aznar como Mayor Oreja aseguraron que acabarían con ETA por la vía policial-judicial en un plazo de seis años (Aznar) o menor todavía (Mayor Oreja). Sin embargo, pasó ese tiempo y ETA, aunque cada vez más debilitada en el plano operativo, seguía constituyendo una realidad política insoslayable. Ni Aznar ni Mayor Oreja tuvieron a bien explicar a la ciudadanía los motivos de su evidente error de cálculo. Tampoco sacaron –menos todavía– las lecciones que se deducían de los hechos.

Aierdi no se toma el trabajo de discutir si es o no posible poner fin a la organización ETA en tanto que tal. Está incluso dispuesto a avenirse a que tal vez cupiera lograrlo. Lo que hace es llamar la atención sobre lo frágil que sería una aparente solución basada en la humillación, no ya sólo de los militantes de ETA, sino también de los sectores sociales que le han prestado apoyo hasta el final. «La humillación de hoy [sería] conflicto pasado mañana», dice.

Para entender por qué lo dice hay que tener en cuenta que, en este caso, no estamos hablando de un grupo armado formado por un puñado de jóvenes voluntaristas sin apenas raigambre social, como pudieron ser los integrantes de las Brigadas Rojas italianas, de la Fracción del Ejército Rojo alemana (la llamada «banda Bader-Meinhof») o del GRAPO español. Aquí se trata de un grupo que, si persiste en el tiempo, es porque tiene un terreno abonado en la sociedad vasca. El abono de ese terreno, que no es insignificante, viene dado por todo un conjunto de agravios y frustraciones que se retroalimentan y que seguirá dando frutos de violencia mientras no se encuentre un proyecto político que, aunque no dé plena satisfacción al independentismo, sí atienda una parte de sus aspiraciones. 

Es un análisis (otro análisis) que también hay que tener en cuenta.

El relator especial de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, que visita España en misión oficial, no ha tardado ni diez días en hacerse cargo de los gravísimos problemas que impiden que muy amplios sectores de nuestra sociedad tengan acceso a una vivienda digna. No es que Kothari goce de capacidades extraordinarias de percepción y análisis. Es que, a diferencia de tantos otros, él no tiene ningún interés en cerrar los ojos a la evidencia. De modo que ha relacionado de inmediato la carestía de la vivienda con la especulación inmobiliaria, los márgenes de beneficio desorbitados y la ausencia de leyes reguladoras de los precios de venta y alquiler de pisos.

Hace pocos días, un informe elaborado por las Cajas de Ahorro ponía de manifiesto que el problema de la vivienda en España no es de cantidad (hay 510 por cada 1.000 habitantes), sino de asignación.

Se calcula que un 37% de la compra de viviendas no tiene más finalidad que la inversora. No las adquieren para habitarlas, sino para venderlas al cabo de un cierto tiempo a un precio muy superior. Con mucha frecuencia, quienes las compran hacen a continuación tres cuartos de lo mismo. Son pisos que no están previstos como vivienda, sino como inversión de capital.

A lo que se añade que el número de pisos vacíos crece sin parar. Un ejemplo: se calcula que entre un 10% y un 15% de las viviendas de Barcelona están deshabitadas, cuando no abandonadas. Entretanto, las ciudades pierden vecinos, porque una parte de su población no puede hacer frente a la carestía de la vivienda y se muda a poblaciones del extrarradio.

Los astronómicos precios de la vivienda en España no vienen determinados por el libre mercado, sino por el acuerdo implícito de quienes están en condiciones de fijarlos. Los determinan tomando como referencia la capacidad de endeudamiento de las familias. Saben que, tratándose de un bien de primerísima necesidad, la gente acaba entrampándose hasta el límite de sus posibilidades.

Las familias llegan a dedicar hasta el 60% de sus ingresos al pago de la hipoteca correspondiente, con el resultado conocido: cajas, bancos, constructores e inmobiliarias incrementan sus ingresos medios por encima del 20% anual.

¿Hay ayudas? Las hay. Pero sólo para los menores de 35 años o mayores de 65, o para los integrantes de tal o cual minoría con dificultades específicas. A la inmensa legión de mileuristas (mucho mejor sería decir mileurizados, porque es algo que no eligen; que sufren) sólo le queda o la resignación... o la protesta.

El relator de la ONU dice que no le sorprenden las manifestaciones espontáneas que se están produciendo en España en contra de la lastimosa situación de la vivienda. Me imagino que lo que le sorprenderá, a él como a mí, es más bien todo lo contrario: que no haya más.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: ¿Vendrá «piso» de «pisar»?

El vídeo que ha elaborado el PSOE para recordar cómo actuó el PP cuando creyó que podía obtener un final dialogado de la violencia de ETA no falsifica nada, ni saca nada fuera de contexto: fue así. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo, en particular, el cachondeo que nos trajimos en algunos medios periodísticos –yo era a la sazón subdirector de El Mundo y jefe de su sección de Opinión– con la intervención televisada en la que Aznar llamó a ETA en tono vacilante «movimiento vasco... de liberación», como si fuera un compromiso al que hubiera llegado consigo mismo: «Diré “de liberación”, vale, pero no “nacional”. Porque eso sería demasiado, ¿no?».

En un aspecto le falta exactitud. Lo que refleja es cierto, pero no lo refleja todo. No da cuenta del boicot (sordo, pero eficaz) que puso en práctica desde el primer momento el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Mayor estaba muy ilusionado con sus propias iniciativas de sondeo del llamado «mundo abertzale» –recuerdo con qué entusiasmo se refería a sus contactos con Gernika Gogoratuz, que él consideraba muy prometedores– y encajó francamente mal que los contactos empezaran a concretarse sin contar con él para nada. Esa decepción reavivó sus más profundos sentimientos –incluso el Pacto de Ajuria Enea le había parecía excesivo en su momento– y le decidió a obstaculizar por todos los medios el proceso de paz.

Pero el aspecto más importante del vídeo que el PSOE ha colgado en su página web no es que refleje mejor o peor la incongruencia que hay entre lo que el PP dijo e hizo entonces y lo que dice y hace ahora, sino que recoja lo que dijo e hizo el PP para subrayar que fue bastante más lejos de lo que él ha ido ahora. Al recordar lo que hizo el PP, presume de que él no ha hecho todavía nada.

Lo cual es perfectamente cierto. Pero no representa ningún mérito, sino todo lo contrario. Demuestra que tienen razón los que le acusan de haber declarado abierto un proceso de paz y, a continuación, haberse sentado a mirar fijamente el infinito, esperando que sean los demás los que le resuelvan los problemas.

El del PSOE es un vídeo de doble denuncia. Denuncia al PP y denuncia a sus autores.

Que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón se odian no es un secreto para nadie, más que nada porque ellos tampoco se toman el trabajo de disimularlo. Sus caracteres son casi opuestos: ella es desinhibidamente reaccionaria, refractaria a cuanto tenga aire intelectual, carente de sentido del ridículo, agresiva y numerera; él no desdeña a la gente culta, trata de parecer alejado de los celtiberismos más estridentes y se muestra serio, recatado y prudente. Casi parecen estereotipos: ella, de la derecha pendenciera, encantada de serlo; él, de esa otra derecha a la que le gusta que le llamen «centro» y que quisiera pasar por tolerante. Tan es así lo de Ruiz-Gallardón que se entiende bien la broma que muchos hicieron cuando se habló de que el PSOE podía presentar a José Bono como candidato a la alcaldía de Madrid. Se hizo chanza diciendo que el PSOE se disponía a presentar a un candidato al que los de Rajoy no le habrían hecho muchos ascos, en tanto el PP iba a poner de cabeza de lista a un político que no hubiera desentonado al frente de la lista del PSOE.

Aguirre y Ruiz-Gallardón pueden llevarse mal, y hasta muy mal, pero eso no les impide dedicarse luego a actividades igual de peligrosas (para los demás). A censores, por ejemplo, según han acreditado ambos a la hora de ejercer de mandamases de Telemadrid: Gallardón se cepilló en su día a unos cuantos por considerar que hacían algunos trabajos que eran «insuficientemente beligerantes» en sus intenciones políticas y la señora Aguirre acaba de hacer otro tanto –de asegurarse de que se hiciera otro tanto, para ser exactos– con el responsable de un informativo que no acababa de tratarla con la veneración requerida.

Aguirre y Ruiz-Gallardón poseen –ya digo– caracteres que tienen difícil encaje, pero ésa no es su diferencia más insalvable. Lo que más les distancia, lo que les convierte en incompatibles, lo que les aboca a la pelea, en suma, es que ambos ambicionan lo mismo: controlar los aparatos de poder de Madrid y servirse de ellos como pértiga para saltar a lo más alto.

Ahí no cabe compromiso: sólo hay una pértiga –si es que hay alguna– y no da para los dos.

De momento hacen como si el choque pudiera evitarse, dedicándose cada uno a lo suyo y no tirando zancadillas al oponente. Pero eso es imposible, no sólo porque en realidad ninguno de los dos quiere sellar la paz con el otro, sino también porque sus campos de actividad se interfieren a diario. Madrid-municipio y Madrid-comunidad autónoma constituyen dos ámbitos formalmente distintos, pero inevitablemente solapados en la práctica. Aunque quisieran evitarse, se tropezarían. No digamos si además no quieren.

Admito que a mí, puesto a comparar, me resulta más desagradable Esperanza Aguirre que Alberto Ruiz-Gallardón. Pero, así que me dejo de pálpitos y sensaciones y bajo a tierra, me topo con las realidades que son el pan nuestro de cada día. Y las realidades que produce Ruiz-Gallardón no animan a mostrarle ninguna simpatía. Ni la menor.

Si a alguien le es perfectamente aplicable el evangélico «Por sus obras los conoceréis» es a Ruiz Gallardón: todo Madrid es una obra megalómana insoportable, hecha en masa y a la vez, sin consideración para quienes la sufren... y la pagan.

Han resultado particularmente desagradables las discusiones parlamentarias sobre la nueva Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, más conocida como Ley del Menor. Un punto ha acaparado la atención de manera especial: ¿debe aplicarse el Código Penal común a los jóvenes de edades comprendidas entre los 18  y los 21 años o merecen hasta esa edad una protección especial? Al final se ha impuesto la primera opción.

Si se tratara de un debate meramente académico, podrían manejarse argumentos tanto a favor como en contra. A favor del sometimiento de esos jóvenes al Código Penal general y al régimen penitenciario común cabe esgrimir –y se esgrime– la razón más obvia: no parece razonable que aquel a quien la sociedad considera mayor de edad para el matrimonio o para el voto sea catalogado como menor cuando comete un delito, sea de la gravedad que sea. En contra, el hecho de que los jóvenes situados en esa franja de edad pueden beneficiarse de programas de reinserción especiales, con mayores posibilidades de éxito. Aparte de que no se trata sólo de la edad que tiene el joven en el momento en el que comete el delito, sino también de la edad que alcanza durante el cumplimiento de la condena. Pudo delinquir con 15 años: será trasladado a una cárcel de mayores en cuanto llegue a los 18.

Este debate, por mucho que algunos hayan tratado de guardar las formas –los socialistas muy en particular–, no ha tenido nada de académico.

En primer lugar, se ha notado mucho que los partidarios del endurecimiento de la Ley querían aprobar un texto legal que pudiera ser exhibido como muestra de su voluntad de poner coto al «preocupante aumento de la inseguridad ciudadana» por la vía del endurecimiento de las medidas punitivas. Lo cual choca, para empezar, con los datos oficiales, que no permiten afirmar de ningún modo que esté incrementándose la inseguridad ciudadana. Pero choca también, de manera aún más frontal, con la concepción de las penas de prisión que hace suya la Constitución Española, que no asigna al encarcelamiento una finalidad vengativa, sino propiciadora de la reinserción social de los delincuentes.

De todos modos, no seré yo quien peque de ingenuo. Sé bien –y no creo que quede un solo parlamentario que no lo sepa tan bien como yo– que, en términos generales y salvo excepciones tan meritorias como contadas, tanto las cárceles de mayores como los centros de detención para menores son recintos destinados a convertir a los delincuentes, incluso a los ocasionales, en delincuentes profesionales. Y, más en general, a malearlos moralmente, arruinando cualquier tendencia personal que pudiera hacerles soñar en la posibilidad de convivir en paz con sus semejantes.

«¡Que se pudran en la cárcel!», claman algunos. Y aciertan. Eso es lo que se consigue: que se pudran.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: A pudrirse en la cárcel.

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Nota.– Dije ayer que hoy dedicaría el Apunte a las relaciones entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Como el sagaz lector habrá comprobado, no lo he hecho. Por dos razones. La primera es que horas después escribí como columna para El Mundo el texto antecedente y no he querido que quedara fuera de la colección de los Apuntes. La segunda es complementaria: mera economía de esfuerzos. Pero no hay problema: cumpliré otro día mi promesa. Estoy persuadido de que las pendencias entre Aguirre y Gallardón van a seguir de actualidad durante bastante tiempo.

Me cuentan que la biografía autorizada de Esperanza Aguirre que acaba de publicarse está redactada a partir de diez largas conversaciones que la autora tuvo vía teléfono móvil con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quien me proporciona el dato me asegura que es la propia redactora del libro, Virginia Drake, la que lo hace constar.

La envidia me corroe. Para la redacción de las memorias de Xabier Arzalluz, mantuve con él 26 entrevistas, cada una de entre tres y cuatro horas de duración. No sé cuántas semanas invertí en el trabajo de hemeroteca, pero puedo decir que se concretó en más de 3.000 fotocopias de noticias, editoriales y columnas de prensa.

Recordando aquel trabajo, que se prolongó por más de un año, enterarme de que hay quien escribe biografías a partir de unas cuantas conversaciones por móvil («largas», dicen, pero se ve que no lo suficiente como para que se justificara el encuentro personal), ¿cómo no me va a dar envidia?

Me viene al recuerdo lo que le oí hace años a un colega. Dijo que él no tardaba nunca más de media hora en escribir una columna. Lo comparé con la hora y media (o más) que me puede costar a mí, que miro cada párrafo por arriba, por abajo y de costadillo antes de darlo por bueno –y todavía después de eso sigo con dudas–, y me dije que así me va.

Pero se ve que todo está más o menos en consonancia.

Me explico. Cuando yo terminé mi parte del trabajo en las memorias de Arzalluz y pasé el manuscrito al propio Arzalluz para que lo supervisara, él no sólo lo repasó con notable atención, sino que lo hizo llegar a varias personas de su confianza, para que le ayudaran a sortear las posibles trampas que hubiera podido tenderle la mala memoria. El resultado fue un número considerable de correcciones, algunas de bastante entidad.

En cambio, he leído que la biografía autorizada de Esperanza Aguirre no fue supervisada por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, sino por gente de su Gabinete de Prensa. De modo que es una biografía autorizada, sí, pero por delegación. Consentida, como aquel que dice. Eso es lo que explica el aparente absurdo de que la propia autorizadora del libro –es decir, la que se supone que avala lo que en él se cuenta– desmienta algunas de las afirmaciones que se le atribuyen en la obra, como la cosa ésa tan graciosa de que su sueldo no le permite llegar a fin de mes. Son pequeñas frivolités que subrayan la simpática espontaneidad y el poco apego a las formalidades que tiene el personaje.

Bueno, ya dejada constancia de mis frustraciones de escritor empeñado en tomarse en serio lo que en realidad puede hacerse de manera menos envarada, mucho más alegre y –sobre todo– muchísimo más rápida, amén de rentable, pasaré a hablar de las relaciones entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón y de los dos modelos que representan, que es asunto de interés también relativo, pero en todo caso más general.

Los dirigentes políticos se han resistido lo suyo, pero ya lo admiten: el llamado «proceso» –el proceso por antonomasia, excluido el de Kafka– no es ya que esté estancado; es que corre peligro. No tardará en aparecer algún topiquero que dirá que con los procesos de este tipo pasa como cuando andas en bicicleta; que, si te paras, te caes. (Es un símil de amplio espectro que, dicho sea de paso, nunca he entendido: si vas en bicicleta y te paras, pones el pie en el suelo y ya está. Más propio me parecería decir que un proceso parado es imposible: si está parado, no es un proceso.)

Quienes leen estos apuntes saben que, desde que ETA anunció su «alto el fuego permanente» en marzo, vengo diciendo que no hay ninguna razón para dar por hecho, como tantos han hecho a lo largo de estos meses, que aquella fuera una decisión irreversible. Se han equivocado y siguen equivocándose quienes creen que ETA no se atrevería a contrariar hasta tal punto a la propia sociedad vasca tomando una decisión –la de volver a las andadas– que, además, resultaría muy perjudicial para sus propios intereses. La experiencia práctica autoriza a rechazar los dos componentes de esa afirmación: 1º) ETA es perfectamente capaz de ir en contra de los deseos de la gran mayoría de la población vasca; y 2º) ETA tiene una recurrente tendencia a errar en la consideración de las posibilidades que le ofrece la realidad (la relación de fuerzas, que se decía antes) y a tomar las decisiones menos adecuadas para sus conveniencias.

¿Puede volver a arrancar «el proceso»? Puede, y va de suyo que lo deseo como el que más. Pero para que ese rearranque se produjera, sería necesario que empezaran por hacer algo positivo los dos actores que tienen en sus manos la posibilidad de empujarlo hacia delante: ETA y el Gobierno (ni comparto ni entiendo el empeño de Josu Jon Imaz en decir que la culpa del parón es exclusiva de ETA). Y ahí es donde la cosa se pone realmente fea, porque no se ve que ninguno de los dos tenga la menor intención de tomar ninguna iniciativa que permita el desbloqueo de la situación. A ETA le bastaría con reclamar a sus simpatizantes que dejen la kale borroka. Al Gobierno, con adoptar alguna medida tendente a favorecer la legalización de Batasuna, por ejemplo. O relativa al acercamiento de los presos que mantiene más alejados de Euskal Herria. Pero nada de eso se atisba.

De todos los indicios inquietantes que se han percibido en los últimos días, el que más me ha mosqueado ha sido la instrucción que al parecer ha dado Rodríguez Zapatero a sus ministros y a los responsables del PSOE para que eviten que la cuestión vasca ocupe el primer plano en el debate político. Les ha pedido que pongan el acento en los éxitos económicos y sociales del Gobierno y dejen en segundo plano el esfuerzo por la pacificación de Euskadi. Esto indica, muy claramente, que se teme que, por lo menos a corto o medio plazo, «el proceso» no le va a proporcionar beneficios que puedan ser rentabilizados electoralmente. Es decir, que piensa que es fácil que no vaya a mejor. Es decir, que no tiene previsto hacer nada que contribuya a que vaya a mejor.

ETA ya había dado semanas antes muestra de lo mismo, con el robo de las ya famosos 350 revólveres y pistolas. Porque, como ya he escrito en alguna otra ocasión –aunque tampoco hacía falta: es obvio–, alguien que descarta totalmente volver a las armas no necesita armas.

Desde el principio vengo diciendo que aquí no había nada que pudiera darse por definitivamente adquirido. Ahora digo que no tendría nada de sorprendente que se fuera al guano. Con lo cual no volveríamos a la situación anterior, sino a otra mucho peor.

Es muy posible que ninguna otra persona en el mundo tenga acceso a más y mejores fuentes de información que George W. Bush. Pero le sirven de muy poco, e incluso de nada. Sólo presta atención a aquello que sintoniza con sus prejuicios y respalda sus creencias.

El presidente de los EEUU no es hombre de demasiadas luces, pero ése no es el problema principal. Tengo leído que en el último tramo de su vida Adolf Hitler, que era un grandísimo criminal pero no un imbécil, se dejó orientar más por los augurios de una echadora de cartas que por los detallados informes de los integrantes del alto mando del III Reich.

El caso de Jósif Stalin fue diferente, pero sólo en parte. El georgiano no parece que se tomara muy a pecho su carta astral, pero a cambio tendía a fiarse más de su «olfato» que de los datos que le transmitían los servicios soviéticos especializados. Tampoco era tonto, ni mucho menos, pero todos recordamos que llegó a desestimar por completo los informes de Richard Sorge, espía a su servicio, que le dio cuenta detallada de los planes de invasión de la URSS que tenía Hitler, incluida la fecha en la que iba a lanzar el ataque. A Stalin eso no le encajaba y, como no le encajaba, prescindió de ordenar al Ejército que tomara las medidas necesarias para estar en condiciones de repeler el ataque. Se produjo, y pasó lo que pasó.

Desde que Bush Jr. –con los apoyos que se sabe– decidió embarcarse en la aventura bélica de Irak, todo le ha ido de mal en peor. Fueron muchos los analistas que le anunciaron que era eso lo que iba a suceder, pero él no quiso prestarles atención. El punto central de los análisis que desdeñó era el que se refería a la viabilidad de Irak como Estado. Fuimos muchos los que, sin tener fotografías de satélites espías ni agentes secretos sobre el terreno, dijimos que el Irak de Sadam Husein era un Estado cogido con alfileres, y no por casualidad, sino porque así lo habían ideado los colonialistas británicos antes de retirarse de la zona: hicieron lo posible para que el conjunto de los países árabes (la «nación árabe», que dicen muchos) estuviera tan enzarzado en querellas internas que no pudiera unirse para defender sus intereses comunes. Concibieron un Irak integrado por chiíes, suníes y kurdos, un cóctel explosivo que la mano de hierro de Sadam Husein –otro criminal más– logró mantener más o menos frío y controlado.

Las bombas de Bush se encargaron de calentarlo hasta hacerlo estallar. Ahora está fuera de control. Y lo que es más grave: no se ve cómo cabría enfriarlo de nuevo, incluso aunque las tropas de los EEUU se volvieran para su casa.

Los estrategas más en sintonía con los impulsos megalómanos de Bush le han obsesionado con la necesidad de hacerse con el control de toda esa gran franja del planeta, desde el Mediterráneo hasta China, si quiere controlar el mundo entero. Y en ese avispero está metido. No es que nadie le haya advertido de los enormes peligros que acarrea esa estrategia; es que no ha querido oír ninguna advertencia.

Nada tiene más peligro que un dirigente poderoso convencido de que posee una visión superior de la realidad. Porque, incluso aunque se trate de una persona excepcionalmente inteligente, es seguro que la soberbia le llevará a cometer gravísimos errores. No digamos nada si encima, como en el caso de Bush, es un individuo de una mediocridad apabullante, que confunde la tenacidad con la cabezonería y la determinación con el uso permanente de anteojeras.

El PSOE y el PP se acusan mutuamente de no respetar la independencia de los jueces. El espectáculo es cómico. No cabe tomar partido en la disputa: ambos tienen razón.  Ambos han puesto de vuelta y media a los jueces cada vez que se han sentido maltratados por ellos. Todavía está reciente el espectáculo del ácido bórico, con cada uno de ellos cantando loas a la señoría que le convenía y poniendo de chupa de dómine a la contraria.

No es posible tomarse en serio que el partido que llegó a ridiculizar a un juez diciendo que se dedicaba a disputar «a ver quién mea más lejos» se pretenda escandalizado por las faltas de respeto ajenas. Otro tanto hay que decir de la falsa indignación del de enfrente, que tampoco se cortó un pelo cuando la Justicia –por así llamarla– se dedicaba a amparar las actuaciones de los gobiernos de González. Igual han hecho con los fiscales. Los unos y los otros.

He escrito antes que ambos tienen razón cuando se acusan entre sí de no respetar a los jueces. Añadiré ahora que también tienen razón –razones– para no respetar a algunos jueces, particularmente de los que habitan en las más altas instancias del gremio. Todo aquel que ha tenido trato particular con jueces de ésos y les ha oído hablar cuando se sienten a sus anchas, entre supuestos amigos, sabe hasta qué punto hay banderías entre ellos. Lo del Consejo del Poder Judicial es más abierto y descarado –puede permitirse serlo, porque se trata de un órgano político–, pero no demasiado diferente. Cada partido tiene sus jueces. No en nómina, pero tampoco al margen de consideraciones materiales. Los hay que saben que su promoción profesional depende del respaldo político que se ganen. Y luego están los extras, que tampoco son tontería. Las conferencias y los cursos pagados a precio de amigo, por ejemplo.

¿Legal? Sí. Legal y productivo.

A algunos se les respeta poco, y queda feo. Pero es que son muy poco respetables.

El último número del prestigioso semanario norteamericano The New Yorker  da cuenta de un informe confidencial –ya no muy confidencial, como se ve– elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en relación al «programa nuclear secreto» que se supone estaría aplicando el Gobierno de Teherán para dotarse de armamento atómico. De creer lo que cuenta en su artículo Seymour M. Hersh, la CIA, tras haber realizado una exhaustiva investigación al respecto, aseguraría que no ha encontrado nada que permita concluir que Irán esté intentando fabricar bombas atómicas.

Dice Hersh en su muy interesante artículo que la Casa Blanca acogió el informe de su servicio de espionaje con abierto desagrado y que ha optado por no tomarlo en consideración. No le concede credibilidad, dado que choca de lleno con su «convencimiento» de que Irán quiere fabricar armas atómicas.

Todo este episodio recuerda demasiado la tristemente famosa historia de las «armas de destrucción masiva» de Sadam Husein como para no establecer el paralelismo. También entonces Bush tenía el «pleno convencimiento» de que esas armas existían y no quiso ni oír hablar de los informes realizados in situ, que decían que no había ni rastro de armas de ese tipo.

Bush considera que los hechos no son quiénes para llevarle la contraria. El presidente del Estado más poderoso de la Tierra no tiene por qué inclinarse ante algo tan vulgar como la realidad. Si él, apoyándose en la suma de su fina intuición y la inabarcable inteligencia de sus allegados –incluido su perro–, ha forjado el convencimiento de que Irán es un país gamberro que está dispuesto a lo que sea con tal de hacerse con la bomba, ya puede la CIA cantar misa.

Más problemático sería que los estados europeos, que no tienen por qué fiarse de la intuición de Bush –o, mejor dicho: que tienen razones sobradas para no fiarse de la intuición de Bush, después de la cadena de pifias que ha hilado en Irak–, hicieran también como si no existiera el informe de la CIA y continuaran insistiendo en buscarle las cosquillas a Irán con la historia de su «programa nuclear secreto». Porque nos obligarían a concluir que lo están haciendo para tener contento al presidente estadounidense, a sabiendas de que se apoyan en una falsedad.

¿Miente The New Yorker? No tiene fama de hacerlo, y menos en asuntos de esta trascendencia. El hecho de que tanto la Casa Blanca como el Pentágono se hayan negado a comentar la información, en lugar de desmentirla, parece concluyente.

En todo caso, aclárenlo cuanto antes. Y si lo que cuenta el semanario estadounidense es cierto, obren las potencias europeas en consecuencia, que ya hay suficientes focos explosivos en el mundo como para añadir otro más sólo para tener contento a un oligofrénico paranoide puesto al servicio de un banda de magnates del petróleo y de fabricantes de armas desaforados.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Noticia bomba.