Desde Jamaica

Ha levantado mucho revuelo que Pasqual Maragall haya dicho que «quien se oponga al nuevo Estatut tendrá que vérselas» con el pueblo de Cataluña.

Algunos se lo han tomado como una amenaza velada a los partidos políticos mayoritarios en las Cortes de Madrid. Han errado. Basta con atender al contexto de la afirmación para comprobar que el presidente de la Generalitat se estaba refiriendo a quienes podrían romper el consenso necesario para sacar adelante el proyecto en el Parlament. A CiU, sobre todo.

Al hilo de esa confusión, cabe preguntarse qué habría pasado si la frase de Maragall se hubiera referido realmente a los jefes de los dos grandes partidos con sede en Madrid.

No es ocioso plantearse esa hipótesis porque, si bien una advertencia así no vendría a cuento ahora mismo -no se está en esa fase del procedimiento-, puede cobrar sentido en un futuro no muy lejano, si el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña acabara empantanándose en el Congreso de los Diputados.

¿Resultaría descabellado que, en tal caso, Maragall advirtiera a los políticos con mando en la capital del Reino de la posibilidad de «tener que vérselas» con la gran mayoría de los catalanes? No lo creo. Sobre todo considerando que eso de «tener que vérselas» puede ser un modo de aludir a respuestas de muy diverso género. La legislación española no reconoce el derecho de autodeterminación, pero, aparte de los referendos ad hoc, los pueblos tienen a su disposición métodos muy pacíficos y muy legales, pero también muy elocuentes, de dejar claro lo que quieren. Desde las manifestaciones masivas y reiteradas hasta las votaciones convocadas en principio con otros objetivos.

Muestran algunos su desagrado con la frase de Maragall porque ven en ella «un tono de amenaza» que les parece «preocupante» de cara al futuro. Nos vuelven a mostrar su aprecio por la ley del embudo. Un «tono de amenaza» realmente «preocupante» es el que adopta la Constitución Española cuando pone en manos de las Fuerzas Armadas la preservación de la unidad de España. Quedaron advertidos con ello los nacionalistas catalanes y vascos desde 1979 de que más les valía andarse con mucho ojo porque, como quisieran materializar sus propósitos, así fuera por la vía de las urnas, se podían encontrar con una -con otra- guerra civil.

Frente a esa concretísima amenaza, que ahí sigue figurando por si alguien tuviera la tentación de olvidarla, cualquier elevación de tono que pueda permitirse Maragall hay que inscribirla obligatoriamente en el rango de lo candoroso.

Nadie se asuste con Maragall. No es ningún cardenal Cisneros.

Pero tampoco crean que bastan cuatro artificios legales para contrariar la voluntad de un pueblo.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (18 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de septiembre de 2009.

Coincidiendo con los fallidos trabajos vinculados a la celebración del sexagésimo aniversario de la creación de la ONU, se han publicado no pocos comentarios y editoriales de prensa en defensa de la tesis de que, si bien la Organización de las Naciones Unidas tiene defectos gravísimos que justifican las críticas más acerbas, peor sería que no existiera, porque, aunque lo suela hacer tarde y mal, unas veces por exceso y otras por defecto, aporta algunos encomiables procedimientos de moderación de las tendencias más agresivas presentes en la arena mundial.

Es un argumento defendible -cuenta con el valor añadido de la resignación, que muchos confunden con la sensatez-, pero también resulta perfectamente objetable. Cabe argumentar, en efecto, que si la ONU se mantiene aunque sea en precario, no es por los aspectos mal que bien positivos de su labor, sino porque confiere al actual desequilibrio internacional de fuerzas una pátina de consenso asambleario muy conveniente para quienes acaban haciendo lo que les place e imponiendo su ley.

El espectáculo que proporcionó el viernes en su sede suprema, con la asistencia de tropecientos jefes de Estado y Gobierno, fue la representación más descarnada de esa cruda realidad. Un puñado de oligarcas se conchabaron para guisarse un manifiesto a su medida y, cuando ya lo tuvieron cocinado, se subieron a la tribuna y lo presentaron como «documento de consenso», sin importarles ni poco ni mucho que la mayoría de los Estados miembros ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de discutirlo.

Anteayer pasó otro tanto cuando Bush y los suyos defendieron la singular tesis de que algunos estados tienen derecho a contar con energía nuclear y otros no, en razón de los vigentes tratados internacionales sobre armamento. La representación iraní señaló que no hay ningún tratado internacional que conceda a unos estados en exclusiva el derecho a producir energía atómica con fines civiles y recordó que EE.UU. tiene el récord en materia de incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre fabricación y almacenamiento de armas prohibidas. Con independencia de lo que uno pueda pensar sobre las actuales autoridades iraníes, es obvio que en este par de puntos les asiste toda la razón. Pero nadie les hizo ni caso.

La verdad pura y dura es que Washington hace con la ONU lo que le peta, y cuando avanza en la dirección que le viene mejor -aunque sólo sea a efectos cosméticos-, le deja hacer, o incluso la jalea, y en cuanto se mete en camisas de once varas, o más, la bloquea y se queda tan ancho.

No estoy seguro de que el hundimiento de la Organización de las Naciones Unidas (que ni es organización, porque es un cachondeo, ni agrupa naciones, porque son estados, ni están unidos, porque la división es su máxima divisa) resultara positivo. Cualquiera sabe. De lo que no me cabe duda es de que dejaría todo mucho más claro.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (17 de septiembre de 2005) y El Mundo (19 de septiembre de 2005). Hemos publicado aquí la versión del periódico, la cual es más extensa. El apunte se titulaba De la ONU como coartada. Subido a "Desde Jamaica" el 15 de septiembre de 2017.

Los responsables de una revista de funcionarios euskaldunes, Administrazioa euskaraz, me pidieron hace unos días que les dijera qué opino sobre las iniciativas legislativas que se están poniendo en marcha aquí y allá para controlar las comunicaciones personales establecidas a través del correo electrónico y los teléfonos móviles. Van a publicar en octubre un dossier sobre ese asunto y quieren incluir un puñado de opiniones, entre ellas la mía.

Agradeciendo su interés y presto a atender su requerimiento, dediqué un rato a reflexionar sobre la cuestión, más que nada por el aquel de no quitármela de encima de cualquier manera. Por culpa de lo cual, me fui sumiendo más y más en esa mezcla de perplejidad e indignación que amenaza con convertirse en mi estado de ánimo permanente.

Estuve repasando las justificaciones que dan los dirigentes de los estados que más insisten en la necesidad de controlar «de algún modo» las comunicaciones electrónicas. En resumen, todos vienen a decir que las técnicas de la comunicación interpersonal han evolucionado muchísimo y que, lógicamente, las legislaciones deben acomodarse a esa tan tremenda evolución.

Me paré a reflexionar sobre el argumento. ¿«Lógicamente»? ¿En función de qué lógica?

Si uno repasa las viejas normas sobre Derechos Humanos recogidas en los textos constitucionales de los países con mayor tradición democrática, se encuentra con que un derecho que todos ellos reconocen como fundamental es el que ampara el secreto de las comunicaciones. En consonancia con ese principio rector, los representantes estatales deberían inquietarse, en todo caso, por la posibilidad de que los vertiginosos avances de la técnica pongan en peligro la privacidad de las comunicaciones. Pero no. Lo que les preocupa es justamente lo contrario: que tales avances puedan hacer más rápidas y más privadas las comunicaciones personales, superando las dificultades de tiempo, de espacio... y de fiscalización policial.

Y uno -aficionado a la retórica que es- se pregunta: ¿qué es lo que ha empeorado tanto desde hace un cuarto de siglo, que entonces los estados manifestaban su firme voluntad de no permitir que nadie metiera las narices en la correspondencia postal o en las conversaciones telefónicas privadas, y ahora creen necesario buscar el modo de hacerlo posible?

A mí se me ocurre una respuesta, pero no pretendo que sea la única ni -aún menos- la mejor. Creo que antes podían condenar formalmente la violación de las comunicaciones privadas porque quedaba elegante hacerlo, pero que podían practicarla a bajo coste material y político cada vez que les resultaba conveniente, en tanto que ahora los avances técnicos les han complicado ese juego hipócrita. Cotillear lo que escribimos o decimos en privado a nuestros allegados es más complejo, y además corren más riesgos de ser cogidos con las manos en la masa.

Porque ellos han aprendido mucho, pero los ciudadanos privados también.

Pongo un ejemplo. Si allá por 1970 un subversivo antifranquista quería fijar una cita secreta por correo, tenía que mandar su mensaje cifrándolo por trabajosos métodos y escribiéndolo entre líneas con tinta simpática, por lo común agua de limón o leche, dentro de una carta anodina.

Si la policía española hubiera respetado la ley que protegía la privacidad de la correspondencia, nada de eso habría sido necesario, por supuesto. Pero no la respetaba, así que había que burlar su censura. Ahora sus descendientes -porque los estados cambian, pero las policías en el fondo son siempre las mismas: está en su ser- se dan cuenta de que, con las mejoras de la técnica, sus trampas tienen cada vez peor avío.

De ahí que reclamen reformas legales. Para poder hacer sus trampas y reírse de los derechos y libertades de los ciudadanos con mayor facilidad.

Eso es lo que me malicio que pretenden. Pero no tengo pruebas. Lo digo sólo porque me conozco el género.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (16 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de agosto de 2017.

Singular, la Justicia de este país.

Tenemos a un magistrado de la Audiencia Nacional, que dice apellidarse Grande-Marlaska -aunque hay quien pone en cuestión tanto el guión como la k de su apellido-, que llama a declarar en tanto que imputado en un posible delito de pertenencia a banda armada a un dirigente sindical vasco a la vez que admite que, en realidad, no tiene fundamento real para acusarlo de nada, con lo cual lo deja en libertad sin medida cautelar alguna.

Singular. Singular todo: el juez, su apellido, la insólita convocatoria y la imputación finalmente no imputada.

Pregunta elemental: si el llamado a declarar puede ser un peligroso terrorista -y ustedes perdonen el pleonasmo-, ¿cómo dejarlo ir sin más? Y, si no: ¿qué sentido tiene contribuir a que planee tan onerosa sospecha sobre su persona?

Tenemos al mismo juez -más o menos Grande, más o menos Marlaska, con c de Rubalcaba o con k de Rubalkaba, según le venga en autos- que sostiene que, si el citado dirigente sindical vasco hubiera hablado -digo bien: hablado- de la conveniencia de que la izquierda abertzale presentara listas «blancas» a las pasadas elecciones autonómicas, podría haber cometido un gravísimo delito. Pero, en cambio, no mueve ni un dedo en contra de quienes formaron parte de tales listas cuando acabaron formalizándose. ¿Tratará de instaurar un novedosísimo principio jurídico, según el cual puede resultar delictivo hablar de algo, pero no hacerlo?

Líbreme el cielo de la pretensión de indagar en las intenciones de don Fernando Grande, con guión o sin él, con c o con k. Me limito a registrar el hecho de que, quiéralo o no, lo sepa o lo ignore -no hay por qué presuponer inteligencia a nadie-, está haciendo política de la más dura, a troche y moche. Política, por cierto, muy inconveniente (o muy conveniente, según qué bando la considere). Porque la persona que don Fernando ha tomado arbitrariamente como diana de sus iras procesales, seleccionándolo de entre los muchos, muchísimos miles que creyeron que sería positivo que la parte de la sociedad vasca a la que representa la izquierda abertzale pudiera tener expresión electoral, ha ido a emprenderla contra una persona (*) que puede cumplir un papel de primera importancia en la pacificación y la normalización de la política vasca.

También es coincidencia. O no.

Singular la Justicia de este país, ya digo.

Anteayer, el fiscal general pronosticó que está cercano el fin de ETA. Si hiciera esa apreciación tomándose un blanco con sus amiguetes en la barra de un bar, no le objetaría nada. Pero ¿a cuento de qué se mete en esos dibujos cuando ejerce de fiscal general?

En resumen: ¿por qué todos estos personajes no dejan la política para los políticos, que ya son más que numerosos, y se dedican a ejercer de lo suyo, que es para lo que les pagamos?

Javier Ortiz. El Mundo (15 de septiembre de 2005), salvo la nota inferior, publicada por Javier en la web. Subido a "Desde Jamaica" el 9 de mayo de 2018.

(*) Este párrafo contiene un grosero error de redacción. Si lo repasáis, veréis que dice, en resumen: «Porque la persona que don Fernando ha tomado arbitrariamente como diana... ha ido a emprenderla contra una persona que puede cumplir...». Lo cual se entiende más o menos por dónde quiere ir, pero mezcla dos fórmulas que no pintan nada juntas. Me di cuenta del yerro y envié otra versión a El Mundo, en la que decía: «Porque la persona que don Fernando ha tomado arbitrariamente como diana... es alguien que puede cumplir...», etc.

Lamentablemente, esa segunda versión o nunca llegó a la Redacción o no fue tenida en consideración, por inadvertencia. Excuso decir que lo lamento.

Nota de edición: el sindicalista era Rafa Díez Usabiaga. Javier escribió varios apuntes al respecto los días previos: Cuatro escándalos y Justicia y política.

Replicaba ayer la vicepresidenta primera del Gobierno al portavoz del PP, que había acusado al Ejecutivo de disponerse a dejar la política penitenciaria «en manos de Ibarretxe», y le dijo que de eso nada; que su Gobierno no se ha movido ni una pulgada de donde se encontraba en esa materia.

Tanto doña María Teresa Fernández de la Vega como don Ángel Acebes se han hartado en los últimos años de proclamar a los cuatro vientos que su política en relación a Euskadi -la de ambos- tiene como alma, corazón y vida el Estatuto de Autonomía, que fue promulgado en diciembre de 1979.

Pues bien: el mencionado Estatuto proclama (art. 10.14) que la Comunidad Autónoma Vasca tiene «competencia exclusiva», entre otros asuntos, en los relativos a «organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social». Y añade (art. 12) que «corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes: 1.- Legislación penitenciaria (...)».

No es, como puede verse, un punto perdido dentro de una maraña: figura en el puesto más destacado. En primer lugar.

Han pasado más de 25 años de la promulgación del Estatuto en tanto que Ley Orgánica del Estado -¡25 años!- y la vicepresidenta del Gobierno español se permite alardear de su nula intención de aplicar esa Ley, que ella misma elogia con entusiasmo no sé si inconsciente o directamente hipócrita.

¿Y qué no decir con relación al señor Acebes, esto es, al partido en cuyo nombre habla? Reparemos, sin más, en el desdén con el que da por hecho que transferir a la Administración autónoma del País Vasco una determinada competencia es «dársela a Ibarretxe».

Con autonomistas como éstos, los centralistas no tienen nada que hacer.

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Ustedes disimulen, pero hay un par de pijadas de la actualidad que no me resisto a comentar.

Una es la de la Cumbre de la ONU.

Algunos dicen que está fracasando, entre otras cosas, porque los dirigentes de los estados más poderosos del Universo no consiguen ponerse de acuerdo en cómo acabar con la pobreza de los demás. Según he oído la noticia por la radio, puesta en relación con las víctimas que causa el hambre en la infancia del Tercer Mundo, se me ha ocurrido el título para un artículo ad hoc: «Qué fracaso, ni qué niño muerto».

Llamemos a las cosas por su nombre: los dirigentes del Primer Mundo están de acuerdo en lo esencial, a saber, en no hacer nada que pueda dificultar que el Primer Mundo siga en la relativa opulencia a costa de la absoluta miseria de los demás.

Y, hablando de llamar a las cosas por su nombre: ¿puede explicarme alguien a cuento de qué viene la invasión de «iconos» que padecen últimamente los medios informativos españoles? En cuanto alguien se vuelve famoso y admirado, se convierte en «un icono».

Como soy muy antiguo, y como quiera que la Academia Española se moderniza magnis itineribus en cuanto me descuido, he acudido al DRAE a ver qué significa ahora «icono». Y, para mi sorpresa, me he encontrado... con lo de siempre. Dice: «Icono o ícono. (Del fr. icône, este del ruso ikona y este del gr. bizant. εìΚων, -óνος). 1. m. Representación religiosa de pincel o relieve, usada en las iglesias cristianas orientales. 2. m. Tabla pintada con técnica bizantina. 3. m. Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; p.ej., las señales de cruce, badén o curva en las carreteras. 4. m. Inform. Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas.»

Y punto final.

Leo hoy en El Mundo que han premiado a una periodista afgana porque se ha convertido en «un icono de la lucha por la libertad y los derechos de la mujer». Me pregunto: ¿En qué se habrá convertido realmente la buena señora? ¿En una representación religiosa? ¿En una tabla pintada? ¿En una señal de tránsito vial? ¿En un monigote informático? En todo caso, ¿cómo se relaciona cualquiera de esas hipotéticas metamorfosis con la lucha por la libertad y los derechos de la mujer?

No lo sé. Misterios de la modernidad, supongo.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (15 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de agosto de 2017.

Un maestro que tuve en las artes periodísticas -en las buenas y en las malas- me reprochaba mis muchos escrúpulos éticos. «¿Te preocupa no tener contrastados todos los puntos de la información que vas a publicar?», me decía con sonrisa condescendiente. Y me impartía la lección adecuada al caso: «¡No seas tan remilgado! Una información es como un disparo de cañón: lo que importa es que hayas apuntado en la dirección correcta. Si cae algo de metralla donde no debería, ¡qué se le va a hacer!».

No consiguió acabar con mis remilgos. Sigo enfadándome conmigo mismo cuando constato que no soy tan riguroso como reclamo a los demás que lo sean. Por ejemplo: ayer di por hecho que, si el juez Grande Marlasca llamaba a declarar a Rafa Díez Usabiaga como imputado, es que se dispone a procesarlo. Pero no tiene por qué ser así. Un juez puede convocar a alguien para que declare como testigo o como imputado. En principio, convocarlo en tanto que posible imputado le acarrea problemas (de imagen pública, sin ir más lejos), pero también le proporciona ciertas garantías (puede hacerse asistir de un letrado de su elección, por ejemplo).

En todo caso, no es lo mismo, y mi apunte de ayer pudo inducir a error. Me disculpo por ello. (*)

Del resto de lo que escribí no me desdigo en nada. Insisto: la actuación de ese magistrado -y del conjunto de la Audiencia Nacional- es un perfecto escándalo. Me reitero muy particularmente en un argumento al que, por más que reconsidero, no veo vuelta de hoja: si el juez entiende que hablar de constituir una candidatura puede ser delito, ¿por qué no hace nada contra quienes figuraron de hecho en esa candidatura?

Los integrantes de las más altas instancias de la Justicia española son fuente inagotable de sorpresas. Se equivocan incluso cuando aciertan. Ayer, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, afirmó en su discurso de inauguración del año judicial que ve próximo el fin de ETA. Si hiciera esa apreciación tomándose un blanco y charlando con sus amiguetes en la barra de un bar, no le objetaría nada. De hecho, me parece un pronóstico razonable. Pero ¿a cuento de qué se mete en esos dibujos cuando ejerce de fiscal general? ¿Quién le manda? Que se deje de prospecciones políticas más o menos aventuradas y se dedique a fiscalizar, que es lo suyo.

Dicho sea en general: ¿por qué toda esta tropa no deja la política para los políticos, que ya son más que numerosos, y se dedica a ejercer de lo suyo, que es para lo que cobra?

(*) A cambio, de lo que no me arrepiento es de haber escrito que la Audiencia Nacional está en la calle Génova de Madrid, cosa que algunos lectores me han reprochado. El edificio de la Audiencia está en la calle Génova. Vaya que sí. Otra cosa es que se entre en sus dependencias por otras calles, según se ingrese a pie o en furgón.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (14 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de agosto de 2017.

El instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, decidió ayer imputar al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, un delito de integración en lo que él define como «el entramado ETA-Batasuna».

Después de haberlo llamado a declarar y de interrogarlo al respecto, el magistrado redactó un auto en el que sostiene que las conversaciones telefónicas en las que basa su acusación «no son suficientemente explícitas» y que «en el momento actual no se puede concretar la participación» de Díez Usabiaga en los hechos que le imputa.

Primer escándalo: ¿cómo un juez puede formular una acusación para la que él mismo reconoce que no existe suficiente base?

Punto 2. El magistrado se refiere a la hipotética participación del líder sindical vasco en el «entramado ETA-Batasuna». Pero no hay ningún artículo del Código Penal que persiga la integración en «entramados». Lo que el Código castiga es la pertenencia a banda armada, lisa y llanamente. Dicho de otro modo: con independencia de que prefiera no formularlo con demasiada claridad, tal vez por pudor, lo que el juez está imputando al dirigente de LAB es un delito de integración en banda armada. Lo cual encierra el segundo escándalo de este asunto: ¿cómo puede un juez dejar en libertad, sin tomar ninguna medida cautelar, a alguien que, según él, es un terrorista?

Punto 3. La acusación de Grande Marlasca se apoya en unas conversaciones telefónicas, intervenidas por orden judicial, en las que Díez Usabiaga se habría referido a la posibilidad de que la izquierda abertzale presentara a las pasadas elecciones autonómicas unas «listas blancas» (esto es, integradas por personas sin vinculación con Batasuna). Según el juez Grande, tal propósito, que más tarde se materializaría en la presentación de las listas de Aukera Guztiak, respondería a un deseo de ETA, lo cual -siempre según él- convertiría en agente de la organización terrorista a cualquier impulsor de la iniciativa. Pero si hablar a favor de esa posibilidad, según él, constituiría un delito, se supone que mucho más habría de serlo materializarla. Lo que nos conduce directamente al tercer escándalo: ¿por qué llama a declarar y procesa a alguien que habló de ello, pero no a los que finalmente formaron parte de esas «listas blancas»? ¿Desde cuándo es más grave hablar que hacer?

Punto 4. En el momento en el que Díez Usabiaga -y cientos de miles de personas más en Euskadi, incluyéndome a mí mismo- habló de la posible presentación a las elecciones de una plataforma de electores de la izquierda abertzale que no estuviera prohibida, eso ni tenía ni podía tener nada de delictivo. Tanto da que a ETA le pareciera oportuno: también le complace que LAB sea un sindicato con mucho respaldo, y hasta ahora a ningún juez se le ha ocurrido promover la ilegalización de LAB (aunque todo puede andarse). Para que pudiera hablarse de delito, Grande Marlasca tendría que probar que Rafa Díez actuó siguiendo instrucciones explícitas de ETA, dirigidas específicamente a él y recibidas personalmente por él. No siendo el caso, lo que el magistrado de la Audiencia Nacional está planteando, de hecho, es la penalización de toda idea que pueda sintonizar con los propósitos de ETA. Asunto que, aunque jurídicamente grotesco, está en la esencia misma de la Ley de Partidos y del llamado pacto antiterrorista: hay ideas sospechosas. Ser independentista, en concreto, es ya sospechoso, per se.

Ése es el cuarto escándalo.

Pero todos los escándalos que tienen su origen en los despachos de ese triste e impersonal edificio de la calle Génova, en Madrid -un poquito más abajo de la sede central del PP; un poquito más arriba de la casa natal de José Antonio Primo de Rivera-, no son, en el fondo, sino manifestaciones parciales del mismo escándalo general, que es la propia existencia de la Audiencia Nacional, jurisdicción especial donde las haya y espacio donde unos jueces y unos fiscales de opereta, infinitamente politizados, se dedican a tratar de remodelar a su guisa la política vasca. Que no se deja, y así le va.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (13 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de agosto de 2017.

Nota: el 14 de septiembre matizó algún punto en Justicia y política.

Usuario impenitente de la radio, cuando me hallo en alguna zona geográfica familiar no tengo problemas para localizar las emisoras que me interesan. Sé en qué longitud de onda emiten sus estaciones locales, así que voy de la una a la otra sin mayor dificultad. En cambio, cuando estoy de viaje y recalo en algún sitio cuyo espacio radioeléctrico no controlo, me veo obligado a barrer el dial para localizar las emisoras que busco.

Por un accidente de recorrido de esa naturaleza, me tocó recalar la pasada semana en emisoras de radio insólitas, algunas de las cuales sabía que existían, pero poco más, y otras ni eso.

Cielo santo. Comprobé que las ondas están habitadas por montones de personajes increíbles, que mencionan las noticias como les da la gana, sin que la verdad de los hechos suponga para ellos el más mínimo condicionante. Deambulan entre la derecha radical, la extrema derecha y la extremíííísima derecha, recurren por sistema y con total desenvoltura a los insultos más zafios y muestran una incapacidad pasmosa para informar de nada, ni siquiera de la hora, sin añadir lo que opinan de ello. Sus ideas motrices son la unidad indisoluble de la Nación Española, en la que vascos y catalanes deben estar sin falta para tener a quien poner de vuelta y media cada quince segundos, y la Sagrada Religión Católica, inspirada doctrina que nos libra de todos los depravados, en general, y de los maricones empeñados en casarse, en particular.

De pellizcarse.

Oí a un tipo, seudohistoriador reconvertido en seudoperiodista, que se refería sin parar al gobierno de la Generalitat catalana llamándolo «el gobierno nacional-socialista». Como si nada. Y a otro que consideraba «aberrante» que un notario no pueda ejercer en Cataluña «por el simple hecho de no saber catalán». Me quedé perplejo: ¿cómo supondrá ese menda que los notarios pueden dar fe -que es lo suyo- de lo que afirma gente que habla un idioma que ellos desconocen? Bobadas.

No me parece mal que haya emisoras de radio en las que se dicen cosas de ese género. La libertad de expresión pasa por ahí: ha de haber libertad para decir de todo, absurdos incluidos. Lo que considero digno de estudio es que en un Estado que se supone está gobernado por socialistas, bajo administraciones autónomas que se dicen laicas y progresistas, haya tantas emisoras de radio que parecen rescatadas del franquismo más puro y más duro. Si existen es porque tienen dinero. ¿Quién lo pone? Y hay que considerar también a su audiencia. ¿De qué se disfraza esa gente cuando sale a la calle?

Javier Ortiz. Apuntes del natural (12 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de agosto de 2017.

Ang Lee se ha llevado el León de Oro de la Mostra de Venecia con una película que describe la relación homosexual entre dos vaqueros.

Dicen los críticos más solventes que la película es muy buena. Y lo será, seguro.

Añaden que es también muy valiente. Lo cual tampoco pongo en duda, pero con más reservas. Porque tengo en cuenta que no es lo mismo inducir al público de una sala de cine a que dirija una mirada tierna hacia la historia filmada de los amores mutuos de dos cowboys que lograr que ese mismo sentimiento de ternura se integre en la vida cotidiana de la sociedad real.

La historia del séptimo arte abunda en películas en las que los espectadores se ven hábilmente arrastrados no ya sólo a tolerar, sino a simpatizar y a sentirse cómplices de comportamientos que rechazarían iracundos fuera del cine.

Los más firmes defensores de la ley y el orden son capaces de aplaudir robos y de celebrar asesinatos siempre que se trate de una película y que los ladrones y los asesinos aparezcan envueltos en el halo de desenfadada simpatía que conviene al caso. Desde Bonnie & Clyde hasta el remake de The Italian Job, el juego de la mentira cinematográfica nunca ha dejado de funcionar.

Lo que vale para las transgresiones a las normas oficiales sobre la propiedad privada o el derecho a la vida se extiende, llegado el caso, a las reglas concernientes a la moral y las buenas costumbres. Todo el mundo se sintió conmovido con las actividades de chapero de John Voigt en Midnight Cobwoy, o con las de puta de lujo de Jane Fonda en Klute, o con los desamores homosexuales de Robert Webber en 10. Den por hecho que la mayoría de quienes participaron de tales empatías cinematográficas sentirían el más vivo rechazo si tuvieran instalado algo así en la casa de enfrente.

La Mostra también ha aplaudido la maestría de George Clooney como guionista y director en Good Night, and Good Luck, película que alaba la negativa de un periodista de televisión a plegarse a la ferocidad represiva del maccarthismo y al diktat de los patronos de su empresa. Formulo una apuesta. Hágase el recuento de cuántos vean esa película en el curso de los próximos 12 meses y no se sientan identificados con la rebeldía de su protagonista. Apuesto a que serán muy pocos. Hágase a continuación el recuento de los que, de entre ellos, han movido alguna vez un dedo para protestar cuando un periodista de verdad, de los de carne y hueso, ha visto cercenada su libertad de crítica. Apuesto a que serán muchísimos menos.

No me rebelo contra el hecho de que el cine sea esencialmente tramposo. Lo que me pregunto es en qué medida el cine trasgresor, irrespetuoso y crítico no sirve para proporcionar las necesarias dosis de buena conciencia a los espectadores que luego, en cuanto salen del cine, se sitúan con uñas y dientes en el bando de enfrente.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (11 de septiembre de 2005) y El Mundo (12 de septiembre de 2005), salvo la nota inferior, publicada únicamente con el apunte. Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 3 de agosto de 2017.

Nota.- Curiosidades de la vida. Ayer, unos amigos cántabros me hablaron muy favorablemente de una obra póstuma de Alberto Méndez Borra, que está teniendo por lo visto bastante éxito. Les dije que yo conocí de crío a los Méndez: a José Méndez Herrera, el padre, excelentísimo traductor, y a sus cuatro hijos, todos ellos educados en Italia, dos de los cuales, Alberto y Juan Antonio, acabaron dedicándose al mundo editorial (y Juan Antonio finalmente al de la gastronomía). De Javier y de la Chata, la única fémina del grupo, no he sabido más. Pues, lo que son las cosas: esta mañana, preparando esta columna, me he puesto a bucear en Internet sobre el asunto de lo verosímil fílmico, que yo asociaba a un libro del marxista italiano Galvano della Volpe, y me he encontrado con la referencia bibliográfica que sigue: «Lo verosímil fílmico y otros ensayos. Galvano della Volpe. Traducción al castellano de Alberto y Juan Antonio Méndez Borra. Prólogo de Alberto Méndez».

Allá por los primeros 70 del siglo pasado, París era uno de los principales lugares de asilo -tal vez el más importante- de los exiliados políticos del mundo entero. Por aquel entonces, la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA) no ponía mayores inconvenientes a la hora de proporcionar documentación y permiso de residencia a cuantos documentábamos que habíamos huido de nuestros lugares de origen por razones políticas.

En aquella especie de Babel política, tuve ocasión de conocer y de trabar conversación con gente venida de tierras de cuya situación concreta sólo sabía lo que aparecía en la prensa local, particularmente en Le Monde, que era el diario de referencia más común.

Me llamaba mucho la atención con qué frecuencia, cuando hacía algún comentario basado en lo que había leído en Le Monde, el interlocutor de turno me salía al paso rápidamente.

-Le Monde es un gran periódico, que tiene muy buena información internacional -decía-, pero, por desgracia, lo que cuenta sobre mi país es muy superficial y defiende a gente que no lo merece.

Daba igual que charlaras con alguien de Polonia, de Bolivia, de Rodhesia, de Laos o de donde fuera. Todos estaban de acuerdo en que la información internacional de Le Monde era de gran nivel... salvo cuando trataba de su país.

Hube de concluir que lo que nos parecía a todos más riguroso era justamente lo que conocíamos peor. Es decir, lo que no podíamos saber en qué medida era riguroso.

Con el tiempo me di cuenta de que ése no era un fenómeno que empezara y acabara con la información de Le Monde, ni mucho menos. Que se extendía a muchas realidades.

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Conocí en la España de los años 60 -y también en el exilio- a bastantes personas que estaban totalmente persuadidas de que la URSS era «la patria del socialismo». O no habían estado en la URSS jamás, o si habían aparecido por allí había sido en el curso de un viaje organizado en el que les habían enseñado sólo lo que las autoridades soviéticas querían que vieran (cosa nada problemática, porque coincidía punto por punto con lo que ellas querían ver). Pero necesitaban creer en la URSS, porque era la bicha para quienes tenían que soportar y, además, materializaba -eso creían- una alternativa a lo existente.

A mí me sucedió un tanto de lo mismo -más breve que lo de muchísimos prosoviéticos, por fortuna, y posiblemente también menos conservador- con la China de Mao. ¡Resultaba tan atractivo aquello de la Revolución Cultural, de la rebelión juvenil contra el poder supuestamente revolucionario que tiende a burocratizarse por su propia inercia! Para mí, y para muchos como yo, la URSS no tenía el menor atractivo, con todos aquellos dirigentes con aspecto de funcionarios avinagrados y todos sus mariscales con el pecho cargado de medallas, empeñados en la coexistencia pacífica con unos EEUU crecientemente agresivos. China, en cambio, apoyaba las guerrillas, se enfrentaba a EEUU, plantaba cara. «El mundo se adormece por falta de imprudencia», cantaba Jacques Brel, y nosotros nos poníamos del lado de una China que creíamos imprudente, radical, valiente.

Valiente... tontería. La realidad nos reventó en los morros en cosa de nada. La China de nuestros sueños sólo había existido en nuestros sueños.

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Tendemos a creer en lo que necesitamos creer. Se requiere un ejercicio muy enérgico y muy doloroso para atenerse cueste lo que cueste a lo que el bueno de Eugène Potier escribió para la letra de La Internacional, en plena represión de los reaccionarios versalleses: «Il n'est pas de sauveurs suprêmes / Ni Dieu, ni César, ni Tribun...» (*).

Hemos visto a muchos argentinos y chilenos cantar arrobados las virtudes de Baltasar Garzón, e incluso proponerlo para el Nobel de la Paz.

No es que no puedan saber la verdad sobre Garzón. Es que no han querido saberla. Se hicieron una construcción mental sobre el juez riguroso, defensor de los Derechos Humanos, y a continuación decidieron que ese juez tenía que ser Garzón. Aunque tuvieran que reescribir su biografía entera.

Cuando Lula llegó al poder en Brasil, mucha gente de mi entorno se entusiasmó. Hablé con algunos de por aquí que se habían entrevistado con él. Me hicieron mil elogios. Le pregunté entonces a un amigo brasileño que lleva muchos años en la amarga brega. «Es un corrupto que jamás se enfrentará realmente a las multinacionales y al FMI», me respondió.

Le di un margen de confianza. Como otros foráneos me lo dieron a mi -y yo se lo agradezco- cuando en 1982 me preguntaron por Felipe González y les dije: «Es un corrupto y un lacayo de los EEUU».

Cuando comenté con algunos lo que me había dicho mi amigo brasileño, se me mosquearon un tanto: «¡Tú y tus amigos! ¡Nunca os parecerá bien nada!». «Salvo que esté bien», les repliqué.

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Ayer oí que en el Festival de Cine de Venecia ha causado auténtico furor una película que pone de vuelta y media los mangoneos mediáticos de Berlusconi, en contraste con las que presenta como grandes iniciativas democratizadoras del Gobierno español en materia de medios de comunicación.

Extraigo de todo ello una regla de aplicación general: si sostienes que lo que hacen los que están en el poder es nefasto, tienes altísimas probabilidades de acertar. Pero, como te arriesgues a dar la cara por lo que hace alguno de ellos, aunque esté en el quinto pino, lo más fácil es que la cagues.

Para lo cual, un instrumento clave es el explicado al comienzo de estas líneas: nunca des por cierto lo que cuentan los medios de comunicación «más rigurosos».

(*) «No hay salvadores supremos / ni Dios, ni César, ni tribuno...»

Javier Ortiz. Apuntes del natural (10 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de agosto de 2017.