Defiendo la superioridad del transporte público. En todos los planos, incluido el de la seguridad. En principio, como regla general, el transporte público es el que puede ofrecer más garantías de eficacia y seguridad a los usuarios. No sólo en comparación con el transporte particular, sino también en comparación con el transporte colectivo realizado por empresas privadas.
La lógica que mueve a las empresas privadas las empuja a maximizar los beneficios. Las partidas presupuestarias destinadas a acrecentar la seguridad los recortan. Las empresas privadas de transporte no se desentienden de la seguridad, por supuesto, pero miran con la máxima atención esa rúbrica de gastos. En cambio, una empresa de titularidad pública no tiene por qué rendirse a la dictadura del beneficio económico. Puede invertir dinero para obtener rentabilidad social, comodidad, seguridad.
Ése es el criterio general, expuesto a grandes trazos, que me mueve a preferir el transporte público, como opción de principio. Pero no cabe desconocer lo que el triunfo ideológico y político del llamado neoliberalismo ha supuesto también en este terreno. Desde hace años, las castas políticas dominantes -algunas muy en particular- vienen haciendo una labor de desprestigio constante de las empresas de titularidad pública, dando por hecho que su destino no puede ser otro que la privatización. Y, en tanto logran privatizarlas, reclaman de ellas que se sometan a los mismos criterios de rentabilidad que siguen las empresas privadas, negándose a admitir que puedan tener pérdidas. Y si, por ejemplo -y puesto que hablo del transporte-, una determinada línea de tren no puede ser privatizada porque genera pérdidas y nadie quiere hacerse cargo de ella, plantean de inmediato su cierre definitivo, sin pararse a considerar el perjuicio social que eso vaya a acarrear.
Los sindicatos, incluidos los más moderados y próximos a los poderes públicos españoles, vienen denunciando desde hace tiempo que las empresas españolas de transporte de propiedad pública subcontratan cada vez más funciones que les son propias. También se han quejado de la sistemática reducción del número de empleados que estas empresas dedican a las tareas de seguridad y mantenimiento, al igual que su renuencia a sustituir maquinaria e instalaciones que, sin haber alcanzado límites de decadencia intolerables, sí reclaman a gritos su renovación.
Estoy pensando, por supuesto, en el terrible accidente que sufrió el metro de Valencia el pasado lunes. Constato que la máquina que desencadenó la tragedia carecía del sistema de parada automática que llevan hoy en día ese tipo de medios. Parece que se consideró un dispendio instalarlo en unos trenes que van a ir al desguace dentro de pocos meses.
Cada cual evalúa las vidas humanas al precio que le parece justo.
Javier Ortiz. El Mundo (6 de julio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Transporte público.
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