Sostiene Zaplana que el plan Ibarretxe representa el ataque más grave que se ha lanzado contra la democracia desde la intentona golpista del 23-F. Supongo que pronto se dará cuenta de que esa declaración suya puede ser tomada como una preocupante muestra de tibieza, rayana en la complicidad, y que la rectificará, para proclamar que lo de Ibarretxe es obviamente mucho más grave que el 23-F.
Hay una especie de competición en el establishment español a ver quién es capaz de calificar más duramente la iniciativa de Ibarretxe: intolerable ofensa contra la Constitución, intento camuflado de minar las bases de la convivencia, ataque letal contra la democracia...
¿Puede una propuesta de discusión ser todo esto?
«¡Es un plan secesionista!», claman.
Daría igual que lo fuera. Sería una opción debatible, como cualquier otra.
Pero no lo es, y lo saben. Ni en los pasos que se marca para su desarrollo ni en la fórmula final que inicialmente propone, que atribuye al Poder central las tareas clave de todo Estado, lo que entraña una renuncia expresa a la independencia de Euskadi.
«Nos avendríamos a discutirlo si fuera una propuesta», replican. «Pero se trata de un intento de imposición».
¿Sí?
Lo que propone Ibarretxe es iniciar un debate parlamentario, cuya conclusión no cabe prefigurar, ni en el cuándo, ni en el cómo, ni en el qué. Ninguna imposición.
Supongamos que el debate concluyera con una fórmula que fuera aprobada por la mayoría del Parlamento autónomo. Tampoco eso acarrearía imposición alguna, puesto que se admite sin problemas que el tal acuerdo parlamentario carecería de valor suficiente y debería ser sometido al refrendo o el rechazo del conjunto de la población de la Comunidad Autónoma. (Cosa que, por lo demás -insiste-, sólo podría materializarse en condiciones de ausencia de violencia, que permitieran la defensa libre de todas las opciones).
Pero ni por ésas. Tampoco se pretende que la decisión mayoritaria de la población de la CAV, de producirse, pudiera dar lugar a ningún trágala. Se aclara al punto que un acuerdo así debería ser discutido a escala de toda España -o de todo el Estado, o como se quiera decir-, puesto que de lo que se trata es de establecer un sistema de convivencia que sea válido para el conjunto, y no sólo para algunos.
De modo que el plan no tiene el menor carácter impositivo en ninguna de las fases que propone.
¿Cuál es, entonces, el problema? Pues precisamente ése: que no plantea ninguna imposición... pero tampoco la admite.
Lo que rechazan los defensores del modelo eterno de unidad de España es que haya quien reclame -quien «trate de imponer»- que sea necesario contar con lo que pueda opinar ese pequeño segmento de la población española que se hace llamar «pueblo vasco».
Eso es todo. Sin más. Por debajo de toda la hojarasca, no se discute de otra cosa.
Javier Ortiz. El Mundo (12 de noviembre de 2003), basado en el apunte del mismo título: La imposición de Ibarretxe. Subido a "Desde Jamaica" el 15 de abril de 2018.
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