Quilombo

El Ministro del Interior español Alfredo Pérez Rubalcaba no correrá la misma suerte que la ex Ministra francesa de Asuntos Exteriores Michèle Alliot-Marie. Esta última dimitió por sus estrechas relaciones con el Túnez de Ben Alí y por cometer la imprudencia de ofrecerle su cooperación en plena revolución y ante la Asamblea Nacional. Rubalcaba sabe ser mucho más discreto y cuenta con el beneplácito de una prensa que, salvo detalles menores, en general es complaciente con él.Y Yemen nos queda muy lejos.

Mientras los focos se centraban en la entrada y salida de la UCI del vicepresidente español (y en Libia), el 8 de marzo el embajador de España en Yemen firmaba, en nombre del gobierno español, diversos acuerdos en materia de seguridad con el Ministro del Interior yemení Mutahar al-Masri, poco después de que un tribunal yemení condenara en rebeldía a 15 años de prisión al presunto responsable del ataque suicida que mató a ocho turistas españoles y dos ciudadanos yemeníes el 2 de julio de 2007. Es al menos lo que recoge la Agencia de Prensa Yemení Sabanet. Los acuerdos incluirían la apertura de una oficina del Ministerio del Interior español en la Embajada de España en la capital Saná y la firma de un memorando de entendimiento que refuerza la cooperación policial en formación, antiterrorismo y lucha contra el narcotráfico. Siempre según la nota de agencia, el Embajador español Francisco Javier Hergueta Garnica "valoró positivamente la buena actuación de las fuerzas de seguridad yemeníes en el control de las protestas sin usar la violencia." Palabras que, de ser ciertas, serían pronto desmentidas por los hechos: ese mismo día tres presos murieron en un motín carcelario por disparos de la policía, que también abrió fuego contra los manifestantes que protestaban en Saná dejando docenas de heridos.

No deja de sorprender que el gobierno español haya decidido dar este paso en medio de las revueltas populares que afectan a la región y a Yemen en particular. Los acuerdos de seguridad deben haberse ido gestando desde el atentado de 2007, pero podían haberse retrasado o suspendido. Su firma supone un apoyo explícito -aunque muy poco publicitado- al gobierno del presidente Abdulá Salé y a su "lucha contra el terrorismo", que en Yemen estimuló el autoritarismo presidencial y la compra masiva de armamento occidental, en el país de la península arábiga con los mayores índices de pobreza. Nada de todo ello altera la posición de un vicepresidente español que tampoco renuncia a la gestión policial de la conflictividad política. De hecho, en España continúa impulsando -fiscalía mediante- la ilegalización de una fuerza política cuyos miembros ya no saben qué hacer por cumplir las condiciones de una ley antidemocrática.

En los países árabes las tesis del conflicto civilizacional y la lucha contra el terrorismo o el extremismo ha producido sobre todo presos políticos, torturados y desaparecidos. En la orilla norte del Mediterráneo estos paradigmas producen regímenes de excepción, estatutos ciudadanos diferenciados según el origen de cada uno, torturas (también) y deportaciones arbitrarias de inmigrantes. Entre ambos, los vuelos de la CIA. Los árabes que salieron a la calle desmontaron esas falacias. En Europa nos toca hacer lo mismo.

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