Desde Jamaica

Se ha puesto de moda hablar de «los derechos históricos», sea para reivindicarlos, sea para repudiarlos.

La fórmula tomó carta de naturaleza con la Constitución Española de 1978. Durante los debates que la precedieron, y ante la imposibilidad de lograr un reconocimiento expreso del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, los diputados del PNV reclamaron -y lograron- que la mayoría de las Cortes aceptara que la Constitución hiciera explícita mención de su «respeto» por «los derechos históricos de los territorios forales». De ese modo, el Estado español reconoció que los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra gozan de derechos anteriores al acto constituyente de 1978. Quedó así establecido que la actual Constitución española no es fuente exclusiva de derechos; que ella misma debe respetar otros que le son previos.

Primaron en aquel caso tanto el fuero como el huevo. Al obtener el reconocimiento constitucional de los llamados «derechos históricos», los nacionalistas vascos consiguieron también que el Estado español aceptara que no sólo Navarra y Álava, sino también Guipúzcoa y Vizcaya («las provincias traidoras», según la terminología franquista), tuvieran un régimen tributario propio.

Los líderes de CiU consideraron entonces atávico, e incluso absurdo, el empeño de los nacionalistas vascos por contar con su Hacienda particular. Les decían: «¿Para qué queréis recaudar vosotros? ¡Que lo haga Madrid! ¡La gente coge manía a quien le cobra los impuestos!». Pero los dirigentes del PNV lo veían de otro modo. Estaban convencidos de que quien controla el dinero controla el poder. Que tanto mayor es la parte de los presupuestos que se administra, tanto más se pinta, por mucho que luego haya que contribuir a las arcas del Estado -al gasto común- con la parte que corresponda.

Ahora, algunos nacionalistas catalanes quieren que la Generalitat cuente también con una Hacienda propia, semejante a la vasco navarra, y apelan a los «derechos históricos» de Cataluña. No comparto su planteamiento. El pueblo de Cataluña tiene derecho a tomar las riendas de su propio destino no porque el Conde Duque de Olivares hiciera esto, ni porque Felipe V lo otro, sino porque ése es un derecho que tienen todos los pueblos, sea cual sea su pasado. Cataluña es un precipitado histórico, sin duda. Igual que Galicia, o que Asturias, o que Andalucía, o que Canarias. Pero sus derechos no se derivan de la Historia, sino de la existencia actual de un pueblo que tiene conciencia de serlo y voluntad de actuar como tal.

Yo, en su lugar, me dejaría de discutir sobre derechos del pasado y me centraría en conseguir reconocimiento para el ejercicio futuro de los derechos que confiere la realidad presente.

A fin de cuentas, el porvenir es eso: lo que está por venir. Y es lo que más importa.

Javier Ortiz. El Mundo (31 de agosto de 2005). Basado en el apunte Los derechos históricos, publicado dos días antes. Subido a "Desde Jamaica" el 6 de mayo de 2018.