Se está produciendo en las últimas semanas un interesante debate sobre cómo deben encarar los jueces y tribunales el tan mentado proceso de paz vasco. ¿Han de tenerlo en cuenta para no entorpecerlo, dentro del margen de discrecionalidad que concede la ley, o deben actuar como si no existiera, aplicando las leyes con la misma severidad –extrema– que hace un año o dos?
Fernando Grande-Marlaska no está ni con los unos ni con los otros. Él sigue su propio criterio, que le lleva a tomar resoluciones que –intenciones al margen– interfieren de hecho en los planes de paz defendidos por la mayoría política, cosa que consigue recurriendo de manera sistemática, de entre todas las interpretaciones posibles de la ley, o de entre todas las actuaciones anteriores de la propia Audiencia Nacional que puedan tomarse como precedentes, las más conflictivas.
Véase su decisión de ordenar la detención de dos empresarios navarros que, al parecer, pagaron un dinero que ETA les exigió en 2001. Tanto la decisión de detener a personas que es inconcebible que quieran eludir la acción de la justicia como la voluntad inicial de imputarles un delito de «allegamiento de fondos a una organización terrorista» pueden estar en sintonía con lo que hizo el juez Garzón en 2004 con varios directivos de la empresa Azkoyen, pero choca con lo decidido en casos semejantes por los jueces Bueren y Andreu, que optaron por no actuar contra los extorsionados, considerando que el razonable pánico que les produjo las amenazas de ETA, tantas veces cumplidas, les eximía de responsabilidad criminal, conforme a lo dispuesto en el art. 20 del Código Penal.
Menos grave por sus consecuencias, pero no menos ilustrativo del modus operandi de Grande-Marlaska, es el auto que dictó el viernes prohibiendo una conferencia que iba a pronunciar Arnaldo Otegi en Barcelona dentro de un foro organizado por El Periódico. Otegi tenía previsto hablar en tanto que miembro de la izquierda abertzale, que no es ninguna organización, ni legal ni ilegal. Grande-Marlaska obvió esa y otras circunstancias y procedió a prohibir la conferencia, desconsiderando lo argumentado por el fiscal, cuyo informe ni siquiera llegó a leer porque resolvió antes de recibirlo. No es el colmo del garantismo, ciertamente.
Lo último (¿o será ya lo penúltimo?) ha sido llamar a declarar a Gorka Agirre, dirigente histórico del PNV, acusándolo de colaborar con ETA, cosa que habría hecho manteniendo contactos encaminados a certificar el fin del mal llamado impuesto revolucionario. Gravísimo.
Se dice que hay que evitar la politización de la justicia. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la justicia viene ya politizada de origen y no para de tirar zancadillas a quienes tratan de marchar para adelante?
Javier Ortiz. El Mundo (26 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El proceso de Marlaska.
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