Quilombo

A propósito de la controversia sobre el mural que el pintor Miquel Barceló acaba de realizar en la cúpula de una de las salas del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, quizás lo más curioso no sea tanto la cantidad de dinero público que el gobierno español ha gastado en ella como el destinatario del mismo: el Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental heredero de la antigua Comisión de Derechos Humanos, y del que Estados Unidos se retiró en junio. Parece que el interés del gobierno español por la arquitectura de su sede es inversamente proporcional al interés por los resultados del trabajo de dicho órgano, que incluyen los informes que relatores especiales elaboran sobre cada país. Y en los que España no sale muy bien parada.

Pese a las servidumbres del lenguaje diplomático, en sus conclusiones preliminares de mayo de 2008 el "Relator Especial sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo" (triste coletilla), Martin Scheinin, contó cosas que son las que debería preocupar a la prensa española. Dejo algunas perlas:

- Sobre la definición de terrorismo:  

"Otras disposiciones de la sección pertinente del Código Penal (artículos 572-580), incluyendo la referencia a "cualquier otro delito" del artículo 574, la noción de " colaboración" del artículo 576 y la disposición enmendada del artículo 577 sobre la violencia callejera, sin embargo, conllevan el riesgo de un "deterioro gradual", es decir, que poco a poco se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no constituyen, y no guardan suficiente relación con actos de violencia grave contra la población en general. 

El Relator Especial señala a las autoridades españolas esta última conclusión, debido especialmente a la existencia de factores múltiples que, en el contexto de España, ponen de manifiesto el riesgo de un " deterioro gradual": la clasificación de delitos como terrorismo desencadena la aplicación de la detención en régimen de incomunicación; sustituye a la jurisdicción de los tribunales por la de la Audiencia Nacional, un tribunal especializado con jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y desencadena penas agravadas y cambios en las normas que rigen el cumplimiento de las sentencias. [...].  [El Relator Especial] es sin embargo consciente de las críticas articuladas contra la tendencia a ampliar el alcance de la aplicación práctica de estas disposiciones por parte de la Audiencia Nacional. Consciente del doble riesgo de que esta tendencia comprometa el requisito de legalidad que conlleva el artículo 15 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y del riesgo de comprometer la legitimidad y por ende la eficacia de la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial llama al Gobierno español a iniciar un proceso de examen pericial independiente sobre lo adecuado de las actuales definiciones."

- Sobre la colaboración con prácticas ilegales que atentan contra los derechos humanos:

"Se reconoció sin embargo que las autoridades consulares y de inteligencia españolas en 2002 estuvieron presentes en los interrogatorios de varios detenidos en Guantánamo, incluidos los de un ciudadano español y un marroquí con residencia legal en España. Posteriormente, dos personas fueron traídas a España para ser juzgadas. Al respecto, el Relator Especial celebra la reciente decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el caso ya que toda información obtenida en los interrogatorios realizados en Guantánamo es inadmisible como prueba en juicio alguno. El Relator Especial también recibió información relativa a la participación de España en el programa de la CIA de "rendiciones" o entregas extraordinarias, y tiene constancia de que se ha iniciado una investigación judicial sobre el uso de los aeropuertos españoles en la transferencia de sospechosos de terrorismo. Las autoridades informaron al Relator Especial de que dichos vuelos habían aterrizado, efectivamente, en aeropuertos civiles españoles en 2004, afirmando que no se habían establecido pruebas de violación alguna de los derechos humanos con relación a dichos incidentes. El Relator Especial recalca la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones cabales y adecuadas sobre caso y espera con interés los resultados de la investigación judicial sobre la cuestión. Recuerda que la práctica de las entregas extraordinarias, de por sí, equivale a una violación de los derechos humanos como la detención arbitraria, las desapariciones forzadas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes" 

- Sobre la tortura:  

"el Relator Especial expresa su inquietud por las alegaciones de tortura u otros malos tratos que siguen formulando los sospechosos de terrorismo y que no resultan sistemáticamente en investigaciones rápidas y cabales. El Relator Especial considera que esta situación deslegitima la lucha del Gobierno contra el terrorismo entre aquellos sectores de la sociedad española que más necesitarían convencerse del genuino apego del Gobierno central a la tolerancia cero frente a la tortura.  

Basándose en esta evaluación, el Relator Especial identifica medidas adicionales contra la tortura o los malos tratos, prioritarias para mejorar el conjunto de medidas antiterroristas en España. Durante su visita, el Relator Especial recibió información sobre recientes novedades positivas, como el llamado "Protocolo Garzón", aplicable en casos en que el detenido está en régimen de incomunicación. El protocolo comprende un sistema de supervisión mediante grabación de vídeo constante de los centros de detención policial y salas de interrogatorio, el examen por parte de un médico forense libremente elegido por el detenido, y la posibilidad de recibir visitas de familiares. El Relator Especial celebra estas medidas pero es sin embargo consciente de que el protocolo no se ha aplicado sistemáticamente. Solamente se aplica mediante decisión judicial para cada caso individual y por lo tanto, por definición, no a partir del momento de la detención en muchos casos. Además, sólo algunos de los jueces de la Audiencia Nacional aplican el protocolo. Como una medida de mejores prácticas, el Relator Especial ha sido informado de que la detención en régimen de incomunicación se ha prácticamente erradicado en los casos en que la Policía Autónoma Vasca (Ertzaintza) detiene a sospechosos de terrorismo y aplica protocolos más avanzados aprobados por las autoridades vascas pertinentes. 

El Relator Especial solicita erradicar por completo la institución del régimen de incomunicación. Este paso, que ya propusieron anteriormente, entre otros, el Comité de Derechos Humanos en 1996 (CCPR/C/79/Add.61), y el Relator Especial contra la Tortura en 2003 (E/CN.4/2004/56/Add.2) fortalecería la credibilidad de las medidas antiterroristas del conjunto de autoridades que velan por la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, aseguraría que quienes sean falsamente acusados de malos tratos para con presuntos sospechosos de terrorismo puedan quedar libres de cargos."