El periodista español Pablo González lleva más de un mes detenido en Polonia por, presuntamente, espiar para los servicios de inteligencia militares rusos. No hace falta entender de derecho comunitario para saber que las circunstancias en las que se está produciendo su detención son del todo irregulares: sin comunicaciones con su abogado de confianza o la familia y, durante las dos primeras semanas, sin tan siquiera tener un abogado asignado.
A tenor de las informaciones que tenemos, cabe desconfiar también de la veracidad de las acusaciones pues, por lo poco que sabemos, se basarían en una supuesta doble identidad que concuerda con los pasaportes que se corresponden con su condición de español y ruso; o con vaporosas razones de índole ideológica que le habrían situado como sospechoso en una detención anterior, cuando trabajaba en Ucrania. Por otro lado, he escuchado a compañeros de trabajo y su pareja y, no teniendo más relación con la fiscalía polaca que la desconfianza inicial que todas las fiscalías me sugieren, he decidido creerlos cuando afirman su inocencia.
A pesar de ello, nada importa el párrafo anterior. Vuelvo al primero: un periodista español se encuentra en una prisión de alta seguridad, sin derecho efectivo a la defensa.
La semana pasada asistí a la entrega del premio otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista especializado en la ciudad, que correspondió a Diego Casado. Compañero y amigo. Junto con otros periodistas y profesionales de internet –que me han dejado ser sus aprendices – montamos hace más de una década Somos. Así que su premio es también, en cierta manera, un reconocimiento que hago mío y de otra gente querida.
En la gala estuvieron presentes algunos de los políticos madrileños del momento. Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso hablaron. Entre el público, Begoña Villacís, Ortega Smith o Marta Higueras, hasta donde llegué a ver. Los periodistas homenajeados no hablaron, sin embargo, salvo por boca de Peridis, que recibió en nombre de todos un premio por su carrera, pero no faltaron los discursos del presidente de la asociación y las autoridades que, como era de esperar, miraban contantemente a la guerra que está teniendo lugar en Ucrania. Ya se sabe, aquello de que “la primera víctima de la guerra es la verdad”.
Los reporteros de guerra recibieron merecidos elogios. La censura del gobierno ruso, (también merecidas) críticas. Pero, el silencio chirriante sobre el hecho de que hubiera un periodista detenido e incomunicado, sin que tuviéramos más información sobre su estado que la de una discreta visita consular, me parecía descorazonador. Y me lo sigue pareciendo una semana después.
Sería injusto decir que no ha habido pronunciamientos de compañeros sobre la detención de Pablo –sobre todo en Euskadi o en algunas cabeceras, como Público o La Base– pero la frecuencia de onda en la que se mueven las manifestaciones periodísticas sobre el caso las hacen pasar desapercibidas entre el guirigay informativo del día a día. Si hubiera que calificar la implicación del gremio con su compañero, los adjetivos se parecerían más a tibio que a contundente.
Razones, habrá muchas, y ninguna de ella deja en buen lugar a una profesión que en otras ocasiones, y por los aspectos más cosméticos, saca a relucir su corporativismo. Lo que en todo caso deberían pensar los compañeros periodistas es que, independientemente de la opinión que les merezca Pablo González o la credibilidad que otorguen a la fiscalía polaca y al entorno del periodista (ya que su palabra no han podido escucharla), lo único que a día de hoy importa es el primer párrafo de este comentario: un periodista español se encuentra en una prisión de alta seguridad, sin derecho efectivo a la defensa.
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