Apuntes del Natural

Zapatero ha comunicado a Ibarretxe que no tomará en consideración sus propuestas mientras no cuenten con el aval del conjunto de los partidos vascos. Además, le recordó que no está dispuesto a discutir sobre nada que rebase los límites de la Constitución.

Lo cual plantea un par de problemas de mera lógica.

Empezando por lo segundo: él no sólo está dispuesto a discutir sobre propuestas que desbordan lo previsto en la Constitución, sino que lo ha hecho ya varias veces. Por ejemplo, cada vez que ha habido que “retocar” la Constitución para amoldarla a las exigencias de la Unión Europea (recordemos lo relativo al voto activo y pasivo de los residentes europeos en las elecciones locales). Él mismo tiene en cartera una propuesta que implicaría la corrección de tres aspectos de la Constitución, entre ellos el de la preeminencia del varón sobre la hembra en la línea de sucesión a la Corona. De modo que es incierto que no esté dispuesto a discutir cambios en la Constitución. Si lo que quiere decir es que se niega a discutir ese cambio, en concreto, dígalo, y ya está.

Segundo: él no puede exigir a Ibarretxe que espere a contar con el consenso del conjunto de los partidos políticos vascos para hacer su propuesta. Puede recomendárselo, por supuesto, pero no exigirlo, porque tal exigencia es –paradojas de la vida– anticonstitucional. La Constitución prevé qué mayoría parlamentaria (no de partidos) se requiere para hacer una propuesta de reforma estatutaria. El jefe del Gobierno no es quién para añadir requisitos por su cuenta. Además, ¿por qué hoy es imprescindible el acuerdo del PP y no lo fue a la hora de votar el Estatuto de Gernika?

A ver si pasan de una vez las elecciones y la lógica empieza a recuperar el terreno perdido.

Nota de edición: columna publicada el 17 de octubre de 2007 en Público: Problemas de mera lógica.

Coda

Todos los partidos se muestran muy hostiles al transfuguismo, es decir, a que los elegidos dentro de la candidatura de un partido lo abandonen al cabo de algún tiempo para pasarse a otro partido (primera opción) o (segunda posibilidad) para integrar alguna forma de grupo mixto desde el que ofrecen respaldo a sus otrora rivales. A tanto el voto, por lo común.

Casi todos los grupos políticos suelen calificar este tipo de actuaciones de “innobles”, “oportunistas” y “sospechosas”, salvo cuando les benefician, en cuyo caso tienden a mostrarse mucho menos tajantes, como demostró Eduardo Zaplana cuando se hizo con la Alcaldía de Benidorm –el primer campamento-base de su ascenso a la cumbre– gracias a la accidentada y para él feliz espantá de una concejala socialista.

El transfuguismo es en España un asunto complejo, porque la posición de los electos es contradictoria: por un lado, todo el mundo sabe que un candidato que no cuente con el respaldo de un partido con gancho no va a ningún lado, lo que convierte su escaño en algo así como una concesión que le hace el partido; pero, por otro lado, la Constitución proscribe el mandato imperativo, con lo que todo electo es libre, en principio, de hacer con su escaño lo que más le plazca.

Lo que me resulta más curioso es que, si bien todos los partidos muestran en uno u otro momento su preocupación por el transfuguismo cuando el fenómeno se limita a uno o a unos pocos electos, a nadie se le ocurre juzgar el problema que supone lo que podríamos llamar el transfuguismo colectivo. Me refiero a aquellos partidos cuyos dirigentes deciden un buen día (o un mal día) pasarse en masa a las posiciones de otro u otros partidos.

La aceptación de la Monarquía y la renuncia a la ruptura democrática que encabezó Santiago Carrillo dentro del PCE en los inicios de la Transición supuso, en la práctica, un caso muy claro de transfuguismo colectivo.

El golpe de mano por el que Felipe González y sus allegados impusieron en el PSOE la aceptación de la OTAN –es sólo un ejemplo: tratándose de ellos podría poner muchos más– fue otra muestra de transfuguismo en masa.

No hablo de cambios más o menos copernicanos realizados tras el correspondiente debate interno y materializados en las votaciones de un Congreso, sino de decisiones adoptadas por órganos ejecutivos que fueron elegidos para llevar a la práctica una determinada línea política y que, por la brava y en claro abuso de poder, optan por asumir otra, diametralmente opuesta a la anterior.

Me pregunto por qué nuestra clase política no habla nunca de esa otra forma de transfuguismo. Pero me lo pregunto poco, porque en seguida me respondo.