Empeñado en un género de oposición que The Economist ha calificado gráficamente de «antipática» y «a la deriva», Mariano Rajoy acusó anteayer a Zapatero de cambiar de criterio «siempre a favor de los terroristas». Puso como ejemplo el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido retirar la acusación de «integración en ETA» que pesaba sobre siete directivos del clausurado diario Egunkaria. El fiscal Miguel Ángel Carballo afirma ahora que los indicios obrantes en el sumario son «muy débiles» e «insuficientes» para sostener la imputación.
Rajoy (¿antipático, a la deriva o simplemente frívolo?) da por hechos varios extremos de los que no puede tener conocimiento, sobre todo porque son falsos, a saber: que el presidente del Gobierno ha instruido a la Fiscalía para que retire esa acusación, que el fiscal del caso ha acatado la orden gubernamental de cambiar de criterio «a favor de los terroristas» y, en fin y como resumen, que en el sumario sí que hay pruebas sólidas y suficientes de la vinculación de los siete procesados con ETA (de lo contrario, no podría atreverse a calificarlos de terroristas y a dar por probada –e incluso por juzgada y sentenciada– la subordinación de Egunkaria a ETA).
Rajoy se pretende convencido de que el Gobierno quiere que estos imputados eludan la acción de la Justicia. Es una pretensión absurda. En primer lugar, porque hay dos partes personadas como acusación (la AVT y Dignidad y Justicia) que no han renunciado a nada y que van a reclamar la apertura de juicio oral. Y en segundo término, porque los directivos de Egunkaria están también procesados por «posibles delitos societarios o contra el patrimonio» en una causa paralela, gracias a la cual el PP, por sí mismo o a través de las organizaciones de su entorno, podrá sacar a la luz todas las supuestas pruebas que el fiscal estaría desconsiderando por razones de disciplina política.
Rajoy considera escandaloso que el fiscal haya obrado así. Yo también. Es escandaloso, sin duda, que haya sostenido desde hace casi cuatro años un procedimiento penal que entrañó el cierre de un diario y la detención de siete ciudadanos. Es de auténtico bochorno que se hayan mantenido durante 46 meses graves medidas cautelares y la sospecha pública de pertenencia a banda armada sobre unas personas contra las que, pasado todo ese tiempo, se viene a admitir que no ha habido nunca nada serio.
Lo cual –ay– tampoco tiene nada de novedoso. Es el segundo diaricidio que perpetra la Audiencia Nacional en nombre de la lucha antiterrorista, para acabar pretextando al cabo de los años que bueno, terroristas parece que no eran, pero tampoco estaban al día en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y otros impuestos varios.
¿De vergüenza ajena? Exactamente: de vergüenza, sí. Pero muy ajena.
Javier Ortiz. El Mundo (18 de diciembre de 2006). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: Los diarios de la Audiencia Nacional. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.
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