Afirma el Tribunal de Cuentas que una cuarta parte de los fondos que manejan los partidos políticos españoles tiene un origen irregular. Su contabilidad oficial no refleja fielmente ni la totalidad de sus gastos ni el verdadero monto de sus ingresos. El Tribunal critica que, además, aprovechen su presencia en instituciones locales para procurarse subvenciones suplementarias.
A partir de ese retrato, sostiene que debería reformarse la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, de modo que se regulen determinadas prácticas confusas y se impida que otras claramente impropias encuentren cobertura.
¿Alguna novedad? Ninguna. De hecho, es la enésima vez que el Tribunal de Cuentas critica los puntos oscuros de la financiación de los partidos y que recomienda cambios legislativos. Como será también la enésima vez que los partidos tomarán nota y dirán que amén. Y a otra cosa.
La verdad es que en este paripé nadie se llama a engaño. Tanto el mencionado Tribunal como los partidos saben que la clave del problema no está en la ley, sino en la propia realidad. Los partidos tienen un volumen de gastos muy superior a sus posibles legales.
El primer gran capítulo que desborda ampliamente sus disponibilidades lo constituyen las campañas electorales. Se dejan en ellas no sólo lo que no tienen, sino lo que nunca podrían tener.
Otra gran carga -menor, pero enorme- es la que les supone el mantenimiento de sus aparatos burocráticos: cientos de locales, sueldos de personal, organización de actos, propaganda, etc.
Tal volumen de gasto no podría verse compensado de ningún modo por lo que aporta el Estado para el sostenimiento de las fuerzas políticas con representación parlamentaria ni -mucho menos aún- por las cotizaciones de los militantes.
¿Qué ocurre, entonces? Pues que entran en funcionamiento, de modo casi natural, las donaciones anónimas y los ingresos atípicos. Teóricamente, ninguna donación anónima puede superar los 60.101 euros, pero ¿cómo podría saberse si una misma mano caritativa no ha dividido una cantidad muy superior en varias partidas menores? Es imposible, y el hecho mismo de que se estableciera esa norma, tonta de origen, da cuenta del nulo rigor con que se abordan estos asuntos.
Si el Tribunal de Cuentas no se limitara a analizar los papeles que le pasan y decidiera investigar lo que realmente gastan los partidos en sus campañas electorales, vería cuán a menudo las cuentas no salen. Ni sin donaciones ni con ellas. Y se toparía con lo que representa un secreto a voces: con las comisiones -al tanto por ciento obligatorio o a la voluntad del donante- que se derivan de la amable adjudicación de grandes obras públicas, o de recalificaciones de terrenos, o de la asignación oficial de determinados servicios.
Pero todos prefieren hacer como si no. Porque, qué caramba: hoy por ti, mañana por mí.
Javier Ortiz. El Mundo (8 de octubre de 2003). Basado en el apunte publicado el 7 de octubre y titulado El dinero de los partidos. Subido a "Desde Jamaica" el 13 de abril de 2018.
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