Quilombo

Una fuerte campaña de comunicación denuncia al gobierno de Hugo Chávez por la no renovación de la licencia a la televisión privada RCTV para emitir a través de una determinada frecuencia, que viene ocupando desde hace décadas. Acusan a Chávez de atacar la libertad de expresión en Venezuela.

Por lo que he leido, sean furibundos antichavistas (incluyendo El País), o apologistas de la causa bolivariana (Rebelión, Aporrea), a RCTV se le ha quitado una licencia, pero el canal podrá seguir emitiendo por otras vías (como el cable). Esto no quiere decir que no acabe teniendo un perjuicio económico, pero todo parece indicar que cuando dicen "libertad de expresión" en realidad quieren decir "libertad de empresa".

O libertad para robar. El espacio radioeléctrico es de dominio público, es un bien común. ¿Debe garantizarse ad aeternum el uso privado, con fines exclusivamente comerciales -y propagandísticos- a un determinado grupo empresarial? Por plantearse preguntas tan aparentemente inocentes como esta, los Estados Unidos abandonaron la UNESCO en 1984 (no volverían hasta 2003), retirando sus contribuciones a la misma, y provocando una grave crisis en la organización. Su pecado consistió en proponer un nuevo orden internacional de la comunicación y la información, mediante la democratización de los medios de comunicación y el acceso igualitario a los medios de comunicación, en especial en los países del denominado Tercer Mundo.

Según el gobierno venezolano, los empresarios privados detentan el 78 % de las estaciones de televisión VHF y en torno al 70 % de las estaciones de radio AM y FM. El Estado posee el porcentaje restante. Al mismo tiempo, existe una red de radios y televisiones comunitarias por todo el país, un hecho que se repite en otros países latinoamericanos, como en Brasil o Argentina.

La nueva televisión TVes, que ocupará el canal 2 que usaba hasta ahora la RCTV, está financiada por el Estado, y sus directivos son nombrados por el gobierno. Ignoro el tipo de relación que mantendrá con las televisiones comunitarias y otras iniciativas populares, o cómo se fijarán sus contenidos. Si de lo que se trata es de crear una televisión estatal al servicio del líder y para ir ganando terreno en el espacio mediático, muy poco se habrá avanzado en la democratización de la comunicación. Si la frecuencia va a servir para la participación de televisiones comunitarias de base, productoras populares, entonces sí que habrá supuesto un paso en favor del acceso a los medios por parte de la población. Sin condiciones, claro. Porque si es el gobierno el el que encargue de seleccionar a los amigos, seguiremos en las mismas.

Este debería ser el verdadero debate: ¿control estatal/privado de la comunicación y de la información, o acceso a este bien común por parte de todos?