Apuntes del Natural

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que se entrevistó ayer con Rodríguez Zapatero durante dos horas y media, declaró al término de la reunión que su partido apoyará al jefe del Gobierno español, con el que el dijo tener «una magnífica relación». El lehendakari Ibarretxe, aunque en términos algo menos entusiastas, también ha manifestado en nombre del tripartito que hará todo lo que esté en su mano para facilitarle las cosas. Lo mismo que Gaspar Llamazares en representación de IU, sin que en este punto ninguna de las diversas corrientes internas de la coalición se haya rebelado. CiU y Esquerra en Cataluña, el Bloque en Galicia, Coalición Canaria, la Chunta Aragonesista –aunque el apoyo de Labordeta al Gobierno central sea ya cualquier cosa menos sorprendente– y hasta la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, que no suele ser propicia a la complacencia (cosa que se le agradece), han declarado que puede contar con su anuencia. Puestos a apoyar las gestiones de Zapatero de cara al proceso de paz, hasta Mariano Rajoy ha dicho que las respalda, aunque a nadie se le escape el nulo entusiasmo y la fragilidad de ese apoyo.

No es el caso de Batasuna, lo cual también es comprensible. Todos sabemos que Batasuna no apoya ahora mismo a Zapatero, pero le apoyará en cuanto pase de las palabras a los hechos y haga algo concreto en los campos en los que debe actuar y en los que, de momento, con la excusa de la «verificación», no está haciendo nada constatable. (Y digo «constatable» con toda la intención, porque, aunque no me conste que sean gran cosa, algunas gestiones parece que sí está haciendo de cara a preparar el futuro.)

Digo todo esto para resaltar que Rodríguez Zapatero lleva todas las trazas de acabar convirtiéndose en un personaje de ésos a los que, al final y por mucho que repelan los adjetivos tópicos, se vuelve obligado calificar de «históricos». Siempre que no conduzca al naufragio todo lo que lleva avanzado, cosa que, sin ser imposible, no parece probable, de creer a sus interlocutores.

He hablado con algunos periodistas que conocieron a Zapatero en sus tiempos de diputado raso. Me cuentan que era un político gris y dócil dentro de su grupo; que jamás se distinguió por nada en especial. Uno, puesto a buscarle algún rasgo singular, me ha subrayado que fue de los poquísimos diputados socialistas que no acudió a Guadalajara a homenajear a Barrionuevo y Vera cuando ingresaron en prisión. Adujo alguna excusa, con o sin certificado médico. No parece demasiado.

Siempre me han fascinado los políticos a los que las circunstancias colocan en una situación especial, que tienen la oportunidad de hacer algo realmente importante, que se aventuran a hacerlo, que se ganan el aplauso colectivo y que acaban por creerse su propio personaje, con independencia de que hubiera poco o nada en su persona que los predestinara a tan altas misiones. España tiene algunos ejemplos curiosos, como el de Francisco Largo Caballero, que llegó a ser miembro del Consejo de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera –ejemplo de pasteleo y colaboracionismo donde los haya– y que acabó de izquierdista radical, hasta el punto de ser llamado «el Lenin español».

A su modo y en otra órbita política, a Adolfo Suárez le sucedió algo similar.

Ya, para estas alturas, me da igual que Zapatero sea un genio que se mantenía oculto a la espera de su ocasión histórica o un mediocre al que un conjunto de casualidades ha colocado ante una oportunidad histórica. Lo que importa realmente es que acabe de hacer lo que se supone que se dispone a hacer. Y cuando termine de hacerlo, ya le someteremos a todos los test que haga falta.

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Tres notas.– 1ª) El apunte de hoy se ha retrasado. No pude escribirlo de adelanto ayer y hoy he dormido a pierna suelta hasta las 8:00. Y lo que es más grave: no me arrepiento nada. 2ª) Debo pedir disculpas, una vez más, a las muchas personas que me escriben pidiéndome aclaraciones, opiniones, datos... y a las que no estoy en condiciones de responder. Lo cual me enoja mucho, pero no tiene remedio, porque no cuento con nadie que me ayude en esas tareas y estoy obligado a dedicar lo esencial de mi tiempo a la realización de labores productivas, por el aquel de ganarme el sustento, cosa que no hago con nada de esto. De verdad: disculpadme.  Y 3ª) Este mes la media de visitas a esta página está subiendo mucho. Gracias a todos (¡y a todas!).

Leo en El País de hoy: «El tercer informe de verificación del alto el fuego permanente de ETA, elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será entregado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El documento constatará que la banda ha "paralizado" su actividad en España y la ha "ralentizado" en Francia, donde, no obstante, se han detectado operaciones de transporte.»

Me quedo de una pieza. ¡El País recibe los informes de la Policía antes que el presidente del Gobierno! Repaso el texto de la noticia para ver a qué fuente atribuye el periódico la información. A ninguna. Lo cual quiere decir que no es que alguien les haya contado lo que contiene el informe, sino que obra en su poder, directamente y sin más protocolo.

No quisiera dármelas de ingenuo. Sé muy bien que entre los más altos responsables políticos y los principales medios de comunicación hay un constante trajín de información que se supone reservada. Siempre lo ha habido. Los ministros y los consejeros de turno suelen conceder un trato de favor a los medios que les tratan mejor (a ellos; no necesariamente al resto del gabinete del que forman parte). Los más astutos también conceden de vez en cuando alguna exclusiva a la Prensa hostil, más que nada para que no sea demasiado hostil y, de paso, para implicarla en el tejemaneje.

A lo largo de mi larga carrera como periodista me ha tocado ver casi de todo. Alguna vez creo haber mencionado en estos Apuntes alguna historia de ésas. Siempre me acordaré de la tarde en la que un ministro de Aznar nos llamaba histérico para ver si ya había llegado el motorista que nos había enviado con unos documentos confidenciales, hasta que le confirmamos que sí, y con qué rotundidad declaró al día siguiente que era una vergüenza que documentos como ésos llegaran «impunemente» a los medios de comunicación.

En eso no pintan nada las siglas. El tráfico de información confidencial ha funcionado en España con todos los gobiernos: con la UCD, con el PSOE y con el PP en Madrid, y en todas y cada una de las comunidades autónomas, con quienes fueran quienes las gobernaran. He visto a ministros tan dedicados a cotillear supuestos secretos que resultaba obligado preguntarse si les quedaría tiempo para trabajar en los asuntos de su departamento (aunque, en casi todos los casos, cuanto menos trabajaran, mejor). El paso de Jaime Mayor Oreja por el Ministerio del Interior, por ejemplo, fue de chiste. Aquel hombre era incapaz de guardar ni un solo secreto. (Supongo que seguirá igual, pero dudo que ahora conozca ningún secreto. Político, quiero decir.)

Así que ya digo que, en esto de las «filtraciones» a la Prensa, estoy de vuelta y media, como quien dice. Pero me faltaba la otra media vuelta, que es la que he dado hoy al comprobar que puede haber informes destinados al presidente del Gobierno que llegan antes a los lectores de un periódico que al propio presidente del Gobierno.

Por decirlo en plan científico: s’han pasao.

Cuando la culpa del incremento del precio de los carburantes no la tiene el programa nuclear iraní, le corresponde a la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno boliviano. No se esfuerce usted en averiguar qué relación de causa y efecto hay entre nada de eso y el encarecimiento del barril de crudo, porque no la hay. Tampoco se tome el trabajo de calcular el aumento del coste de las gasolinas en función de la carestía del barril de petróleo: sobre el total del dinero que usted paga cuando llena el depósito de su coche, la parte correspondiente a la materia prima es mínima.

Estamos ante una campaña monumental de intoxicación informativa destinada a presentar como resultado de un cúmulo de fatalidades lo que en la práctica es, en lo esencial, un movimiento especulativo como las copas de mil pinos. Con el agravante de que los poderes teóricamente públicos no tienen ninguna gana de cortar por lo sano con esa escalada porque, cuanto más sube el precio de los combustibles, mayor es la tajada fiscal que ellos obtienen. Así que los ministros de Economía y Hacienda occidentales ponen cara de gran pena y lamentan lo mal que le va al IPC, pero para su coleto no paran de contar la pasta gansa que se llevan con ello.

De entre las muchas reacciones irritantes que ha producido la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, quizá la más cabreante de todas sea la manifestada por Javier Solana, representante de la Política Exterior de la UE, que ha hablado de la «inseguridad jurídica» creada y de lo mal que lo puede pasar Bolivia si pierde inversiones extranjeras. Ignoro si Solana se tomará el trabajo de leer informes sobre la situación económica y social boliviana. De hacerlo, se enteraría de que hasta ahora la presencia de multinacionales en Bolivia no ha contribuido gran cosa a la erradicación de la miseria. Más bien todo lo contrario. Y ya, si de paso se informara del contenido de las leyes bolivianas y de los tratados internacionales aplicables al caso –en especial el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, avalados por la ONU–, sabría que lo ilegal era lo que venía ocurriendo hasta ahora, que las multinacionales actuaban como si fueran dueñas de los recursos energéticos de aquel país.

Evo Morales no ha expropiado nada. Ha fijado que esos recursos son propiedad inalienable del pueblo de Bolivia y que las compañías extranjeras que quieran operar allí deberán rubricar acuerdos razonables para las dos partes.

Morales quiere seguridad jurídica. Pero para su propio pueblo, en primer lugar.

Para inseguridad jurídica, la nuestra, que no sabemos si dentro de tres meses habremos de hacer lo de Joto, aquel que vendió la moto para comprar gasolina.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Tras las huellas de Joto.

No sé yo qué me ha dado este año, que me sale escribir de las fechas, los aniversarios y cosas de ésas, olvidando la actualidad, que está jugosa, por cierto, gracias a los inmigrantes estadounidenses, a Evo Morales... y a Enrique Múgica Herzog (¿cómo se le puede pedir opinión sobre las negociaciones con ETA al hermano de un asesinado por ETA? Sus respuestas son tan predecibles como un discurso de Acebes. Más, incluso, tratándose de Enrique, al que conozco desde mi infancia y del que me consta que, en asuntos de familia, es de una visceralidad que para sí quisiera Bin Laden).

Decía que me da por las fechas, y hoy es 2 de mayo, razón por la cual los vecinos de Madrid tenemos fiesta, cosa que he de agradecer al alcalde de Móstoles, a los fusilados de la montaña del Príncipe Pío y a Napoleón Bonaparte, que tuvo el detalle de llevarse al asqueroso de Fernando VII dejando a cambio a su hermano José, al que los madrileños llamaron «el Rey Plazuelas», por el esfuerzo que hizo por urbanizar la ciudad, lo que indignó a los vecinos de la Villa y Corte, que ya por entonces hubieran preferido ser gobernados por el PP. (También lo apodaron «Pepe Botella», cuando todo indica que era abstemio. Un conjunto muy celtibérico.)

Fuera de la cosa del día de fiesta, que está muy bien (a mí, si dan fiesta, me puede parecer bien hasta la Inmaculada Concepción, incluso con ese nombrecito), lo del 2 de Mayo y la llamada Guerra de la Independencia (de independencia de París y de dependencia de Versalles, es decir, de independencia de los republicanos franceses y de dependencia de la familia real francesa destronada y exportada, o sea, de los Borbones) me parece que el personal español de ideas más progresistas no acaba de tomárselo con el espíritu crítico que merece.

Aquello fue un desastre.

Es cierto que la culpa principal hay que atribuírsela a Napoleón, que fue especialista en un crimen no por históricamente recurrente menos intolerable: disfrazar sus ambiciones de conquista con los colores de la Revolución.

Por entonces, lo mejor de la sociedad española suspiraba por Francia y soñaba con Francia. En la mazmorra asfixiante que era la España de la época, la divisa del París de 1789 («Libertad, igualdad, fraternidad») sonaba a música celestial. Pero, casi por definición, la libertad, la igualdad y la fraternidad no pueden imponerse con la punta de las bayonetas. Carlos Marx, que fue un hispanista de pro –poca gente sabe que procuraba el sueño de sus hijas leyéndoles capítulos de El Quijote–, escribió una serie de excelentes artículos sobre los avatares españoles de la época (*) en uno de los cuales encontré una reflexión muy pertinente: decía que el gran drama de Napoleón  fue que, al tratar de imponer por la fuerza en otros países los ideales de la Revolución Francesa, suscitó reacciones nacionalistas que, por pura lógica, se volvieron también contra los ideales revolucionarios. Menos fino que soy yo, resumiría la idea diciendo que a la gente no se le puede obligar a hostias a ser libre.

Marx, que era muy brillante, dijo muchas más cosas de interés sobre todo aquello (inolvidable su sentencia sobre las Cortes de Cádiz: «En Cádiz estaban las ideas sin acción; en el resto de España, la acción sin ideas»), pero para mí que su observación sobre lo esencialmente contradictorio de la invasión napoleónica retrató a la perfección lo que habría de ser el largo penar de la España del XIX, que cargó sobre sus espaldas la pesada losa de haber sido heroicamente reaccionaria.

Nada más normal que el regreso a España del tarado de Fernando VII fuera acogido al grito de «¡Vivan las caenas!»

Tiene ahora por aquí un descendiente que está en las mismas.

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(*) Los escritos de Karl Marx sobre España, traducidos al castellano, han sido recogidos desde comienzos del siglo XX en muy numerosas ediciones bajo el título de Guerra y Revolución en España. No lo he comprobado, pero doy por hecho que estarán en Internet. Recomiendo su lectura a la gente más curiosa.

1º de Mayo. «Día internacional de la clase obrera». Dos puntos que reclaman reflexión en estos tiempos de ahora: la entidad actual del concepto de «clase obrera», primero, y segundo, su dimensión internacional.

De lo primero se ha hablado y escrito bastante, y a veces con rigor. Es verdad que el sistema capitalista ha experimentado en los países comparativamente más desarrollados bastantes cambios de importancia que han provocado, entre otras consecuencias, que las diversas categorías de trabajadores existentes –y de parados– no se identifiquen entre sí como solidarias.

En tiempos, algunos hacíamos bromas con el arranque de la Constitución de 1931, que definía España como una «República democrática de trabajadores de toda clase», y decíamos que, si realmente era una República «de trabajadores» –que no: había muchos gorrones–, no serían «de toda clase», sino sólo de una: la clase obrera. Éramos conscientes, por supuesto, de que nuestra broma se basaba en un equívoco: nosotros estábamos usando el término «clase» en su sentido social, en tanto los redactores de la Constitución lo habían hecho como sinónimo de «categoría» o «tipo». Pero lo curioso del asunto es que en la actualidad sí podría formularse esa afirmación en todos los sentidos, porque entre las gentes asalariadas de hoy en día existen diferencias sociales de tal calibre que se justifica sobradamente considerarlas como integrantes de clases diferentes.

Tienen diferentes intereses de clase, y se les nota mucho.

Pero si el concepto clásico de proletariado está muy en el alero a escala local, no lo está menos su consideración como clase internacional. Se suele recordar que, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels escribieron que la lucha de la clase obrera es «en principio nacional, por su forma, aunque no por su contenido». Pero casi nunca se añade la explicación que ellos daban a renglón seguido del sentido de su afirmación: «Es lógico que el proletariado de cada país empiece por ajustar las cuentas a su propia burguesía.» En la actualidad, el problema no es que la actividad de las principales organizaciones que son tomadas como representativas de la clase obrera dentro de nuestro Primer Mundo sea «nacional» tanto por su forma como por su contenido, sino que es directamente chauvinista: se solidariza con el capitalismo local y trata de reforzarlo en su contienda con los intereses de los capitalismos (¡y de las clases obreras!) foráneas.

¡«Ajustar las cuentas a su propia burguesía»!

Más allá de los buenos deseos y el espíritu de principios de algunos –¿cómo no recordar al pobre Jaurès (*)?–, el internacionalismo nunca ha tenido demasiado éxito entre los trabajadores, excepción hecha de algunos discursos y de un puñado de manifestaciones resultonas. El ejemplo más brutal lo dieron los integrantes de la Segunda Internacional durante la Gran Guerra de 1914-1918. Tras haber jurado que declararían la «guerra a la guerra» y que se levantarían en armas contra sus propios gobiernos reaccionarios si éstos se declaraban la guerra entre sí, se apuntaron a sus respectivas «causas nacionales» así que se iniciaron las hostilidades.

Votaron los créditos de guerra y se pusieron a sueldo de las grandes burguesías de sus países.

Fueron unos grandes precursores.

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(*) Jean Jaurès (Castres 1859 – París 1914) fue un socialista moderado, pero nada inclinado al nacionalismo. Fue uno de los más firmes defensores de la revisión del caso Dreyfus (1899). En vísperas de la Guerra del 14-18, se erigió en máximo partidario de que Francia y Alemania resolvieran sus diferencias por vía negociada. El 23 de julio de 1914 pronunció en Lyon un discurso en el que, entre otras cosas, dijo: «La política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria han contribuido a crear la situación terrible en la que nos encontramos. Europa se debate en una gran pesadilla (...) ¡Ciudadanos! A pesar de todo, y os digo esto como un grito de desesperación, no hay más que una posibilidad de mantener la paz y de salvar la civilización, desde el momento en que estamos amenazados de muerte y salvajismo: que el proletariado reúna todas sus fuerzas, y que todos los proletarios, franceses, ingleses, alemanes, italianos, rusos, pidamos a esos millones de hombres que se junten para que el latido unánime de sus corazones aleje la horrible pesadilla.» Estas posiciones de Jaurès la ganaron el odio de los ultranacionalistas franceses, uno de los cuales lo asesinó pocos días después.

El cierre de la central de Zorita y el aniversario del terrible accidente de Chernobyl –¡vaya par de asuntos tan dispares!– han puesto de actualidad por aquí las discusiones sobre «lo nuclear». Echaré yo también mi cuarto a espadas, empezando por avisar de que lo que sigue no pretende ser un análisis técnico –que malamente podría hacer: soy un perfecto ignorante en la materia–, sino tan sólo un recuento de algunas reflexiones que me he ido haciendo a lo largo del tiempo en relación a este complejo asunto.

Lo primero de lo que debo dejar constancia es de la diferente estima que me han merecido siempre (bueno, sin exagerar: desde los 16 años) la industria nuclear, como fuente generadora de energía, de un lado, y el armamento nuclear, del otro.

Mi punto de vista sobre el armamento nuclear estuvo desde mi primera juventud muy condicionado por dos influencias: de un lado, la francesa; del otro, la china. Cuando empecé a interesarme por este asunto, me enteré de que los EUA, por su cuenta, y la URSS, por la suya, estaban tratando de establecer un oligopolio del armamento atómico, dificultando por todos los medios que otros estados pudieran acceder al estatus de intangibilidad que confiere el poderío nuclear. Fue por aquel entonces cuando los EUA y la URSS patrocinaron la prohibición internacional de las pruebas nucleares atmosféricas. Me pareció una perfecta muestra de cinismo: promovieron esa prohibición justo a partir del momento en el que su desarrollo tecnológico les permitió seguir con sus programas de armamento nuclear recurriendo exclusivamente a pruebas subterráneas. Tanto la Francia de Charles de Gaulle como la China de Mao Zedong denunciaron la complicidad de las dos superpotencias y se negaron a suscribir el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Excuso decir que la existencia de bombas atómicas me producía verdadero horror pero, puesto que existían, consideré preferible que no fueran patrimonio exclusivo de las dos superpotencias, que por entonces rivalizaban en ganarse zonas de influencia en el mundo a costa de boicotear, cada una a su modo, los movimientos de emancipación nacional y social.

Esa reflexión –que en realidad es también, y no sé si sobre todo, un sentimiento– ha pervivido subrepticiamente por algún rincón de mis entretelas hasta hoy. Me lo he descubierto, no sin cierta sorpresa, cuando ha surgido la crisis sobre los proyectos nucleares de Irán.

Haciendo un poco de introspección psicológica barata, he llegado a la conclusión de que acabé interiorizando las teóricas ventajas de lo que en los años 60 se llamó «el equilibrio del terror», es decir, la idea de que la paz, si no hay modo de que resulte de convicciones más elevadas, puede derivarse de un sistema de miedos mutuos, en el que nadie se atreve a hacer la guerra en serio por miedo a que el enemigo lo borre del mapa con media docena de bombazos.

Extrañamente, mis sentimientos hacia la industria nuclear pacífica no han tenido nunca tantos matices, cuando lo cierto es que podían haber seguido una vía de razonamiento similar: a fin de cuentas, cuando un Estado carece de otras fuentes energéticas poderosas, la puesta en marcha de una red importante de centrales nucleares puede ser un recurso para asegurar su autoabastecimiento y, por ende, su independencia. Ésa fue la coartada que manejaron los gaullistas franceses para desarrollar a tope su programa de centrales nucleares. Y ésa fue también, por curioso que pueda resultar ahora, la razón que adujo el PNV para apoyar la construcción de la central nuclear de Lemoiz: estaba con el runrún de asegurar la «independencia energética» de Euskadi. (Un argumento que ETA también llegó a manejar durante un cierto tiempo y que abandonó cuando vio el filón político que podía suponer el movimiento antinuclear.)

Quizá la diferencia mayor que hay entre las bombas atómicas y las centrales nucleares estribe en que las primeras son terribles en potencia, en tanto que las segundas son peligrosas ya, en acto. Dicen los defensores de la industria nuclear, y supongo que algo habrá de cierto en ello, que en los últimos años se ha avanzado mucho en la mejora de los mecanismos de seguridad. Pero no niegan que el problema de los residuos continúa sin tener una solución aceptable. Y que el margen de error que ofrece la torpeza humana sigue siendo aterrador. En 1983 pude acceder a información de primera mano, con pruebas fotográficas incluidas, que demostraba que la aún inactiva central nuclear extremeña de Valdecaballeros 2 –me parece recordar que se llamaba así– tenía tal cantidad de fallos de construcción que, si aquello se ponía en marcha, era fácil que acabara en catástrofe. Publiqué varios artículos, con el resplado irrefutable de las fotografías, y aquella central nunca llegó a ponerse en marcha, entre otras cosas porque el Gobierno de Felipe González decretó una moratoria nuclear. Pero varios técnicos de la central nuclear fueron a juicio acusados de haberme pasado la información y de haber incurrido en algunos delitos rarísimos. Los técnicos que sentaron en el banquillo no eran los que me habían hecho llegar la información, y así lo declaré en el juicio, pero me pareció aberrante que la justicia pudiera acusar a alguien de algo que, de haberlo hecho, habría sido un servicio público digno de encomio. Pero el poder de las eléctricas y el servicio público caminan por caminos divergentes.

Bueno, ya sé que nada de todo esto que he escrito conduce a conclusiones demasiado claras. Pero son reflexiones, ideas y recuerdos que me rondaban por la cabeza y que a lo mejor os pueden ser de alguna utilidad.

Miguel Sanz exige a Rodríguez Zapatero que declare que no aceptará que se forme ningún tipo de organismo de coordinación vasco-navarro, ni en un futuro cercano ni nunca. Dice el presidente de la Comunidad Foral de Navarra que eso le tranquilizaría.

A mí no me tranquilizaría nada, porque lo que Sanz reclama de Zapatero es un perfecto dislate.

Dejemos de lado que el jefe del Ejecutivo español podría asegurar eso ahora y hacer en el futuro lo que más conviniera a sus intereses, del mismo modo que afirmó que aceptaría el nuevo Estatut catalán tal como saliera del Parlamento de Cataluña y luego hizo lo que todo el mundo sabe.

Eso es secundario. Lo principal es que Zapatero no podría en ningún caso prometer lo que le reclama Sanz, porque es algo sobre lo que él no tiene atribuciones. Los gobiernos de Vitoria y Pamplona no necesitan autorización del Gobierno central para establecer convenios de cooperación  entre las dos comunidades, si el ámbito concernido se ciñe a materias que son de su competencia. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (su Estatuto de autonomía) prevé incluso, en su artículo 70.3, la posibilidad de que Navarra establezca acuerdos especiales de cooperación con el País Vasco. La mencionada Ley fija que, de decidirse tal cosa, el Gobierno de Navarra habrá de comunicárselo a las Cortes para su aprobación. Pero son las Cortes, no el jefe del Ejecutivo central, las encargadas de ratificar o de rechazar, en su caso, el acuerdo en cuestión. Dicho de otro modo: lo que Sanz está pidiendo a Zapatero es que prometa que impedirá la aplicación de una norma fijada en el propio Estatuto de Navarra, y que lo hará, además, atribuyéndose unas funciones que son prerrogativa de las Cortes.

Este hombre practica como nadie el atolondramiento argumental. Lo mismo dice que «el futuro de Navarra debe ser decidido por los navarros» que, acto seguido, busca fórmulas para que los navarros sólo puedan hacer lo que a él le peta. Y hasta reclama ayudas foráneas para impedir que la ciudadanía navarra pueda salirse de la vía trazada por él. (Cierto es que esto de ahora no representa ninguna novedad: su partido ya logró que la propia Ley de Amejoramiento entrara en vigor sin previo referéndum.)

En realidad, la idea de crear un cauce de coordinación y cooperación entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra es de una sensatez apabullante. Es bien sabido que la CAV y Navarra comparten bastantes comarcas que, aunque administrativamente estén divididas, en otros muchos planos se encuentran perfectamente unificadas. Ya en la Navarra interior, sin punto de limítrofe, hay muy amplias zonas cuya identidad vasca –por lengua, por cultura, por gastronomía, por ritos, por tradiciones, por todo– sería tonto negar. ¿Qué tiene de malo considerar esa realidad, de la que no hay por qué deducir ninguna consecuencia política automática, y alcanzar formas de cooperación que hagan más fácil, más natural y más agradable la vida a la gente?

Sanz es un obseso. En su afán por extirpar «lo vasco» de Navarra, no duda en violar las normas del propio ordenamiento estatutario. Por ejemplo, lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica mencionada, que dice: «El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.» Un sanzista de pro llegó a decir, ofreciendo una muestra de perfecta identificación entre el culo y las témporas: «Mientras haya terrorismo, no daremos ni un duro para el euskera». En sintonía con esa idea –o lo que sea–, el Gobierno de Navarra se ha dedicado a retirar las indicaciones bilingües de las carreteras navarras, gastándose un pastón en sufragar su fanatismo, ilegal para más inri.

Reconozcámosle que en estas habilidades se parece mucho a su socio Mariano Rajoy, que lleva ya algunos meses defendiendo la singular tesis de que «el pueblo vasco no existe» y de que «Euskal Herria no existe», a la vez que reivindica con entusiasmo el Estatuto de Gernika, cuyo artículo 1 dice: «El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad...».

 Claro que ese mismo Estatuto que tanto entusiasma a Rajoy afirma en su artículo 2: «Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

En fin, que para qué seguir.

Nota de edición: Javier publicó una columna de parecido título en El Mundo: Sanz, rey de Navarra.

Algunos lectores me escriben de tanto en vez para pedirme que no sea tan monotemático; que hable menos de Euskal Herria y más de los problemas de otros pueblos.

Podría responder –y en parte respondo– diciendo que la cuestión vasca no es, en el fondo, sino una de las diversas formas que adopta la cuestión española, y no la menor. Que lo que hoy en día se está debatiendo y perfilando, proceso vasco mediante –una vez terminado en semi-fracaso el debate sobre el nuevo Estatut de Catalunya, que se lo han «cepillado» en Madrid, según la finísima expresión de Alfonso Guerra–, es, en el fondo, el modelo de organización territorial que va a tener el Estado español. Se trata de dilucidar si éste acabará de tirar por un camino asimilable al federalismo o si vamos a seguir en la aburrida,  antinatural y caótica mezcla de centralismo y descentralización que llamaron «Estado de las autonomías». Eso afecta a todo el mundo, sea sevillano, vigués, cartagenero, canarión, ibicenco o del quinto pino, que es donde está asentada mi casa mediterránea.

Podría responder eso, porque tiene mucho de verdad, pero debo responder otra cosa, que es aún más verdadera: no hablo casi nunca de lo que está sucediendo en otros lugares porque me faltan los conocimientos que se necesitan para expresar opiniones fundadas sobre ello. Persona relativamente informada, por curiosidad y por necesidad profesional, sé algo de casi todas las comunidades autónomas españolas, pero, por lo común, muchísimo menos de lo que saben los lectores de estos Apuntes que viven en cada una de ellas. Los hay que me preguntan: «¿Qué opinas de esto o de lo otro que ha ocurrido por aquí?». A lo que respondo casi siempre: «No opino nada, porque no conozco lo suficiente del asunto». 

Hay veces que me pasa eso mismo en relación a asuntos concretos de la política vasca. No sé lo suficiente sobre ellos y, si me aventuro a opinar, corro el riesgo de meter la pata. Hace unos meses expresé un punto de vista sobre la llamada Y griega vasca –la comunicación por tren de alta velocidad entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián– y me gané un chorreo de mil pares, por ignorante y por superficial. Calladito habría estado, si no más guapo, en todo caso menos feo.

De entre las críticas que recibo por mi insistencia en hablar de la cuestión vasca, la que menos me convence es la de aquellos que me dicen que les aburro con ese rollo, porque ellos no tienen el menor interés en las diferencias nacionales, las fronteras, etc. En mis tiempos de entusiasta leninista aprendí tanto a apreciar el internacionalismo como a no fiarme ni un pelo del cosmopolitismo. No he conocido ni a un solo «ciudadano del mundo» que lo fuera realmente y cuyas proclamas despectivas sobre «los pequeños nacionalismos» no actuaran en la práctica como defensa implícita de lo existente, caracterizado por el predominio de los grandes nacionalismos. Un verdadero internacionalista se rebela obligatoriamente contra las opresiones nacionales. Durante algunos años me tocó convivir con un acendrado cosmopolita que, así que le rascabas un poco la superficie, mostraba ser una curiosa mezcla de terco españolista y agresivo sionista. Son cosas que ocurren.

Por lo común, el desdén ante las reivindicaciones nacionales minoritarias es muestra de indiferencia, cuando no de conformidad, con las patentes injusticias y discriminaciones que denuncian los nacionalistas sin Estado.

Dicho lo cual, confío en que la feliz evolución de los acontecimientos vaya permitiéndome poco a poco diversificar mis centros de interés, animándome a escribir, no necesariamente sobre otros sitios, pero por lo menos sí sobre otras cosas.

He pasado un par de días en Euskadi  –no por Euskadi, como hago con demasiada frecuencia, sino en Euskadi– y eso me ha dado la oportunidad de charlar con algunas personas que me han proporcionado información de primera mano sobre las entretelas de la situación que se ha creado tras el anuncio del «alto el fuego permanente» de ETA. Una parte de esa información privilegiada me ha servido para elaborar la columna que hoy me publica El Mundo y que cabe leer en la sección aneja correspondiente (ver "Dificultades de digestión"). (*)

Un primer dato al que he dado importancia, puesto que he comprobado que en él coinciden personas de planteamientos ideológicos y políticos diferentes, es que el «alto el fuego» de ETA debe considerarse no ya «permanente», sino definitivo, irreversible. He preguntado a mis interlocutores si no consideran siquiera la posibilidad de que, pasado el tiempo y en el caso de que ETA comprobara que el Gobierno no satisface ni siquiera mínimamente sus expectativas con respecto a sus presos, a sus militantes y a sus exiliados, pudiera retomar las armas. «No; eso está descartado. No los miembros de ETA de esta generación. Su decisión de retirarse es firme. Serían otros, y no a corto o medio plazo», me han respondido, con éstas u otras palabras similares. He insistido –porque he de precisar que yo no lo veo tan claro– poniendo algunas objeciones (v. gr.: ¿no disminuye la capacidad de presión de ETA sobre el Gobierno si desaparece la amenaza de una ruptura del «alto el fuego»? V. gr: ¿cómo pueden descartar que el PSOE pierda las próximas elecciones y el PP vuelva a gobernar?), pero ellos, los unos y los otros, responden una y otra vez lo mismo: «Es irreversible».

Un segundo aspecto que me parece del mayor interés es que todos –y cuando digo «todos» estoy incluyendo a Batasuna y, si he de creer lo que me cuentan, también a la propia ETA– dan por hecho que la evolución de los acontecimientos va a ser lenta. Francamente lenta. Están resignados a la idea de que algunos aspectos fundamentales del «proceso» sólo podrán ponerse en marcha una vez que Zapatero vea revalidada su presencia en La Moncloa. Y, en el caso de Navarra, cuando UPN pierda las elecciones. En parte, por las razones que expongo en mi columna de hoy en El Mundo; en parte, por otras razones, de tipo operativo. Siendo consciente de ello, la izquierda abertzale –por diversas razones, incluidas las de tipo interno– precisa también de determinados gestos de buena voluntad del Gobierno central, que permitan constatar de manera pública que efectivamente se está «en el buen camino». De todos modos, también me han insistido en que no haga demasiado caso de las proclamas enfáticas del Gobierno central. Según ellos, hay que tomárselas al modo del difunto Francisco Fernández Ordóñez, cínico de pro, que afirmaba: «En política, cuando alguien dice “nunca” hay que entender que está diciendo “por ahora”».

Tercer aspecto (y último del que voy a dejar constancia hoy): todos los protagonistas principales del drama son conscientes de que, para llevar las cosas adelante, debe haber entendimiento entre ellos en lo esencial, aunque se sacudan de lo lindo en el día a día de la politiquería concreta. «Ellos», a estos efectos, son: a) la izquierda abertzale; b) los socialistas (tanto los vascos como los de Ferraz y, sobre todo, el de La Moncloa), y c) el tripartito que gobierna en Vitoria (y no sólo el PNV). A partir de ahí, entienden que es lógico que Zapatero trate de proporcionar al PP de Rajoy la posibilidad de recolocarse, aunque sus esperanzas, particularmente en lo que se refiere al PP vasco, no sean muchas.

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(*) Naturalmente, no he identificado a mis fuentes en la columna que he escrito para El Mundo  –ni siquiera he citado su existencia–, y tampoco las identificaré en este Apunte: cuando acepto tener conversaciones off the record, me atengo a las normas de rigor.

Muchos comentaristas de medios de comunicación españoles se han indignado ante el hecho de que Batasuna haya mostrado a la vez su repulsa por los actos de Barañain y Getxo y su crítica a determinadas acciones represivas del Estado dirigidas contra la izquierda abertzale. Los ha habido incluso que, al referirse a esa equiparación, han optado por entrecomillar la palabra «violencia» cuando aparecía asociada a tales o cuales acciones del Estado.

Leí ayer las crónicas sobre las declaraciones de los portavoces de Batasuna y no vi que se refirieran en ningún momento a la necesidad de que cese la violencia del Estado, en general, sino tan sólo algunas de sus expresiones concretas. Lo que dijeron es que la presión policial y judicial sobre la izquierda abertzale no ha disminuido en lo más mínimo en las últimas semanas y que eso no ayuda a la distensión política, sino todo lo contrario.

Son afirmaciones muy diferentes. Con independencia de que el Gobierno central no pueda en algunos casos rebajar la presión sobre la izquierda abertzale por unas u otras razones, no parece estrafalario que los dirigentes de Batasuna reclamen la activación de un cierto do ut des y pidan que se produzcan algunos gestos de buena voluntad del Gobierno de Madrid (entre otras cosas, para reforzar su posición ante aquellos sectores de la izquierda abertzale que consideran que, de momento, están cediendo mucho a cambio de nada.)

Batasuna no ha reclamado que cese la violencia del Estado, en general, y hace bien. El Estado no puede dejar de ser violento. No es posible un Estado que no practique la coacción, respaldada por la violencia, en potencia o en acto. El Estado es, de manera muy principal, una organización que se sirve de su capacidad coercitiva para imponer la prevalencia de sus leyes y su orden económico y social. Reconocer ese hecho no es ninguna marxistada: lo sabe hasta el más principiante estudioso de teoría del Estado.

A lo que aspira el Estado no es a que no exista violencia, sino a tener él el monopolio de la violencia.

Sin embargo, se ha ido instaurando en nuestras sociedades occidentales la falsa conciencia de que sólo hay una forma de verdadera violencia, que es la que se ejerce desde fuera de los estados. No creo que ninguno de los que proclaman que están «en contra de toda violencia, venga de donde venga», pretendan reclamar la inmediata disolución de todas las policías y todos los ejércitos, la abolición de todas las cárceles, la supresión de todos los tribunales y todos los códigos, etc. Lo que sucede es que no identifican la acción del Estado con la violencia.

Pero las realidades hay que asumirlas en toda su crudeza. Cuando se exige a ETA que abandone las armas y a los jóvenes abertzales que prescindan de la kale borroka, no se está preconizando que desaparezca la violencia, sino que quede en las exclusivas manos del Estado.

Sé que en este momento ha de ser así, porque lo contrario no conduce a nada que aporte beneficios reales al pueblo. Pero me parece importante que no perdamos de vista que es así.