Desde Jamaica

Sostiene Eduardo Zaplana que el plan Ibarretxe representa el ataque más grave que se ha lanzado contra la democracia desde la intentona golpista del 23-F.

Supongo que pronto se dará cuenta de que esa declaración suya puede ser tomada como una preocupante muestra de tibieza, rayana en la complicidad, y que la rectificará, para proclamar que lo de Ibarretxe es obviamente mucho más grave que el 23-F porque, si bien aquello implicó la ocupación del Congreso de los Diputados y el paseo de los tanques de Milans por las calles de Valencia, sólo duró unas horas, en tanto lo de Ibarretxe representa un desafío mucho más prolongado.

Hay una especie de competición en la clase política española, con nutrida participación del gremio judicial y fiscal, a ver quién es capaz de calificar más duramente la iniciativa de Ibarretxe: intolerable ofensa contra la Constitución, intento camuflado de minar las bases de la convivencia, ataque letal contra la democracia...

¿Puede una propuesta de discusión ser todo esto?

«¡Es un plan secesionista!», claman.

No lo es, y lo saben. Ni en los pasos que se marca para su desarrollo ni en la fórmula final que inicialmente se propone, y que atribuye al Poder central las tareas clave de todo Estado, lo que entraña una renuncia expresa a la independencia de Euskadi. (*)

Pero aunque lo fuera. Nos pasamos años repitiendo la cantinela aquella de que todas las ideas pueden ser defendidas, siempre que se propugnen por métodos pacíficos. ¿Qué era aquello? ¿Una afirmación errónea? ¿Tal vez una artimaña? Pongamos que, en efecto, la propuesta del Gobierno de Ibarretxe fuera secesionista. Pues se discute, se argumenta la conveniencia de rechazarla, se muestran sus peligros, se moviliza a la opinión pública contra ella. Como han hecho en Québec los contrarios a la disgregación. Pero no se responde con un «¡Tú te callas ahora mismo o te vas a enterar, pedazo de cerdo!». Más que nada porque queda un poco feo viniendo de quien se pretende paladín de la convivencia pacífica y el imperio de las libertades públicas.

«Nos avendríamos a discutir si se tratara realmente de una propuesta», replican. «¡Pero no es eso! ¡Es un intento de imposición!».

Veamos de cerca el asunto, porque para mí que es aquí donde está la clave.

Lo que proponen los tres partidos del Gobierno de Vitoria -que mantienen importantes diferencias entre sí en cuanto a dónde se trata de llegar- es iniciar un debate parlamentario, cuya conclusión no cabe prefigurar, ni en el cuándo, ni en el cómo, ni en el qué. Ibarretxe ha presentado un documento para que haga las veces de guión del debate, pero ése es el punto de partida, no el de llegada. No hay en este primer trámite imposición alguna.

Segundo paso: supongamos que el debate concluyera con una fórmula que fuera aprobada por la mayoría del Parlamento Vasco. Tampoco eso acarrearía ninguna imposición, puesto que el Gobierno vasco admite sin problemas que tal acuerdo parlamentario no tendría valor suficiente en sí mismo, y que la fórmula consensuada debería ser sometida al refrendo o el rechazo del conjunto de la población de la Comunidad Autónoma Vasca. Cosa que, por lo demás -insiste-, sólo podría materializarse en condiciones de ausencia de violencia, que permitieran la defensa libre de todas las opciones.

Pero es que tampoco se pretende que la decisión mayoritaria de la población de la CAV, de producirse, pudiera dar lugar a ningún trágala. Tampoco el eventual refrendo popular de la fórmula acordada en el Parlamento representaría la última palabra en el debate. Porque, en efecto, Ibarretxe aclara que, por muy mayoritariamente que el pueblo vasco respaldara su proyecto u otro de similares características, debería ser sometido a la consideración de los representantes de los demás pueblos que se integran en el Estado español, puesto que de lo que se trata es de establecer un sistema de convivencia que sea válido para todos, y eso no puede resultar de ninguna decisión unilateral.

Así pues, el plan no tiene carácter impositivo en ninguna de las fases que propone.

Lo cual no quiere decir que no haya aquí un problema de imposiciones.

Al contrario, y como decía antes, es precisamente ahí donde está la madre del cordero. Porque el plan de Ibarretxe propone un camino que no está sujeto en ninguna de sus fases a ninguna imposición exterior a la propia sociedad vasca. Establece una vía para la determinación previa de la voluntad mayoritaria de Euskadi y, sólo una vez fijada ésta, para alcanzar un acuerdo con España (o con el resto de España, o del Estado, o como se quiera).

Es el proceso mismo de determinación particular del deseo nacional vasco lo que no admiten los defensores del Estado-Nación español, porque rechazan que merezca consideración singular lo que ese segmento de la población española -que de eso se trata, para ellos- pueda opinar por su cuenta.

A veces tratan de ponerse didácticos y nos dicen a los vascos autodeterministas, nacionalistas o no: «Es como si Álava os dijera que no quiere ser parte de Euskadi. ¿Lo aceptaríais?». Y no entienden un pijo cuando les repondemos: «Si la mayoría del pueblo de Álava -del pueblo, directamente, no de tales o cuales representantes elegidos para otras tareas- expresara un rechazo así, admitiríamos que vamos por mal camino. Y nos lo replantearíamos todo, por supuesto».

«Espíritu foralista», señalarán algunos. «Confederalista», replicarán otros.

Me pregunto qué nombre habrá que dar a la doctrina de quienes pretendemos que la gente esté sola y en sociedad lo más a gusto que humanamente quepa.

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(*) Invito a recordar lo que se dice en el artículo 45, capítulo V, del proyecto presentado por Ibarretxe, en relación las políticas públicas atribuidas al Estado en el ámbito de la Comunidad de Euskadi. Perdón por la longitud de la cita:

«1. En su relación con la Comunidad de Euskadi, quedan reservadas al Estado bajo carácter exclusivo, las potestades legislativas y de ejecución que correspondan, en los términos que a continuación se establecen, a los efectos que requiera la elaboración, ejecución y control de políticas públicas en los siguientes ámbitos:

a) Nacionalidad española, extranjería y derecho de asilo, sin perjuicio del carácter compartido de las políticas de emigración e inmigración, en función de su incidencia en las políticas sectoriales exclusivas de la Comunidad de Euskadi.

b) Defensa y fuerzas armadas.

c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

d) Sistema monetario.

e) Régimen aduanero y arancelario.

f) Marina mercante; abanderamiento de buques y matriculación de aeronaves; control del espacio aéreo.

g) Relaciones internacionales, sin perjuicio de las actuaciones con repercusión exterior que se reconocen a la Comunidad de Euskadi en este Estatuto.

2. Asimismo en su relación con la Comunidad de Euskadi, queda reservado al Estado dictar la legislación común en los ámbitos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la capacidad de las Instituciones vascas para su desarrollo y adaptación a su derecho sustantivo, así como para su aplicación y ejercicio de las potestades de ejecución que correspondan.

De acuerdo con ello, corresponderá al Estado:

a) Legislación penal, penitenciaria y procesal, sin perjuicio de las particularidades del derecho sustantivo vasco.

b) Legislación mercantil, sin perjuicio del desarrollo de las bases de las obligaciones contractuales de carácter mercantil, así como en su caso de las bases de los contratos y concesiones administrativas.

c) Legislación civil, sin perjuicio del derecho privado civil foral o propio de Euskadi.

d) Legislación de propiedad intelectual e industrial.

e) Pesas y medidas, contraste de metales y determinación de la hora oficial.»

 

Nota final.- No me llaméis vago por terminar mi apunte a las 10:10. Lo he empezado a las 07:15. Pero unas veces divago, otras me entretengo poniéndome objeciones y polemizando conmigo mismo, otras... Otras salgo y paseo un rato para refrescarme y recordar que la vida sigue su curso.

Hace un tiempo precioso en este veranillo de San Martín mediterráneo.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (11 de noviembre de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.