Desde Jamaica

El Gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la licencia de emisión del canal RCTV, que en la medianoche de ayer dejó de emitir. Es una prerrogativa que le concede la ley. El Tribunal Supremo de Venezuela ha ratificado la decisión y ha ordenado que los equipos del canal pasen a manos de otro, TVS, de propiedad pública.

Señalaré algunos hechos probados, como se dice en las sentencias.

Un hecho probado es que el Gobierno de Chávez nació de unas elecciones cuya limpieza fue supervisada por toda suerte de organismos internacionales.

Otro, que la ley aplicada fue elaborada por un Parlamento elegido democráticamente y ha sido refrendada por la máxima autoridad judicial del país.

Otro más: que estamos refiriéndonos a un medio de comunicación que respaldó un intento de golpe de Estado. Por decirlo en lenguaje político español: por un medio que no sólo no condena la violencia, sino que la promovió.

A decir verdad, RCTV ha gozado de garantías que no siempre se ponen en práctica en otros pagos. En éstos, sin ir más lejos. Aquí, la autoridad político-judicial tiene a bien adoptar medidas referentes a medios de comunicación que formalmente se plantean como cautelares o provisionales, pero que en la práctica se convierten en definitivas. Al semanario cántabro independiente La Realidad, por ejemplo, una juez le impuso una sanción de 27 millones de pesetas (nota de edición: más de 162.000 euros) por un supuesto delito de honores mancillados –Víctor de la Serna lo comentó con mucha precisión el pasado martes en estas mismas páginas– lo que provocó el cierre de la publicación. Al cabo de los meses, otro tribunal ha reducido la sanción a menos del 10%. Qué bien. Pero ya da igual: rebajar la multa a un difunto no sirve de nada. También Garzón decidió un buen día que Egin podría volver a editarse, porque su único delito aparente se refería a impagos a la Seguridad Social. A buenas horas, mangas verdes.

O vete a hacer puñetas, que es el remate que lucen los jueces en las mangas.

Dicho lo cual, no me divierte nada, por legal que sea, que se cierre un medio de comunicación. Ninguno. Ni siquiera ese canal venezolano, por el que sentía las mismas simpatías que me habría producido una televisión que tuviera de jefe de programación al teniente-coronel Tejero. 

Lo que me llama la atención es que la misma gente que exige aquí a diario que se silencie al uno o al otro, que no se le deje tener periódicos –no digamos canales de televisión– y que se le prohíba concurrir a las elecciones, sea en persona o por delegación, se declare indignada porque en Venezuela se apliquen de manera tan suave sus técnicas predilectas.

Ayer se vio en algunos colegios electorales de Euskadi qué efectos tan estupendos tiene prohibir lo que tiene carta de naturaleza. Los franceses lo dicen muy bien: «Expulsa lo natural, que volverá al galope».

Javier Ortiz. El Mundo (28 de mayo de 2007). Hay también un apunte que trata el mismo asunto: Santander, Basta Ya. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de junio de 2018.