Desde Jamaica

La Constitución Española cumplió ayer 28 años. Como nos recordaron una y otra vez los informativos de radio y televisión a lo largo del día, fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

«Por el pueblo español», dijeron muchos. Por el 59% de los inscritos en el censo, para ser exactos. Se registró un porcentaje de abstención relativamente elevado en general (10 puntos por encima del de las elecciones generales del año anterior) y escandalosamente alto en el País Vasco, donde sobrepasó el 53%. Menos de un tercio de los vascos con derecho de voto respaldó la Constitución, lo cual no tuvo la menor trascendencia jurídica, pero sí amplias y muy obvias repercusiones políticas, que han llegado hasta hoy.

No oculto que pongo énfasis en la elevada cantidad de abstenciones que hubo aquel 6 de diciembre porque la mía fue una de ellas.

No se trató de una decisión tomada a la ligera. La adopté como modo de equilibrar dos criterios encontrados. Por un lado, era consciente de que la nueva ley suprema, viniendo España de donde venía, representaba un avance muy sustancial en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades, tanto colectivas como individuales, y en razón de ello me parecía inadecuado rechazarla en bloque. Pero, a la vez, constataba que el texto que habían acordado los diputados de las Cortes elegidas en junio de 1977, que hicieron las veces de constituyentes, consagraba un buen puñado de limitaciones a la libertad y a la democracia que me parecían de todo punto inaceptables. No queriendo votar no, pero tampoco sí, sólo me cabía la abstención (o el voto en blanco, pero esa opción planteaba un problema añadido, del que ya hablaré en otra ocasión).

Acabo de aludir a las limitaciones a la libertad y la democracia que consideré –y sigo considerando– inaceptables. Me refiero, por poner sólo tres ejemplos, a la designación de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial de España (de un determinado modelo de organización territorial del Estado, en la práctica), a la instauración adosada de una Monarquía blindada (pone tal cantidad de condiciones para su eliminación que la vuelve casi imposible) y a la predeterminación de un sistema electoral que corrige hasta la adulteración la voluntad popular expresada en las urnas.

Ahora se dice que tal vez haya llegado el momento de introducir ciertas reformas menores en la Constitución. Me parece bien, aunque algunas de las que se proponen resulten incluso grotescas (así, la broma esa de mal gusto que pretende instaurar la igualdad de derechos en la herencia del trono pero mantener la preeminencia de la sangre real en la designación del Jefe del Estado).

Que quien quiera reformas cosméticas las proponga. Otros aprovecharemos la ocasión para reclamar unas cuantas reformas de verdad.

Javier Ortiz. El Mundo (7 de diciembre de 2006). Hay también dos apuntes que tratan el mismo asunto: La Constitución y La Constitución (y 2). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.