Quilombo

La exposición de motivos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que ha presentado el gobierno presenta dicha seguridad como "condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas". En términos similares, el preámbulo del proyecto de Ley de Seguridad Privada, por su parte, asegura que la seguridad -a secas- "se encuentra en la base de la libertad e igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos." Ya sea condición necesaria o base, la seguridad como tal no aparece definida con mucha precisión. En otro lado de la Ley de Seguridad Ciudadana la seguridad se define como un "un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquéllos." Dicho de otro modo, tanto los derechos y libertades, como la igualdad, solo pueden materializarse si previamente existe la paz social que solo el Estado puede garantizar con el monopolio de la violencia.

En una democracia, en cambio, la primera premisa debería ser la de que todos los seres humanos somos libres e iguales. La convivencia debería basarse en la menospreciada fraternidad, no en el miedo o en el desprecio. Es la seguridad -en última instancia, una percepción- la que deriva de todo lo anterior, y no al revés. Me siento seguro porque me siento reconocido en la humanidad común: esto es, porque soy libre, porque vivo entre iguales con los mismos derechos para decidir sobre lo que nos concierne a todas, porque las pasiones alegres predominan sobre las tristes, y porque entre todas podemos asegurar las necesidades básicas que hacen que todo lo anterior sea posible.

Sin embargo, resulta que quienes promueven la seguridad del Estado al mismo tiempo hacen todo lo posible por minar la seguridad de las personas. Con nuestra inseguridad buscan garantizar nuestra sumisión. Mi libertad se ve amenazada por la libertad de los demás, la desigualdad se nos presenta como el estado natural de las cosas y la fraternidad se convierte en el objeto preferido de burla de los cínicos. La inseguridad del sustento y del techo es el principal incentivo del mercado laboral que construye el Estado neoliberal. Sus ideólogos y gestores predican que dicho incentivo resulta imprescindible para que los trabajadores puedan "mejorar su desempeño más allá de la pura motivación altruista" (Javier Fernández Lasquetty). Es decir, para aceptar condiciones que de otro modo resultarían intolerables.

Desde esta perspectiva se entiende mejor por qué la función pública constituye un enemigo a batir. La garantía de la obtención de un ingreso básico vitalicio reduce notablemente el grado de coacción salarial entre quienes carecen a priori de propiedades o de patrimonio. No es cierto que aquélla sea la razón por la que se puede llegar a reducir también la motivación o la eficiencia: si esto se produce se debe más bien a que dicha garantía sigue atada a un puesto de trabajo que con frecuencia no es deseado, sino aceptado como mal menor. La solución es en realidad la contraria: la universalización de las condiciones que contribuyen a la seguridad humana.

No es este el punto de vista de los medios que se apoyan en buena medida en el trabajo precarizado. Según El País, "algunas profesiones requieren esa seguridad, pero no es necesaria en todas". ¿Y cuáles son estas profesiones?: "aquellas que requieren ejercer “la autoridad administrativa”, por ejemplo, un policía, un inspector de Hacienda, un juez…". Volvemos así al punto de partida de este texto. Seguridad, sí, para los que aseguran a los asegurados con redes que nos han expoliado. Se cierra el círculo.