Miguel Sanz exige a Rodríguez Zapatero que declare que impedirá que se forme ningún tipo de organismo de coordinación vasco-navarro, ni en un futuro cercano ni nunca. Y se lo reclama muy enfadado. Le conmina a hacerlo.
Es un perfecto dislate.
Zapatero no podría en ningún caso prometer lo que le reclama Sanz, porque es algo sobre lo que él no tiene atribuciones. Los Gobiernos de Vitoria y Pamplona no necesitan autorización del Gobierno central para establecer convenios de cooperación entre sí, si el ámbito concernido se ciñe a materias de su competencia. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (su Estatuto de autonomía) prevé incluso, en su artículo 70.3, la posibilidad de que Navarra establezca acuerdos especiales de cooperación con el País Vasco. Precisa que, de hacer tal cosa, habrá de dar cuenta a las Cortes. A las Cortes, no el jefe del Ejecutivo central. O sea, que Sanz está pidiendo a Zapatero que se comprometa a impedir la aplicación de una norma fijada en el propio Estatuto de Navarra, y que lo haga, además, arrogándose unos poderes de los que carece.
Este Sanz practica como nadie el atolondramiento argumental. Lo mismo dice que «el futuro de Navarra debe ser decidido por los navarros» que, acto seguido, busca fórmulas para que los navarros sólo puedan hacer lo que a él le venga en gana. Y hasta reclama ayudas foráneas para impedir que la ciudadanía navarra pueda salirse de la vía trazada por él.
En realidad, la idea de crear un cauce de cooperación entre el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra es de una sensatez apabullante. Hay en Navarra bastantes comarcas cuya identidad vasca -por lengua, por cultura, por costumbres, por tradiciones, por todo- salta a la vista. ¿Qué tiene de malo considerar esa realidad, de la que no hay por qué deducir ninguna consecuencia política particular, y buscar formas de cooperación que hagan más fácil y más agradable la vida a la gente?
Sanz es un obseso. En su afán por extirpar «lo vasco» de Navarra, no duda en hacer caso omiso de la legalidad vigente. El artículo 9.2 de su ley estatutaria fundamental dice: «El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra». Pues bien: su Gobierno se ha dedicado, entre otras muchas cosas de ese estilo, a retirar las indicaciones bilingües de las carreteras, gastándose un pastón para sufragar su fanatismo.
En estas habilidades se parece mucho a su socio Mariano Rajoy, que últimamente no para de decir que «el pueblo vasco no existe» y que «Euskal Herria no existe», a la vez que reivindica con gran entusiasmo el Estatuto de Gernika, cuyo artículo 1 dice: «El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad...».
¿Cómo cabe defender a la vez lo uno y lo otro?
Pues en gerundio. Ellos son así.
Javier Ortiz. El Mundo (1 de mayo de 2006). Hay también un apunte de título semejante: Navarra.
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