Apuntes del Natural

Quien leyera mi Apunte de ayer entenderá mi satisfacción de hoy. La reacción de Batasuna reprobando los atentados –menores, pero atentados– de Barañain y Getxo es, lisa y llanamente, insólita. Felizmente insólita. Insólita por la rapidez, por la coordinación (fue pronunciada simultáneamente desde Donostia, por Permach y Barrena, y desde Lisboa, donde estaba Joseba Álvarez de gira explicatoria). Y, sobre todo, es insólita por su contundencia. ¿Que todos ellos dijeron que no sólo debe cesar la violencia en contra, sino también la violencia a favor? Bueno, si es por eso, yo también escribí algo parecido ayer, y no soy de Batasuna, ni ganas. Porque es así: si se trata de desactivar los mecanismos que propician las respuestas violentas, hay que neutralizar los dos polos que se encargan de ir cargando las baterías.

Ahora hará falta que Batasuna, dejada la fase –estimable y necesaria– de las declaraciones públicas, se encargue de averiguar quiénes han sido los autores de ambos hechos. Del de Barañain yo tengo mis dudas. Me viene inevitablemente a la cabeza aquel episodio de kale borroka en el que fue pillado un individuo que se dedicaba a prender fuego a contenedores de basura y que, una vez identificado, resultó ser un agente de la Policía Nacional con destino en Navarra. Desde los negros tiempos de los asesinatos de Montejurra –otro amigo me lo recordaba ayer–, nunca han faltado los ultraderechistas navarros con ganas de provocar. A tiros, llegado el caso.

No me corresponde a mí especificar lo que habrán de hacer los líderes de Batasuna si descubren que alguno de los atentados del fin de semana ha sido obra de gentes cercanas a ellos. Con tal de que les disuadan de insistir en esa vía de ahora en adelante, habrán cumplido. Pero ya me hago cargo de que ese tipo de gestiones no se difunden en comunicados públicos.

De todos modos, el que ya va siendo hora de que haga algo en favor de la pacificación de Euskadi –algo que pueda ser verificado, etc.– es el Gobierno de Zapatero. Porque, si bien es cierto que tanto él como alguno de sus ministros no paran de hacer declaraciones interesantes, hechos, lo que se dice hechos efectivos, se le han visto muy pocos. 

Estoy dispuesto a creer que ni el incendio de la ferretería del portavoz de UPN en Barañain (Navarra), José Antonio Mendive, ni el ataque que cuatro encapuchados realizaron ayer contra unas oficinas de Mapfre en Getxo (Vizcaya) han tenido lugar siguiendo instrucciones de ETA o de Batasuna. Tiendo incluso a suponer que tanto la una como la otra desaprueban que tales actos se hayan producido. De hecho, la plataforma abertzale Barañaingo Irrintzia ha mostrado su solidaridad con los afectados por el incendio de la ferretería y ha expresado su «voluntad inequívoca» de alcanzar una situación «donde todas las sensibilidades (sic) sean respetadas».

Ya especulé hace un mes con la posibilidad cierta de que hubiera elementos de la izquierda abertzale –particularmente juveniles, o incluso adolescentes– que se resistieran a aceptar un «alto el fuego permanente» total y que consideraran que una cierta «presión» violenta, «de baja intensidad», puede ser conveniente para que «las fuerzas del Estado» no se crean que su objetivo esencial lo tienen ya asegurado, incluso antes de iniciarse ningún tipo de negociación. Hace unos pocos años tuve la oportunidad de ver en su salsa a un grupo de chavales de los entonces dedicados en cuerpo y alma a la kale borroka y comprobé que las sutilezas de los análisis políticos no son lo suyo, precisamente. Estoy seguro que una gran mayoría de ellos acatará la orden de estarse quietos, si se la dan –que se la habrán dado, supongo–, pero no es de extrañar que algunos, por pocos que sean, hagan oídos sordos y decidan que conviene seguir dando leña al mono.

Una reacción así es particularmente posible si la actividad represiva policial se mantiene y continúan produciéndose detenciones. Las respuestas viscerales en tales casos son muy difíciles de frenar.

El problema que se les plantea a los dirigentes de la izquierda abertzale es cómo afrontar esos actos de violencia aislados. Si deben guardar silencio o –lo que viene a ser lo mismo– hacer declaraciones genéricas sobre la necesidad de resolver «el contencioso», si deben formular condenas implícitas de los hechos, como la expresada por Barañaingo Irrintzia, o si deben oponerse a esos hechos en la práctica, tomando cartas en el asunto y poniendo a los autores en su sitio.

Hay gente que duda de que esto último sea posible. Yo no sostengo que resulte sencillo en todo caso, pero doy por hecho que una actitud firme por parte de Batasuna y ETA, que deje claro que quien se meta por esa vía corre el riesgo de pagar las consecuencias, podría resultar eficaz. Y si llegado el caso esa advertencia no es genérica, sino dedicada en persona a los autores de este o aquel desmán, una vez convenientemente localizados, pues aún más eficaz.

De todos modos, el Gobierno de Madrid tiene que ser consciente de que un proceso como éste no puede ser lineal e inmaculado. Si él, con todos los medios con los que cuenta, tiene dificultades para lograr que sus servidores no metan la gamba –torturas a los detenidos, maltrato a los presos, desmadre de ciertos jueces, etc.–, habrá de entender que la otra parte sufra también sus disfunciones.

Supongo que cuando han repetido hasta el aburrimiento que el camino de la paz será «largo y difícil» estarían pensando en historias como éstas. Yo no excluiría que las vaya a haber bastante peores.

Me pregunta un lector por los hipotéticos límites de la autodeterminación de los pueblos. ¿Habrá de tener derecho de autodeterminación el pueblo vasco en su conjunto, pero no cabrá reconocérselo al pueblo de Álava, por ejemplo, o al del Bajo Goiherri, o al del municipio de Urnieta, en concreto? ¿Tendrá derecho a la independencia el pueblo catalán, como un todo, pero no la población del Valle de Arán, o el vecindario de Salt?

Hace unos días, oí a Carlos Carnicero en la cadena Ser alegando que, puestos en ese plan, él podría reivindicar por las mismas la autodeterminación del barrio madrileño de Chamberí (creo que fue ése el barrio que mencionó).

«Pues hazlo, si te parece buena idea. Y a ver cuántos vecinos de Chamberí te secundan», pensé de inmediato.

La clave está precisamente en ese punto: los colectivos humanos no suelen reclamar lo que les parece innecesario, y menos todavía lo que ven directamente como un engorro.

Tomémosle la palabra a Carnicero. ¡Ya está: Chamberí independiente! ¿Y qué ganaría la gente de Chamberí con eso? ¿Cómo se las arreglaría para financiar una Administración propia? En cuanto elaboraran los primeros Presupuestos Generales del Estado Soberano de Chamberí, se verían en la obligación de imponer un sistema fiscal tan feroz que provocaría la huida del 80% de sus habitantes, todos camino de Argüelles.

En casos como éste, suelo recordar lo que escribió el joven Karl Marx en 1845 en sus Tesis sobre Feuerbach. Decía: «El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico». Y añadía, algo después: «La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica.»

Yo no niego el derecho de los alaveses a proclamarse independientes de Euskadi. Tampoco el derecho de las amebas a escribir tetrástrofos monorrimos. Lo que reclamo es que no perdamos el tiempo especulando sobre hipótesis peregrinas y que nos centremos en las cuestiones prácticas que están sobre la mesa. Porque el hecho concreto es que, cada vez que a un gracioso del PP se le ha ocurrido plantear la posibilidad de que Álava se escinda de Euskadi, se ha encontrado con el desdén total de la inmensa mayoría de la población alavesa. Y es que incluso los más españolistas del lugar saben que algo así sería un desastre. También para ellos. Les basta con evaluar los beneficios que aporta a Vitoria albergar a las principales instituciones vascas, Gobierno y Parlamento incluidos, para tenerlo claro.

De modo que la cuestión no puede ser qué hacemos con las reivindicaciones del derecho de autodeterminación de quienes no lo reivindican, sino cómo reaccionamos ante las demandas concretas de aquéllos que sí lo exigen, ya sea porque creen que les conviene o, más directamente, porque están dispuestos a arrostrar los inconvenientes que les pueda acarrear, con tal de sentirse libres.

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Nota.– En el Apunte del pasado 21.04.2006 inserté un vínculo a un artículo mío aparecido en 1995 en El Mundo que a muchos no les sirvió, porque sólo funcionaba para quienes son suscriptores de la edición digital de ese periódico. Pueden leer ahora el artículo pinchando aquí

Dice el presidente del Gobierno de Navarra que tiene «la percepción clara» de que Rodríguez Zapatero ha pactado con ETA la formación de algún tipo de organismo de coordinación que asocie al territorio foral de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca. Debe de tratarse de algún tipo de percepción extrasensorial, porque don Miguel Sanz, aunque insinúe vagamente que puede tener algún dato que apoye su «percepción», no aporta ninguno. Tal como lo presenta, lo suyo viene a ser algo así como un pálpito.

La «percepción clara» de Sanz carece de sentido. No porque sea absurda la idea de crear un organismo vasco-navarro de coordinación –José Antonio Ardanza y Juan Cruz Alli ya acordaron hace años formar una plataforma conjunta de ese tipo, que se frustró cuando el propio Alli perdió la Presidencia de Navarra–, sino porque un órgano como ése no podría nacer en ningún caso de un pacto entre el Gobierno de Madrid y ETA. Por dos razones elementales. En primer lugar, porque ambas partes tienen claro, y así lo han manifestado por activa y por pasiva, que las conversaciones que entablen, si es que finalmente las entablan, versarán pura y exclusivamente sobre los aspectos militares del conflicto. Todo cuanto tenga que ver con posibles o imposibles iniciativas de reformas políticas habrá de abordarse en un ámbito diferente, en el que los interlocutores serán los representantes políticos de la ciudadanía. En segundo término, porque un acuerdo de ese género sólo podría ser rubricado por los gobiernos de Vitoria y Pamplona, y ni ETA ostenta la representación de Ibarretxe ni Zapatero puede comprometerse a que el próximo ejecutivo foral navarro esté en manos del PSN-PSOE.

Hay un aspecto del planteamiento de Sanz que no me parece bien, pero que por lo menos me divierte. Me refiero a la autorización implícita que concede a la puesta en circulación de «percepciones» particulares no apoyadas en pruebas. Contando con su precedente, no creo que le moleste que yo afirme que tengo «la percepción clara» de que él está de los nervios ante la posibilidad de que ETA desaparezca y de que eso le prive de coartada para su discurso monomaníaco antivasco. Y tampoco se enojará demasiado, supongo, si digo que tengo «la percepción clara» de que el reciente episodio de «las cartas amenazantes de ETA» (que primero fueron «una remesa» que incluía cartas de dos tipos, luego «algunas cartas» y finalmente sólo una) fue un invento suyo para tratar de boicotear el proceso de paz. Y así todo.

Gracias a don Miguel Sanz, esto de las «percepciones claras» puede convertirse en un auténtico chollo. Sueltas lo que sea, acusas a quien sea de lo que sea y, si alguien te pide explicaciones, respondes: «Es una percepción clara que tengo yo». Y a por la siguiente.

Me telefoneó ayer Julio Anguita, con el que mantengo una buena amistad anclada ya en los años y basada en no poca medida –tiendo a pensar– en el reconocimiento que cada uno de los dos hacemos de nuestros propios viejos errores, paralelos, aunque relativamente distantes. Había leído Julio mi columna en El Mundo («Mientes, José Luis») y quería, aparte de manifestarme su acuerdo, aportarme algunos datos complementarios. Me hizo ver que el Estado español suscribió en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que en su artículo 1º sostiene: «1. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. (...) 3. Los estados partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de autodeterminación, y respetarán ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.» (Las cursivas son de Anguita, que puso especial énfasis en ese pasaje cuando me lo leyó.)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NN.UU. entró en vigor en España el 27 de julio de 1977.

De modo que, cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirma: «Sobre la autodeterminación me he pronunciado en muchas ocasiones. Basta decir que es un derecho que no existe bajo ningún concepto y que por tanto no está en el debate», miente, como ya señalaba yo en mi columna, pero no sólo. También manifiesta su desprecio por un Pacto Internacional de primer rango suscrito por el Estado español.

Le comenté a Anguita que ese artículo del Pacto de 1976 resulta de particular aplicación ahora mismo al Reino de Marruecos y a su actuación con respecto al pueblo saharaui. Y me respondió, con la sorna que le caracteriza: «Desde luego. Pero también en relación al Reino de España y a su actuación con respecto a los pueblos catalán y vasco».

Tengo varios amigos con los que me pasa lo mismo que con Anguita: que, por más que provengamos de horizontes distintos (¡si habré yo maldecido al PCE por la línea que hizo suya en la lucha contra el franquismo y en la Transición!), con el paso de los años hemos ido confluyendo en una visión crítica semejante, coincidente en lo esencial. Empezamos a hablarnos con sinceridad y mano a mano en 1995, después de que yo publicara en El Mundo una tribuna («Las lentejas de Julio Anguita») que le interesó. Entre mis no escasas rarezas, una es que me fío a veces mucho menos de las ideas que las personas proclaman públicamente que de la pasta de la que me parece que están hechas. Siempre he visto en Anguita a un hombre honrado, poco ambicioso, tenaz, demócrata a carta cabal y dispuesto a ir en su pensamiento todo lo lejos que haga falta, si se le demuestra que hace falta.

Ahora ambos estamos unidos en la defensa del derecho de autodeterminación. Me honra la compañía.

¡Lo que le ha costado a Berlusconi admitir que, así sea por un muy estrecho margen de votos, ha perdido las elecciones! De no haber sido por la astutísima reforma de la legislación electoral que él mismo impuso como si le fuera la vida en ello, la victoria de Prodi no se habría producido, o habría resultado todavía más pírrica. Ya lo comenté hace unos días: lo que deja en peor lugar al apodado –cualquiera sabe por qué– «Il Cavaliere» (*) no es su defensa feroz de los intereses del grupo político-mediático-deportivo que encabeza, sino la torpeza que ha demostrado a la hora de poner en práctica esa defensa.

Ser un mal bicho está muy feo; ser un mal bicho y además torpe, peor.

Al final, de todos modos –dicen–, Berlusconi se ha tenido que inclinar ante la realidad. Porque se han recontado los votos por activa y por pasiva, y la cosa no tiene vuelta de hoja. Ha perdido.

¿Sí? Yo no lo daría por tan seguro. Es posible que el tipo admita ahora con la boca pequeña, porque no le queda otro remedio, que su derrota –oficial, a fin de cuentas– es impepinable, pero apuesto cualquier cosa a que se va a pasar un montón de tiempo hablando de las «excepcionales circunstancias» y de las «irregularidades notorias» que han acompañado la victoria de Prodi. Es primo hermano del PP, que todavía sigue dándole vueltas a su derrota electoral del 14 de marzo de 2004, poniéndola en cuestión y negándose a digerirla.

El otro día ironicé a cuento de los rollos que se soltaron algunos prebostes del PSOE en 1996, cuando Felipe González se deslizó hacia el desagüe de de la Historia por la rendija de las urnas. Hablaron de «dulce derrota» y calificaron el triunfo de Aznar de «amarga victoria». Bobadas. Las victorias y los fracasos electorales no son asunto de estética, sino de aritmética: al cabo de cuatro semanas, lo que queda de concreto es que el que ha ganado manda y el que ha perdido, no.

Como le pasó al PP en 2004, me da que Berlusconi va a arrastrar el mismo síndrome de perplejidad durante mucho tiempo. Se preguntará día tras día: «Si dispuse todo para asegurarme la victoria y todo me indicaba que iba a vencer, ¿cómo puede ser que haya perdido?».

Aznar y él podrían convocar un simposio sobre tan apasionante tema.

Aparte de otras razones, de índole ética o estratégica, esta congregación de malos perdedores debería darse cuenta de algo muy elemental: que no tiene sentido pelear para ganar las elecciones que ya se han celebrado. El PP lleva dos años tratando de ganar las elecciones que perdió el 14 de marzo de 2004. Cuando debería estar dedicado a preparar las de 2008.

Vuelvo a lo de la reforma electoral de Berlusconi: al margen de que sean muy reaccionarios, es que además son muy torpes.

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(*) Leo Bassi me contó una anécdota que retrata bien al personaje. Visitó Berlusconi en cierta ocasión los estudios de uno de sus canales de TV, en los que se estaba grabando un programa de varietés. Miró lo que estaban haciendo y, al cabo de un rato, ordenó que se interrumpiera la grabación. Pidió que le dieran unas tijeras. Las cogió, se fue al escenario y, con toda tranquilidad, recortó generosamente las faldas de las presentadoras, hasta dejarlas casi con el culo al aire. «¡Así es como debemos hacer las cosas!», proclamó triunfal. Si un tipo así es un cavaliere, yo voy para pivot de baloncesto.

Rodríguez Zapatero se está beneficiando no poco de la inquina que le tiene la derecha española. El furor extremo y tantas veces estrafalario con el que lo atacan, atribuyéndole tantos males que a su lado las siete plagas de Egipto serían sólo una pequeña trastada, provoca una reacción casi instintiva de simpatía en sectores de la izquierda que en otras condiciones lo tendrían bastante enfilado, y también en no pocos nacionalistas periféricos que no están nada satisfechos con lo que lleva hecho, pero que tienden a pensar que con cualquier otro en La Moncloa las cosas irían a peor, sin duda alguna.

Tanto esa valoración como el sentimiento arropador que conlleva son compartidos muy ampliamente por la población de Euskadi, nacionalista o no, que tiene cifradas muchas esperanzas en la acción pacificadora del presidente del Gobierno. La gran mayoría de los vascos confía en que ayude al fin de ETA y propicie las condiciones necesarias para la convivencia pacífica –o sea, para la confrontación pacífica– entre los ciudadanos de diferentes creencias, intereses, identidades y aspiraciones.

No comparto ese entusiasmo. O, por lo menos, no del todo. Para mí que, arrastrados por esa corriente general de alivio y optimismo, muchos vascos no están prestando la debida atención ni a lo que el presidente del Gobierno dice ni a lo que hace.

A lo que dice, digo: acaba de afirmar con mucha rotundidad que el derecho de autodeterminación no existe. Así, sin más. Es una tesis peregrina (Zapatero sabe de sobra que el mapa del centro y el este de Europa ha cambiado por completo en los últimos veinte años en nombre precisamente de ese derecho), pero es, por encima de todo, una declaración de principios. Lo que está dejando claro es que no tiene la menor intención de reconocer a los vascos el derecho a decidir por sí mismos su futuro. (Otra cosa es a los navarros, en concreto: «Navarra será lo que los navarros quieran», dice.)

Con lo cual, una de dos: o al final opta por cambiar de planteamiento en función de las circunstancias... o la confrontación está asegurada.

Hay que fijarse en lo que dice –digo–, y también en lo que hace. Es un hecho que empezó prometiendo que apoyaría sin rechistar el proyecto de Estatut que saliera del Parlamento de Cataluña y que luego no paró de rechistar, hasta cambiarlo sustancialmente. En el caso de Euskadi, ha expresado intenciones muy estupendas, henchidas de talante, pero hacer, lo que se dice hacer, no ha hecho gran cosa por el momento.

Tras la tregua de ETA que le tocó gestionar, Aznar se apresuró a acercar a Euskadi a algunos presos. Y hablo de Aznar.

Tampoco puede decirse que Zapatero haya aprovechado la autoridad que tiene sobre los tribunales –porque la tiene, déjese de mandangas– para conseguir que atemperen la fijación obsesiva que tienen con los dirigentes de Batasuna, que al paso que vamos acabarán encarcelándolos por impago de multas de tráfico.

El resumen es sencillo: las maldiciones del PP no convierten en santo a Zapatero. Si el presidente del Gobierno quiere llegar a los altares, tendrá que currárselo en concreto, más y mejor. Ser el anti-Zaplana está bien, pero no es suficiente.

En la larga –y muy interesante– entrevista que ha concedido a El Mundo y que ha salido publicada en dos entregas, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se felicita de las muchas coincidencias que tiene con el lehendakari Ibarretxe en el modo de enfocar el proceso de paz en Euskadi, y pone como ejemplo de ello el convencimiento que tienen ambos de lo imprescindible que es que el PP se implique en el esfuerzo pacificador.

¿Es realmente imprescindible el PP? O, planteado de otro modo pero diciendo lo mismo: ¿tiene el PP derecho de veto sobre las iniciativas de pacificación de Euskadi que están poniéndose en marcha? ¿No se puede llegar a nada sin él?

Ni yo lo creo ni creo que Zapatero e Ibarretxe lo crean. No hasta ese extremo.

Conviene precisar de qué se habla realmente. Una cosa es el PP y otra la parte de la población vasca a la que el PP representa políticamente en cada momento. Según la referencia que tenemos de las últimas elecciones (las autonómicas de 2005), el PP tiene el apoyo del 17,40% de los votantes vascos. Es un porcentaje estimable, que agrupa a una franja de la población a la que, en efecto, no cabe dejar de lado. Pero el PP no es dueño de esos votos, y menos todavía de las personas que los emitieron.

La sociología de las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca es bastante estable. Hay, desde antiguo, un porcentaje casi fijo de la población que se manifiesta como españolista. Pero el PP –o su antecedente: AP– no ha sido siempre su mejor intérprete político. En las elecciones de 1977 logró un exiguo 4,44%. En las de 1980, un 4,70%. En las de 1986, un 4,86%. Es a partir de 1990, después de la refundación del PP, cuando empezó a cobrar un auge importante: 8,23% (1990), 14,41%(1994), 20,13% (1998), 23,12% (2001). Pero ese auge no entrañó un crecimiento del voto españolista total. El PP subió en representación política, en lo esencial, a costa del descenso del PSE-PSOE. La política de los socialistas vascos fue confundiéndose cada vez más con la del PP. Buena parte del electorado españolista prefirió votar al original y no a la copia.

Sin embargo, así que el PSE empezó a romper amarras con el PP y a amagar una política propia, el termómetro electoral no tardó en registrar las consecuencias. En 2005, el PP perdió el favor de casi un 6% del electorado vasco y bajó al 17,40%.

En este momento, el respaldo de la población vasca al proceso de paz es altísimo. El PP tiene dos posibilidades: o subirse al carro o hundirse irremisiblemente en el fango. Si se pone enfrente –y algo de eso está haciendo–, no tendría nada de extraño que se diera una bofetada política espectacular y que la mayoría de sus votantes lo dejaran con un palmo de narices.

La cuestión no es tanto convencer al PP como ilusionar a su base social. Y eso va por buen camino.

Cuanto más tiempo pasa, menos claro está todo. Se habló al principio de «una remesa» de cartas que ETA había enviado a empresarios navarros exigiéndoles el pago del mal llamado impuesto revolucionario. Se precisó incluso que en la «remesa» había cartas de dos tipos: unas, en las que se conminaba a pagar con amenazas; otras, en las que se solicitaba con buenos modos una contribución económica para sufragar la tregua.

A mí, de entrada, hubo dos cosas que me extrañaron mucho. Una, que hubiera cartas amenazantes. La otra, que todas las cartas hubieran tenido destinatarios navarros y que ningún empresario de las tres provincias de la CAV hubiera recibido ninguna.

La extrañeza por las cartas amenazantes era de cajón. Si ETA ha proclamado que renuncia de manera «permanente» a atentar contra personas y cosas, ¿en qué podría consistir su amenaza? ¿En mirar con mala cara al no pagador? ¿En retirarle el saludo?

También la discriminación vasco-navarra resultaba muy rara. ¿Por qué habrían de pagar sólo los empresarios gobernados por Sanz y no los tutelados por Ibarretxe? ¿Culpará ETA a los empresarios navarros de que su presidente sea tan así?

Al cabo de un par de días ya nadie hablaba de «remesa». Los noticiarios empezaron a decir que las cartas recibidas habían sido «algunas». ¿Algunas? Vale, pero ¿cuántas? ¿Dos? ¿Diez? ¿Veinte?

Un medio de comunicación mencionó la cifra de cuatro, pero al estilo del periodismo de ahora: sin citar fuentes concretas ni responsabilizar a nadie del dato.

Para acabar de hacerlo todo más raro, la Policía declaró que sólo había recibido una denuncia, por lo cual, muy lógicamente, sólo tenía constancia de la existencia de una carta. ¿Y las demás? ¿Debemos pensar que hay empresarios navarros que se arriesgan a contar su drama a las autoridades políticas y a los medios de comunicación, pero que prefieren no decir nada a la Policía? ¡Gente bien singular, a fe, que sólo se confía a los más indiscretos!

Ahora hay otros medios, que citan «fuentes de la investigación», que aseguran que «las cartas» fueron escritas «muy probablemente» antes del anuncio del «alto el fuego permanente» de ETA, aunque fueran franqueadas después. Lo primero que me gustaría saber es por qué hablan de «cartas», en plural, si sólo tienen una. ¿O tienen más? ¿Cuántas? ¿Desde cuándo? Y, en segundo lugar, convendría que aclararan a partir de qué datos establecen que fueron escritas antes del anuncio de tregua. ¿Les han hecho la prueba del carbono 14? ¿Conocen la mecánica de funcionamiento de este género de cartas y saben que desde que son escritas hasta que entran en un buzón pueden pasar semanas?

Alguien me objetará: «Es que ese tipo de información es reservada». A lo que yo respondo: si no pueden avalar las informaciones, que se las callen. Porque tenemos derecho a estar más que hartos de que todos los manipuladores de la información nos suelten lo que les convenga, según sus intereses («remesa», «algunas», «una», «amenazantes», «mendicantes», «posteriores», «anteriores»), sin aportar ninguno de ellos en ningún caso ni la más mínima prueba que demuestre que lo que dicen se atiene a lo sucedido.

Lo digo por este caso y lo digo por todos. Tal como está hoy en día la información, lees que ha habido un combate en el que las fuerzas aliadas han matado a 41 talibanes en Kandahar (Afganistán) y resulta de lo más razonable pensar, a la luz de la experiencia, que lo mismo no eran talibanes, sino gente que iba a una boda, que cabe que fueran 4, 41 o 414, y que incluso es posible que no haya sucedido nada de todo eso y que sea una noticia inventada ex nihilo.

Nunca, en ningún momento de la Historia, tuvo el pueblo llano tantos datos a su disposición. Y nunca estuvo más obligado a desconfiar de ellos.

Hay un punto de venganza en los datos diarios que proporciona la DGT sobre las víctimas mortales que se van produciendo en las carreteras españolas durante estas mini-vacaciones: los hechos se disponen a confirmar las previsiones que el organismo encargado de la seguridad vial avanzó hace un par de semanas y que muchos calificaron de tremendistas. Habló de un centenar y la realidad no se va a quedar lejos, por arriba o por abajo.

Quienes pusieron en cuestión la cifra deberían saber que la DGT no establece esos cálculos a ojo. Tiene la posibilidad de hacer estimaciones bastante exactas a partir de un conjunto de variables: vehículos en circulación, duración del período vacacional, previsiones meteorológicas, experiencia de años pasados, índice de renovación del parque... Son cálculos que efectúa de manera sistemática. Lo excepcional es que este año se haya decidido a hacer público su resultado, se supone que con la esperanza de que su conocimiento público pudiera actuar como revulsivo. Vano intento: la propia DGT sabe que esas campañas suyas, tan impactantes –si se me permite la expresión–,  tienen de hecho una influencia mínima sobre lo que finalmente sucede.

El factor clave que determina el elevado número de accidentes de tránsito es el hecho de que los automóviles son medios de transporte fácilmente descontrolables conducidos por individuos altamente falibles. Los trenes no son fácilmente descontrolables. El manejo de los aviones es en equipo. Tanto los unos como los otros cuentan con una tecnología y unas medidas de seguridad muy perfeccionadas.

El error de principio cometido por nuestra sociedad ha sido el de fomentar un medio de transporte que tiene muchas más posibilidades que ningún otro de acabar en desastre. Un error que resulta de una opción económica fría y calculada: la industria del automóvil proporciona muchos puestos de trabajo... y muy sustanciosos beneficios. Trae cuenta.

A partir de ello, buena parte de lo demás es filfa. No digo que esté mal instar a la gente a no conducir borracha, o pedirle que no se distraiga –aunque a veces los propios avisos luminosos que coloca la DGT en las carreteras alertando contra las distracciones distraen–, o señalarle las ventajas que tiene usar el cinturón de seguridad, estirar las piernas cada 200 km., no fumar, etc. Lo que digo es que eso, si bien puede influir en alguna gente, acaba siendo anecdótico. No va a lograr que la mayoría sea menos distraída y menos competitiva, tenga menos prisa o menos sueño, calcule mejor las distancias, etc. Porque todos esos defectos, y bastantes más, están inscritos en el modo de ser de los humanos. De los de nuestro tiempo, por lo menos.

En algunos casos, los intentos de educar a los conductores para que se comporten como es debido resultan incluso grotescos. Vivimos en una sociedad que, aunque no lo reconozca, alecciona a sus miembros para que sean individualistas, competitivos, ambiciosos e insensibles. ¿Cómo cabe pretender que cuando se sienten al volante sean todo lo contrario?  

Estando las cosas como están, las autoridades sólo ven una salida: la represión. Multiplicar la vigilancia, aumentar la cuantía de las sanciones, retirar permisos de conducir... Si eso no resulta suficiente, optarán por imponer penas de cárcel, confiscar los vehículos, embargar los salarios... Qué duda cabe: así sí que podrán asustar y modificar el comportamiento de muchos. Conseguirán con ello que los demás paguen las consecuencias de un sistema de transporte cuyo crecimiento desmesurado ellas siguen fomentando.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Otros 100 muertos más.