Muchos son los que dan por hecho que quienes reclaman tales o cuales derechos, sea a título individual o como parte de tal o cual colectivo, lo hacen porque quieren ejercerlos.
No es necesariamente así. Por poner un ejemplo que me parece claro: no pocos defendieron en su día el derecho al divorcio, aunque no tuvieran la más mínima intención de divorciarse. Ni de casarse, incluso.
La posibilidad del divorcio supone para la vida en pareja, sea de hecho o como hipótesis, una cierta garantía de que se trata de una opción replanteable en cualquier momento, no de una condena a perpetuidad.
Algo semejante sucede con los pueblos. Es perfectamente posible defender el derecho de autodeterminación de los pueblos y, a la vez, no desear que se sirvan de él para formar estados aparte. Es un derecho que pretende asegurar que la coexistencia entre los pueblos es voluntaria, no forzada.
Ahora se ha generalizado la tendencia a defender -o a denostar- los llamados «derechos históricos».
La fórmula tomó carta de naturaleza con la Constitución Española de 1978. Durante los debates sobre la redacción del texto constitucional, y ante la imposibilidad de lograr un reconocimiento expreso del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, los diputados del PNV reclamaron -y lograron- que la mayoría de las Cortes aceptara que la Constitución hiciera explícita mención de su «amparo» y «respeto» de «los derechos históricos de los territorios forales». Se trataba, en definitiva, de que el Estado español reconociera que los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra albergan derechos anteriores al acto constituyente de 1978.
Quedó así establecido que la actual Constitución española no es nuestra única fuente de derechos colectivos; que ella misma está sometida a derechos previos. De paso fueron abolidas todas las disposiciones legales que, desde la Constitución de Cádiz, pretendieron el recorte o incluso la abolición de los Fueros vascos.
Primaron en aquel caso tanto el fuero como el huevo. Al obtener el reconocimiento constitucional de los derechos históricos, los nacionalistas vascos consiguieron también que el Estado español aceptara que no sólo Navarra y Álava, sino también Guipúzcoa y Vizcaya («las provincias traidoras», según la terminología franquista), tuvieran un régimen tributario propio.
Los líderes de Convèrgencia i Unió consideraron entonces atávico, e incluso absurdo, el empeño de los nacionalistas vascos por contar con su Hacienda particular. Pujol se lo dijo a Arzalluz: «¿Para qué queréis recaudar vosotros? ¡Que lo haga Madrid! ¡La gente coge manía a quien le cobra los impuestos!». Pero Arzalluz lo veía de otro modo. Estaba convencido de que quien controla el dinero controla el poder. Tanto mayor es la parte de los presupuestos que se administra, tanto más se pinta. Aunque luego haya que contribuir a las arcas del Estado, como es lógico, con la parte alícuota que corresponda al monto recaudado y a las necesidades del conjunto.
Ahora, algunos nacionalistas catalanes quieren que la Generalitat cuente también con una Hacienda propia semejante a la vasco-navarra. Me parece bien. Por qué no. Hay modos diversos de articular la solidaridad interterritorial, y ninguno es en principio peor que los demás. Pero se equivocan quienes defienden esa opción apelando a los «derechos históricos» de Cataluña. El pueblo de Cataluña tiene derecho a autodeterminarse no porque Jaume I el Conqueridor hiciera esto, ni porque el Conde-Duque de Olivares lo otro, ni porque Felipe V lo de más allá, sino porque todos los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, historias al margen. Cataluña es un precipitado histórico, sin duda. Igual que Galicia, o que Asturies, o que Andalucía, o que Canarias. Pero los derechos que puede reclamar no se derivan de la Historia, sino del hecho de que ahora mismo alberga un pueblo que tiene conciencia de serlo y cuenta con la voluntad de actuar como tal.
En el proyecto de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, acordado por el PP y el PSOE, también se habla de los «derechos históricos» del pueblo valenciano. ¿Se referirán tal vez a los fueros que anularon los Borbones tras salir victoriosos de la batalla de Almansa? No veo yo al PP en esas lides.
El pacto estatutario valenciano PP-PSOE también reclama su derecho a acceder a cualquier prerrogativa autonómica que pudieran obtener otros gobiernos autónomos. No cabe ejemplo más acabado de ridiculez en materia autonomista: los Camps y compañía no piensan en qué conviene más a su pueblo, sino en no ser nunca menos que el de al lado. No conciben la autonomía como instrumento de articulación, sino de competición. Son capaces de reclamar competencias que no les sirven para nada, o que incluso les estorban, con tal de que Cataluña, muñeco permanente de su vudú particular, no cuente con algo de lo que ellos carecen.
De pintar algo mi criterio, yo dejaría que la cosa esa de los «derechos históricos» quedara reservada para quienes lograron meter tan particularísimo gol en la Constitución -a fin de cuentas, también otros sacan partido del tanto que se anotaron convirtiendo a las Fuerzas Armadas en garantes de «la unidad de la Patria»-, y me concentraría en obtener para cada pueblo integrado en el actual Estado español el derecho a acordar con los representantes legítimos de los demás pueblos las formas de colaboración que se convinieran entre todos como más convenientes para el conjunto.
Claro que yo me tomo muy poco a pecho los esencialismos de todo tipo. No me interesan gran cosa los derechos históricos. Me interesa el personal realmente existente.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (29 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 27 de julio de 2017.
Nota: Javier utilizó este apunte para la columna Derechos históricos.
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