Quilombo

Fin de año agitado en Internet. Esta semana EEUU aprobó una regulación de la llamada "neutralidad de la red" y Francia una normativa que implanta la censura administrativa con la excusa de la lucha contra la pornografía infantil y la pederastia. Mientras, España vivió una fuerte movilización ciudadana contra la inclusión de la disposición final segunda conocida como Ley Sinde en la Ley de Economía Sostenible. Como se sabe, la Ley fue aprobada sin la controvertida norma por falta de apoyos políticos.

La fallida disposición pretendía reforzar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en España mediante la supervisión gubernamental de las páginas de enlaces P2P. El objetivo último es, pues, el mismo que el del ACTA. En esta ocasión la polémica se centró en la falta de garantías judiciales a la hora de cerrar determinados sitios web, a iniciativa de la industria cultural, y en la indeterminación de los supuestos que justificaban esas medidas, que podía entrañar el sacrificio de libertades como la de expresión frente a la propiedad intelectual.

Esto último, la propiedad, es lo que constituye la sustancia de todo este asunto, aunque muchos críticos (u oportunistas, como el Partido Popular) prefieran hablar exclusivamente de los aspectos procedimentales. "La Ley Sinde", escribe Ignacio Escolar, "es un error (...) que no va a acabar con la piratería digital, un problema que sólo se arreglará con oferta legal buena, bonita y sobre todo barata". Por su parte, un editorial de El País proclamó que "no tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho". Y la piedra angular de dicho Estado es la propiedad privada, que es la que sobredetermina esa libertad que subraya el editorialista. Con esta percepción de las cosas, es normal que persistan falacias como la que equipara el intercambio de archivos al robo de ganado y se quiera asentar en el imaginario un concepto errado como el de piratería. En el citado diario, un furibundo José María Guelbenzu arremetió contra "los piratas" y la "izquierda silvestre" que "pretende dar forma aceptable a un presunto delito de apropiación indebida."

El capitalismo se basa en la propiedad privada y en el trabajo dependiente colectivo. Pero la propiedad privada de los medios de producción y el sistema salarial propios de capitalismo industrial entraron en crisis desde el momento en que lo cognitivo y lo inmaterial comenzaron a impregnar toda la producción económica, incluyendo los sectores más "materiales".

En primer lugar, a partir de la inteligencia colectiva (más allá de esas unidades denominadas empresas) se producen conocimientos que, como recuerda Yann Moulier Boutang, comparten algunas características de los llamados bienes públicos: no rivalidad (el consumo por parte de un individuo no impide el consumo de los demás), indivisibilidad e inalienabilidad (no pueden transferirse a otro de manera definitiva). Por mucho que cueste la producción de una determinada información codificable, la posibilidad de su reproducción digital ad infinitum tiene un coste maginal que tiende a cero. Lo cual dificulta la apropiación privativa y exclusiva, la generación de rentas monopólicas y en última instancia la mercantilización del conocimiento, que el Manifiesto por el copyright -impulsado por la industria del sector cultural- expresa con amargura:"no aceptamos que en una sociedad completamente mercantilizada nuestras obras sean el único bien de acceso universal no retribuido."

En segundo lugar, el capital físico necesario -propiedad de la empresa y que justificaba la sujeción de los trabajadores a cambio de un salario- para producir los conocimientos es cada vez menos costoso y relevante, mientras que los medios de producción realmente importantes son los cerebros que cooperan en red (lo que se conoce como "capital intelectual"). Cuando los creadores reivindican la propiedad de su trabajo están cuestionando, efectivamente, que pueda haber una relación de tipo salarial. Sin embargo, al mismo tiempo una concepción estricta en términos de propiedad privada se vuelve impracticable en una economía digital del conocimiento sin atentar contra las libertades de todos.

Estas dificultades para adaptar la propiedad privada y la forma salario del trabajo artístico comienzan a generalizarse a muchos otros sectores. La problemática de la retribución equitativa de la creación artística, intelectual y social salta entonces al primer plano. Pero mientras los autoproclamados "representantes de la Cultura" sólo plantean fórmulas que giran en torno al concepto de propiedad privada, otros creadores alegan en cambio que "no hay cultura sin derechos sociales": es decir, que el problema de la continuidad del ingreso de los creadores (y, por extensión, de muchas otras categorías de ciudadanos) que no viven de un salario fijo es ante todo social. Al fin y al cabo no "crean" ex nihilo. Es la posición, por ejemplo, de los intermitentes y precarios franceses que encabezaron las movilizaciones de 2003 y que reivindican esquemas complementarios de renta básica incondicional.

Así pues, el problema que habrá que afrontar más pronto que tarde no se limita a una comisión gubernamental con poderes desorbitantes. El consenso parlamentario e internacional que, según asegura Rubalcaba, existe en torno a la propiedad intelectual es el que hay que rebatir. Para ir sentando las bases de otra economía, una que sea realmente sostenible y justa.