Quilombo

Si querían restablecer la confianza en el sistema financiero de la zona euro con la draconiana intervención chipriota, han logrado exactamente lo contrario. Nadie quiso asumir la responsabilidad de la condición más controvertida requerida para aprobar el crédito destinado a salvar a los acreedores de la banca chipriota: un "impuesto" con el que gravar –una sola vez, aseguraban- al 6,75% los depósitos bancarios de menos de 100.000 euros y al 9,9% los depósitos superiores a esa cifra. Para asegurarse el cobro el gobierno debía impedir que los ciudadanos pudiesen retirar las cantidades afectas al impuesto de los bancos (lo que se conoce como “corralito”). La medida convertía en papel mojado la preservación de los depósitos inferiores a 100.000 euros establecida por la normativa comunitaria y establecía un peligroso precedente. Tras una serie de dimes y diretes, y el visto bueno del ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble, el Eurogrupo –integrado, no lo olvidemos, por los gobiernos de la zona euro, incluyendo España- dejó abierta anoche la posibilidad de que no se gravasen los depósitos de los pequeños ahorristas, con tal de que se recauden los 5.800 millones de euros que exige la troika. Sin embargo, en el momento que escribo continúa sin quedar claro cuál es el umbral a partir del cual se aplicará el “impuesto” [Actualización *] . Un término engañoso que no logra ocultar una medida confiscatoria. La más evidente –no necesariamente la más grave- de cuantas se han aprobado ya en los países del sur de Europa.

Existe un principio democrático que establece que no puede haber impuestos sin el consentimiento de aquellos a quienes se aplica, o mejor dicho, sin el debate y la aprobación de los más (que suelen ser quienes tienen menos). Este principio tiene su origen en la Carta Magna, el viejo pacto de los barones ingleses frente a las exacciones del Príncipe Juan. Otros principios son el de proporcionalidad, que indica que se debe atender a la capacidad económica o contributiva del sujeto pasivo, y el de equidad. Además, la recaudación de los impuestos –a diferencia de las tasas que se pagan a cambio de un servicio público determinado- se justifica por indivisibilidad del gasto público, que afecta a la sociedad en su conjunto (sanidad, educación, infraestructuras, etc.) y no a unos destinatarios determinados. Suele decirse que estos son principios liberales pero como indica la propia historia de la Carta Magna (muy anterior al nacimiento del liberalismo), en realidad se basan en la noción de común, en la idea de que todos debemos contribuir a y beneficiarnos equitativamente del todo.

Pues bien, el llamado “impuesto” que pretende aplicarse en Chipre vulnera todos estos principios. Aunque tiene que ratificarlo el parlamento chipriota para que entre en vigor en realidad es producto del chantaje planteado por el gobierno alemán, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, tras dos años de negociaciones que comenzaron con el anterior presidente chipriota, el comunista Dimitri Christofias. El gravamen no es proporcional ni equitativo: aunque ahora intenten restablecer cierta progresividad el mordisco para los pequeños ahorristas buscaba evitar que quienes tuvieran millones soportaran una exacción de más del 10 %, porcentaje perfectamente asumible como riesgo de inversión. Tampoco irá destinado a sufragar los servicios públicos esenciales, sino que servirá exclusivamente para pagar a los acreedores de los bancos. Como los chipriotas ni participaron en esta decisión ni la aceptan voluntariamente, se les niega la posibilidad de retirar fondos equivalentes a las cantidades que se deben recaudar. El presidente Nikos Anastasiadis prometió a sus ciudadanos que serían compensados con acciones en los bancos . Además, el Estado devolverá la mitad del impuesto pagado a los propietarios de depósitos que los mantengan durante más de dos años, a través de bonos sobre los futuros ingresos de gas, una vez que comiencen las prospecciones. Una promesa que pocos creen: en dos años puede suceder cualquier cosa en la eurozona. Por otra parte, la tasación de los depósitos pone de manifiesto problemas (impacto en la liquidez de las familias, falta de proporcionalidad, fuga de capitales) que podrían evitarse con un impuesto comunitario a las transacciones financieras.

Al “impuesto” se le añade el enésimo programa de ajustes y privatizaciones -aunque parece razonable un aumento del impuesto de sociedades del 2,5 al 12,5%- que en conjunto empobrecerá a la población de Chipre, no a los inversores extranjeros, lo que deslegitima aún más cualquier pretensión recaudadora del gobierno. Y falta por ver las condiciones que impondrá Rusia con su parte del rescate financiero. 

El sacrificio de los grecochipriotas se justifica porque son pocos y por la correspondiente moralina: la isla era un paraíso fiscal y un centro de blanqueo de dinero gracias a su hipertrofiado sector financiero, que ofrecía elevados tipos de interés a los ahorradores. Rusos adinerados se beneficiaron del mismo, como destaca la propaganda nacionalista alemana en año electoral. Todo esto es cierto, pero ni los millonarios rusos fueron los únicos beneficiarios ni Chipre es el único paraíso fiscal en Europa: ahí tenemos Luxemburgo o Liechtenstein, tan cerca de Alemania y mucho más eficientes a la hora de reciclar la mierda sin que se note. Pese a las bravatas de las cumbres del G20, los paraísos fiscales continúan siendo una pieza fundamental del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Y no es admisible que los ciudadanos más modestos de Chipre se vean exprimidos por ello.

El mezquino enfoque bilateral, intergubernamental, caso por caso, con el que se está afrontando la prolongada crisis del sistema financiero de la eurozona solo está sirviendo para dividir a los países del sur frente a Berlín y Bruselas, en una especie de competición por ver quién es más servil. Es muy posible que efectivamente fuera el presidente Anastasiadis quien se ofreciera a tasar los depósitos de menor cuantía, del mismo modo que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien propuso reformar la constitución para incluir la regla de oro del déficit cero y la prioridad del pago de la deuda. Este enfoque es tanto más lamentable cuanto que el déficit público agregado de los países de la eurozona es apenas del 3,3% (frente al 8,7% de Estados Unidos) mientras que el ratio de deuda pública en relación con el PIB es del 76% (101 % en Estados Unidos y 211 % en Japón). Estas cifras agregadas esconden enormes disparidades entre los países de la zona euro, pero precisamente los países que se nos presentan como modelo son los que se beneficiaron del dispendio de la periferia (y ahora de la conversión fraudulenta de su deuda privada en deuda pública). Como dice el macroeconomista e inversor Felix Martin, el dilema “no es sobre productividad sino sobre la distribución de la riqueza. La cuestión no es si la eurozona puede generar la suficiente riqueza para pagar sus deudas: tomada en su conjunto, ya lo hace. Es quién debería pagar y cuánto” Lo que en otro idioma se llama lucha de clases. 

* 19 de marzo de 2013, 19:25 - El Parlamento chipriota rechaza el plan de rescate

19 de marzo de 2013, 18:00 - El Gobierno reconoce que el Parlamento rechazará la nueva propuesta de la quita

19 de marzo de 2013, 12:30 - Chipre plantea salvar los ahorros inferiores a 20.000 euros del impuesto por el rescate