Columnas
de Javier Ortiz aparecidas en
durante el
mes de octubre de 2003
(para fechas anteriores, ve al final de esta página)
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Un pueblo que no es pueblo |
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JAVIER ORTIZ Arrasa la moda marcada por Pilar del Castillo. Ella demostró que para poner a caldo una película no hace ninguna falta haberla visto; que basta con fiarse de lo que dicen otros. Ateniéndose sin duda al ejemplo
de tan alta desenvoltura, son legión los que están poniendo a parir el plan
Ibarretxe sin haberse tomado el trabajo de leerlo. Reconocen con toda
naturalidad que hablan de oídas. «Sin complejos», como dicen ahora. En
realidad, ¿para qué iban a leerlo? De hacerlo, lo mismo se enteraban de que
no es un plan secesionista, que se plantea como una propuesta de partida,
abierta a la discusión, y que, en todo caso, aspira a progresar siguiendo las
vías de reforma del Estatuto previstas en el propio Estatuto. Prefieren no
enterarse de esas cosas: podrían perder las ganas de hacer vudú con Ibarretxe,
y de eso al diálogo (¡cielos: diálogo, qué horror!) sólo habría un paso. Me deja atónito el empeño que
ponen tantos y tantos en argumentar
que la puesta en práctica del plan
Ibarretxe llevaría al enfrentamiento entre «las dos mitades» en que se divide
el pueblo vasco, porque implicaría que «una mitad» impondría sus particulares
designios a «la otra mitad». Es absurdo que insistan tanto en
ello. Primero, porque ese argumento se basa en premisas no constatables. Y
segundo, porque no tiene la menor trascendencia de cara al reforzamiento de
sus posiciones. En efecto, y como ya he señalado
en alguna otra ocasión, no existen datos que permitan sostener la tesis de
que el pueblo vasco está dividido a efectos políticos en «dos mitades casi
iguales», como se dice con harta frecuencia. La constatación de los
resultados electorales de los últimos años indica que los partidos favorables
al derecho de autodeterminación reciben el apoyo de cerca del 60% de los
votantes, en tanto los partidos hostiles a ese derecho apenas superan el 40%.
Eso si nos referimos a los votantes. Porque, de hacerlo con respecto a la
totalidad del censo electoral, los porcentajes de los unos y los otros son
bastante inferiores, incluso en las elecciones de mayor participación, como
las de 2001: 45,5% para los primeros, 32% para los segundos. Cabe objetar que nunca se ha
votado con el derecho de autodeterminación como asunto en discordia, lo cual
es cierto. Pero no veo que haya otro modo de saber exactamente lo que piensa
al respecto el pueblo vasco que preguntándoselo. Y ahí es donde nos topamos con
la madre del cordero. Porque lo que sostienen quienes rechazan la
autodeterminación es, lisa y llanamente, que los vascos no tienen derecho a
decidir su propio futuro. Ni por mayoría ni por minoría. El principio del que
parten es que, para decidir qué se hace en Euskadi, vale lo mismo lo que
piense un ceutí, un ilicitano, un mindoniense o un donostiarra. O sea, que el
pueblo vasco, como tal pueblo, carece de derechos. Es un punto de vista. Ya sólo
les queda conseguir que los vascos lo acepten. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 29-X-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Iturgaiz desatado |
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JAVIER ORTIZ El presidente del PP vasco,
Carlos Iturgaiz, montó ayer en cólera porque el consejero de Justicia del
Gobierno autónomo, Joseba Azkarraga, dijo que el partido de Aznar es heredero
del franquismo. Según Iturgaiz, eso constituyó «un insulto intolerable». ¿Por qué? No lo sé. Supongo que
Iturgaiz estará enterado de que en el PP hay un buen número de ex altos
cargos del régimen franquista. Debe de saber igualmente que casi todos asumen
esa parte de su pasado sin ningún pesar. Incluso algunos –el presidente
de honor de su partido, sin ir más lejos– insisten en presentar sus
servicios a Franco como una muestra más de su acendrado patriotismo. Por lo demás, si todos los jefes
del PP que cuentan con la edad necesaria presumen de haber protagonizado la
reforma del régimen franquista, ¿qué puede tener de insultante considerarlos
franquistas reformados? Iturgaiz, enrabietado, respondió
emparentando al Gobierno vasco con ETA. Se creyó en la obligación de decir
algo y dijo lo de siempre. La dirección del PP vasco tiene
unas relaciones muy singulares con la lógica. Tómese su amenaza de separar
Alava de Euskadi en el caso de que siga adelante la iniciativa de Ibarretxe.
¡La misma gente que condena como crimen horrible que se propugne un nuevo
modo de integración de Euskadi en el Estado maneja con total tranquilidad,
como hipótesis legítima donde las haya, la posibilidad de separar Alava de
Guipúzcoa y Vizcaya! Tanto da, porque la población alavesa no se lo
permitiría. Pero da cuenta de su talante.
De todos modos, con lo que los
jefes del PP vasco están batiendo todos los records del disparate es con su
propuesta de reformar el Código Penal para mejor perseguir a Ibarretxe y a
Atutxa. «Es muy grave ese desafío al Estado de Derecho, a la democracia y a
la Constitución que significa el plan Ibarretxe», dijo anteayer Iturgaiz. Y
siguió: «Es un atentado contra la Constitución y no puede salir gratis». No tengo ni idea de cómo supone
Iturgaiz que cabría utilizar el Código Penal reformado para castigar hechos
ocurridos con anterioridad. Casi prefiero no imaginármelo. En tiempos habría
dicho que eso es imposible, pero la experiencia me ha vuelto cauto: en esta España de hoy,
ya no me atrevo a dar ningún principio jurídico por inamovible. En todo caso, ortodoxias legales
al margen, ¿cómo no quedarse estupefacto ante la barbaridad que supone
reclamar castigo penal para quien defiende una alternativa y la impulsa a
través de las vías previstas en la propia ley? «Reformar el Código Penal para
impedir el planteamiento de ideas legítimas es un error de bulto», objetó al
punto Patxi López, secretario general del PSE-PSOE. Pero se equivoca. Lo de Iturgaiz
no es un error. Está en perfecta sintonía con otras muchas iniciativas, con
muchos otros planteamientos. No es un error. Piensan así. Eso es lo peor. [Copia del artículo publicado en El Mundo el 25-X-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Donantes y anticipantes |
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JAVIER ORTIZ Dice José María Aznar que el Ejército español tiene que
prepararse para acometer «acciones de carácter anticipatorio». ¿Y por qué
habría de hacerlo? De momento, porque lo dice él, que sabe de sobra que esa
pretensión suya contraría tanto la orientación estratégica marcada a las
Fuerzas Armadas por el Parlamento español como la legalidad internacional,
que no admite las acciones armadas basadas en meras suposiciones. Aznar vuelve a sus orígenes: «Teníamos un problema y lo
hemos resuelto», dijo hace siete años tratando de justificar que la policía
hubiera drogado a un grupo de inmigrantes para expulsarlos más fácilmente de
España. La diferencia estriba en que ahora está dispuesto a
aportar soluciones sui generis sin
demostrar siquiera que el problema exista. ¿Qué pretende? ¿Que nos fiemos de
su olfato? No es fácil olvidar que respaldó la guerra contra Irak
presentándola como una operación «de carácter anticipatorio» destinada a
impedir que Sadam Husein pudiera utilizar sus terribles armas de destrucción
masiva, y que luego esas armas no han aparecido por ningún lado. Su
anticipación ha demostrado ser como el poder limpiador de aquel detergente
cuya publicidad decía: «¡Elimina las manchas antes de que aparezcan!». Pero a él esos pequeños detalles no le arredran. Él no
se para en barras... salvo cuando van acompañadas de estrellas. En cuyo caso,
se para, se cuadra, saluda y hace lo
que le pidan. Como poner sede a la mal llamada Conferencia de Donantes para
Irak, que va a celebrarse en Madrid mañana y pasado. Conferencia ¿de qué? ¿De donantes, dicen? Según el
Diccionario de la Real Academia Española, «donar» es «traspasar uno
graciosamente a otro alguna cosa o el derecho que sobre ella tiene». No hace
al caso hablar aquí de donación. No es ya que la intención de los reunidos no
sea traspasar graciosamente nada; es que ni siquiera se proponen traspasar.
El dinero que van a rascarse del bolsillo no lo van a poner en manos de otro,
sino en las suyas propias. Lo van a hacer sirviéndose de un lacayo al que
admiten sin recato que vigilarán muy de cerca, no vaya a ser que tenga ideas
propias sobre dónde, cómo y cuánto invertir. Ellos mismos dan cuenta de sus verdaderas intenciones
cuando invitan a tales o cuales inversores privados a que se sumen a su
iniciativa. Les aseguran que harán un buen negocio y que obtendrán
importantes beneficios. ¿Desde cuándo una donación produce réditos? Para que no falte de nada, el delegado del Gobierno en
Madrid ha decidido cambiar el recorrido de la manifestación de protesta
contra la Conferencia, que está prevista para mañana a las 19:30. Ha ordenado
que salga de la Plaza de Atocha. Para que no estorbe. Que no llame la
atención más de lo conveniente. Consuélense los manifestantes: todavía Aznar no ha
ordenado ninguna «acción de carácter anticipatorio» contra ellos. Que yo
sepa, quiero decir. [Copia del artículo publicado en El Mundo el 22-10-2003] Para
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Suma y sigue |
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JAVIER ORTIZ ¿Por qué razón el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó a la Guardia Civil que procediera en la madrugada del jueves a la detención de algunos editores y empresarios relacionados con el mundo del euskara y al registro de sus locales, cuando los propios arrestados habían manifestado públicamente su voluntad de colaborar con la justicia para disipar cualquier sospecha de colaboración con ETA por su parte? ¿Por qué Del Olmo no les llamó a declarar, sin más? ¿Qué necesidad tenía de recurrir a procedimientos tan excepcionales? ¿Lo
hizo, tal vez, para que no huyeran? Aunque no aceptáramos la sinceridad de
su disposición a declarar, lo que
tampoco podríamos creer es que el juez ordenó su detención nocturna para
cogerlos por sorpresa. Porque no hubo tal: media Euskadi, incluidos los
afectados, sabía que iban a ser detenidos. Incluso qué día. Hasta se cruzaron
apuestas sobre la hora. No me pregunten cómo se llegó a saber, porque lo
ignoro. Lo que sí sé es que se sabía. De haber querido huir, los perseguidos por
Del Olmo hubieran podido esperar a los emisarios del juez... en Katmandú. ¿Decidió
quizá la utilización de métodos tan extraordinarios a la vista de la gravedad
de los delitos concernidos? No. Aunque el diputado del PP vasco Carmelo
Barrio no haya dudado en llamar «asesinos» y «terroristas» a los arrestados,
el hecho es que de lo único que se ha hablado hasta ahora es de un posible
delito económico. Hasta el ministro del Interior, tan dado a atribuir delitos
no probados y a desconsiderar la presunción de inocencia –recordemos a
los peligrosos terroristas del detergente–, se ha cuidado esta vez de
relacionar con ETA a los detenidos. ¿Entonces?
¿Qué sentido tiene tratarlos como a terroristas y aplicarles leyes previstas
exclusivamente para los presuntos delitos de terrorismo? El
juez Baltasar Garzón dio en afirmar hace ya años que el diario Egin formaba
parte del entramado de ETA, por lo que decidió su clausura. Se habló mucho de
ello. A cambio, no se ha hablado apenas de que hace unos meses el propio Garzón
dictó un auto por el que autorizaba la vuelta de Egin a los kioscos, a
condición de que pagara tales y cuales deudas. ¿Era Egin un
instrumento de ETA o no? ¿Debemos entender que Garzón admitiría que volviera
a salir a la calle un instrumento de ETA? Sería imposible, en todo caso. Lo
que dijimos en su día se cumple ahora: no existe la clausura cautelar de un
diario; un periódico que deja de salir por un tiempo, muere. ¿Qué
clase de justicia es ésa, que permite que pasen los años y los sumarios
duerman el sueño de los injustos sin sustanciarse en nada? Éste
de Egunkaria y aledaños va camino de ser otro más. Mencionaba
antes las apuestas. Pueden ir ustedes cruzando algunas sobre el tiempo que
puede tardar en concluirse este sumario. Un
consejo práctico dictado por la experiencia: utilicen el año como unidad de
medida. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 18-10-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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¿Qué es el terrorismo? |
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JAVIER ORTIZ ¿Por qué las acciones de guerrilla que realizaban los mujaidines afganos contra las tropas soviéticas eran estupendas, y hasta merecedoras del apoyo fílmico de John Rambo, y en cambio los atentados perpetrados por los resistentes iraquíes contra las fuerzas de ocupación de Washington y sus aliados deben obligatoriamente ser calificados de terroristas? Los
amantes de las formalidades legales recordarán que el Ejército de la URSS
acudió a Afganistán a petición del Gobierno legítimo de Kabul. No es el caso
de la fuerza aliada que se ha instalado en Irak. ¿No era terrorismo ponerle
bombas a aquel y lo es sin sombra de duda colocárselas a ésta? Parece
urgente delimitar qué se entiende por terrorismo, si se pretende que el
término sirva para algo mínimamente riguroso. Cuando
hace unas semanas se reunió bajo los auspicios de las Naciones Unidas una
Conferencia internacional para el estudio de las raíces del terrorismo, Aznar
avanzó una serie de propuestas, entre ellas la de desconsiderar las
circunstancias en que germinan los brotes de terrorismo, ciñéndose a la lucha
contra las organizaciones que lo practican. Entonces, su amigo Tony Blair le
respondió algo muy en sintonía con lo que he escrito yo más arriba: que es
imposible llevar una lucha específica contra el terrorismo si no se empieza
por definirlo. He
oído muchas disertaciones de Aznar sobre el terrorismo, pero nunca algo que
se parezca a una definición. Sin embargo, hay definiciones del terrorismo. La
más común es la que lo identifica con una estrategia destinada a crear
mediante acciones violentas, a menudo indiscriminadas, un estado de miedo
insuperable en la población civil del enemigo, de modo que ésta se vea
forzada a presionar sobre sus gobernantes para obligarles a ceder en un
sentido indeseado. ¿Ejemplo de terrorismo? El que desplegó el FLN argelino en
su lucha por la independencia. O el que sirvió de piedra angular para la
constitución del Estado de Israel. O el que pone en práctica ETA. Todos
ellos emplearon la violencia –o la siguen empleando– contra la
población civil de sus enemigos. Pero
los guerrilleros iraquíes no atacan a la población civil del enemigo,
básicamente porque ellos actúan sólo en Irak y el enemigo no tiene población
civil en Irak. Su acción podrá estar todo lo mal que se quiera, pero no es,
en sentido estricto, terrorista. ¿No están Aznar y sus
seguidores de acuerdo con la definición que he recordado y tienen otra que
les parece mejor? Pues que la proporcionen de una vez, y veremos si se ajusta
más a la realidad. Pero apuesten ustedes a que no
la darán. Prefieren ocultar que para ellos, como para Bush, terrorismo no es
sino el nombre que conviene dar a la agrupación arbitraria del conjunto de
las formas de violencia que no están auspiciadas por ellos mismos. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 15-10-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Cuevas, ese secesionista |
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JAVIER ORTIZ Me da igual que José María Cuevas cargue con un oneroso pasado de falangista recalcitrante por el que jamás ha expresado autocrítica alguna. Me es igualmente indiferente que haya demostrado su falta de principios adulando con el mismo entusiasmo a Felipe González y a José María Aznar (a cada uno, eso sí, en el momento adecuado). Tampoco me preocupa lo más mínimo que la organización de los empresarios españoles tenga de jefe a alguien que jamás ha ejercido de empresario. Lo que
me resulta sorprendente, y mucho, es que el presidente de la CEOE se permita
defender la posibilidad de que el Gobierno tome medidas de excepción contra
la autonomía vasca y que sus propios compañeros no lo desautoricen en el
acto. El ciudadano
José María Cuevas puede recomendar al Gobierno, a título personal, que dé
respuesta al supuesto desafío de Ibarretxe poniendo en marcha las
medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución, o incluso las
sugeridas en el artículo 8, o las que sea. Quien no tiene derecho a hacerlo
es el presidente de la organización de los empresarios españoles cuando habla
en tanto que tal. Porque no hay nada en los Estatutos de la CEOE que obligue
a sus integrantes a estar en contra de las propuestas políticas de Ibarretxe,
ni su jefe es quién para pronunciarse contra ellas. Cabe
entender la frustración política de este señor, que pasó años rumiando su
rencor contra Aznar porque no daba suficiente cancha en el PP a los ex
falangistas como él y como su amigo Martín Villa, pero de ahí a permitir que
se sirva de la CEOE como una especie de partido ultra camuflado hay un
buen trecho. De entrada, los dirigentes de Confebask se han negado a secundar
sus soflamas, y no sólo porque saben que apenas ningún empresario vasco está
en sintonía con ellas, sino también, y sobre todo, porque han aprendido en el
último año cuántos problemas puede acarrear a una organización empresarial
salirse de su campo específico de acción. Pueden –cómo no, y con toda
la razón– clamar contra ETA, que los trae por la calle de la amargura.
Pero no lanzarse contra un Gobierno democráticamente elegido que les dispensa
un trato correcto, cuando no favorable. El
mitin de Cuevas ante Aznar y la Junta Directiva de la CEOE fue, ya digo,
totalmente improcedente. Otra cosa sería de haberlo expresado en un lugar
distinto y a título personal. En ese caso habría demostrado sólo su ceguera
política. Hay
gente que, en su desaforado afán por oponerse a un plan secesionista que no
es tal, está trabajando con penosa eficacia en la promoción de un
secesionismo real. Y es que, la verdad: si estás viviendo en una casa cuyos
dueños te niegan el saludo, te miran con inquina y hacen ver que no se fían
ni un pelo de ti, tampoco es fácil que conserves durante mucho tiempo las
ganas de quedarte en ella. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 11-10-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Gente que no trae cuenta |
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JAVIER ORTIZ Afirma el Tribunal de Cuentas que una cuarta parte
de los fondos que manejan los partidos políticos españoles tiene un origen
irregular. Su contabilidad oficial no refleja fielmente ni la totalidad de
sus gastos ni el verdadero monto de sus ingresos. El Tribunal critica que,
además, aprovechen su presencia en instituciones locales para procurarse
subvenciones suplementarias. A partir de ese retrato, sostiene que debería
reformarse la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, de modo que se
regulen determinadas prácticas confusas y se impida que otras claramente
impropias encuentren cobertura. ¿Alguna novedad? Ninguna. De hecho, es la enésima
vez que el Tribunal de Cuentas critica los puntos oscuros de la financiación de
los partidos y que recomienda cambios legislativos. Como será también la
enésima vez que los partidos tomarán nota y dirán que amén. Y a otra cosa. La verdad es que en este paripé nadie se llama a
engaño. Tanto el mencionado Tribunal como los partidos saben que la clave del
problema no está en la ley, sino en la propia realidad. Los partidos tienen
un volumen de gastos muy superior a sus posibles legales. El primer gran capítulo que desborda ampliamente
sus disponibilidades lo constituyen las campañas electorales. Se dejan en
ellas no sólo lo que no tienen, sino lo que nunca podrían tener. Otra gran carga –menor, pero enorme–
es la que les supone el mantenimiento de sus aparatos burocráticos: cientos de locales, sueldos de
personal, organización de actos, propaganda, etc. Tal volumen de gasto no podría verse compensado de
ningún modo por lo que aporta el Estado para el sostenimiento de las fuerzas
políticas con representación parlamentaria ni –mucho menos aún–
por las cotizaciones de los militantes. ¿Qué ocurre, entonces? Pues que entran en
funcionamiento, de modo casi natural,
las donaciones anónimas y los ingresos atípicos.
Teóricamente, ninguna donación anónima puede superar los 60.101 euros,
pero ¿cómo podría saberse si una misma mano caritativa no ha dividido una
cantidad muy superior en varias partidas menores? Es imposible, y el hecho mismo de que se
estableciera esa norma, tonta de origen, da cuenta del nulo rigor con que se
abordan estos asuntos. Si el Tribunal de Cuentas no se limitara a analizar
los papeles que le pasan y decidiera investigar lo que realmente gastan los
partidos en sus campañas electorales, vería cuán a menudo las cuentas no
salen. Ni sin donaciones ni con ellas. Y se toparía con lo que representa un
secreto a voces: con las comisiones –al tanto por ciento obligatorio o
a la voluntad del donante– que se derivan de la amable adjudicación de
grandes obras públicas, o de recalificaciones de terrenos, o de la asignación
oficial de determinados servicios. Pero todos prefieren hacer como si no. Porque, qué
caramba: hoy por ti, mañana por mí. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 08-10-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Otro tiempo, otra gente |
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JAVIER ORTIZ Acabo de
releer el Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi,
popularmente conocido como Pacto de Ajuria Enea. Como se recordará -o no-,
fue suscrito el 12 de enero de 1988 por todos los partidos con representación
en el Parlamento de Vitoria, salvo HB. Resulta curioso constatar que algunas
de las ideas que fundamentaron aquel Acuerdo son ahora anatematizadas por las
dos principales formaciones del panorama político español. Ejemplos: 1º) El Acuerdo reconocía que Euskadi no tiene sólo un problema de pacificación; que arrastra también problemas políticos históricos. 2º) En relación con el Estatuto de Gernika, el Pacto atribuía a «la voluntad mayoritaria del pueblo» la facultad de «decidir, en todo caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Unica del Estatuto, le hubiera podido corresponder».La redacción no es como para dar saltos de gozo, pero la idea queda suficientemente clara. 3º) Hablaba -a imitación del Estatuto de Gernika, por cierto- de la posibilidad de vinculación voluntaria de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Y 4º) Lejos de defender la ilegalización de HB, insistía en la necesidad de que esa organización entrara en las instituciones democráticas para defender desde ellas sus planteamientos políticos, por extremos que fueran. Quizá sea este
punto el que hoy produce una mayor melancolía. Recuerdo que, a lo
largo de las discusiones previas a la elaboración de aquel Pacto, cada vez
que alguien apuntaba esa idea («En el Estado de Derecho, todas las
aspiraciones políticas, todas, pueden promoverse con plena libertad, siempre
que se planteen de modo pacífico»), Carlos Garaikoetxea solía comentar,
sardónicamente: «Sí, cabe promoverlas todas. Lo que no está permitido es
conseguirlas». ¡Qué felices
aquellos tiempos en los que cabía promover cualquier idea, por mucho que
conseguirla fuera otro cantar! En la actualidad, tienes que andarte con mucho
ojo incluso a la hora de plantear tus aspiraciones. Porque pueden ponerte de
vuelta y media y acusarte de cualquier cosa. Ahora resulta que
Ibarretxe es «anticonstitucional» y «rupturista» porque se plantea la reforma
del Estatuto de Autonomía según los procedimientos previstos en las propias
leyes. ¡Rupturista! Se puede estar muy
de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, muy poco de acuerdo o nada de
acuerdo con la reforma que propone Ibarretxe. Pero ¿qué tiene de
anticonstitucional, si se somete a los cauces que el Estatuto y la
Constitución prevén para ese género de iniciativas? Háganme caso:
léanse el Pacto de Ajuria Enea y el Estatuto de Gernika, tan invocados, tan
desdeñados.Verán cómo parecen de otro mundo. O de otra gente,
al menos. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 04-10-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
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Las dos mitades |
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JAVIER ORTIZ Caen en
tromba sobre Ibarretxe los reproches. El más frecuente es el que le dirigen
quienes le acusan de tratar de imponer a la totalidad de la población del
País Vasco un futuro que sólo una exigua mayoría desea. «Este no es un asunto
que quepa resolver por el simple juego de mayorías y minorías», afirman. La primera respuesta que se le ocurre a cualquiera con un cierto apego por el sentido común -y por la democracia- es que no por respetar los derechos de la minoría -cosa siempre deseable- es lícito desdeñar los derechos de la mayoría. No violentar a los menos está muy bien; no violentar a los más, todavía mejor. Pero hay un punto
previo que conviene no dar por sobreentendido: el de las famosas dos mitades
en las que se divide el pueblo vasco, una sólo ligeramente -se dice- superior
a la otra. ¿En qué se basa
ese lugar común? Los votos que
reciben los partidos en las elecciones proporcionan una pista, desde luego.
Pero no indican para nada que la mayoría sea tan ligera. En las últimas
elecciones autonómicas, los partidos defensores del derecho de
autodeterminación obtuvieron más del 60% de los votos, por menos del 39% de
los que niegan la vigencia de ese derecho. Y hay que contar con que dentro
del 39% opuesto está la franja de votantes del PSE-PSOE que no ve con malos
ojos los planteamientos de Ibarretxe. Una franja que existe, y que tiene sus
propios líderes. Los votos dan -es
cierto- una pista. Pero sólo una pista. Porque, de creer lo que dicen los
estudios sociológicos realizados al respecto, hay un buen puñado de asuntos
políticos cruciales ante los que la población vasca muestra una fuerte
tendencia a la transversalidad. Según trabajos realizados por equipos de
sociólogos nada sospechosos de connivencia con el nacionalismo, muchos
votantes del PP y del PSOE son partidarios, por ejemplo, de que el futuro
nacional de Euskadi sea decidido en las urnas por los propios vascos, sin
injerencias ni dependencias externas. De modo que, para saber
con exactitud con qué posiciones se identifican unos y otros vascos y qué
tipo de relación desean tener con el resto de los pueblos que convivimos en
esto que llamamos España -y con los poderes que se dedican a administrar los
asuntos comunes-, no parece que haya otro modo que preguntárselo
específicamente. Sólo de esa manera se podrá saber si realmente hay dos
mitades casi iguales, o un 60/40 o -no lo descarten ustedes- un 70/30. Esa, y no otra, es
la consulta que plantea Ibarretxe. Una consulta que, dada la legislación
española al respecto, no tendría un carácter legalmente vinculante, pero que
dejaría las cosas claras, política y moralmente. Entonces cada cual
podría tomar postura. Y decidir si considera que hay que atender el deseo de
la mayoría del pueblo vasco o si lo que opinen los vascos sobre su destino le
parece una mera anécdota, siempre que la
mayoría de los no vascos se decanten por lo contrario. [Copia del artículo publicado en El
Mundo el 01-X-2003] Para volver a la página principal, pincha aquí |
Columnas publicadas con
anterioridad
[y no
incluidas en los archivos del Diario de un resentido social]
. Segunda quincena de julio
de 2003