Un informe del Tribunal de Cuentas afirma que una cuarta parte del dinero que manejan los principales partidos políticos tiene un origen irregular. En algunos casos, la procedencia no es sólo irregular, sino opaca: así a la hora de las donaciones anónimas, que en los ingresos de CiU alcanzan un monto realmente espectacular.
El Tribunal sostiene que la contabilidad oficial de los partidos no refleja fielmente sus gastos, que no unifican todos sus ingresos y que se aprovechan de su presencia en instituciones de carácter local para otorgarse fuentes de ingresos suplementarias. Eso por mencionar sólo los hechos probados.
Según los integrantes del Tribunal, debería procederse a una reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos que regulara determinadas prácticas confusas e impidiera que otras claramente ilegales encuentren cobertura.
Es la enésima vez que el Tribunal hace esa recomendación. Y se puede apostar sin ningún riesgo lo que harán los partidos políticos: dirán que, en efecto, hay que reformar esa ley y, a continuación, seguirán en las mismas.
La clave del problema no está en la ley, sino en la realidad.
Los partidos tienen un volumen de gastos que no pueden afrontar de ninguna manera con los ingresos que perciben.
El primer gran capítulo que les desborda es el de las campañas electorales. Se gastan no sólo lo que no tienen, sino lo que nunca podrían tener, aunque obtuvieran resultados excelentes.
A considerable distancia, pero también como una pesada carga, deben soportar los gastos de mantenimiento del aparato burocrático del propio partido: locales, sueldos de personal, organización de actos, propaganda, etc.
Tal volumen de gasto no podría verse compensado de ningún modo por los fondos que aporta el Estado para el sostenimiento de las fuerzas políticas con representación parlamentaria ni -mucho menos aún- por las cotizaciones de sus militantes.
Sólo cabe concebir una solución para paliar esa tremenda desproporción entre gastos e ingresos: que los partidos se pusieran de acuerdo para reducir drásticamente el despliegue propagandístico -en buena medida inútil, dicho sea de paso- que hacen durante las campañas electorales. Pero es más que improbable que pudieran llegar a ese acuerdo. Bastaría con que uno pretendiera aprovechar la rebaja de los otros para obtener ventaja y de inmediato volverían todos a las mismas.
El Tribunal de Cuentas es muy benévolo. Digamos más bien que no quiere líos. Se limita a fiscalizar lo que los propios partidos le ponen sobre la mesa. Si investigara las comisiones -o las generosas donaciones- que obtienen algunos partidos con vara alta en la Administración por la adjudicación de grandes obras públicas, o por recalificaciones de terrenos, o por asignación de determinados servicios, vería lo que es bueno.
Lo que pasa es que no quiere verlo.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (7 de octubre de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de octubre de 2017.
Comentar