Apuntes del Natural

Sólo el 36,2% de los andaluces con derecho de voto se decidió ayer a ejercerlo. Si contamos con que, de entre los que votaron, el 13% lo hizo en contra de la propuesta, o votó en blanco, o nulo, obtenemos un dato que vale la pena retener: el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía cuenta sólo con el apoyo de un ciudadano de cada tres. O algo menos que eso, todavía.

Recordemos los resultados del referéndum sobre el nuevo Estatut catalán. Cuando se supo que la abstención en aquella consulta había alcanzado el 51%, algunos medios de comunicación con sede en Madrid sentenciaron que una tan escasa participación obligaba a poner en entredicho la legitimidad del resultado. Hicieron cuentas, añadiendo a la abstención los votos en contra y en blanco, y acabaron concluyendo que el Estatut había sido aprobado tan sólo por el 36% de los catalanes, lo que consideraron muy insuficiente.

Yo lo vi como un triunfo escuálido y triste, sin duda, pero triunfo al fin y a la postre, en tanto que reunía las condiciones exigidas por la ley. A decir verdad, no me parecería nada mal que la legislación sobre referendos estableciera, como condición necesaria para su validez, que lograran una participación de la mitad más uno de los ciudadanos convocados a las urnas, como mínimo. Pero, como no es así, pues qué se le va a hacer. En todo caso, espero –no; no seré hipócrita: no lo espero en absoluto– que quienes dijeron aquellas cosas tan severas a propósito del referéndum catalán las repitan ahora, sólo que aumentadas en la debida proporción, con respecto al andaluz.

Ya tenemos a todos los analistas de cámara, empezando por el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, explicando que la muy alta abstención de ayer carece de mayor trascendencia, porque tienen clarísimo que la gran mayoría de los andaluces que no acudieron a votar está en realidad a favor del nuevo Estatuto. Según ellos, si toda esa gente no se movilizó para acudir a las urnas fue porque daba por hecha la aprobación de la propuesta.

Es una interpretación. Una de las posibles. Nada, desde luego, que pueda tomarse como una certeza. Ni de lejos.

Según venimos diciendo algunos desde 1977, lo único indiscutible que cabe hacer con los votos –lo mismo que con las abstenciones– es sumarlos. Nadie puede pretender que conoce las razones por las que los ciudadanos acaban decidiendo votar esto, o lo otro, o no votar. ¿Qué explica la elevadísima abstención andaluza de ayer? ¿Falta de motivación suficiente? ¿Indiferencia ante una reforma de la que no se veía la necesidad o, por el contrario, que se reputaba insuficiente? ¿Disgusto en los votantes del PP, más identificados con la primera intención de ese partido, que fue la de pedir que se votara en contra? ¿Pesadumbre de muchos votantes del PSOE y de IU, a los que no entusiasmaban ni los retoques que le hicieron al texto original para favorecer el apoyo del PP ni el propio hecho de acabar votando codo con codo con el PP? Es posible que todas estas razones, acumuladas, y tal vez unas cuantas más, a saber en qué proporción cada una de ellas.

Renuncio a especular, pero no a hacerme preguntas. Me intriga, por ejemplo, que ayer se registrara en Andalucía un 5% menos de votantes que en el referéndum sobre la Constitución Europea. Es curioso –y significativo– que la población andaluza sintiera más afán participativo cuando se le consultó sobre el proyecto constitucional de la UE que cuando ha tenido la oportunidad de juzgar el texto por el que se regirá a partir de ahora muy buena parte de su actividad política, económica, cultural y social.

Los dirigentes políticos andaluces harían bien en reflexionar a fondo y sin concesiones sobre lo que les ha sucedido. Pero no creo que sean capaces. De serlo, lo más probable es que no les hubiera sucedido.

Nos contaba ayer un amigo una perorata de bar, de ésas que son frecuentes en las tascas madrileñas, que tantas veces sirven de ágora ateniense –o de Hyde Park londinense– para mitineros aficionados a los que nadie proporciona una tribuna en condiciones. El enardecido paisano alertaba a la parroquia sobre los peligros que corre España por culpa del nuevo ministro de Justicia, que, según él, « quiere poner en libertad a todos los presos etarras».  Huelga decir que el hombre no aportaba ningún dato que respaldara su angustiado S.O.S. Se limitaba a lanzarlo. Eso sí, con mucho aplomo.

Una amiga aportó otro testimonio del mismo estilo. Nos relató el ardor con el que un individuo que trabaja con ella se queja de los ataques que sufre Aznar por la posición que adoptó con respecto a la guerra de Irak, pese a que –dice– «España no mandó a Irak ningún soldado mientras el PP estuvo en el Gobierno». Lo más chocante es que, por lo que contaba nuestra amiga, nadie se le rió en las barbas. ¡Qué fantástica capacidad de olvido, la de tantos! Han olvidado que uno de los puntos clave del programa electoral de Rodríguez Zapatero fue precisamente ése: traerse para casa a las tropas españolas destacadas en Irak.

Los agitadores de ese estilo actúan siguiendo mutatis mutandis una vieja máxima del periodismo cutre: «No dejes que la realidad te estropee un buen anatema». Es gente adoctrinada en escuelas muy populares, sustentadas por especialistas en proclamas tan rotundas, tan simplonas y tan falsas como ésas, del género «España se está rindiendo ante los terroristas», «Zapatero es el mejor aliado de ETA», «este Gobierno está provocando la balcanización de España», «a Zapatero lo hicieron presidente los terroristas»…

Esta última, inspirada en el singular pensamiento deductivo de Miguel Ángel Rodríguez –aquel mismo que cuando iba de reflexivo se oponía al cierre de Egin porque «las palabras no matan»–, retrata con perfecta precisión el espíritu que anima a la actual dirección del PP, a la vez que revela la consideración que le merecen los 11.026.163 votantes que convirtieron a Zapatero en presidente del Gobierno.

Qué duda cabe de que los mensajes de este estilo –maniqueos, simplistas, plagados de exageraciones disparatadas y de reducciones al absurdo– llegan con gran facilidad a quienes reciben con mucho más entusiasmo las emociones que las reflexiones, tanto más si fueron educados en la exaltación de los mitos de la Una, Grande y Libre, que han seguido anidando en no pocos reductos, hogareños y sociales.

Que hay gente así, y que es bastante, resulta evidente. Ahora bien: ¿tanta como para concederle al PP –a este PP de ahora, que no es el de 1996, ni siquiera el de 2000– la mayoría electoral?

De creer lo que dicen las encuestas sociológicas realizadas en los últimos años, no. Pero a saber.

Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: El bando del simplismo.

Cita Mohamed Othman Benjelloun a Robert Fisk: «La caída del Imperio Romano está en marcha» (*). Se refiere, por supuesto, al imperio de los Estados Unidos de América.

 Puede parecer una comparación extravagante, pero cada vez tiene más adeptos entre los estudiosos de la realidad política mundial. El nicaragüense Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, viene estudiando desde hace tiempo  la acumulación y el incremento de los síntomas que permiten establecer un paralelo entre la deriva internacional de los EUA y los periodos de decadencia de otros imperios, como los de Roma y  Bizancio. Llama la atención sobre cómo cada vez más países situados en la zona histórica de influencia de Washington, en los que hasta hace poco nada se movía sin su autorización, emprenden ahora caminos propios sin pedir permiso a la Casa Blanca. La evolución de la situación económica y política latinoamericana es, a ese respecto, más que concluyente. Así lo ha subrayado en un reciente artículo de prensa el propio Zamora:

«Otro factor a anotar es el declive de USA y la emergencia de nuevos actores económicos y de nuevos mercados. Hasta los años 80, la potencia hegemónica ejercía un efecto demoledor sobre las economías latinoamericanas, dependientes en casi todo de las decisiones y variaciones de la economía y el mercado usamericano. USA empleaba ese poder para condicionar a los países y, cuando era menester, recurría a sanciones, bloqueos y embargos contra los gobiernos díscolos. Cuba sufre aún hoy un bloqueo de casi medio siglo. La Nicaragua sandinista fue a la ruina a causa de la guerra económica y militar impuesta por Washington. Hoy eso es historia. China ha desplazado a USA como segundo socio comercial de Brasil. La UE es el primer socio del Mercosur, en tanto Chile tiene a China como primer cliente del cobre. La UE es el primer donante en Centroamérica y, ante la contracción y pérdida de fuerza del mercado usamericano, los países latinoamericanos orientan cada vez más sus intereses hacia Europa, Asia y los procesos de integración regional. El declive económico lleva aparejado, de manera inevitable, la pérdida de influencia política. El miedo a USA se diluye sin prisas, pero sin pausas. Lo demostró el triunfo sandinista en Nicaragua, pese a que Washington recurrió a todas las amenazas posibles para coaccionar a la población, desde las sanciones comerciales al embargo de la remesas de los emigrantes.» («Latinoamérica, izquierda y segunda descolonización», en El Mundo, 9 de febrero de 2007)

Pero la realidad latinoamericana, con resultar más que expresiva, no es ni mucho menos la única que apunta en esa dirección. En idéntico capítulo hay que anotar la serie de gravísimos reveses que la estrategia de Washington está sufriendo en Asia, donde fracasan en toda la línea sus intentos de establecer un equilibrio de fuerzas favorable a sus intereses: lo que hay, ni le es favorable, ni guarda el menor equilibrio. Y nada permite augurar que vaya a irle mejor en el futuro.

El más grave de los muchos peligros que permite atisbar la situación actual del mundo deriva del hecho de que los dirigentes norteamericanos se empeñan en aplicar una política irrealista, que trata de forzar como sea la restauración del hegemonismo absoluto a escala mundial que le vino dado por la caída del Muro y el hundimiento de la URSS. Ese empeño imposible les está llevando a una utilización histérica de la fuerza militar, que carece de futuro pero puede causar muchos estragos en el presente.

Hemos entrado –ése es el punto clave del análisis– en una nueva etapa histórica, que se caracterizará por su carácter multipolar.

Vale la pena retener esa hipótesis.

__________

(*) «La (in)sensibilidad oriental de los Estados Unidos», El País, 17 de febrero de 2007.

Cuando lo oí me quedé de piedra. Sabía que toda la acusación contra Rabei Osman el Sayed, al que llaman Mohamed el Egipcio,  se basa en unas grabaciones magnetofónicas. Lo que no sabía es que el juez de la Audiencia Nacional que instruyó el sumario por los atentados del 11-M en Madrid nunca ordenó que el procesado fuera sometido a una prueba de reconocimiento de voz. De modo que su defensa puede aferrarse –y se aferra– a lo que el propio acusado declaró  ayer ante el tribunal: «Esa voz no es la mía».  Parece que el instructor consideró que la prueba era innecesaria, puesto que El Sayed había sido condenado por la justicia italiana en razón de esas grabaciones. Pero no tuvo en cuenta que la legislación italiana y la española difieren en cuanto al uso procesal que puede hacerse de las conversaciones privadas captadas por ese sistema.

Empiezo a temblar. Me vienen a la memoria varios macroprocesos juzgados por la Audiencia Nacional que acabaron en fiasco cuando llegaron ante el Tribunal Supremo. Se diría que la Audiencia Nacional tiende espontáneamente a la chapuza. No juzgo a ojo: he leído que el Supremo corrige hasta el 38% de las sentencias emitidas por esa instancia judicial, frente a sólo el 3% de las procedentes de todas las demás. ¡El 38%! Es una barbaridad.

Pero es que no hay más que ver cómo funciona. Ayer pudimos contemplar el estilo arrogante del presidente del tribunal del juicio del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, al que no se le ve nada afectado por el tortuoso camino que hubo de seguir para llegar al cargo, siempre como favorito de los miembros del CGPJ más identificados con el PP. No permitió que El Sayed explicara las razones por las que se negaba a responder a las preguntas de la fiscalía y de las acusaciones, alegando que no hacía al caso, porque estaba en su derecho, aunque él sabía que esa negativa iba a ser utilizada por determinados medios de prensa para predisponer a la opinión pública en contra del acusado, como así fue (no se había apagado el eco de sus palabras y ya había una cadena de radio que hablaba de «la cobardía de los terroristas»). La manera con la que trató a los traductores fue también de una altivez tan innecesaria como desagradable.

Pero lo cierto es que esas maneras no tienen nada de extrañas en la Audiencia Nacional. Recuerdan a la jueza Ángela Murillo, que preside la vista oral por el caso 18/98, quien llegó a decir, cuando un abogado citó una sentencia emitida por el Tribunal de Estrasburgo: «A mí Estrasburgo me da igual». ¡Ele! Los desplantes de Murillo, que ha llegado a tener incidentes hasta con algún otro miembro del propio tribunal que preside, han alcanzado justa fama entre los asistentes a ese macrojuicio.

También son proverbiales las salidas de tono de otro de sus colegas, Alfonso Guevara, quien, cuando en un juicio los defensores del acusado alegaron que el caso estaba contaminado por un vicio de forma inicial, respondió, encantado de ser tan ocurrente: «Aquí nadie se contamina si no es por el aire». Lástima (para él) que el Tribunal Supremo no simpatizara con su gracejo y, pasados los meses, diera la razón a los defensores, revocando la sentencia y poniendo en libertad al acusado, que llevaba ya cuatro años en prisión gracias a la habilidad combinada de otra jueza, Teresa Palacios, que había sido la impulsora del disparate.

Tampoco conviene olvidar los tumbos doctrinales de otra de las piezas clave de la Audiencia, Baltasar Garzón, quien ha pasado de considerar que todo aquel que coincida ideológica o políticamente con los objetivos de ETA puede ser considerado como parte de la organización terrorista a afirmar, sin cortarse un pelo, que la izquierda abertzale no tiene nada que ver con ETA.

Y luego está el inefable –ya que no infalible– Grande-Marlaska, con "k" de kiosco. Y luego...

A lo largo de mi deambular profesional, me ha tocado relacionarme con no pocos de los habitantes de esa casa, situada en la calle de Génova, en Madrid, casi enfrente de la sede central del PP. El anecdotario que acumulo en la memoria es amplio. Precisamente porque me conozco el paño, no me fío ni un pelo. Tampoco de lo que puedan llegar a hacer con el juicio del 11-M.

Los campeones del llamado neoliberalismo presentan como una verdad evidente por sí misma –que no requiere demostración, por lo tanto– el dogma según el cual la puesta de las empresas públicas en manos privadas contribuye al incremento de la competencia y, en consecuencia, al abaratamiento de los precios.

Entiendo bien que huyan de aportar pruebas de que las cosas son así, porque lo tendrían crudo.

Hay dos sectores clave de la economía española –no sólo española, ni mucho menos, pero me centro en la que nos toca sufrir de modo más directo– que han sido sometidos en los últimos años al tratamiento de choque de la privatización sin que esa transformación haya redundado ni poco ni mucho en beneficio de los usuarios.

Estoy aludiendo, por supuesto, a los mercados de la telefonía y los carburantes.

Es falso que se hayan liberalizado. Lo que han hecho es reemplazar los anteriores monopolios estatales por oligopolios de oferta privada.

Los integrantes del puñado de empresas privadas que han ocupado el espacio del monopolio estatal acuden al mercado con precios falsamente plurales. No me es posible afirmar que son precios pactados, porque si lo dijera tendría que aportar las pruebas de mi acusación, y no las tengo (yo qué sé si se reúnen, si se hablan por teléfono o cómo se las arreglan). A cambio, lo que sí puedo denunciar, porque para eso me basta con llamar la atención sobre los resultados, es que los precios acaban estableciéndose como si las empresas oligopólicas los hubieran pactado previamente.

El caso más obvio se nos viene encima el 1 del próximo mes: todas las empresas de telefonía móvil (todas menos una recién llegada, que está dispuesta a limitar sus beneficios de manera temporal para hacerse un hueco) han decidido subir los precios para neutralizar la rebaja de beneficios que les acarrearía la nueva legislación contra el redondeo de tarifas.

¿En qué ha salido ganando el pueblo llano con las privatizaciones? En nada que pueda constatarse con un mínimo de claridad. A cambio, sí está claro en qué ha perdido. Antes, al menos, las empresas que obtenían grandes beneficios en ese par de sectores eran estatales, de modo que sus ganancias iban a engrosar el erario. Otra cosa es que luego el Estado se las ingeniera para gastar con más o menos provecho general lo que ganaba con ellas.

Pero podía hacerlo. Ahora las ganancias van directamente a bolsillos particulares.

Si eso es progreso, que venga Adam Smith y lo vea.

A raíz de la suspensión inicial y posterior autorización judicial de los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife, muchos medios de comunicación han vuelto la vista hacia un problema que no tiene nada de coyuntural en España: el ruido. También a mí me ha tocado hablar de ello. Pero en tono general, sin dejar traslucir mis sentimientos, que son –también en esto, una vez más– contradictorios.

Cuando me vine de París a Madrid en 1975, una vez muerto Franco, me quedé sorprendido al toparme con una diferencia en los estilos de vida de Francia y España en la que nunca hasta entonces había reparado: constaté que éste era un país tremendamente ruidoso. No ya en comparación con Francia, sino, según he leído recientemente, en comparación con casi cualquier otro país del mundo.

Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. De hecho, según los estudios comparativos realizados al efecto, sólo Japón registra un ruido ambiental medio superior al de España.

Convertido, allá por 1975, tras cinco años de alejamiento de la España real, en una especie de medio francés –por horarios, por costumbres, por manera de ir por la vida–, me dejaba estupefacto no sólo el altísimo volumen con el que el personal de por aquí hablaba en todas partes, sino también la falta de pudor con que era capaz de hacerlo.

Mi primer trauma grave lo experimenté pocos días después de mi regreso. Fue en un autobús metropolitano lleno de bote en bote. En medio del caos correspondiente, dos señoras, a algo así como dos metros de distancia la una de la otra, discutían a voces sobre qué tontería habría hecho la Marcelina –hija de una de ellas, según todas las trazas–… que no le bajaba la regla. Me quedé tan perplejo que todavía lo recuerdo.

Me venían entonces a la cabeza mis largos viajes diarios en el metro de París, en el que, incluso a las horas más punta, podías ir tranquilamente estudiando la Fenomenología del espíritu, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel –digo, por poner un ejemplo sencillote–, sin que ninguna voz ambiental te hiciera perder la concentración. Las conversaciones de los viajeros fluían con tanta discreción que sólo producían un leve zumbido de fondo. Lo mismo sucedía –y seguirá sucediendo, supongo– en los restaurantes, aunque de eso puedo hablar menos, porque mis ingresos de entonces no me permitían entrar en ese tipo de establecimientos, salvo que algún pudiente me invitara. En cambio, en los restaurantes españoles, a nada que se llenan, se monta a toda velocidad un terrible mecanismo de emulación: los de una mesa se ponen a hablar a grandes voces, con profusión de risotadas; los de la de al lado suben de inmediato el volumen, para poder oírse por encima del ruido de los vecinos; los de la mesa siguiente gritan todavía más que los otros dos, porque, si no, no se enteran… y así hasta que acaba la ronda y vuelve al principio.

Hace algunos meses, un día que salí a hacer recados y se me hizo tarde, me metí a comer en un restaurante, no muy alejado de mi casa, del que me habían hablado bien. Y era cierto que la comida estaba buena, pero el ruido ambiental era tan ensordecedor que en cosa de nada se me puso un dolor de cabeza espantoso. Acabé engullendo de mala manera lo que me quedaba en el plato y largándome a escape, antes de que me diera un pasmo.

En resumen, ¿qué? ¿Bien Francia y mal España? Pues no es tan sencillo como podría parecer. Porque es cierto que allí la vida en la calle y en los espacios públicos es mucho menos apabullante, más discreta y tranquila, y eso se agradece –yo, por lo menos, lo agradezco–, pero es igual de cierto que también resulta menos cálida, más distante, más envarada y, según cómo y según cuando, menos divertida.

Es el problema que tienen muchísimas cosas en esta vida: que los lotes se venden enteros. Con sus pros y sus contras, sus virtudes y sus defectos.

Lo humano es siempre –por naturaleza, me temo– desesperantemente contradictorio.

El pasado domingo, La Sexta dio cuenta de los resultados de un sondeo, elaborado por encargo suyo, según el cual una abrumadora mayoría de los españoles –está bien el adjetivo: lo suyo resulta abrumador– considera que los médicos deben dejar que Iñaki de Juana se muera, «puesto que es eso lo que se está buscando», y que la sentencia que dictó contra él la Audiencia Nacional por la publicación de dos artículos en Gara fue justa.

Me juego lo que sea (y gano seguro) a que la abrumadora mayoría de esa abrumadora mayoría no ha leído los dos artículos de De Juana en Gara. Habla por boca de ganso. Lo único que toda esa gente tiene claro, en realidad, es que odia a De Juana, razón por la cual está dispuesta a aplaudir cualquier cosa que le perjudique. Aunque no se ajuste a un Derecho que, por otro lado, tampoco conoce.

Supongo que muchos de ellos estarán ahora convencidos de que el Tribunal Supremo se ha rajado. Aunque lo cierto sea que el alto tribunal ha anulado la pena que impuso la Audiencia Nacional a De Juana por amenazas terroristas porque, se miraran como se miran los dos artículos periodísticos en cuestión, no aparecerían las amenazas terroristas por ningún lado.

Algo semejante le pasa a la mentada abrumadora mayoría con lo de la alimentación forzosa. ¿Qué parte del personal que propone que se le retire a De Juana la alimentación forzosa es consciente de que la legislación española actual no autoriza la eutanasia activa, razón por la cual el Estado no puede permitir, si está en su mano, que un ciudadano se provoque voluntariamente la muerte?

Hace unos días oí una serie de entrevistas a pie de calle realizadas en Andalucía. Buscaban opiniones sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía, que va a ser sometido a referéndum el domingo próximo. Casi todos los interrogados admitían que no habían leído el texto que se va a votar y que apenas sabían nada sobre su contenido, lo que no les impedía decir a continuación que acudirán disciplinadamente a las urnas.

Han oído que está bien, y con eso tienen suficiente.

Entre los entrevistados, apareció un abuelo que me hizo gracia de verdad. Le pidieron su opinión sobre el nuevo Estatuto y respondió: «Bueno, pues yo digo que, si es para bien, pues bien, pero si es para mal, pues mal». Científico.

La pasada semana asistimos a un espectáculo semejante a costa de Oleguer Presas, el jugador del Barça que escribió sobre las «zonas oscuras» del Estado de Derecho, centrándose, precisamente, en el caso De Juana. ¿Cuántos de quienes se apresuraron a reprobar sus opiniones habían leído el artículo materia de polémica? Supongo que una minoría. Pero les daba igual: oyeron que criticaba cómo se está comportando el Estado con el preso de ETA y con eso les bastó y les sobró para poner a parir al futbolista, por los motivos ya enunciados al comienzo de este Apunte.

A decir verdad, tampoco estoy muy seguro de que no pueda decirse tres cuartos de lo mismo, sólo que a la inversa, de algunos de los que el domingo vitorearon a Oleguer en el Camp Nou cuando entró en el terreno de juego. ¿Cuántos lo hicieron porque habían leído su artículo y comparten sus argumentos, y cuántos sólo porque al de casa se le defiende, como decía Rafael Vera de la Patria, «con razón o sin ella»?

«A distinguir me paro las voces de los ecos», escribió Antonio Machado en su célebre Retrato. Resulta desalentador comprobar qué pocas voces hay, y cuántos ecos. Son muchísimos los ciudadanos que oyen lo que se dice –lo que expanden desde las tribunas mediáticas los fabricantes de ideología dominante– y se limitan a repetirlo lo mejor que pueden, renunciando a acudir a las fuentes para hacerse un criterio propio, de primera mano. Y creen que tienen voz, cuando son sólo ecos.

Las encuestas que realizan cada dos por tres los medios de comunicación representan, la mayor parte de las veces, meros ejercicios de comprobación de la eficacia de su trabajo previo de adoctrinamiento.

 ____________

Addendum.– Me escribe un amigo para alertarme contra el nuevo sistema operativo Windows Vista. Dice que impide a sus usuarios bajarse vídeos y música de la Red, copiar deuvedés y cedés, fabricarse cedés con canciones tomadas de aquí y de allá, pasar cedés a mp3 y no sé cuántas cosas más. Además –me cuenta–, una vez instalado el Windows Vista, no hay modo de retroceder para recuperar la situación anterior.

Yo no tenía ninguna intención de instalarme el Windows Vista, primero porque me parece muy caro, segundo porque no tengo por ahora ninguna necesidad de él, y tercero porque me consta que Microsoft es especialista en poner sus nuevos productos en el mercado antes de haberlos probado debidamente, utilizando a las primeras hornadas de usuarios como conejillos de Indias. Pero, si es verdad lo que he recogido al principio y no se trata de una e-leyenda, habría una cuarta razón mucho más poderosa que las otras tres para no instalarlo ni ahora ni luego, mientras no permita saltarse esas barreras.

Si alguno de vosotros tiene experiencia directa del funcionamiento de Windows Vista y está en condiciones de confirmar o desmentir los graves inconvenientes que he mencionado, le ruego me lo haga saber, para difundir esa información entre los visitantes de esta página. (Abstenerse, por favor, quienes «lo saben de muy buena tinta» o se lo ha dicho «uno que sabe mucho». Esta solicitud se dirige en exclusiva, insisto, a quienes tengan experiencia directa en el manejo del nuevo sistema operativo y puedan emitir un dictamen de primera mano.)

El vespertino francés Le Monde publicó el pasado sábado una larga entrevista con Robert Cauthorn, que pasa por ser un pionero de la información en línea  y un experto en periodismo digital. Como la mayoría de los gurús del ramo, también Cauthorn predice que los periódicos de papel, tal como los conocemos hoy, constituirán dentro de cinco años un fenómeno casi residual. Da por hecho que los diarios electrónicos, actualizados constantemente, les ganarán la batalla de la información caliente, que las ediciones en papel acudirán a los kioscos sólo los fines de semana y que su contenido se parecerá cada vez más al de las actuales revistas (artículos amplios de análisis, material diverso para contextualizar las noticias, opiniones, entrevistas en profundidad, etc.).

No lo veo tan claro. Quizá esté extrapolando mi propio modo de encarar el fenómeno, pero, a mí por lo menos, la presentación de los diarios electrónicos me aporta una información bastante más pobre que la que me proporcionan las páginas de los periódicos. No me es imprescindible tener el periódico de papel en las manos, pero sí prefiero, y con mucho, ver cómo cada diario organiza y jerarquiza las informaciones que incluye. El lugar que cada noticia ocupa en la página, el hecho de que vaya en una página par o impar, el cuerpo de letra elegido para unos y otros titulares, el tamaño y la colocación de las fotografías (caso de que la haya)… todos esos elementos, que permiten sacar conclusiones de importancia nada desdeñable sobre cómo cada periódico interpreta la realidad, no nos los aportan los diarios electrónicos, dentro de los cuales todas las noticias, salvo las de portada, tienen una presentación uniforme. Es por eso por lo que algunos, cuando leemos la prensa por internet, así que se nos ofrece esa posibilidad nos descargamos las versiones en PDF. Para leer los diarios tal como aparecen en las ediciones de papel.

Eso sin contar con que los periódicos de papel ofrecen posibilidades de lectura que difícilmente podrán abarcar los diarios electrónicos. Quien sale a trabajar con las legañas aún puestas y vuelve a casa a las tantas no tiene opción real: o lee la prensa de papel aprovechando los tiempos muertos de la jornada (los desplazamientos en transporte público, el café en el bar, la espera en alguna de las muchas colas que tenemos que hacer para mil cosas, la hora de la comida…) o no lee ningún diario.

A mí nunca se me han dado bien las profecías, así que no me atrevo a afirmar que vaya a ocurrir esto, lo otro o lo de más allá. Pero tampoco me parece que haya datos suficientes que avalen los vaticinios de todos los que ya están repartiéndose la piel de la prensa de papel antes de haberla cazado.

El caso Watada es materia de agrias controversias en los Estados Unidos de América.

Ehren Watada es un teniente del Ejército estadounidense que tiene pendiente un Consejo de Guerra por haberse negado a participar en la ocupación de Irak no sólo por imperativos de conciencia, sino también –y ése es el aspecto más singular del caso– por razones legales.

Contaré brevemente los antecedentes del acto de rebeldía que está protagonizando, muy poco conocido en España.

El teniente Watada, de 28 años, nació en Honolulú. Hijo de Robert Watada, que en su día se negó a combatir en Vietnam, se encontraba en la base militar de Fort Lewis, en el estado de Washington, cuando se enteró de que su unidad iba a ser enviada a Irak. Según su propio relato, decidió informarse sobre la guerra a la que le destinaban. Leyó bastantes libros y muchos artículos de prensa para conocer la Historia de Irak, los antecedentes y la actualidad del conflicto, la legislación internacional aplicable al caso y las razones y los fundamentos jurídicos de la intervención militar norteamericana. También tuvo  numerosos contactos con veteranos de esa guerra. Una vez informado, llegó a la firme conclusión de que la intervención militar ordenada por George W. Bush viola la Constitución de los Estados Unidos, el Acta de Poderes de Guerra, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y los principios establecidos por los juicios de Nuremberg.

Watada no es objetor de conciencia. No se opone a todas las guerras por principio. De hecho, propuso que lo destinaran a Afganistán, porque entiende que esa guerra cuenta con la legitimidad necesaria, dado el respaldo que le otorga la ONU. No así la de Irak, que fue aprobada por un Congreso que –recuerda– fue engañado con informaciones falsas sobre el régimen de Sadam Husein, del que Bush aseguró que estaba en posesión de armas de destrucción masiva y que tenía lazos directos con Al Qaeda. Entiende que acatar la orden de ir a Irak le conduciría a participar en la comisión de crímenes de guerra, a lo que no está dispuesto.

Como he mencionado antes, el teniente Watada no esgrime sólo motivaciones éticas, sino también legales. Se siente respaldado por la Constitución de los Estados Unidos, que ampara la desobediencia de órdenes injustas, y también, y sobre todo, por los principios que fijaron los juicios de Nuremberg contra diversos servidores del III Reich. Allí se rechazó de plano la eximente, a la que apelaron las defensas de diversos acusados, llamada «de obediencia debida». No pocos militares del Ejército hitleriano fueron condenados, y algunos de ellos condenados a muerte y ejecutados, porque, según criterio del tribunal, si un soldado recibe una orden manifiestamente injusta y criminal, tiene el deber de desobedecerla.

El Consejo de Guerra que juzgará al teniente Watada el 19 de marzo –el que se inició el pasado 8 fue anulado por defectos de forma– puede condenarlo a 8 años y medio de cárcel. Pero, si lo hace en función de la acusación que pesa ahora mismo contra él, basada en el supuesto principio de que un soldado está obligado a respetar la cadena de mando, lo único que demostrará es lo que, por desgracia, ya sabíamos de sobra: que la estricta justicia sólo castiga a los derrotados. A los militares del III Reich se les podía exigir desobediencia a las órdenes injustas por una sola razón: porque habían perdido la guerra. No concurriendo esa condición en el caso de los EEUU, podemos dar por hecho que el teniente Watada será condenado.

Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: El teniente Watada.

COMANDO DIXÁN.– Al final, la Audiencia Nacional no ha tenido más remedio que reconocer que era broma, pero acertada, llamar «Comando Dixán» a los seis salafistas detenidos en Barcelona en enero de 2003. Uno de ellos, incluso, ha quedado libre sin cargos (eso sí, cuatro años después).

Quienquiera que se tome el trabajo de leer lo que escribí por entonces verá que señalé que los elementos químicos que les habían incautado podían servir para fabricar napal… o para fregar. Recordé que los cócteles molotov que fabricaban los estudiantes levantiscos de los años 60 –nada que ver conmigo, que he sido pacifista desde bebé– añadían, a la tradicional gasolina, ácido sulfúrico y detergente, porque eso potencia la capacidad incendiaria del artefacto y se consigue que el líquido inflamado se pegue y penetre por los resquicios del objetivo alcanzado. Se convierte, por decirlo abreviadamente, en napalm.

Dice la Audiencia Nacional que eso es muy complicado y exige amplios conocimientos de química. Y un cuerno. El FBI tenía razón cuando informó que con lo que los islamistas de Barcelona tenían en su casa se podía fabricar napalm. Lo que no dijo es que se trata de productos que hay en muchísimos hogares, donde se utilizan para limpiar. Es como si te encuentran en posesión de pastillas de cloruro potásico y de azufre. Si los mezclas, haces una especie de pólvora. Si no, lo mismo los usas para lo que están en el mercado.

¿Que, aparte de eso, habían formado una célula de pretensiones terroristas? No lo sé. La Audiencia Nacional dice que sí, pero ¡dice tantas cosas la Audiencia Nacional! Ayer mismo vimos que condenó a un ciudadano por tráfico de cocaína y que el Tribunal Supremo –José Antonio Martín Pallín fue el redactor de la sentencia– lo ha declarado inocente y le ha concedido la libertad sin cargos. Lo definitivo no es de qué acusa la Audiencia Nacional, sino de qué ni siquiera ella se anima a acusar.

OLEGUER.– Recuerdo, aunque sin demasiada precisión, que hace años –algo así como diez– los futbolistas del Real Madrid decidieron no hacer declaraciones a la prensa. Se habían enfadado por cualquier chorrada de las de ellos. Cuando se lo comentaron al director del medio para el que yo trabajaba por entonces, se echó a reír y dijo: «¡Eso que salimos ganando! ¡Para las tonterías que suelen decir!»

Oí la otra noche un programa radiofónico deportivo en el que se pasaron más de media hora hablando de las declaraciones del defensa del F.C. Barcelona Oleguer Presas. Era un programa realizado en la central de la cadena, en Madrid. La animosidad contra el futbolista era llamativa. Uno de los intervinientes repetía sin parar: «Pero, ¿y quién es Oleguer? ¿Y a quién le importa lo que piense?» Cada vez que lo decía, yo le respondía mentalmente: «Pues es un señor del que venís ocupándoos desde hace un montón de rato. Y se ve que lo que dice le importa a bastante gente, empezando por vosotros mismos».

Oleguer es un gran futbolista. Y es también un ciudadano que cuenta con un buen nivel cultural, que está informado y que tiene opiniones propias. Opiniones que –dicho sea de paso, aunque eso dé lo mismo, a estos efectos– comparto. Kelme le ha retirado el patrocinio porque no quiere subvencionar a deportistas que expresen opiniones críticas con el orden constituido. Es muy libre de hacerlo. Como los ciudadanos que discrepen  son muy libres de no volver a comprar ningún producto de la marca Kelme, como prometo hacer yo.

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha criticado a Oleguer por haber hecho declaraciones políticas dentro del recinto del club. No ha criticado nunca las expresiones de nacionalismo catalán realizadas por el público del Camp Nou. ¿Piensa tal vez que no son políticas? ¿No será que se ha buscado una excusa para distanciarse de Oleguer precisamente por razones políticas?

Otro futbolista, Salva Ballesta, realizó hace unos cuantos años unas declaraciones de signo inequívocamente ultraderechista en las que, entre otras cosas, se declaró dispuesto a acudir a combatir en Irak a favor del trío de las Azores. Hizo gala de su militarismo, de su odio por la izquierda y de su nacional-catolicismo. Todos los cronistas deportivos se lo tomaron como una ocurrencia a la que no valía la pena dar mayor importancia. Naturalmente, a nadie se le ocurrió quitarle ningún patrocinio. Tampoco a los fabricantes de las botas en las que él se hace poner la bandera del Reino de España con las intenciones que no hace falta ser Sherlock Holmes para deducir.

Así están las cosas, y así se las contamos.

AZNAR, ZOQUETE.– Incluso para salirse por peteneras se requiere cierta habilidad. Las excusas que dio el otro día José María Aznar para justificar la posición que adoptó con respecto a las supuestas armas de supuesta destrucción masiva que supuestamente almacenaba Sadam Hussein fueron tan bobaliconas y tan mal traídas que hasta los periodistas más torpes del país han sabido ponerlo en evidencia. ¿Que nadie sabía? Claro que no. Yo mismo, por ejemplo, no sólo no sabía entonces si Sadam Hussein tenía armas de ese tipo, sino que ni siquiera sé ahora mismo si José María Aznar tiene escondida en su casa una bomba atómica. Pero, como no lo sé, no lo afirmo. El quid de la cuestión está en que él aseguró que sí lo sabía. Está registrado lo que dijo en una entrevista televisiva: «Puede estar usted seguro y pueden estar seguras todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.»

Lo peor es que estoy seguro de que, cuando dijo eso, estaba convencido de que decía la verdad. Porque era lo que le habían asegurado George Bush y Colin Powell, y él, que es un papanatas, se tomaba lo que salía de los labios de esa gente cual verdad revelada. Les creía a pie juntillas.

No les costó nada convertirlo en incondicional. Porque, como casi todos los señores de segunda, Aznar tiene alma de siervo.