Quilombo

Ignoro si entre quienes se arremolinaron estos días en torno a la sede del Tribunal Supremo para informar del proceso judicial abierto contra el juez Baltasar Garzón, se encontraba Taysir Alony, un periodista de origen sirio que conoció de cerca cómo trabaja el ahora procesado y la propia Audiencia Nacional.

En una fecha tan apropiada como la del 11 de septiembre de 2003 Baltasar Garzón dictó desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, un auto por el que decretaba la prisión provisional, incondicional y comunicada, de Taysir Alony por su presunta vinculación con Al Qaeda. Vinculación que deducía de la relación personal de Taysir con Imad Eddin Barakat Yarkas, "Abu Dahdah", y otros sospechosos de pertenecer a la nebulosa organización, a uno de los cuales había entregado una determinada cantidad de dinero. El juez adoptó esta medida tras retomar una investigación que había sido archivada en 2000 por falta de indicios criminales. Pero en medio llegó el 11S y Garzón vinculó el viaje que Taysir había efectuado a Afganistán como corresponsal de AlJazeera a su causa contra Al Qaeda. El 21 de octubre de 2001, apenas dos semanas después del inicio de la agresión estadounidense, Taysir había realizado una entrevista histórica a Osama bin Laden. En 2003 viajó a Bagdad como reportero de la misma cadena para cubrir una nueva invasión y estuvo cerca de las inmediaciones del Hotel Palestina cuando un tanque estadounidense asesinó a José Couso y Taras Protsyuk. Volvió a España de manera voluntaria para responder a las acusaciones de Garzón.

Entonces empezó un calvario judicial, con otros jueces, con idas y venidas de la prisión y con una precaria salud, que culminó con la condena por la Audiencia Nacional, el 26 de septiembre de 2005, a siete años de prisión por ese cajón de sastre que se llama "colaboración con organización terrorista". En la sentencia se decían cosas como ésta: "Sus méritos periodísticos anteriores a la entrevista con Ben Laden –además de no acreditados- no pueden ser la causa de su contratación por una televisión de difusión extraordinaria en el mundo árabe como Al Yazira y con sede en Qatar." Da igual lo que dijera la propia cadena, ninguno de cuyos directivos estaba imputado en la causa. "Hay un elemento perverso, kafkiano en la acusación de Alony", escribió Leslie Crawford para el Financial Times en 2006, cuando el Supremo confirmó la condena.

El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente condenó esta semana al Estado español a pagar a Taysir, en concepto de indemnización y costas, 16.000 euros por no haber respetado las garantías procesales de un juicio justo. La ínfima repercusión mediática contrasta con el espectáculo que fue el macrojuicio. Según la sentencia del TEDH, España violó el artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La razón es que la juez ponente de la Sala que ordenó la detención provisional de Alony en 2004, Ángela Murillo -conocida por sus arrogantes salidas de tono- "era también la juez ponente de la sala que, el 26 de septiembre de 2005, condenó al demandante", por lo que Taysir "podía temer razonablemente que la juez Murillo tenía una idea preconcebida del asunto sobre el cual ella tenía que pronunciarse ulteriormente en tanto que miembro del tribunal y ponente de este último."

Es cierto que el TEDH no entra en el asunto de fondo y que descarta la vulneración de otros artículos. Pero no por ello deja de ser relevante su apreciación. Porque si primero el instructor y luego el tribunal sentenciador ataron cabos -hechos, personas y datos- del modo en que lo hicieron es por esa "idea preconcebida" que impregna toda la sentencia, y que no es otra que la consideración previa de determinadas personas como terroristas. Esa idea justifica que, por ejemplo, se asocie automáticamente la voluntad de cometer atentados al hecho de profesar una determinada ideología y que se mezclen con escaso rigor los términos muyahidines, talibán y Al Qaeda. Así, a "Abu Dahda" se le condenó por integración en Al Qaeda básicamente por su ideología islamista y por haber coordinado el envío de voluntarios a Chechenia, Bosnia y Afganistán (una forma de importar en nuestra jurisprudencia la figura del "combatiente enemigo"). Pero nunca se probó su participación en la preparación o comisión de ningún atentado, y de hecho el Tribunal Supremo, contrariamente a la Audiencia Nacional, le absolvió del delito de "conspiración para cometer el delito de homicidio terrorista", en relación con los atentados de 11 de septiembre de 2001. El Supremo tuvo que admitir que los indicios eran "inconsistentes, casi inexistentes". No obstante, mantuvo el cargo de integración en organización terrorista, figura discutible cuando se trata de redes difusas con diversos grados de conexión. Este tipo delictivo permite obtener condenas cuando no se puede probar ningún hecho delictivo concreto y puede estirarse a voluntad. Es lo que le sucedió al ceutí Hamed Abderramán Ahmed, quien pese a haber estado secuestrado en el campo de Guantánamo luego fue procesado por Garzón y condenado por la Audiencia Nacional por haber viajado a Afganistán para apoyar al gobierno talibán (que no es lo mismo que Al Qaeda). Aquí el Tribunal Supremo sí que le absolvió del delito de integración en banda armada: "[la Audiencia Nacional] efectuó una interpretación de la declaración [única prueba admitida] en términos que no permite la propia declaración efectuada. En realidad se trató de una reinterpretación." (STS 829/2006)

No podemos acabar con Guantánamo -aunque cierre- ni cortar con las raíces que nos atan al franquismo sin realizar una crítica radical de esa "idea preconcebida" del enemigo, que fundamenta un "derecho de autor que se centra no en lo que éste haya hecho, sino en lo que pueda hacer en su condición de terrorista" (STS 829/2006) y que "reinterpreta" hechos y declaraciones a conveniencia. Como está experimentando el propio Baltasar Garzón, el que ayer fue amigo, o ciudadano, puede volverse de repente enemigo. Y como le dijo Juan Domingo Perón hace casi cuatro décadas a Pino Solanas, "al amigo, todo; al enemigo, ni justicia."

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