Apuntes del Natural

No pocos sostienen que el Gobierno acierta impulsando el acoso judicial contra la izquierda abertzale. Dicen que es el justo castigo que se merece por no haberse distanciado de ETA tras la ruptura del alto el fuego. Otros, en cambio, afirman que responde a un giro de carácter descaradamente electoralista, aunque difieren en su valoración: mientras al Ejecutivo vasco le parece un abuso que puede contribuir a enconar aún más el conflicto, el PP lo juzga timorato e insuficiente.

Lo que nadie discute, por lo que he podido leer y oír, es en que se trata de una iniciativa de naturaleza política que responde a la voluntad del Gobierno.

Me sumo a esa consideración. Pero, lejos de asumirla con la tranquila naturalidad con la que todo el mundo la ve, como si fuera algo que va de suyo, a mí me parece una vergüenza. Es escandaloso que nos hayamos acostumbrado a dar por hecho que haya jueces que obran o dejan de obrar en fiel sintonía con tales o cuales intereses partidistas. Que, según de qué magistrados se trate, se dé por supuesto, como si tal cosa, que es el Gobierno, o bien el Partido Popular, el que maneja los hilos.

Que me escandalice no quiere decir que me sorprenda. Los muchos años que llevo en estos menesteres me tienen curado de espanto. He visto a demasiados magistrados de alto copete tratar de los asuntos de su competencia con quienes no debían, sin retroceder ante el establecimiento de tácticas conjuntas más o menos explícitas.  

En determinados medios judiciales, la invocación permanente de las llamadas «cuestiones de Estado» hace que la separación de poderes, la independencia judicial y el rigor jurídico se conviertan en meras ficciones.

¿Qué el fin justifica los medios? ¡Pero si ni siquiera está claro el fin!

Nota de edición: columna publicada el 9 de octubre de 2007 en Público: Justicia y política, en unión.

Coda

El corto espacio de la columna que escribo en Público no me permite ilustrar mejor en ella mi conocimiento de la realidad a la que me refiero. Cuando digo que «he visto a demasiados magistrados de alto copete tratar de los asuntos de su competencia con quienes no debían», estoy hablando, sin ir más lejos, de mí mismo y de colegas míos muy próximos, que hemos sido más de una vez receptores de documentos e informaciones que pertenecían teóricamente al secreto de tal o cual sumario. Se muestran comunicativos con la esperanza de que luego los periodistas beneficiados de su indiscreción les paguen dedicándoles loas y sacándoles en grandes fotos en las que aparecen con aire severo y circunspecto, cual sumidos en honda reflexión.

No todos los chalaneos procesales apuntan a la prensa. Hay magistrados pertenecientes a altos órganos judiciales que no rechazan tratar con dirigentes políticos y con ministros acerca de asuntos muy graves sobre los que tienen el encargo de emitir sentencia. Podría decirse que, cuanto mayor es la trascendencia política de la sentencia, tanto más intensas son las conversaciones político-judiciales.

No estamos ante casos como el de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, que utilizó su voto de calidad para dar por buena la expropiación de Rumasa tras hablar largo y tendido en la Moncloa con Felipe González y Alfonso Guerra, que le convencieron de que se trataba de un «asunto de Estado». Lo suyo no es representativo porque, aunque se sometiera a las presiones del poder político, nadie ha pretendido nunca que lo hiciera para lucrarse u obtener beneficio personal. De hecho, no mucho después, apesadumbrado por la conciencia de su prevaricación, optó por re-exiliarse en Venezuela, donde murió a los pocos años.

No; de los que hablo son de un género infinitamente más desenvuelto. Muy calculadores y muy apegados a los bienes terrenales y a las prebendas profesionales.

«Si los ciudadanos conocieran todos esos tejemanejes…», se quejan algunos. Pues no sé qué pasaría. Es probable que hubiera una holgada mayoría que se encogiera de hombros. En plan de: «Si es para dar leña a los de Batasuna, adelante.»